Emilia Delfino
Periodista de elDiarioAR (Argentina)
“La confidencialidad de los contratos se convirtió en el emblema del secretismo”
Cuando la pandemia del Covid-19 se apoderó del planeta a principios de 2020, gran parte del periodismo de investigación debió abandonar sus agendas; readaptarse a la falta de información, que dejó de circular por los pasillos, los cafés, las redacciones; lidiar con la indisponibilidad de las fuentes; y zambullirse en una problemática que lo atravesó todo.
La pandemia fue el caldo de cultivo perfecto para la profundización de un agujero negro: el ostracismo informático de las decisiones que tomaban el poder político y económico, los gobiernos que adquirieron las dosis y los laboratorios que desarrollaban las vacunas.
“Vigila la pandemia” nació con el objetivo de alumbrar sobre el ocultismo. La confidencialidad de los contratos de las vacunas contra el Covid-19 se convirtió en el emblema de ese secretismo. En Argentina, el Ministerio de Salud -que presentó el menor nivel de secretismo entre los ministerios consultados, ya que informó datos de los contratos-, afirmó que desclasificar los contratos para cumplir con el derecho constitucional y legal de acceso a la información ponía en riesgo la provisión de vacunas y, por ende, la vida de la población.
La investigación reveló un abanico de negociados que estaban siendo investigados o sospechados por las autoridades y confirmó que los Estados no estaban preparados para afrontar compras de emergencia.
Cuando comenzamos a evaluar las estrategias para enfrentar al agujero negro sabíamos que llevábamos las de perder, pero nos asesoramos con expertos para achicar la posibilidad de no conseguir la información que, considerábamos, debía ser pública. Aun así, prepararse para el fracaso abría una puerta: sabíamos que la falta de respuestas de los gobiernos permitiría evaluar una especie de semáforo del ostracismo y podría dejar en evidencia sus propias estrategias para garantizar la confidencialidad exigida por los laboratorios. Esa también era una historia que debía ver la luz.
Covid-19: Siete gobiernos rechazan desclasificar contratos para vacunas por más de US$ 3.747 millones
Este reportaje de “Vigila la pandemia” reveló que las autoridades de Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá, Venezuela y Argentina se negaron a dar acceso a los contratos o suministrar información sobre las condiciones de contratación con las empresas farmacéuticas. Los pedidos los hicieron periodistas en alianza con diferentes ONG del continente para que la ciudadanía conozca los términos de los acuerdos comerciales para adquirir las dosis contra el coronavirus. Un año y medio después de la publicación de este reportaje, a pesar de que la pandemia ha menguado, la reserva continúa en Colombia, México, Perú y Panamá.
Por Vigila la pandemia | Publicado el 29 de abril de 2021
A pesar de que se destinarán al menos 3.747 millones de dólares en planes de vacunación contra el Covid-19 en siete países de América Latina, hasta la fecha se mantiene un cerco infranqueable sobre la mayoría de las condiciones de los contratos suscritos por los gobiernos de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, México y Venezuela con empresas farmacéuticas que producen las vacunas y las comercializan, según pudo establecer la alianza de medios latinoamericanos “Vigila la pandemia”, que coordina Convoca.pe.
Diferentes entidades públicas de los referidos países se negaron a proporcionar copias de los documentos contractuales e información relevante de estos acuerdos sobre las vacunas, que son un insumo central para avanzar en la batalla contra el nuevo coronavirus e inmunizar a la población mundial. En la mayoría de los casos, las autoridades se resisten a informar el precio de cada dosis, el cronograma de entregas de los productos y otros aspectos comerciales, solicitados por la red periodística mencionada a través de pedidos formales de acceso a la información, realizados entre enero y abril de 2021.
El ranking de inversión en vacunas es liderado por México, que anunció que destinará 1.660 millones de dólares para la adquisición de dosis. Le sigue Colombia, con acuerdos por unos 497 millones de dólares y Argentina, en tercer lugar, que firmó hasta el momento contratos por más de 478 millones 254 mil dólares. Ecuador, por otra parte, alcanza el cuarto puesto, con la cifra de 458 millones de dólares.
Perú es el quinto país de la lista que más fondos destina a las vacunas: 408 millones de dólares. Luego, Venezuela, con más de 230 millones 309 mil dólares, según los datos analizados por “Vigila la pandemia”. Los montos por país fueron obtenidos, en la mayoría de los casos, a través de información oficial proporcionada por cada Estado a pedido de la alianza de periodistas y diferentes ONG, así como mediante el registro de anuncios, comunicados e información oficial.
México: Cláusulas con fecha de vencimiento
En México, donde se proyecta el desembolso de 1.660 millones de dólares en vacunas anticovid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las dosis, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas, de acuerdo con resoluciones oficiales analizadas como parte de este proyecto periodístico.
En ese país, la reserva de información, que incluye a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, está garantizada por al menos diez resoluciones de los comités de transparencia de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores. A abril de 2021, México tiene acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia. Todos los esquemas —salvo el de CanSino— requieren la aplicación de doble dosis.
La primera resolución para reservar la información de la compra de vacunas fue tomada por el gobierno mexicano en septiembre de 2020, en relación a un convenio suscrito con los laboratorios CanSino Biologics y Walvax Biotechnology de China.
Uno de los cargamentos de vacunas contra el coronavirus que llegó a suelo mexicano. Foto: Gobierno de México.
Desde entonces se garantizaron una serie de reservas tanto en la Secretaría de Salud como en la Cancillería, que protegen la información de todas las farmacéuticas con las que se han suscrito acuerdos, convenios o contratos para la inmunización. Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional.
Para mantener esa situación, que alcanza la operación del programa de vacunación, la Secretaría de Salud mexicana alegó que la información podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”. En México, los registros de muertes por la pandemia superaban, para abril de 2021, los 200 mil. Y en esa fecha había más de 2.3 millones de contagios.
Velo chavista
En Venezuela, para el gobierno de Nicolás Maduro la falta de transparencia es una postura oficial. Lo que se conoce de los estragos de la pandemia en este país es en base a discursos de voceros oficialistas que emiten información con gruesas omisiones e incluso contradictoria. Las estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud están restringidas desde 2017 por disposición del gobierno. Las cifras oficiales han sido cuestionadas por un presunto subregistro de contagios y muertes.
No obstante, con el fin de conocer sobre los contratos, cantidades de dosis y las condiciones aceptadas por el Estado venezolano para acceder a las vacunas contra el Covid-19, la alianza “Vigila la pandemia” envió el 5 de abril de 2021 dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del Covid-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. Al 29 de abril de 2021, ninguna de las autoridades había enviado respuesta.
El 29 de diciembre de 2021, el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, fabricada por el Centro Gamaleya, con una inversión de 200 millones de dólares. Pero, hasta abril de 2021, del país euro-asiático se habían traído sólo 380.000 dosis, que llegaron al país entre el 13 de febrero y el 24 de abril del año pasado. Es apenas el 3,8% de lo acordado.
En el gobierno de Maduro se difunde información sobre la pandemia con notorias omisiones e incluso versiones oficiales contradictorias. Foto: Difusión.
De la escasa información oficial, ha trascendido que Venezuela aspira a comprar 25 millones de vacunas contra el coronavirus antes de finalizar 2021. De esa manera, se busca proteger a 70% de la población venezolana, según declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.
Además, el 2 de marzo de 2021, este país recibió una donación procedente de China: 500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing Institute of Biological Products. Los detalles del convenio sobre este producto chino, cuyos resultados de la Fase III de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas, también permanecen bajo reserva.
De los lotes de vacunas provenientes de Rusia se beneficiaron con la inmunización diputados y líderes políticos chavistas, entre ellos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. También, la exprimera dama, Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez.
El primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó anunció al país que habían alcanzado un acuerdo con Maduro que permitiría el acceso al país de las vacunas disponibles a través del mecanismo Covax Facilty y trascendió que los representantes de Maduro tuvieron que aceptar un requisito impuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que según la versión oficial del gobierno interino implicaba “que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados”.
Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder al mecanismo Covax: 30 millones 309 mil 40 dólares para acceder a 12 millones de dosis. Sin embargo, el acuerdo fracasó el 24 de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [la vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Esa es la marca que Covax Facility se encuentra distribuyendo en la región.
Evasivas en Perú
En el Perú, donde para abril de 2021 más de 153 mil personas habían fallecido por la pandemia y cerca de 1 millón 800 mil se había contagiado con el virus, el gobierno transitorio de Francisco Sagasti realizó contratos o acuerdos para compra de vacunas por al menos 408.8 millones de dólares, de acuerdo información difundida por el Ministerio de Salud.
En tal sentido, para abril del año pasado el Ejecutivo había suscrito contratos con tres laboratorios: Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Además, había firmado un convenio con la iniciativa Covax Facility, que busca garantizar el “acceso equitativo” a las vacunas en el mundo.
Pfizer se llevó el principal acuerdo con Perú: el contrato es por 237.6 millones de dólares a cambio de 20 millones de dosis, según información oficial. Se estima que el costo por cada dosis sería de 11,88 dólares.
El segundo acuerdo más importante en Perú es el de Covax Facility, aunque ésta actúa como intermediaria con distintos productores de vacunas. Se le abonará 106 millones de dólares por dosis destinadas a 6.6 millones de personas. Sigue en la lista el contrato por 39.2 millones de dólares por 14 millones de dosis con AstraZeneca, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
El primer lote de vacunas contra el Covid-19 que llegó al Perú fue del laboratorio chino Sinopharm. Foto: Difusión.
El acuerdo con Sinopharm es por 26 millones de dólares a cambio de un lote de 1 millón de dosis, es decir a 26 dólares la dosis.
Para acceder a los contratos y conocer sus condiciones, la alianza “Vigila la pandemia” envió pedidos de información al Ministerio de Salud, al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y al Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguna de estas entidades respondió de forma positiva sobre el valor de cada dosis, bajo el argumento de que esta información se encontraba restringida por las cláusulas de confidencialidad de los acuerdos contractuales. Los compromisos suelen incluir garantías extra al valor de las vacunas.
Cenares evitó contestar respecto a los cronogramas de entrega de los productos de las mencionadas farmacéuticas. El organismo público señaló que esos datos estaban clasificados como confidenciales por decretos de urgencia emitidos para facilitar la adquisición de vacunas anticovid-19 y también se amparó en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“La publicación de esta información no podrá afectar los acuerdos y/o cláusulas de confidencialidad de la información, por tiempo determinado, que haya suscrito el Estado para la compra de vacunas contra la COVID -19”, indicó la entidad citando la norma vigente.
El 15 de enero pasado, el gobierno peruano emitió el Decreto de Urgencia N° 003-2021, el cual señala que la información referida a este tema debe ser publicada en el portal oficial del Ministerio de Salud. Se trata de “información de alcance general, en el marco de su labor de prevención de la pandemia y la aplicación del programa de vacunación o similares, respecto a las vacunas contra el Covid-19”.
En relación a las vacunas se han presentado irregularidades e incluso hechos de posible connotación ilícita. A inicios de febrero último, se reveló que dosis experimentales de la vacuna de Sinopharm fueron aplicadas indebidamente a decenas de funcionarios, pues las dosis tenían como destino a los voluntarios y científicos que participaban en el ensayo clínico en Fase III del producto chino. Entre los implicados se encuentran el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, y otros exfuncionarios que incluso participaban en las negociaciones para comprar lotes de vacunas a Sinopharm.
Negativa en Colombia
El gobierno de Iván Duque había destinado, para abril de 2021, 497 millones de dólares en total para la adquisición de vacunas, de acuerdo con el análisis de cuatro resoluciones oficiales disponibles. Sin embargo, estas disposiciones no informan el número de dosis que es posible comprar con ese monto desembolsado. Tampoco incluyen todos los laboratorios que Colombia ha contratado para avanzar en su plan de inmunización.
Como parte del proyecto periodístico “Vigilia la pandemia”, se hizo un pedido de información al Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada del manejo de los recursos en la emergencia). Pero los funcionarios de estas entidades no proporcionaron datos ni registros sobre las condiciones impuestas por los laboratorios al Estado colombiano en los contratos por las vacunas.
La respuesta oficial del Ejecutivo fue que no se puede entregar información alguna en relación a los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas adquiridas por la existencia de acuerdos de confidencialidad.
En Colombia se ha proyectado que inmunizar a cada ciudadano de este país costará 21 dólares. Foto: Difusión.
Este argumento fue esgrimido también para contestar de forma negativa a otras peticiones de información realizadas por medios de comunicación, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, además de órdenes de jueces.
El gobierno de Colombia había comprado, para abril del año pasado, 66.5 millones de dosis de la vacuna anticovid-19. Esa cantidad alcanzaría para inmunizar al 78.8% de la población del país (porcentaje que equivale a 37 millones 750 mil personas), de acuerdo con cifras oficiales.
En el Plan Nacional de Vacunación se estima que vacunar a cada colombiano costará 21 dólares.
Silencio oficial en Ecuador
En Ecuador, la administración presidencial de Lenín Moreno dispuso la asignación de 108 millones de dólares del erario público para la vacunación de sus ciudadanos, así como la obtención para ese fin de alrededor de 350 millones de dólares de parte de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. En total, el gobierno ecuatoriano busca destinar unos 458 millones de dólares, según surge de los datos oficiales. Se conoce que se llegó a acuerdos comerciales con los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson.
En la búsqueda de los detalles de las contrataciones de vacunas, la alianza periodística latinoamericana presentó dos solicitudes de acceso a la información pública el 24 y 25 de febrero de 2021, pero el Ministerio de Salud nunca respondió. Así, permanecen en la nebulosa los datos sobre las condiciones de los contratos y convenios que el Estado ha aceptado ante los proveedores de vacunas.
Presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas Ochoa. Foto: Difusión.
La falta de información alcanza al plan de vacunación del país, respecto al cual el mandatario Lenín Moreno ha brindado declaraciones contradictorias. Moreno dejó el cargo el 24 de mayo de 2021 y lo entregó al nuevo presidente, Guillermo Lasso, electo en segunda vuelta. Durante su campaña, Lasso se comprometió a vacunar a nueve millones de personas en 100 días.
Hasta abril de 2021, Ecuador recibió 11 lotes por un total de 1 millón 498 mil 410 dosis, que deberían servir para llegar al 8.6% de la población, pero menos del 1% había sido sido inmunizado para esa fecha.
Argentina: información a medias
En el caso de Argentina, donde se suscribieron contratos por al menos 478 millones de dólares para acceder a cerca de 59 millones de dosis de vacunas anticovid-19, el Ministerio de Salud considera que desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores y la difusión de las condiciones de estos acuerdos comerciales “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” en suelo argentino.
Esa fue la respuesta de la entidad estatal ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo de 2021 por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), como parte del proyecto “Vigila la pandemia”.
Ante nuestra solicitud de información, el Ministerio de Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Estas alcanzan los cronogramas de entrega, los pagos por adelantado y dejan en evidencia la falta de sanciones ante posibles incumplimientos por parte de las farmacéuticas, según permitieron reconstruir fuentes con acceso al contenido de los contratos.
El laboratorio ruso entregó el 17,5% de las dosis contratadas por el gobierno de Alberto Fernández. Foto: Difusión.
En el país se aprobó además una ley especial para legalizar la firma de estos contratos de vacunas anticovid-19. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).
Además, como en México, este país también dictó resoluciones especiales para garantizar el secreto. En este caso, se trata de dos disposiciones del Ministerio de Salud.
“El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, alegó el ente público sobre uno de los aspectos centrales que permitiría saber si los proveedores están cumpliendo con lo pactado con el Estado.
El Ministerio de Salud solo accedió a informar sobre la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios, las fechas en que se firmaron y los precios por unidad.
El gobierno de Alberto Fernández firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58 millones 924 mil dosis de parte de AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), es decir un promedio de 10.62 dólares la dosis por habitante. Los números permiten concluir que los proveedores solo entregaron el 16,4% de las vacunas comprometidas (9.683.143 dosis), de acuerdo con cifras oficiales hasta el 28 de abril.
Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos, sino también a la correspondencia entre los funcionarios y las compañías, y al contenido de las negociaciones.
Caso panameño
En Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo ha negociado la compra de más de 9 millones de dosis de vacunas de empresas farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y también mediante la iniciativa Covax Facilty, pero no responde a los pedidos para acceder a los contratos con estos laboratorios a pesar de que deberían ser públicos, según la norma vigente. La información oficial de enero de 2021 habla de una inversión total de 76 millones de dólares en vacunas contra el Covid-19.
Desde el 30 de diciembre, el diario La Prensa requirió al Ministerio de Salud copia simple de los contratos suscritos por el Estado panameño. Sin embargo, transcurridos los 60 días que establece la Ley de Transparencia panameña para responder peticiones extensas, no se facilitó información alguna.
Esta misma solicitud la efectuó el abogado Ernesto Cedeño, pero a la Contraloría General de la República —que por normativa digitaliza toda la información del Estado—. También lo pidió la organización Fundación para la Libertad Ciudadana. Hasta abril de 2021, tampoco habían sido atendidas ninguna de estas dos solicitudes.
Como vemos, este panorama nos habla de la pandemia del secretismo en América Latina, a pesar que están en juego miles de millones de dólares en la adquisición de las vacunas para inmunizar a la población del continente.
México ordenó ocultar hasta 2025 el contenido de los contratos de vacunas anticovid-19
En este reportaje se cuenta cómo el gobierno de López Obrador acordó con las farmacéuticas el secretismo de los precios de las vacunas. Se destinaron 1.660 millones de dólares, pero no se conoce cuánto se asignó a cada proveedor. Las cláusulas de confidencialidad fueron aceptadas por las autoridades a pesar de que el presidente había anunciado “total transparencia” en la compra de dosis contra el Covid-19. Seguridad nacional y secretos industriales fueron algunos de los argumentos para ocultar las imposiciones de los laboratorios. En mayo del 2022 la Suprema Corte de México confirmó que los contratos serán reservados por tres años más.
Por Raúl Olmos / Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad | Publicado el 29 de abril de 2021
El Gobierno de México ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las vacunas contra el Covid-19, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas para no divulgar sus secretos industriales y comerciales, según diez resoluciones oficiales que analizó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Entre la información secreta está el precio pagado por cada dosis.
Las cláusulas de confidencialidad establecen que en caso de que la Secretaría de Salud reciba una orden judicial para dar a conocer información comercial contenida en los contratos de las vacunas, deberá dar aviso a las farmacéuticas para que soliciten un amparo o medida cautelar y así mantener los datos en secreto, según sostienen las resoluciones analizadas como parte del trabajo conjunto de la alianza “Vigila la pandemia”, que reúne a medios de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, que han solicitado en los últimos meses acceso a las condiciones de contratación de vacunas.
Además, el Gobierno mexicano ordenó reservar hasta diciembre de 2025 la información relativa a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, argumentando que podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”, según se lee en la resolución de la Secretaría de Salud consultada por MCCI.
Uno de los cargamentos de vacunas contra el coronavirus en México. Foto: Gobierno de México.
Secretos garantizados por escrito
Las reservas de información mencionadas están contenidas en al menos diez resoluciones de los comités de transparencia de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores.
A abril de 2021, el gobierno de México tenía acuerdos y contratos suscritos para adquirir vacunas de los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia. Todos los esquemas –salvo el de CanSino- requieren la aplicación de doble dosis.
El 6 de febrero de 2021 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó una sexta vacuna para México, Covaxin, producida por el laboratorio Bharat Biotech de la India, aunque se previó sólo para uso de emergencia.
La cancillería mexicana ha suscrito además un acuerdo con GAVI Alliance –organización privada sin fines de lucro- para participar en el mecanismo multilateral COVAX Facility, enfocado en promover el desarrollo de vacunas y asegurar el acceso a éstas de forma equitativa. El contenido de ese acuerdo también fue declarado información reservada o secreta por cinco años, según la documentación analizada.
Hasta el 23 de abril de 2021, México había recibido 20 millones de vacunas, y la previsión era adquirir en total 242 millones de dosis para inmunizar al menos a 115 millones de habitantes, precisan informes oficiales de la Secretaría de Salud.
La compra de vacunas representará el desembolso de 33 mil millones de pesos, equivalentes a unos 1.660 millones de dólares, anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 11 de enero de 2021. En promedio, cada vacuna costará 7 dólares, aunque el precio que cobró cada laboratorio es por ahora un secreto. Un día después de esa declaración, López Obrador prometió que habría transparencia absoluta en los contratos de vacunas antiCovid-19.
“Nosotros no vamos a reservar nada, es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el Gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar”, declaró el Presidente la mañana del 12 de enero en el Palacio Nacional, la sede del Gobierno.
“El caso de las vacunas es lo más transparente que hay porque se tienen contratos con las farmacéuticas, se tiene contrato y ya se han llevado a cabo pagos”, dijo López Obrador en esa ocasión.
Sin embargo, las secretarías de Estado encargadas de negociar y suscribir los contratos han ordenado lo contrario a la promesa del gobernante: mantener en secreto la información entre dos y cinco años.
Organización del plan de vacunación del gobierno de López Obrador. Foto: Gobierno de México.
Los argumentos oficiales
La primera resolución para reservar la información de la compra de vacunas fue tomada por el gobierno mexicano en septiembre de 2020. En aquel entonces, la decisión fue sobre un convenio suscrito con los laboratorios CanSino Biologics y Walvax Biotechnology de China.
A partir de entonces se garantizaron una serie de reservas tanto en la Secretaría de Salud como en la Cancillería, que protegen la información de todas las farmacéuticas con las que se han suscrito acuerdos, convenios o contratos para la inmunización.
Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional.
Las resoluciones refieren que el gobierno de México se comprometió a mantener bajo estricto resguardo la información confidencial que haya sido entregada por las farmacéuticas, que incluye “cada uno de los conocimientos tecnológicos, software, algoritmos, diseños, planos, pronósticos, análisis, evaluaciones, investigación, información comercial, información financiera, incluido el precio por dosis del producto o la posibilidad de reembolso de los montos pagados o garantizados, planes de negocio, estrategias, lista de clientes, planes de comercialización y otros planes”.
Una de las cláusulas menciona que se considera información confidencial los apartados referentes al precio y pago, costo de los productos, garantías, derechos mutuos de terminación del contrato, exclusión de responsabilidad, condiciones previas al suministro, “conducta fraudulenta intencional”, detalles de producto de la vacuna preliminares, facturación y limitación de responsabilidad por reclamaciones distintas de indemnizaciones de terceros.
Todos esos conceptos fueron calificados como confidenciales porque involucrarían secretos comerciales e industriales de las farmacéuticas, refieren las resoluciones.
Las resoluciones establecían originalmente una reserva de información de cinco años, contados a partir de diciembre de 2020; es decir que no se podría conocer el contenido total de los contratos hasta diciembre de 2025.
Sin embargo, en una nueva resolución fechada el 5 de abril de 2021, el gobierno mexicano recortó a dos años la reserva de información en los contratos firmados con AstraZeneca, Pfizer y Cansino, en particular en la información del precio por vacuna pactado con esos laboratorios; se dijo que esa información se podría conocer en abril de 2023.
Los acuerdos suscritos con Sinovac y Sputnik continúan con un sello secreto de cinco años, de acuerdo con una resolución del 10 de marzo de 2021.
Hasta abril del año pasado, las versiones públicas que han liberado las autoridades contienen decenas de hojas censuradas, ocultando información sobre precios por dosis.
En nombre de la seguridad nacional
A los anteriores secretos se suma un acuerdo del 24 de diciembre de 2020 realizado por el Consejo de Seguridad Nacional, en el que se declaró a la campaña de vacunación contra el virus SARS-Cov2 como un asunto estratégico de seguridad nacional, con lo que se recomendó reservar toda la información relacionada con los expedientes del plan de inmunización.
En el acuerdo se argumenta que “la información referente a los expedientes en su totalidad de los laboratorios (sic), que incluyen todos los procesos desde las negociaciones, los procesos financieros, logísticos, administrativos y contables son susceptibles de reservarse en tanto que pueden revelar datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad del Estado, sus planes o uso de tecnología y comunicación relacionada con la estrategia nacional de vacunación contra el Covid-19”.
Según dicho acuerdo, en caso de que la información sea del conocimiento de grupos de la delincuencia organizada se comprometería “la preservación de la salud de la población, considerando la poca disponibilidad mundial de vacunas en el corto y mediano plazo, así como la integridad del personal médico y/o militar que pudiese ser agredido”.
En mayo de 2022, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México resolvió que divulgar la información esencial de los contratos y los comprobantes de pago de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Cansino implicaría un riesgo a la seguridad nacional y reservó los datos hasta 2025.
De este modo, la justicia mexicana tomó posición sobre dos recursos de revisión que se habían presentado ante la Corte y que tenían como antecedente un pedido de publicidad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de ese país.
Argentina: Gobierno sostiene que si desclasifica los contratos podría quedarse sin vacunas anticovid-19
Ante un pedido de elDiarioAR y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia para acceder a los contratos, el Ministerio de Salud de Argentina afirmó que no puede desclasificar los cronogramas de entregas, las garantías exigidas, los pagos por adelantado y las imposiciones legales de los proveedores de las vacunas contra el Covid-19. Argumentó que negarse a mantener las cláusulas de secreto y confidencialidad no fue una opción. Las farmacéuticas no han accedido a dar sus versiones.
Por Emilia Delfino / elDiarioAR | Publicado el 29 de abril de 2021
Desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores de vacunas contra el Covid-19 y dar a conocer cuáles son las condiciones impuestas por los proveedores internacionales al Estado Nacional “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” de Argentina, sostuvo el Ministerio de Salud ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo de 2021 por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La iniciativa se realizó en el marco de la alianza “Vigila la pandemia”, liderada por Convoca.pe, de Perú, e integrada por medios de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina. En su respuesta del 14 de abril, Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta y que alcanzan los cronogramas de entrega y los pagos por adelantado.
Los únicos puntos de los contratos con las farmacéuticas que el Ministerio de Salud accedió a informar son: la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad. Según la cartera liderada por la ministra Carla Vizzotti, el Estado Nacional firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58.924.000 dosis por un total de US$478.254.000, un promedio de 10,62 dólares la dosis por habitante.
En base a esas cifras es posible establecer que los proveedores sólo entregaron al 28 de abril de 2021 por la noche el 16,7% (9.927.945).
Fechas de entrega confidenciales
Uno de los puntos centrales para conocer si los proveedores están cumpliendo con los contratos es conocer las fechas de entrega pactadas con el Estado. Sin embargo, este es uno de los aspectos alcanzados por la confidencialidad impuesta por los laboratorios. “El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, sostuvo el ministerio en la respuesta al pedido de acceso a la información.
Otro punto que no fue informado por el Gobierno es si los documentos comerciales incluyen o no sanciones a las farmacéuticas por no cumplir con los cronogramas de entregas. De acuerdo con las fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad, en ninguno de los cinco contratos menciona sanciones de este tipo.
Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos, sino también a la correspondencia oral y escrita entre los funcionarios y las compañías, y al contenido de las negociaciones. La información surge de la consulta a fuentes con acceso a información plasmada en los documentos.
Ante la consulta de “Vigila la pandemia”, tanto AstraZeneca como los representantes de la Sputnik V, así como miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que reúne a los laboratorios extranjeros, no dieron al cierre de esta nota su versión sobre por qué las compañías plantearon estas cláusulas y si se trata de exigencias usuales en el mercado general de vacunas.
¿Qué buscan ocultar?
En el caso de la Sputnik V, las cláusulas también apuntan a mantener bajo secreto información financiera, comercial y técnica sobre las vacunas, así como derechos de propiedad intelectual, información científica, métodos, procesos y planes comerciales que no estén disponibles públicamente.
Los contratos de AstraZeneca y Covishield son similares en las cláusulas: protegen la información tecnológica, algoritmos, diseños, planos y pronósticos. Además de análisis, evaluaciones, investigación, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, información comercial y financiera, planes de comercialización y elementos físicos, compuestos y componentes de las vacunas.
Sinopharm impuso un periodo de confidencialidad de 10 años desde la fecha de la firma del convenio, según reconstruyeron las fuentes consultadas. Incluye toda la información oral y escrita proporcionada tanto antes como después de la firma del contrato.
Segundo cargamento de Sinopharm llegó a Argentina el 28 de febrero. Foro: Ministerio de Salud de Argentina.
Acceso oficial, pero restringido
El Ministerio de Salud sólo remitió los contratos a tres ámbitos del Estado, pero exigió un compromiso de reserva. Las copias fueron enviadas a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo rol es el control de las cuentas del Ejecutivo, y a dos comisiones parlamentarias: la de Salud en Diputados y la del Senado. Así lo informó Salud en su respuesta a esta alianza periodística.
En Diputados, sólo dos legisladores tuvieron real acceso a la documentación completa: el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de todos), y la vicepresidenta, Carmen Polledo (Junto por el Cambio). “Al ser la única del bloque que tuvo acceso a los contratos, realicé un punteo o resumen para que mis compañeros de la oposición pudieran tener elementos e información para analizarlos”, dijo Polledo ante la consulta. “Aún así, nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas para que la población pueda acceder a más dosis y enfrentar la pandemia”, agregó la diputada.
Las 58,9 millones de dosis que se pactaron en los contratos secretos no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la respuesta oficial, sino que son las cantidades comprometidas a entregar. Al menos dos proveedores recibieron millonarios adelantos, pero el ministerio no respondió ese punto de los contratos.
Pagos por adelantado
Se conocía, hasta abril de 2021, un adelanto del 60% del pago a AstraZeneca, según confirmó la ministra Vizzotti en una entrevista en el programa Brotes Verdes. Otro pago adelantado por US$32,1 millones fue destinado a entrar al mecanismo Covax a través de la Fundación GAVI, informó ante el Congreso el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo. Incluyen el valor de las vacunas por más de US$28 millones y una garantía de alrededor de US$3 millones. Este sistema sólo entregó, hasta abril de 2021, el 11,2% de ese acuerdo con Argentina. Sin embargo, se estima que todos los contratos incluyen adelantos.
“Cada contrato lleva sus condiciones de pagos en función de lo negociado por el Gobierno. Covax es un caso especial, que sí requiere adelanto de dinero para ingresar al fondo. El resto se negocia en función del proveedor”, explicó la diputada Polledo.
Tres reglas para el velo informativo
El secretismo no sólo está garantizado por las cláusulas de los contratos comerciales sino también por la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19 N° 27.573, sancionada en 2020 por el Congreso para posibilitar los acuerdos con los laboratorios y por dos resoluciones del ministerio, explicó Salud en su respuesta. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).
La confidencialidad también fue sellada por dos resoluciones del ministerio, incluso dentro de la cartera de Salud el acceso a los trámites de la compra-venta de las vacunas fue restringido. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio, a cargo de Mauricio Monsalvo, dictó la Disposición 475/20 para “garantizar la confidencialidad de los expedientes administrativos”.
Una segunda resolución, la 1/21, establece “los alcances de la confidencialidad” para todos los acuerdos comerciales. El texto de ambas resoluciones no fue publicado en el Boletín Oficial ni el sitio web del ministerio, por lo que tampoco es de acceso público.
Una cláusula mundial
Como se ha dado a conocer en Argentina y otros países de América latina y también en Europa, los fabricantes de vacunas diseñadas para ayudar a derrotar la pandemia del coronavirus impusieron cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra-venta a los Estados. Los niveles de secretismo de los contratos varían según los países, pero todos tienen en común el compromiso de los Estados a cerrar el acceso a los escritos firmados por funcionarios públicos con las farmacéuticas.
La Comisión Europea (CE) pidió a las capitales de los países que integran la comunidad que respalden las acciones legales contra AstraZeneca por presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la Unión Europea (UE), como informó The Guardian.
En la solicitud de acceso a la información, el Ministerio de Salud reconoce expresamente que la confidencialidad a favor de los laboratorios “no ha sido, bajo ningún punto de vista, por iniciativa de esta cartera de Estado”, enfatizó en clara alusión a una imposición de las compañías y proveedores de vacunas. La sede argentina de AstraZeneca no respondió las consultas de elDiarioAR.
¿Por qué el Estado Nacional aceptó la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad? Las razones, respondió el ministerio de Vizzotti, “obedecieron a una práctica de mercado internacional impuesta a nivel mundial, sin la cual no hubiese sido posible suscribir dichos contratos para acceder a las vacunas requeridas y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones del Estado Nacional para proteger y garantizar la salud de las personas”.
El exministro Ginés González García dijo ante la Comisión de Salud de Diputados el 3 de febrero que el Gobierno rechazó un acuerdo comercial con la farmacéutica Pfizer debido a las condiciones impuestas por la compañía, que hasta el momento no se ha pronunciado puntualmente sobre los dichos del exfuncionario.
Información y derecho a la salud
Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, afirmó que “el principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública, y mucho menos en una sobre la que se juega la salud y la vida de millones de personas”.
Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que si informara las condiciones impuesta por los laboratorios “implicaría la violación de las cláusulas de confidencialidad” y, como consecuencia, dice el Ministerio de Salud, eso llevaría a que las compañías y proveedores extranjeros “interrumpan” la provisión de las vacunas y se perjudique “la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”.
“Implicaría un grave retroceso para nuestro país en la lucha contra la pandemia”, agregaron en la cartera de Salud. Dos funcionarias autorizaron la respuesta oficial a la solicitud de información: Sonia Gabriela Tarragona (titular de la Unidad Gabinete de Ministros del Ministerio) y Mariana Giacobbe Goldberg (secretaria de Acceso a la información Pública en el Ministerio).
Terragona es una de las principales colaboradoras de la ministra Vizzotti. Fue directora general de la Fundación Mundo Sano, entre 2008 y 2015. Mundo Sano fue co-fundada por la científica y empresaria Silvia Gold. El esposo de Gold es el empresario Hugo Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produce en Argentina el principio activo (materia prima) de la vacuna de una de las líneas de producción de AstraZeneca: la que luego se envasa en México. Ante las consultas de este medio sobre la previa relación de Tarragona con Gold, voceros del Ministerio de Salud no respondieron.
Jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra Vizzott. Foto: Ministerio de Salud de Argentina.
“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.
Información pública, pero...
ACIJ y elDiarioAR presentaron en una carta al ministerio los argumentos sobre la importancia de transparentar las condiciones impuestas por las farmacéuticas al Estado Nacional y garantizar así el derecho de los ciudadanos y destinatarios finales de esas vacunas a conocer la información sobre el marco en el que el Estado utiliza fondos públicos para garantizar la salud pública, a qué renuncian las autoridades en pos de ese objetivo y qué condiciones imponen los laboratorios a los gobiernos para garantizar sus objetivos comerciales en medio de una pandemia que azota al mundo.
La solicitud de acceso a la información pública está garantizada por una ley específica sancionada en 2016 (la Ley 27.275), que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a solicitar “toda la información en poder del Estado”.
Dicha ley tiene excepciones, explicadas de manera explícita en el texto de la norma. En la solicitud de acceso a la información pública, elDiarioAR planteó al Ministerio de Salud la alternativa de acceder a copia de los contratos con los laboratorios en las que las autoridades pudieran mantener en reserva esos “secretos industriales y comerciales” que podrían afectar el derecho de competencia de las compañías y que están a su vez amparados como excepciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.
En ese contexto, sólo se informaron algunos datos de los contratos, pero no las imposiciones legales de los laboratorios. La “divulgación de la información efectivamente amenaza causar un perjuicio sustancial”, argumentó Salud. “Se advierte que existen diversos intereses en juego, entre los cuales deben primar aquellos vinculados al derecho a la salud y a la vida”. De entregar copia de esas cláusulas sensibles, “se pondría en grave riesgo la provisión de vacunas”, sostuvo el Ministerio.
“La implicancia no sólo excede ampliamente los intereses de los proveedores, si no que repercute en los intereses de la Nación toda” y “está dado no sólo por el riesgo de que la contraparte afectada interrumpa la provisión de las vacunas objeto de tales contratos, sino que tal circunstancia podría perjudicar la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”, concluyó el organismo.