Vizcatán del Ene, el corazón del mayor valle cocalero peruano, registra 2.596 hectáreas de hoja de coca para la producción de cocaína. El control que ejerce Sendero sobre algunos pueblos de este distrito ha sido fundamental para afianzar la seguridad de su negocio. Es el caso de Alto Mantaro, Valle Manantial, Jesús de Belén y Valle Hermoso, comunidades con no más de 50 familias conformadas por colonos que migraron de Apurímac y Ayacucho, sierra del Perú, entre el 2000 y el 2005.

Aquí, los cocales se suceden entre laderas que también acogen algunas plantaciones de yuca y cacao. Los campesinos subsisten, principalmente, de los cultivos de coca y la venta informal de madera. No tienen luz eléctrica ni agua potable, tampoco títulos de propiedad. La mayoría cuenta apenas con certificados de posesión. Sus casas son construcciones de palo y calamina dispersas en el campo y las lomas. Estas comunidades no están en las áreas más agrestes de Vizcatán del Ene, donde Sendero se oculta, pero ir de una a otra implica caminatas de dos o tres horas. Lo mismo que a la base militar más cercana: Nueva Libertad de Mazángaro.

En los últimos años, Sendero Luminoso ha tomado estas tierras. Campesinos que fueron despojados de sus sembríos detallaron para este reportaje que el grupo armado parceló sus chacras y luego las repartió a contraprestación. Algunos comuneros que ahora tienen los terrenos usurpados aceptaron la condición de sembrar solo coca, pagar cupos mensuales y, otros, operar también como colaboradores del grupo armado. “Sendero ha conseguido así un escudo humano que los protege o que está condicionado a protegerlo”, refiere para esta investigación el General de Ejército César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Evolución del terror

La historia de Sendero Luminoso podría dividirse en tres etapas marcadas. La primera empezó en 1980 y estuvo enfocada en la conquista del poder a través de la lucha armada y la destrucción de las instituciones del Estado. Fue lo que Sendero denominó “guerra popular del campo a la ciudad”, siguiendo la línea maoísta, y que se tradujo en incursiones a comunidades de la sierra para ejecutar masacres de campesinos e ir sometiendo pueblos. En septiembre de 1992, su cabecilla y principal ideólogo, Abimael Guzmán, fue capturado e inició un proceso de paz con el Estado peruano, que tomó por sorpresa a los senderistas en libertad. Sendero Luminoso sufrió entonces una escisión.

De un lado quedaron los partidarios del acuerdo de paz que Guzmán firmó. Y de otro, una facción que continuó su lucha en zonas de selva que años después serían comprendidas dentro del Vraem. Este remanente, dirigido por Óscar Ramírez Durand, alias ‘Feliciano’, inició una segunda etapa de Sendero Luminoso. Las incursiones abarcaron entonces pueblos indígenas y ya no solo apuntaron al sometimiento mediante matanzas, sino también a secuestros masivos. Para crecer en número, Sendero recurría a sus llamadas “masas cautivas”, los grupos de indígenas secuestrados que luego entrenaban como nuevos integrantes. Sin embargo, en julio de 1999, la policía detuvo a ‘Feliciano’ y esta columna armada quedó sin dirección durante un mes.

El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó la etapa más cruda del terrorismo en el Perú, reveló que Sendero Luminoso asesinó entre 31.000 y 37.000 personas entre 1980 y el 2000. Las investigaciones de esta comisión concluyeron que Sendero Luminoso fue la principal organización terrorista perpetradora de crímenes y violación de derechos humanos en el Perú.

No hay cifras claras en torno al patrimonio total acumulado por esta organización mientras perseguía sus ideales de origen. Sin embargo, algunas luces ha dado el millón de dólares que un banco de Suiza reportó tiempo atrás a nombre de Nelly Evans, exmiembro de la cúpula senderista. El banco europeo informó también que Elena Iparraguirre, esposa de Abimael Guzmán y otrora número dos de Sendero Luminoso, tenía poder absoluto sobre aquella fortuna. En enero del 2021, una sentencia judicial estableció que el dinero pase a las arcas del Estado peruano.

Con la caída de ‘Feliciano’, Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, antiguo integrante del Comité Regional Principal de Sendero Luminoso, y su hermano Jorge, alias ‘Raúl’, asumieron como líderes de la facción que había recalado en el Vraem. Ahí comenzó un tercer periodo. El especialista en temas de narcotráfico Jaime Antezana dijo para este informe que, desde aquel momento, el grupo se instaló en un área de selva tupida y amplias extensiones de coca, entonces solo conocida como Vizcatán. Fue allí, explica Antezana, donde los Quispe Palomino empezaron a extorsionar a redes de narcotráfico. Luego, en una relación definida con las mafias, ‘José’ destinó sus columnas al resguardo de laboratorios de cocaína y de los jóvenes que trasladaban a pie cargamentos de droga (‘mochileros’).

En esta tercera etapa, que llega hasta hoy, Sendero Luminoso no ingresa en comunidades para perpetrar grandes masacres ni secuestros masivos, sino para dominar los territorios de la droga. El control lo establece ahora mediante despojos de tierras y sigilosos asesinatos selectivos dirigidos por ‘José’, personaje que operó también en los periodos en que Sendero asoló pueblos y desapareció miles de indígenas.

Jaime Antezana sostiene que este giro en las acciones armadas, sumado a un pobre discurso ideológico, fue desacoplando a los Quispe Palomino de la esencia original de Sendero Luminoso. Ellos repudiaron la rendición de Guzmán y se autodenominaron el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el 2018. “Lo que los moviliza ya no es una ideología sino el dinero. ‘José’ carecía de una verdadera estrategia de poder”, opina. Él considera que la columna asentada en el Vraem ya no es un grupo terrorista. Por eso solo los define como la estructura armada de los hermanos Quispe Palomino.

En contraposición, el general Arriola afirma que, aunque de forma endeble, este grupo aún persigue objetivos políticos y enarbola la ideología maoísta que lo identifica como remanente del Sendero Luminoso de hace cuatro décadas. “‘José’ va a tener un proceso por terrorismo, debe pagar por los crímenes de los Quispe Palomino y por haber metido a tantos niños a Sendero”, declara.

La Dircote calcula que unos 400 hombres y mujeres están bajo el mando de los Quispe Palomino en el Vraem. La fuerza principal, conformada por 30 miembros y columnas de 10 o 12 integrantes permanecen en Vizcatán del Ene. En el escalafón jerárquico de Sendero, a los hermanos cabecillas les suceden alias ‘Vilma’, ‘Antonio’, ‘Olga’, ‘Chato Mendoza’ y ‘Fernando’. Para la Policía y el CCFFAA, se trata de un grupo encapsulado sin posibilidad de expandirse. La amenaza que entraña esta organización armada, sin embargo, se fortalece continuamente por el negocio de la droga. “Subsiste por el narcotráfico y actúa cuando este queda en riesgo”, apunta el periodista e investigador en temas de terrorismo Ricardo León, autor del libro ‘Alias Jorge’.

Tierras de nadie

Echado sobre la vegetación seca, Adolfo Apaza esperaba los primeros claros del día para escapar. Era la tercera noche que dormía agazapado entre los maizales de Tununtuari, uno de los centros poblados por donde se ingresa al distrito de Vizcatán del Ene. En el pueblo, una columna senderista buscaba al comunero y vigilaba por turnos la casa de sus padres esperando que regresara.

Corría junio del 2020. En el Perú, los fallecidos por coronavirus pasaban de 5.300 y había casi 192 mil infectados. Las restricciones de movilidad y la falta de patrullajes facilitaban a Sendero Luminoso permanecer varias horas en las comunidades. Eso aseguran, todavía con angustia, los campesinos de esta parte del Vraem entrevistados para este reportaje. Pero lo que recuerdan con mayor nitidez es una consigna que la columna repetía cada vez que preguntaban por Apaza: “Lo vamos a encontrar así nos quedemos un mes”.

En el 2016, cuando fue dirigente en Valle Hermoso, a tres horas de caminata desde Tununtuari, Adolfo Apaza se había opuesto de forma tenaz al dominio de Sendero. La columna encabezada por alias ‘Fernando’ y ‘Julio Chapo’ repartió las tierras del pueblo entre los campesinos que habían acatado sembrar solo hoja de coca y pagar cupos mensuales.

“Yo tenía 15 hectáreas donde sembraba yuca y cacao. Las repartieron entre tres comuneros”, dice Apaza, un hombre de piel gastada y expresión compungida, que ahora vive al borde del río Ene. Lo mismo ocurrió con los terrenos de sus familiares y de algunos vecinos que rechazaban el orden subversivo. Varios de los que aceptaron las condiciones, explica, se convirtieron en colaboradores del grupo armado. Entonces, Sendero empezó a conocer al detalle todo lo que pasaba en la comunidad: si había patrullajes militares y qué personas eran un riesgo para sus negocios con el narcotráfico.

Sendero Luminoso considera territorios propios a los que ocupan ocho centros poblados de Vizcatán del Ene: Alto Mantaro, Valle Manantial, Valle Hermoso, Unión Fortaleza, Jesús de Belén, José Olaya, Unión Mantaro y Chivani. Esto es lo que han venido escuchando los comuneros entrevistados para este reportaje, en medio de amenazas, por parte del grupo armado. Jaime Antezana explica que esas áreas eran parte del ámbito donde la organización de los Quispe Palomino se asentó para cultivar sus alimentos y, por un periodo corto, sembrar coca, a partir del año 2000. “Eran los únicos que controlaban aquel ámbito, por eso dicen que le pertenece al partido”. El experto subraya que hoy en día Sendero también ha asumido el rol de distribuidor de estas tierras.

La columna irrumpe en las comunidades y primero realiza una suerte de censo para saber quiénes ocupan cada terreno, qué vecinos han llegado, qué medios de comunicación tienen y quiénes los visitan. Luego emiten sus disposiciones y, si alguien se opone o decide reportarlo ante las autoridades, es expulsado o asesinado, según detalla el general Arriola. “Esto ha conllevado a que las familias que han perdido sus tierras se desplacen”.

Eso le pasó a Adolfo Apaza. No solo perdió sus tierras, sino que también fue torturado y obligado a abandonar su pueblo por anunciar en una asamblea que pediría la construcción de una carretera y una base militar. Lo mismo les sucedió a 27 comuneros que vivían en Unión Fortaleza, una comunidad situada a media hora de Valle Hermoso. Ellos fueron expulsados hace un año y medio también por la columna senderista que encabeza ‘Fernando’. Para quedarse, debían cambiar sus cultivos de café y cacao por sembríos de coca. Además, les exigían ser un apoyo diligente en los enfrentamientos contra las fuerzas del orden.

Felipe, uno de los comuneros de Unión Fortaleza que dejó sus tierras ante la violencia senderista, narra que la última vez que él y la mayoría de sus antiguos vecinos estuvieron en aquella comunidad fue durante una reunión convocada por la columna de ‘Fernando’. “Ustedes han estado en estas tierras sin permiso. Ahora tienen que decidir: ¿están o no con el partido?”, les conminaron a responder. El campesino dice que 24 comuneros se quedaron y que hoy esa zona es, prácticamente, una base de apoyo para Sendero Luminoso. Lo mismo ha ocurrido en los centros poblados Alto Mantaro y Valle Manantial.

El general Arriola apunta que la incursión en los pueblos de Vizcatán del Ene se da de manera muy esporádica y por no más de dos horas. Los miembros de Sendero Luminoso, dice, son conscientes de que podrían generar una acción inmediata de las fuerzas del orden. Jaime Antezana coincide en esto pero, a su juicio, es debido al temor que tienen los cabecillas de ser delatados. Hay fortunas como recompensas por sus paraderos. Antezana afirma que el dominio del grupo armado no tiene relación con su presencia física sino con las condiciones que ha establecido para el control del área. “Eso les permite ser advertidos de un agente externo antes de que este pueda entrar al área. Si son policías o militares, los emboscan”.

En el 2019, Adolfo Apaza y otros comuneros desplazados denunciaron las extorsiones en sus pueblos ante el Congreso de la República y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El comunero de Valle Hermoso fue el representante de los campesinos amenazados de Vizcatán del Ene en una reunión de emergencia que organizó el Estado. Para entonces, unas 60 familias ya habían huido de este y otros sectores del Vraem.

Las amenazas y el temor lo mantenían a raya de Valle Hermoso. A veces solo iba hasta Tununtuari para visitar a sus padres. Y así ocurrió a inicios de junio del 2020, en pleno pico de la pandemia en Perú. Tenía pocos días en la comunidad cuando se esparció el rumor de que Sendero Luminoso llegaba para preparar una serie de atentados. Apenas lo supo se ocultó en las chacras y ahí estuvo tres días al hambre y miedo. Tununtuari aún no es un pueblo controlado por Sendero, pero Adolfo Apaza está seguro que algún vecino vinculado con el grupo armado delató su presencia. En una breve retirada de la columna, aprovechó para cruzar el río Ene y huir al Cusco.

Comunero amenazado intenta volver a su pueblo. Edición: Carlos Landauro.

“Me iban a matar. Saben que he denunciado todo”, dice Adolfo en la casita a medio hacer donde ahora vive. Recuerda que fue un viernes cuando pudo salir de Tununtuari. Dos días después, el domingo 14 de junio, Sendero Luminoso atacó la base militar contraterrorista de Nueva Libertad de Mazángaro, situada a 20 kilómetros de Tununtuari. La policía ha consignado en sus expedientes que el atentado fue dirigido por ‘Chato Mendoza’, senderista a cargo de las acciones armadas tras la captura de ‘Julio Chapo’. La semana siguiente, Sendero Luminoso bombardeó desde un cerro la base contraterrorista de Paquishari, ubicada a 15 kilómetros de Tununtuari. Tres soldados del Ejército peruano resultaron heridos de gravedad.

La única vez que Adolfo Apaza pudo regresar a lo que fue su terreno en Valle Hermoso ocurrió a fines de diciembre del 2020. Fueron 15 minutos en los que arriesgó la vida para constatar que no le quedaba nada. Los árboles de su chacra habían sido talados y su casa derruida. Dos hombres recogían a duras penas los troncos de eucalipto y tornillo sobre una larga extensión de nacientes cocales. La figura se repetía en las parcelas que habían sido de su hermano y los cultivos de cacao de su madre.

Las primeras pesquisas de la Dircote evidencian que alias ‘Richard’ encabezó la embestida senderista, y que en la columna también estaban ‘Fernando’ y ‘Chato Mendoza’. El general Óscar Arriola explica que Huarcatán está en la ruta por donde circula la droga que sale desde Vizcatán del Ene, en la selva de Junín, hacia Ayacucho. A pesar de estar a dos días de camino entre una y otra, ambas zonas hacen parte de una franja del Vraem controlada por Sendero Luminoso.

La de Huarcatán es la mayor matanza cometida por la organización de los Quispe Palomino desde que se instaló en el Vraem. Pedro Ccoriñaupa y Alipio estaban en la mira de Sendero desde noviembre del 2020, cuando el anciano denunció el secuestro de su hijo Teófilo a manos del grupo armado.

Una historia similar sucedió, en agosto del 2018, en el centro poblado Libertad de Mantaro, en Junín. Los esposos Irineo Camargo y Susana Ponce, y su hijo Teófanes, fueron asesinados allí tras ser acusados de ‘soplones’ del Ejército. Como advertencia, Sendero impidió que el cadáver de Teófanes fuera recogido y lo dejó tres días expuesto en la plaza del pueblo con el escrito: “Así mueren los soplones. Faltan siete más”. El crimen causó una huída masiva de campesinos que vivían amenazados. Hoy Libertad de Mantaro es casi una comunidad fantasma.

Esta es la forma como Sendero Luminoso imparte su propia justicia en las comunidades del Vraem. Los campesinos de Vizcatán del Ene sostienen que, además de la ausencia del Estado, el complicadísimo acceso a las instituciones oficiales ha generado esta crisis que permite a la organización armada castigar, expulsar o cometer asesinatos selectivos para asentar su dominio.

Así, en el 2018, desapareció al exdirigente de Alto Mantaro Elvis Sayme y al balsero Pedro Luján. A ambos, Sendero los tenía catalogados como ‘soplones’ del Ejército a partir de la información recibida de sus colaboradores en el pueblo. Además de Pedro Valverde, en el 2020 fueron aniquilados un comunero de Valle Manantial y otro de Unión Mantaro. Sobre el cadáver de este último, los asesinos también dejaron el escrito característico de la organización armada. “Muerte a los soplones. Uno mismo busca su destino”, decía.

Para el analista en temas de seguridad pública Pedro Yaranga, las columnas de Sendero Luminoso en Vizcatán del Ene son cada vez más desconfiadas y radicales, pues saben que sus colaboradores están siendo captados por el Ejército o la Policía. Son temerosos hasta de sus familiares, remarca, debido a las recompensas que están en juego por las capturas. Es lo que el sociólogo Carlos Tapia, fallecido en enero, consideraba como una encarnizada lucha interna entre la inteligencia militar o policial y la subversiva que defiende el negocio del narcotráfico.

La Dirección contra el Terrorismo tiene registrados 30 aniquilamientos a manos de Sendero Luminoso en diversos sectores del Vraem durante los 10 últimos años. Se trata de los casos en que los cuerpos de las víctimas fueron hallados. Pero hasta ahora es indefinido el número de asesinados por Sendero en el Vraem cuyos cadáveres no han aparecido.

El pesar de la madre de un comunero asesinado por Sendero Luminoso. Edición: Carlos Landauro.

Sin embargo, Sendero Luminoso no sólo ajusticia a comuneros que considera soplones o informantes de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el director de la Dircote, en esta parte del Vraem, el grupo armado atiende distintas quejas de la comunidad. Por ejemplo, puntualiza, contra alguien que vende drogas o que maltrata a su pareja. Se trata de aquello que los Quispe Palomino rotulan como “campaña de limpieza social”. “Dicen que van a matar ladrones, infieles, abigeos, y cuando se les pregunta qué hacen con los que cometen tráfico ilícito de drogas, no saben qué decir”, declara el general. En Huarcatán, el macabro mensaje en casa de los Ccoriñaupa indicaba: “El pueblo ni siquiera debe enterrar a los asaltantes, brujos o rateros”.

Los impuestos de Sendero

Las instrucciones que Sendero Luminoso había dejado en Valle Manantial fueron claras. Era julio del 2019. Desde entonces, el grupo armado iba a asumir la seguridad de los terrenos de cultivo y solo permitiría la permanencia de campesinos que no salieran de la zona. Por esto, la columna empezaría a cobrar un cupo mensual, o lo que llama ‘apoyo a la guerra’, de acuerdo con la extensión de cada terreno. A Florencio, otro de los comuneros entrevistados para esta investigación, le correspondía abonar el valor de una arroba de hoja de coca, es decir, entre 80 soles (US$22) y 110 soles (US$30) por las dos hectáreas que tenía. Él contestó que no. Entonces, los comuneros que le llevaron el mensaje también lo conminaron a no regresar.

Cuando le dijeron esto, Florencio estaba en casa de su hermano, fuera de Vizcatán del Ene. Ahí se quedó por temor. Un año después, al bajar los contagios por c0vid-19 en el Perú, pudo retornar a su comunidad. Reconoció sus herramientas al borde de lo que fue su chacra de coca. Un terreno trozado ya a cargo de otra familia. “Los que hemos salido somos considerados ahora enemigos del pueblo”, lamenta Florencio en un caserío de la selva ayacuchana donde se ha refugiado con su familia.

En Valle Manantial, como en otros pueblos cercanos, la mayoría de cocales están bajo el resguardo que Sendero Luminoso ha implantado. Este rol asumido por la organización armada no tiene más de tres años en Vizcatán del Ene y, a juicio de Jaime Antezana, obedece al fuerte incremento de los sembríos de coca en la jurisdicción. “El grupo armado les garantiza el funcionamiento de sus chacras, y hay gente que paga de buena gana por esa seguridad. Existe una relación bastante utilitaria. El que entra a sembrar coca en estas zonas va a tener plata, pero debe pagar por la seguridad que tendrá”, explica.

Dos campesinos cocaleros que accedieron a declarar para este reportaje sin que sus identidades sean reveladas, están convencidos de que ya no serán despojados de sus cultivos. Ambos caminan sobre un manto tendido con miles de hojas secando al sol, y aseguran que el Estado no podrá erradicar sus plantaciones mientras Sendero Luminoso esté a cargo de la seguridad en sus comunidades. Esta es una escena que se repite a lo largo de la vía que une la selva del Cusco y Vizcatán del Ene. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no tiene duda de que las poblaciones aledañas en este distrito ya son 100 por ciento adeptas a Sendero, y no por una ideología sino porque la organización les permite cultivar coca.

La única vez que el Estado peruano intentó erradicar cultivos de hoja de coca en el Vraem fue en octubre del 2019. Aquella vez hubo apenas una supresión de 60 hectáreas en el norte del valle, pero una seguidilla de protestas truncaron la operación. Desde entonces no se han anunciado nuevos planes de erradicación en el Vraem, el sector de mayor extensión de sembríos de coca en este país. La policía calcula que el 95% de la hoja de coca que se cultiva en este valle se usa para la producción de clorhidrato de cocaína.

El tributo de la droga

La seguridad destinada a los cultivos de coca es solo una extensión de la actividad fundamental de Sendero Luminoso en el Vraem: el resguardo de las zonas donde se produce y transita la droga. Se trata de la principal fábrica de cocaína en el Perú.

Federico Tong afirma que esto se debe al mejor rendimiento de hoja de coca que permiten las tierras del Vraem (más hoja de coca por hectárea) y a la mayor eficiencia en el refinamiento. Es decir, aquí se necesita menos hoja de coca para producir un kilo de cocaína. De acuerdo con Tong, se requieren 250 kilos de hoja para la elaboración de un kilo de cocaína.

Campesino expulsado por Sendero Luminoso de su comunidad. Edición: Carlos Landauro.

En el Perú se elaboran al año 513 toneladas de clorhidrato de cocaína, según las últimas cifras de Devida. Esta institución también ha documentado que, del total, al menos 269 toneladas (52 por ciento) proceden del Vraem. Perú es el segundo país productor de cocaína en el mundo detrás de Colombia, que registra 1.137 toneladas anuales.

El general Óscar Arriola aproxima que un 33 por ciento de la droga elaborada en el Vraem circula por Vizcatán del Ene y es controlada por Sendero Luminoso. De los laboratorios que hay en este distrito parten diversos caminos agrestes que conducen a tres de las 12 grandes rutas de la droga, en la selva peruana, identificadas por la Dirandro.

Los cargamentos de cocaína salen de los laboratorios y son transportados por cuadrillas de jóvenes conocidos como ‘mochileros’. Cada uno lleva un máximo de 12 kilos hasta dejarlos en botes o camiones que seguirán las rutas. Las investigaciones de la Dirandro han determinado que una columna, al mando de alias ‘Chato Mendoza’, forma anillos de seguridad en el trayecto que siguen los ‘mochileros’ para prevenirlos de asaltos y disuadir eventuales patrullajes de las fuerzas del orden. Horas antes de cada recorrido, Sendero Luminoso hace una evaluación previa de los lugares de paso. Es decir, la columna sabe con anterioridad de posibles riesgos en la zona, anota Jaime Antezana.

La seguridad que el grupo armado da al narcotráfico tiene límites bien definidos. En Vizcatán del Ene, por ejemplo, Sendero no va más allá de las zonas que tiene controladas. Nunca entra a sectores donde puede correr peligro. “La posta la toman ahí los propios sicarios del narcotráfico”, precisa Pedro Yaranga. Y así como la columna senderista protege la salida de la droga elaborada en sus zonas de influencia, también se encarga de cuidar el ingreso de los insumos químicos para que sea producida.

El coronel Edi Benites detalla que esta comunión criminal se inicia cuando una mafia llega al Vraem y alquila un laboratorio. Generalmente, los lugares de producción se ubican en Vizcatán del Ene y pertenecen a comuneros vinculados con Sendero Luminoso. Desde ese momento, la red de narcos empieza a tener resguardo del grupo armado en el laboratorio, lo cual se prolonga hasta el traslado de los cargamentos. Al Vraem, explica el oficial, llegan representantes de mafias extranjeras y cabecillas de clanes peruanos solo para coordinar cantidades a ser elaboradas y los tiempos de producción. “No permanecen mucho en el lugar. Van a negociar y se acabó”, señala. El resto de la operación queda por cuenta del personal que dejan a cargo en el lugar. Así operaba, por ejemplo, el clan peruano ‘Pajarito’, dedicado a enviar droga del Vraem a Europa y que fue desarticulado en el 2019.

Abel es un ‘mochilero’ que operó por ocho años para una red de narcotráfico peruana. Dejó el delito luego que dos compañeros suyos fueran asesinados por exigir a la mafia sus pagos completos. En el cocal donde ahora trabaja, cuenta que su función también consistía en captar comuneros para que fingieran ser informantes voluntarios y llevaran a la policía datos falsos sobre lugares de elaboración de cocaína. El objetivo era despistar a las autoridades o poner a las patrullas en la mira de Sendero Luminoso.

La Dircote sostiene que un 95% de los atentados de Sendero Luminoso son a solicitud de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. En los últimos 20 años, 134 militares y 45 policías han fallecido en el Vraem a manos de las columnas dirigidas por los hermanos Quispe Palomino, de acuerdo con el conteo pormenorizado que lleva el especialista Pedro Yaranga.

Antes del brote de la pandemia en el Perú, Sendero Luminoso emitió el documento titulado Contra la política oportunista de independizarse del partido; una exhortación de los Quispe Palomino a reestructurar sus filas e intensificar sus ataques contra la Policía y el Ejército. A partir de entonces, ya en el curso de la pandemia, el grupo armado asesinó a ocho agentes de las fuerzas del orden en enfrentamientos y emboscadas dentro del Vraem. El último ocurrió en diciembre, en Vizcatán del Ene. En enero del 2021, murió a causa de una insuficiencia renal, agravada por un disparo, Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’, número 2 de Sendero Luminoso. Esto solo fue confirmado a finales de marzo.

La guerra en el corazón del Vraem no es permanente. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señala que el relevo de mandos de Sendero es muy complicado y eso lo llevará a su extinción. No lo considera como una amenaza para este país en la magnitud que sí lo es el narcotráfico, aunque ambas operen en colusión perversa. “Para mí, la principal amenaza que tiene nuestro país es el narcotráfico”, asegura Astudillo. En el último quinquenio, las estrategias para reducir los cultivos de coca no han dado resultado. O el resultado, más bien, fue el incremento de 8 mil hectáreas en el Vraem.

Abel, el ‘mochilero’ que operó bajo el resguardo de Sendero, cruza su cocal y señala el horizonte lleno de estas plantaciones mientras traza un espacio en el aire: “Si hay laboratorios de cocaína, los ‘tíos’ van a seguir. Allá está el mío”, dice. Ahora, él también tiene una poza para la elaboración de droga.

*Las identidades de las personas entrevistadas para este reportaje fueron cambiadas por su seguridad.