La ayuda económica que el Gobierno prometió a los pescadores afectados por el derrame de petróleo ocurrido frente a la Refinería La Pampilla desapareció en el horizonte. Este bono, que iba a ser entregado a través del programa Pensión 65, no verá la luz debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo rechazó por motivos aún no aclarados, aun cuando el Poder Ejecutivo ya había despertado la expectativa de cientos de hombres y mujeres de mar.

El pasado 23 de febrero, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, anunció que el 2 de marzo se darían a conocer los detalles de esta asistencia. “Seguramente en el próximo Consejo de Ministros estaremos haciendo conocer a las personas la fecha en que vamos a iniciar el pago de ese apoyo económico”, dijo en aquella ocasión. Según los expertos consultados por Convoca.pe, dicho anuncio ciertamente era inviable.

No era viable

El primero en anunciarlo fue el congresista Edward Málaga Trillo, del Partido Morado. “Hoy nos enteramos, con pesar, que el MEF rechazó la entrega del bono estatal a los damnificados, propuesta que había sido anunciada por el Ejecutivo y que generó emoción y esperanza en las familias afectadas del Norte Chico. Así, la ayuda económica queda a criterio de Repsol (!)”, informó a través de su cuenta de Twitter.

Este portal pidió las confirmaciones del caso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que al cierre de esta edición no había enviado sus descargos. Sin embargo, el último fin de semana el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, confirmó en RPP que no se entregaría.

“Las normas no nos dan ese poder, no podemos disponer del dinero de los peruanos como nosotros quisiéramos para socorrer a las personas afectadas. Es por eso que nosotros hemos convocado a la empresa y hemos llegado a un acuerdo para que se haga esta indemnización de 3 mil soles”, afirmó el ministro Montoya en una entrevista con RPP

En este sentido, el economista Jorge González Izquierdo señaló que, en efecto, el sector no podría asumir una carga económica tan grande por un evento que no había provocado.

“Acá a quien le corresponde asumir todos los costos es a la empresa Repsol. Así de claro y puntual (...). Eso es responsabilidad de la empresa. El rol del estado es que la empresa cumpla, un rol supervisor y fiscalizador, pero no sacar plata de su bolsillo porque no ha ocasionado eso [el derrame]”, dijo el especialista económico en diálogo con Convoca.pe.

Además, González señaló que si se llegaba a concretar la ayuda económica anunciada por Dina Boluarte, con cargo al MEF, podía generarse un problema mayor para todo el país. “Dependiendo del monto, si es apreciable, afecta el equilibrio fiscal del país y esto es grave. Por eso lo rechazó el MEF”, explicó el economista.

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social había anunciado que ayuda se entregaría a través del programa Pensión 65. Foto: Andina.

La ministra Dina Boluarte había informado que los equipos técnicos de Ministerio de la Producción (Produce), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de su sector, estaban trabajando en la elaboración del padrón de beneficiarios. Al respecto, la primera de estas carteras había señalado que tenía identificados a 2.500 pescadores para ser favorecidos con el bono estatal. Por su parte, Mincetur había informado que el subsidio podría alcanzar los S/ 1.000.

“Yo lo llamaría (un anuncio) politiquero, nada más”, resaltó González Izquierdo. 

Convoca.pe  también intentó comunicarse con el congresista Edward Málaga Trillo, quien fue el primero en anunciar el rechazo del Ejecutivo, para conocer si el MEF le había enviado formalmente los motivos por los cuales negó la partida. No hubo respuesta a las llamadas y mensajes enviados.

Entregas y devoluciones

El abogado César Ipenza, especializado en temas de medio ambiente, también comentó a este portal que el Gobierno no estaba en posición de entregar el bono a los pescadores afectados por el derrame. “Creo que el Estado puede ayudar en situación de emergencia, pero no asumir un tema que es exclusiva responsabilidad de la empresa [Repsol]. Básicamente, aquí los recursos públicos están para proveer y atender servicios y necesidades, pero no asumir un tema que no es responsabilidad del Estado. Aquí está medida me pareció bastante populista. Lamentablemente estamos viendo esto en el último tiempo”, explicó a este portal.

Además, el jurista recalcó que si el Estado hubiera asignado un bono a los pescadores y afectados por el derrame, luego tendría que cobrarle estos montos a la compañía de capitales españoles. “Estos temas de indemnizaciones y compensaciones son exclusivamente de la empresa, no del Estado, que está asumiendo un rol que no le toca. De repente ante la urgencia que es entendible, pero luego debería requerir esta medida, este pago a la empresa”, agregó.

No obstante, este proceso puede ser riesgoso, explicó Jorge Gonzales Izquierdo. “Puede pasar que Repsol luego diga 'no' [devolver lo desembolsado por el MEF], y vas a tener que ir a un proceso judicial que toma años de resolverlo. Y eso no está bien. Acá el Estado no tiene por qué intervenir en absoluto con recursos monetarios”, recalcó.

Si bien el Ejecutivo no pudo concretar el bono para los pescadores –que se iba a entregar a través del programa de asistencia social Pensión 65–, anunció que logró un acuerdo con la compañía Repsol para que esta adelante una indemnización de 3 mil soles a los afectados por el derrame de crudo ocurrido hace casi dos meses, el 15 de enero.  

De acuerdo con el contenido del documento que pudo conocer este medio, los beneficiarios tendrán que estar consignados en el Único Padrón consensuado por la Presidencia del Consejo de Ministros y Refinería La Pampilla. Asimismo, se establecieron algunos requisitos que deberán cumplir las personas para ser beneficiarias, como haber sido afectados por el derrame, estar incorporados en el padrón y no haber recibido anticipo por los acuerdos de compensación previos a la firma del acta. 

“Es una situación sumamente grave por la que están pasando los pobladores agraviados por el derrame y algo tenemos que hacer para que, en el ámbito nacional e internacional, se entienda que se está asumiendo una responsabilidad frente a estas personas. Por eso se está planteando provisionalmente este pago mensual porque los daños se determinarán todavía a posteriori, pero tenemos que aliviar la situación de estos pobladores”, expresó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tras la firma del acuerdo.

En comunicado enviado a Convoca.pe. Repsol precisó que el acuerdo beneficiará a más de 5.000 personas, entre pescadores y comerciantes, y ayudará a la compañía a llegar de forma más ágil a todos los afectados. “Según el acuerdo, los afectados por el derrame que han sido debidamente identificados, a través de un censo realizado por INDECI y consensuado con la compañía, recibirán un adelanto parcial de compensación de hasta S/ 3.000 para mitigar el impacto que han constatado en sus ingresos laborales”, señaló la multinacional española.

Pescadores llevan dos meses sin poder salir al mar y exigen que responsables del desastre paguen por los daños. Foto: Andina.

Además, la empresa operadora de la refinería La Pampilla resaltó que antes del acta suscrita con el Gobierno, había firmado cuatro acuerdos de compensación con 1.636 pescadores a través de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón, la Confederación de Pescadores Artesanales de la Rivera de Chancay, la Asociación de Pescadores y Armadores Artesanales José Olaya Balandra del Puerto de Chancay y Asociación Movimiento Juvenil Pachacutano.

Satisfechos a medias

No obstante, algunos hombres de mar quedaron insatisfechos con los anuncios. La semana pasada, ante la comisión de Pueblos Andinos del Congreso, el vocero de la asociación Defendiendo Ancón, Martín Rodríguez Díaz, señaló que Repsol ha dejado de lado a los pescadores y comerciantes informales que trabajaban en las orillas del mar. “Las cifras de Repsol e Indeci son inexactas, irreales, porque no se han registrado a todos los verdaderos afectados”, afirmó ante este grupo parlamentario.

Consultado sobre el tema, el abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa), Raúl Llacua, explicó a Convoca.pe que sus representados solicitaron un adelanto compensación de entre 3,500 y 4 mil soles, pero la empresa estuvo dispuesta a pagar inicialmente solo 1.500 soles.

Luego de varias negociaciones, ambas partes acordaron una compensación media de 3 mil soles, en tanto que el Ejecutivo determinaba cuál es la real magnitud de las pérdidas ocasionadas por el derrame.

Aunque todos los pescadores de Ancón quedaron conformes con esta última cifra –aseguró el letrado–, los acuerdos quedaron plasmados en documentos extrajudiciales que han generado ciertos cuestionamientos por parte de los entendidos en la materia y que deben ser firmados para obtener la indemnización. En el Anexo 1 del Acta Individual, se traslada la responsabilidad del desastre ecológico al barco Mare Doricum.

“El señor/a... se dedica a la actividad de... en el distrito de... e indica que ha sido afectado por el evento. La refinería establece que el evento fue originado por movimientos incontrolados del buque Mare Doricum, que no son de su responsabilidad y que, en todo caso, las causas del acontecimiento se encuentran en investigación de las autoridades competentes”, se lee en el acta a la que tuvo acceso Convoca.pe.

Asimismo, en el documento se indica también que “sin que signifique reconocimiento de responsabilidad, la refinería y el señor/a acuerdan una transacción voluntaria extrajudicial para mitigar los efectos y daños sufridos por la familia del señor/a debido al evento”. El documento señala que el dinero será entregado dentro de siete días una vez que la empresa reciba el acta debidamente firmada por el afectado. 

El Acta Individual que firmaron los pescadores contiene algunos puntos que fueron cuestionados.   

“Lo que manifiesta es que las responsabilidades aún no han sido determinada y que este monto, los 3 mil soles, podría cubrir como adelanto de una indemnización. O sea, te están dando dinero, no aceptando la responsabilidad, pero tampoco deslindando de ella. Simplemente dejándola en un término medio. Lo cierto es que obviamente por todos los factores o medios de prueba, la responsabilidad está casi acreditada, solo que no está determinada porque el proceso administrativo a nivel de OEFA demora un promedio de 9 meses”, señaló Llacua. 

El abogado de los pescadores añadió que todos los asociados de Apescaa están de acuerdo con este documento y lo firmarán sin problemas para recibir su adelanto de indemnización.

No obstante, César Ipenza dijo a este portal que el Gobierno tuvo que revisar este documento. “Al final [los representantes de Repsol] van a decir: ‘nosotros le dimos la compensación, claramente con la conformidad del Estado. Tuvimos reuniones, y producto de esa conformidad del Estado, se dijo que no había una responsabilidad nuestra o suman los argumentos para decir que no había ninguna responsabilidad”, comentó el abogado ambientalista.

Finalmente, Ipenza expuso que es muy probable que si un pescador se niega a firmar este tipo de actas, no recibirá su compensación. “Tienen la sartén por el mango. Si no quieres firmar, simplemente no recibes. Vemos una situación de aprovecharse del contexto nuevamente”, lamentó.