Hasta abril del 2023 el Estado había sufrido un perjuicio económico de más de S/14 millones debido a la actuación irregular de 27 funcionarios de los ministerios de Salud, Agricultura y Vivienda. Estos habían estado encargados de los procesos de contratación y ejecución de seis obras financiadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en las regiones norteñas de Piura, Tumbes y Lambayeque, las más afectadas en el 2023 por lluvias intensas y desbordes de ríos.

Por Elena Miranda

Entre el 2018 y abril del 2023, la Contraloría General de la República halló que 27 funcionarios y servidores públicos de los ministerios de Agricultura, Salud y Vivienda habían actuado de manera irregular en la adjudicación de seis obras valorizadas en más de S/100 millones (más de US $26 millones). Se trataba de proyectos financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que tenían como fin la restauración de infraestructura dañada o destruida por el fenómeno El Niño en Tumbes, Piura y Lambayeque, así como la construcción de estructuras estructuras de carácter preventivo.

Estos funcionarios, que ocupaban puestos claves en los tres ministerios, habían favorecido a cinco consorcios y una empresa, contratándolos a pesar de que no cumplían con los requisitos para realizar las obras. Tampoco les aplicaron las sanciones que correspondían por sus incumplimientos o demoras en la entrega de los proyectos. Es más, también autorizaron pagos por servicios y trabajos no ejecutados, causándole al Estado un perjuicio económico de más de S/14 millones (US $3 millones, aproximadamente).

Para la Contraloría, había indicios de que esos funcionarios estaban envueltos en actos de corrupción en la contratación, ejecución y supervisión de las obras de reparación y prevención por las lluvias intensas en el Perú. Por eso, actualmente son investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con el órgano de control, beneficiaron a doce empresas en total.

Once de ellas son peruanas y cuentan con un historial de sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, que van hasta la inhabilitación o la suspensión temporal para contratar con el sector público. Los motivos son diversos; entre ellos destacan la presentación de documentos falsos, la entrega de información inexacta y el incumplimiento de contratos.

La otra compañía es de Ecuador y, según informes de la Contraloría, fue seleccionada a pesar de que no pudo acreditar que tenía experiencia en obras de gran envergadura.

Caso emblemático

Entre los 27 funcionarios hay uno a quien la Contraloría le atribuye una presunta responsabilidad penal en cuatro de las seis obras investigadas: Jorge Leonidas Lizárraga Medina. Según el ente supervisor, cometió irregularidades en las obras de descolmatación de los cauces de los ríos La Leche y Olmos, en Lambayeque, y en la de rehabilitación del canal Tambogrande, en Piura, todas a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura. Asimismo, en la obra de rehabilitación y reposición del Hospital de La Amistad Perú - Corea Santa Rosa II, en Piura, a cargo del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), del Ministerio de Salud.

En la obra de descolmatación del cauce del río Olmos, en Lambayeque, Lizárraga opinó favorablemente para modificar el contrato, con el fin de evitarle penalidades al Consorcio Chiclayo por incumplimientos contractuales, a pesar de que no cumplió la normativa de las contrataciones. Aun así, se pronunció a favor de realizar los pagos, generando un perjuicio económico de S/250,717 (unos 66 mil dólares), según la Contraloría.

En la obra de descolmatación del cauce del río La Leche, en Lambayeque, Lizárraga dio la conformidad a pronunciamientos técnicos que no valoraron información que advertía que la empresa American Contratistas Generales había incumplido el contrato. Esto podría haber impedido el pago por un servicio no brindado, que generó un perjuicio económico de S/11’483,571 (más de US $3 millones). Por este caso el Minagri lo sancionó con cinco días sin goce de remuneraciones. En su resolución concluyó que el funcionario había demostrado “negligencia en el desempeño de sus funciones”.

Con respecto a la rehabilitación del canal Tambogrande, en Piura, Lizárraga emitió una resolución directoral que aprobó administrativamente el expediente técnico final de la obra, aunque no contó con la firma de los especialistas requeridos y no se aplicó penalidad al Consorcio Binacional por este incumplimiento. Esto ocasionó un perjuicio económico a la entidad de S/12,600 (más de US $3 mil). Hacia mediados del 2023, el Minagri lo sancionó por este caso suspendiéndolo hasta 30 días sin goce de haber.

En total, Lizárraga le hizo perder al Estado unos S /11’746,888.

Cuando salió del Programa Subsectorial de Irrigaciones, Lizárraga pasó a trabajar en el Programa Nacional de Infraestructura en Salud. En la rehabilitación del Hospital de La Amistad-Perú Corea Santa Rosa II, en Piura, fue jefe de la Unidad de Gestión de Inversiones de Recons- CASO EMBLEMÁTICO 10 trucción. Como miembro del Comité de Selección, elaboró y dio la conformidad a las bases para la licitación, en las que no precisaron que un requisito sería obligatorio, lo cual hizo que se descalifique a cinco de los seis postores. El Consorcio Santa Rosa fue el único que cumplió dicho requisito, aunque tampoco se ajustaba a lo que exigían las bases.

Por esta última obra, Lizárraga es investigado en el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tras una denuncia presentada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado.

Además, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga a Lizárraga por el presunto delito de concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado), según reportes del Ministerio Público.

En octubre y noviembre de 2022, Lizárraga figuró en la lista de personal de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, como gerente de ejecución de proyectos de la Dirección de Intervenciones del Sector Salud. El primer mes recibió un sueldo mensual de S/6 mil y el segundo mes, de S/15 mil.

Este medio intentó contactar a Lizárraga. Acudimos a su domicilio en el distrito de San Miguel, lo llamamos por teléfono celular y le enviamos mensajes por WhatsApp y por email, pero no obtuvimos respuesta. Según informó su esposa, se encontraba trabajando en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Fuentes de esa entidad, confirmaron a Convoca. pe que Lizárraga labora allí, aunque su nombre no figura en la lista del personal registrada en su Portal de Transparencia, desde diciembre último.

Trabajos no ejecutados, pero pagados

Viviendas inhabitables, vías destruidas, servicios de energía eléctrica y de agua potable suspendidos y red de alcantarillado colapsada han sido los principales daños provocados este verano por las lluvias intensas y el desborde del río La Leche en Íllimo, uno de los distritos más afectados de Lambayeque, en el norte del país Desde enero último, más de 3 mil personas han sido afectadas por inundaciones en Íllimo, según reportó el municipio distrital.

Cada temporada de lluvias, la población es afectada, pero, esta vez, el impacto de las precipitaciones fue tras veces mayor que en 2017, cuando se reportó el fenómeno de El Niño Costero, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Con el fin de mitigar los daños de las lluvias intensas en Íllimo, entre 2017 y 2019, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios destinó S/21’292, 689,21 (más de US $5,5 millones) al Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura, para la descolmatación de 7 kilómetros del cauce del río La Leche Tramo I. La empresa American Contratistas Generales S.A.C. fue contratada para realizar la obra en 30 días, contados desde el 29 de noviembre de 2017.

La Contraloría determinó que funcionarios de este programa autorizaron el pago en exceso de S/11’ 483,571 (más de US $3 millones) por trabajos no ejecutados y labores que no contaron con sustento técnico, a pesar de que se le advirtió al titular de esa entidad sobre las observaciones en seis informes de control concurrente. Además, identificó que no aplicaron penalidades de S/2’127,800 (más de US $500 mil) por incumplimiento del plazo dispuesto en el contrato. Esto generó un perjuicio al Estado de S/13’611,371 (más de US $3 millones), según el Informe N° 2171-2019-CG/ GRLA-SCE.

Casi cuatro años después, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque sigue investigando por presunta responsabilidad penal en el ejercicio de sus funciones y favorecimiento a la empresa American Contratistas Generales y a seis funcionarios del Programa Subsectorial de Irrigación: Jorge Leonidas Lizárraga Medina, Luciano Chimoy Samamé, Percy Alfredo Flores Flores, Delmi Gomez Chavez, José Augusto Carril Ruiz y José Wilberth Oblitas Chicoma.

Algunos de estos funcionarios emitieron pronunciamientos técnicos que no resguardaban los intereses del Estado, mientras que otros los validaron. Además, al recibir la obra sin que se hayan ejecutado todos los trabajos requeridos, “el comité de recepción incumplió la finalidad del contrato, que era evitar un desborde del río que pudiera afectar a los beneficiarios de la zona”, según concluyó la Contraloría.

Delmi Gómez Chávez y Luciano Chimoy Samamé continúan prestando servicios al Programa Subsectorial de Irrigaciones. Dicha entidad informó a este medio que adoptará las acciones una vez que se determine su responsabilidad penal, y agregó que, en 2019, les inició procesos administrativos disciplinarios a ambos trabajadores. con presunta responsabilidad y que uno de ellos fue sancionado.

En los informes de Contraloría también fueron incluidos Gamaller Chirinos Toranzo, jefe de la supervisión del servicio, quien dio por concluida la obra sin objetar los trabajos no ejecutados, y Hugo Cieza Astonitas, representante de la Junta de Usuarios del Valle La Leche, quien firmó la recepción de la obra, a pesar de que American Contratistas Generales no brindó el servicio completo y no hizo todos los trabajos.

En entrevista con Convoca.pe, Cieza afirmó que recibió la obra teniendo en cuenta solo lo que se había ejecutado, porque hubo tramos donde la empresa no pudo hacer los trabajos de descolmatación. “La empresa no hizo los trabajos porque había títulos de propiedad dentro del río y cultivos. En la zona intangible de Pómac prohibieron el ingreso de la maquinaria y el cauce del río varió en la zona de San Isidro, donde los agricultores no permitieron los trabajos porque querían que fueran por el cauce antiguo”, explicó Cieza, quien también es regidor en la Municipalidad de Lajas, en Cajamarca.

De acuerdo con Cieza, en el 2023 se triplicó el volumen de las lluvias en comparación con las registradas durante el fenómeno El Niño Costero, en 2017, y por eso arrasó cultivos y causó bastante daño. Sin embargo, reconoció que también tiene que ver con que la empresa American Contratistas Generales no completó los trabajos de descolmatación del cauce del río La Leche.

Para el Programa Subsectorial de Irrigaciones esta obra se encuentra concluida, recibida y en proceso de liquidación, tras dos laudos arbitrales. El primer laudo declaró válida la resolución de contrato de la entidad, que dio lugar a la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento. El segundo, que tuvo como controversia las penalidades, se encuentra en proceso de implementación.

La empresa American Contratistas Generales está inhabilitada para contratar con el Estado desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 11 de mayo de 2025, pero esta sanción es por otra obra. El Tribunal de Contrataciones del Estado concluyó que esta empresa presentó documentación falsa e información inexacta al Gobierno Regional de Ayacucho, como parte del Consorcio Ancascocha, para el “Proyecto: Ampliación de la presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)”.

Sanciones por documentos falsos

En marzo del 2023, cientos de agricultores perdieron sus cultivos por el desborde del río Olmos, debido a las intensas lluvias registradas en el distrito lambayecano del mismo nombre. En el sector El Médano, el río arrasó con chacras y ganado, mientras que los pobladores se refugiaban en los cerros.

Hace cuatro años, en 2018, tras la catástrofe de El Niño Costero, el Programa Subsectorial de Irrigaciones contrató al Consorcio Chiclayo, por S/3’805,201 (más de un millón de dólares), para la descolmatación del cauce del río Olmos. El objetivo era proteger un promedio de 5 mil hectáreas de cultivo de la zona y prevenir afectaciones en los poblados de El Médano, La Orchía, Cutirrape, Virgen de Las Mercedes, La Juliana y la Huaca, en el distrito de Olmos, donde vivían más de 6 mil familias.

El informe de la Contraloría N° 10402- 2020-CG/GRLA-AC reveló que este programa otorgó al Consorcio Chiclayo una ampliación de plazo de 41 días calendario por no comunicar oportunamente la aprobación de la ficha técnica definitiva. Además, pagó por trabajos no ejecutados y otros que se realizaron sin ser acordes con los planos de la ficha técnica definitiva; recibió el servicio sin observaciones, a pesar de que no se ejecutaron los trabajos de acuerdo al contrato; modificó el contrato afectando el cálculo de penalidades y no cauteló la vigencia de la carta fianza de fiel cumplimiento.

Estas acciones generaron un retraso en la ejecución del servicio y un perjuicio económico para el Estado de S/610,342,07 (más de US $160 mil). El servicio fue concluido, recibido y liquidado el 4 de enero de 2021, según informó a este medio el Programa Subsectorial de Irrigaciones.

Por estos hechos, la Contraloría le atribuye presunta responsabilidad penal a Marco Polo Lucero Bernilla, José Miguel Sandoval Reyes, Daniel Aquiles García Paredes, José Augusto Carril Ruiz, Pedro Carlos Aldazabal Sosa, María Jesús Bustos de La Cruz y Jorge Leonidas Lizárraga Medina. Estos funcionarios aprobaron conformidades de pago, a pesar de los incumplimientos contractuales, validaron modificaciones al contrato y dieron la conformidad a documentos técnicos e informes para no aplicar penalidades al consorcio que realizó la obra.

De estos servidores públicos, sólo José Miguel Sandoval Reyes mantiene un vínculo laboral con el Programa Subsectorial de Irrigaciones, según señaló dicha entidad a Convoca.pe. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Chiclayo investiga, desde 2021, a Pedro Carlos Aldazabal Sosa, José Augusto Carril Ruiz, Daniel Aquiles García Paredes y Lucero Bernilla Marco Polo, por el presunto delito contra la administración pública.

Por presentar información inexacta para esta obra, las empresas Coniesa EIRL y Contratistas Generales Gambini SRL, integrantes del Consorcio Chiclayo, fueron sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado y estuvieron impedidas de participar en procesos de selección y contratación con entidades públicas entre el 8 de julio de 2020 y el 8 de febrero de 2021. El motivo fue que presentaron certificados de trabajo que acreditaban que uno de sus ingenieros tenía experiencia como jefe de proyectos en dos obras supuestamente realizadas en Lima, cuando eso no era cierto.

Además, Coniesa estuvo inhabilitada hasta el 14 de febrero del 2023 para contratar con el Estado. Del 3 de enero de 2020 al 3 de febrero de 2023, estuvo sancionada por presentar documentación falsa ante el Registro Nacional de Proveedores en el proceso de renovación de inscripción como ejecutor de obras; y del 14 de febrero de 2020 al 14 de febrero de 2023, como parte del Consorcio San José, estuvo sancionada por presentar documentos falsos en una licitación pública de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) para una obra en el Aeropuerto de Yurimaguas.

Contratistas Generales Gambini se encuentra impedida de contratar con el Estado, desde el 19 de junio de 2020 hasta el 19 de septiembre de 2023, por presentar documentos falsos o adulterados, como parte del Consorcio S & G, a la Municipalidad Distrital de Corosha, para la obra “Mejoramiento integral del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Complementario para las localidades de Corosha, Beirut, Anexos Vista Alegre, La Banda y Lejía, distrito de Corosha, Bongara, Amazonas”. Los profesionales que propuso como personal clave revelaron que no conocían a esta empresa ni habían suscrito cartas de compromiso para la obra.

La empresa ya había sido sancionada, del 6 de noviembre de 2018 al 6 de noviembre de 2021, como parte del Consorcio Bonli, por presentar una carta fianza falsa en la licitación de la “Instalación de baños ecológicos con biodigestores en varias localidades del distrito de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash”.

Empresas inhabilitadas

Con el fin de garantizar que los agricultores tuvieran agua todo el año, sobre todo cuando no hay lluvias, el Programa Subsectorial de Irrigaciones recibió S/3’524,792 (más de US $900 mil). Con este monto se debía ejecutar el proyecto “Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Tambogrande, sectores Santa Rosa de Yaranche y San Francisco”, en Piura, que beneficiaría a 430 familias de pequeños productores y 3,500 hectáreas de cultivo.

Con ese propósito, el Programa Subsectorial de Irrigaciones suscribió, en el 2018, un contrato con el Consorcio Binacional. La elección, según el informe N° 052-2021-2-0052 de la Contraloría, fue bastante irregular. Para comenzar, este consorcio nunca acreditó la experiencia de los profesionales con quienes trabajaría. Además, presentó documentación falsa sobre los equipos requeridos y no incluyó tramos críticos del canal para ser intervenidos. Aun así, no se le aplicaron las penalidades correspondientes y recibió el pago completo.

El ente supervisor atribuyó una presunta responsabilidad penal a Yahandra Jackelyne Bances Eduardo, Liz Paola Becerra Terrones, Leddy Jhoana Bellido Yarlequé, Fredy Erick Bohorquez Cosi, Jesús Ricardo Chafloque Pinto, Luis Alberto Fernandini Sánchez, Jesús Hinojosa Ramos y Jorge Leonidas Lizárraga Medina.

Estos funcionarios aprobaron el expediente técnico final de la obra, suscribieron el contrato y aprobaron el levantamiento de observaciones, validando el pago al contratista, a pesar de las irregularidades. La obra se encuentra concluida, recibida y liquidada, según informó el Programa Subsectorial de Irrigación.

Por esta obra, Jesús Hinojosa Ramos, quien fue jefe de la oficina de Administración y Finanzas del Proyecto Subsectorial de Irrigación, es investigado por el delito contra la administración pública en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios- Chiclayo. El caso se encuentra en la etapa de diligencia preliminar tras el inicio de las indagaciones en 2020, según información de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

Además, desde 2022, la Procuraduría del Ministerio de Agricultura lleva un proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios, ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Jesús María, contra Jorge Leonidas Lizárraga Medina, Fredy Erick Bohorquez Cosi, Liz Paola Becerra Terrones y Luis Alberto Fernandini Sánchez, tal como lo evidencia la resolución judicial a la que accedió este medio.

El presidente de la Comisión de Usuarios TG-Malingas, Rodolfo Rufino, confirmó a Convoca.pe que el canal Tambogrande presenta varias fallas. “Ese canal no quedó bien. Como estamos en época de lluvias, no afecta a los agricultores, pero, cuando deje de llover y necesitemos usar el canal para regar nuestros cultivos, se verán los problemas”, advirtió.

En el canal Tambogrande, detalló Rufino, se han levantado tres paños de concreto, en un tramo, y dos paños en otro, porque el Consorcio Binacional no hizo las cunetas y no tiene drenajes. “Hay que rehabilitarlo nuevamente para que quede operativo”, agregó el dirigente de los agricultores.

El Consorcio Binacional estuvo conformado por Roprucsa Contratistas Generales SA, K.I.A. Ingenieros S.R.L. y Evalto Consultores y Constructores S.R.L. Las tres han estado inhabilitadas para contratar con el Estado.

Roprucsa Contratistas Generales estuvo impedida de contratar con el Estado, desde el 26 de octubre de 2020 hasta el 26 de diciembre de 2023. Como parte del Consorcio Amaro, presentó documentos falsos al Gobierno Regional de Huancavelica en la licitación de una obra. Además, entre el 14 de mayo de 2020 y el 14 de mayo de 2021, fue sancionada temporalmente por presentar información inexacta al Gobierno Regional de Cajamarca.

Evalto Consultores y Constructores estuvo impedida de contratar con el Estado en dos periodos: Del 6 al 13 de agosto de 2021, como parte del Consorcio Q’orianka, por no cumplir con perfeccionar el contrato con Agro Rural, del Ministerio de Agricultura, y del 14 de febrero al 14 de septiembre de 2022, por ocasionar que Agro Rural resuelva el contrato.

Kia Ingenieros está impedida de contratar con el Estado desde el 9 de agosto de 2021 hasta el 9 de septiembre de 2024 porque, como parte del Consorcio KIA, presentó documentación falsa a la Municipalidad Distrital de Colcabamba- Tayacaja para la obra “Creación de la alameda en la Av. Casamaquina, en el centro poblado de Colcabamba, distrito de Colcabamba-provincia de Tayacajadepartamento de Huancavelica”. Adjuntó un contrato falso de alquiler de maquinaria y equipo requerido en las bases de la licitación.

Del 21 de abril de 2022 al 21 de enero de 2023, Kia Ingenieros estuvo suspendida para contratar con el Estado pues, como integrante del Consorcio Perú, presentó información inexacta en certificados de trabajo al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) en la licitación de una obra en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Demoras durante la pandemia

En plena emergencia por la pandemia del covid-19, en 2020, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios dispuso de S/14’727,139 (más de US $3,9 millones) para que el Ministerio de Salud ejecute la “Rehabilitación y reposición del Hospital de La Amistad-Perú Corea Santa Rosa II-2, distrito de 26 de Octubre, provincia de Piura, región Piura”, que comprende la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y el área de hospitalización pediátrica.

El contrato lo ganó el Consorcio Santa Rosa en medio de varias irregularidades. El informe de Contraloría N° 099-2020-2- 0191 concluye que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Salud aprobó términos de referencia de un procedimiento de contratación consignando un requisito no esencial y aprobó las bases administrativas del procedimiento incumpliendo la normativa vigente. Además, el comité de selección admitió la propuesta de un postor que no cumplía lo establecido en las bases integradas, “ocasionando la vulneración de los principios que rigen las contrataciones del Estado y afectando el cumplimiento oportuno de la finalidad pública”. Por si fuera poco, el consorcio presentó una carta fianza falsa.

Los miembros del comité de selección, Juan Miguel Aza Paredes, Margoth Gómez Camero y Jorge Leonidas Lizárraga Medina, fueron considerados por la Contraloría con presunta responsabilidad penal por las irregularidades. La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima los investiga, desde 2022, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Cuando estas irregularidades salieron a la luz, se resolvió el contrato. La obra terminó retrasándose.

En diciembre de 2020, el Programa Nacional de Inversiones en Salud seleccionó al Consorcio San Francisco, que inició los trabajos en marzo de 2021 para intervenir la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y del área de hospitalización pediátrica. Sin embargo, en enero de 2022, resolvió el contrato porque la obra no fue concluida en el plazo previsto de seis meses. Se dispuso contratar a otra empresa para el saldo de obra, pero hubo problemas con la elaboración del expediente técnico.

Actualmente, la obra de Rehabilitación y Reposición del Hospital de La Amistad-Perú Corea Santa Rosa II-2 está paralizada. El 10 de abril último, un grupo de técnicos del Programa Nacional de Inversión en Salud llegó al nosocomio y dijo que esperan que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe el presupuesto de una nueva licitación, para convocar a una empresa que ejecute el saldo de obra, según informó el director adjunto del nosocomio, José Fernández.

Las fuertes lluvias de abril último afectaron el techo de este hospital. Se inundó la UCI de adultos y pediátrica y fueron cerradas cinco camas de UCI, una sala de operaciones y el almacén central. También fueron afectadas las áreas de Laboratorio y Banco de Sangre, Ginecoobstetricia y Pediatría. La Defensoría del Pueblo señaló que urge la ejecución del proyecto de rehabilitación, para no seguir afectando el derecho a la salud de la población.

El Consorcio Santa Rosa, estuvo integrado por Bralco Contratistas Generales SRL, Constructora Capricornio SRL e Inversiones Glark. La Constructora Capricornio está inhabilitada para contratar con el Estado, del 29 de diciembre de 2022 al 9 de junio de 2023. Como integrante del Consorcio Capricornio, presentó información inexacta a la Municipalidad Distrital de Chicama en la licitación de la obra “Rehabilitación, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado Centro Poblado de Chicama, provincia de Ascope-La Libertad”.

Bralco Contratistas Generales estuvo impedido de contratar con el Estado del 14 de octubre de 2015 al 14 de noviembre de 2018 por presentar documentación falsa al Ministerio Público, en La Libertad, para el “Servicio de pintado de fachada, muros y paredes inferiores de los diversos locales que conforman el distrito fiscal de La Libertad”. Los montos en los contratos que presentó el postor como parte de su propuesta técnica eran distintos a los que figuraban en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

Historial de sanciones

En el 2023, las lluvias intensas provocaron inundaciones en la provincia de Chiclayo, en Lambayeque. Algunas de las zonas afectadas fueron la urbanización San Lorenzo y el pueblo joven Santa Rosa, donde en 2018, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dispuso una inversión de S/6’902,490 (US $1,8 millones) para el mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y de las conexiones domiciliarias en estos dos lugares, que debía beneficiar a alrededor de 7,300 vecinos de ambos sectores.

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano de ese ministerio contrató al Consorcio Saneamiento Santa Rosa. El informe de la Contraloría N° 099-2020-2- 5303 identificó que aprobó una ampliación de plazo que no correspondía, y permitió que el contratista, con aprobación de la supervisión, traslade a la Compañía de Servicios Públicos de Agua de Chiclayo, EPSEL, su obligación de instalar parte de los accesorios, sin contar con sustento técnico y legal. Pese a ello, el comité de recepción recibió la obra como culminada.

De acuerdo con la Contraloría, esta situación evitó la aplicación de la penalidad por mora de S/690,249 (más de US $180 mil) y generó el pago de S/29,488 (más de US $7 mil), por mayores gastos generales al contratista, así como de S/17,357 (más de US $4 mil) a la supervisión, en perjuicio del Estado. Los accesorios no fueron instalados en su totalidad, “incumpliéndose la finalidad pública de la contratación; así como contraviniendo el principio de eficacia y eficiencia”.

James Carlos Luis Hurtado Camayoc, Víctor Josué Juscamaita Arteaga, Abel Francisco Ticllacuri Romero y Hernán Alfredo Rodríguez Mota dieron conformidad a los pagos, autorizaron la ampliación de plazo y recibieron la obra, a pesar de que la empresa incumplió el contrato. A los tres primeros los investiga la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción investiga, por el presunto delito de colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Ministerio de Vivienda.

Las empresas que conformaron el Consorcio Saneamiento Santa Rosa, Agusti y Masoliver SA Sucursal Perú y Proyectos y Construcciones Oriental EIRL, tienen un historial de sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Agusti y Masoliver estuvo impedida de contratar con el Estado del 27 de agosto de 2019 al 27 de marzo de 2023. Como integrante del Consorcio Pampamarca, presentó documentos falsos e incumplió su obligación de perfeccionar el contrato ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la obra “Mejoramiento de la carretera Shupluy-Primorpampa-Bellavista-Anta-San Isidro-Poncos-Kochayoc-Chaclahuain- Oratorio-Pampamarca-Putaca, ubicada en el distrito de Shupluy, provincia de Yungay, departamento de Ancash”.

Esta empresa ya había sido inhabilitada temporalmente del 19 de marzo de 2021 al 23 de mayo de 2021, como miembro del Consorcio Vial Alto Puno, y del 25 de agosto de 2021 al 25 de mayo de 2022, como integrante del Consorcio Saneamiento Trujillo, por presentar información inexacta al Ministerio de Vivienda y al Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, respectivamente.

Proyectos y Construcciones Oriental EIRL registra cuatro sanciones temporales que le impidieron contratar con el Estado, entre 2009 y 2022, una por presentar información inexacta y tres por dar lugar a la resolución de contrato.

Consorcio sin experiencia

En febrero de 2020, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), se propuso la ejecución de una obra de protección contra inundaciones en las localidades de La Palma-Canario II, en la margen izquierda del río Zarumilla. El proyecto incluía la construcción de 8 mil metros de diques, que debían beneficiar a más de 6 mil pobladores de los distritos de Papayal y Aguas Verdes, en la provincia tumbesina de Zarumilla.

De acuerdo con el informe de la Contraloría N° 9974-2020-CG/GRTB-SCE, el Proyecto Puyango Tumbes otorgó indebidamente la buena pro por S/60’987,075 (más de US $16 millones) al Consorcio Constructor Puyango, (integrado por Inversiones Oberti SRL y Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción ESEICO SA Sucursal Perú) pese a que no acreditó experiencia en obras similares ni que contaba con el personal clave.

Los funcionarios con presunta responsabilidad penal, según la Contraloría, son Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo, Carlos Arturo Ruiz Ventura y Carl Fernando Temoche Benites. Los tres trabajadores calificaron favorablemente la documentación del postor, a pesar de que no cumplía las exigencias de las bases. Por esta obra, les inició procedimiento administrativo disciplinario y pidió su destitución, en 2021, pero el entonces director ejecutivo, Manuel Trinidad Leiva Castillo, anuló este proceso, con el argumento de que la falta no fue precalificada correctamente. Convoca.pe comprobó que, a abril del 2023, Escobar, Ruiz y Temoche continuaban trabajando en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.

Escobar Feijoo tiene cinco procesos en el Juzgado de Investigación Preparatoria, con sede en Tumbes, por los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. En estos casos, iniciados entre 2016 y 2022, cuatro tienen como agraviado al Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes y uno a la Universidad Nacional de Tumbes.

La obra de protección contra inundaciones en las localidades de La Palma-Canario II fue terminada y recibida en 2021. En el 2023, el río Zarumilla se desbordó por las intensas precipitaciones y el Proyecto Puyango Tumbes activó la póliza del seguro de las obras civiles terminadas.

Para entonces el badén Uña de gato, construido por la empresa Oberti, había colapsado tres veces y las autoridades del Proyecto Puyango Tumbes tuvieron que aceptar que esta infraestructura más que beneficiar, obstaculizaba el flujo normal del río Zarumilla. En vez de un badén, explicaron, se debía haber construir un puente, obra que está a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Los efectos de las inusuales e intensas lluvias del 2023 han puesto en evidencia, una vez más, las consecuencias del mal manejo de los fondos públicos. En Convoca.pe hemos seguido el rastro de 27 funcionarios del gobierno central con presunta responsabilidad penal. En el ámbito regional hay otros 75 servidores públicos involucrados en actos de corrupción y malos manejos de fondos para obras. A nivel local, son 503 los investigados.

(*) Este reportaje fue publicado el 26 de abril de 2023 y actualizado el 22 de abril de 2024 con información de Alejandra García.

Una obra de más de S/68 millones, que debía proteger de las inundaciones a miles de personas en Tumbes, no solo quedó paralizada, sino que puso en a la población. En marzo del 2023 el agua de la quebrada Corrales ingresó a varias viviendas luego de que la empresa subcontratista demoliera los antiguos muros de contención. Días antes, la Contraloría alertó sobre problemas con la calidad de los trabajos, incumplimientos que permitieron el robo de materiales y otras infracciones al contrato firmado entre el Consorcio Besalco-Stracon y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Por Elena Miranda y Periodistas en Red

Más de 23 mil pobladores y agricultores del distrito de Corrales, en Tumbes, viven temerosos ante las lluvias intensas porque una millonaria obra financiada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que debía protegerlos de las inundaciones, está paralizada desde hace más de dos meses. Además, una subcontratista demolió los diques que había a lo largo de la Quebrada de Corrales, en dicha región, dejándolos más expuestos a los desbordes, como ocurrió en marzo último cuando el agua ingresó a sus viviendas y arrasó sus cultivos.

Con una inversión de más de S/68 millones (más de US $18,6 millones), la obra de servicio de protección contra inundaciones en la Quebrada de Corrales se inició el 12 de diciembre de 2022 y debía ejecutarse en 233 días. Estaba previsto que concluyera el 24 de julio de 2023, pero el retraso en la obra que es responsabilidad del Consorcio Besalco- Stracon y las lluvias intensas de marzo último impidieron que se cumpla lo planeado.

Tierra removida, montículos de material de relleno y cintas de señalización de peligro por obras regadas sobre áreas de excavación son algunas de las evidencias de lo que fue una zona de trabajo en el cauce de la Quebrada de Corrales, hasta donde llegó Convoca.pe para verificar la situación de este proyecto que comprende la construcción de 5 km de diques longitudinales y de dos diques transversales.

Un mes antes de que se paralizaran los trabajos, la Contraloría General de la República realizó una inspección en esa zona entre el 16 y 17 de febrero de 2023. Detectó incumplimientos en el servicio de supervisión de calidad designado por la ARCC y falta de señalización y cercado en la zona de ejecución de los trabajos.

Ante la demora detectada por la Contraloría, el gerente asignado por la ARCC para el proyecto de las obras de defensas ribereñas del río Tumbes, Vilar Quispe Manosalva, emitió una alerta y el contratista presentó un plan de recuperación, comprometiéndose a ponerse al día para el 15 de marzo, con labores en horario extendido y el incremento de frentes de trabajo, de acuerdo con la versión del ente supervisor que figura en el Informe N° 906-2023-CG/ MPROY-SCC.

El contratista no cumplió el nuevo cronograma porque las lluvias intensas activaron la Quebrada de Corrales, como no ocurría hace 25 años, cuando se presentó el Fenómeno El Niño, entre 1997 y 1998. El 10 de marzo, llovió desde las 6 de la mañana y aumentó el caudal de agua proveniente de la zona alta del distrito de La Cruz hasta que se desbordó.

El desborde de la Quebrada de Corrales afectó a 36 caseríos, con aproximadamente 23 mil habitantes, quienes quedaron aislados, informó el burgomaestre de Corrales, Jorge Ordinola. Al día siguiente, el 11 de marzo, la presidenta Dina Boluarte llegó hasta la zona, como parte de su recorrido por Tumbes, acompañada del gobernador regional Segismundo Cruces y de ministros de Estado.

En comunicación con Convoca.pe, el alcalde recordó que le informó a Boluarte sobre esta problemática y la necesidad de buscar soluciones. “La presidenta dijo que no había dinero. Sólo ofreció construir un puente para cruzar la quebrada que divide al distrito de Corrales. Sin embargo, nadie del gobierno nos ha contactado para hablar sobre esta obra”, dijo Ordinola.

La Quebrada de Corrales se desbordó nuevamente el 31 de marzo. El agua ingresó a varias casas de los asentamientos humanos Las Flores y El Triunfo, arrasó cultivos de plátano, limón y arroz, interrumpió el tránsito en las vías de acceso al distrito y hasta se llevó un mototaxi.

Por varios días, las personas damnificadas tuvieron que pernoctar en los ambientes de los inmuebles que no sufrieron daños, según señala un informe de Defensa Civil sobre las lluvias intensas en Tumbes.

Los pobladores, indignados, responsabilizaron por los daños al Consorcio Besalco-Stracon, porque su subcontratista, el Consorcio Biddle- Conar, retiró el enrocado de los diques construidos a lo largo del cauce de la quebrada.

Los dirigentes y autoridades pidieron a los representantes de Besalco-Stracon que asuman el costo de los daños por las inundaciones en sus viviendas y refuercen las zonas ribereñas, pero estos se negaron argumentando que no tenían presupuesto para eso. Según contaron vecinos de los barrios La Garita y Miraflores, al día siguiente de la inundación, trabajadores de ese consorcio recolectaron algunas rocas y las colocaron al borde de la quebrada, donde hasta hace algún tiempo estaban los diques de gran altura que ellos demolieron.

El área de Defensa Civil de la Municipalidad de Corrales sólo pudo ayudar a los damnificados con alimentos, colchones, calaminas y otros productos básicos, según relató a Convoca.pe el alcalde de ese distrito.

La autoridad edil informó que, en la última reunión con representantes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Consorcio Besalco- Stracon, estos se comprometieron a reanudar las obras cuando terminen las lluvias, alrededor de junio. Aunque esto se cumpla, dice que no alcanzaría para proteger a la población, si ocurren más precipitaciones intensas con la eventual llegada del Fenómeno El Niño Global, que tendría una magnitud débil hasta septiembre y moderada a partir de octubre, según el último pronóstico de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

“Vivo hace 50 años en Corrales. Ellos no conocen la realidad de la quebrada. En el 83, se perdieron dos pueblos de cien casas cada uno. Teníamos unas defensas de un enrocado que quedó bien hecho. Han sacado las defensas para poner un simple fierro con cemento. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mire lo que pasó con una simple lluvia”, dice la vecina Isabel Reina Olaya.

Costo duplicado

La protección contra inundaciones en la Quebrada Corrales es uno de los tres subproyectos de las Defensas Ribereñas del Río Tumbes, paquete de obras a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el marco del acuerdo con el Gobierno del Reino Unido, encargado de las licitaciones. Los otros dos se ejecutarán en la Quebrada La Jardina y en los tramos vulnerables de ambas márgenes del río Tumbes, desde la estación hidrométrica El Tigre hasta la desembocadura en el mar.

Este paquete de obras tuvo un presupuesto inicial de S/457’940,245, el cual fue actualizado a S/663’448,038,44. El contrato con el Consorcio Besalco-Stracon para ejecutar los tres subproyectos fue firmado el 19 de marzo de 2021 y estaba previsto que todos se culminen el 22 de septiembre de 2023. Sin embargo, sólo se han iniciado trabajos en la Quebrada de Corrales y, ahora, están paralizados.

El Consorcio Besalco-Stracon obtuvo el contrato como gestor de este megaproyecto y tiene la facultad de subcontratar a empresas para ejecutar y supervisar los subproyectos. Para la Quebrada de Corrales, subcontrató al Consorcio Biddle-Conar, conformado por las empresas Biddle Inc SAC y Conar Movimiento de Tierras.

En la Quebrada de Corrales, el presupuesto asignado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios aumentó de S/27’132,982 (en fase de proyecto de inversión) a S/68’430,727 (en etapa de expediente técnico definitivo), debido a mejoras técnicas, como un mayor número de diques y alcantarillas, al aumento del precio de los materiales y al incremento de 5 a 63 predios que interferían con la zona de trabajo y que debían ser expropiados.

Aunque la obra comenzó a ejecutarse el 12 de diciembre de 2022, la ceremonia de inauguración de los trabajos se realizó recién el 3 de febrero de 2023. Hasta allí llegaron la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Rosmary Cornejo, y el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces, entre otras autoridades.

“Hablamos con la constructora para avanzar y tener, por lo menos, las defensas concluidas, si llega el Fenómeno El Niño. Estamos trabajando 24/7 para poder llegar a tiempo, para estar de alguna manera preparados”, dijo Cornejo tras colocar la primera piedra de las defensas ribereñas.

Solo se ejecutaron trabajos hasta el 5 de marzo pues, al día siguiente, se presentaron eventos adversos asociados al ciclón Yaku, que afectaron doce taludes y excavaciones, y provocaron la saturación de los suelos. Por los daños en los trabajos ejecutados, se activó la póliza de seguro de la obra. El 10 y el 31 de marzo las lluvias extremas provocaron el desborde de la quebrada.

Hasta el 6 de marzo, cuando se paralizaron los trabajos por las lluvias, el avance físico era del 7,22% y ya el Estado había desembolsado S/24’523,398 (35,85% del presupuesto total), según reportes presentados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El nuevo plazo de culminación era el 13 de noviembre de 2023.

“Se está coordinando con el contratista principal para retomar la obra y se están haciendo evaluaciones. El contratista presentó, en abril último, un evento compensable por el impacto en costo y plazo del evento Yaku y las lluvias extraordinarias, con la finalidad de tener la aprobación de la Gerencia de Proyecto de DSI (Dirección de Soluciones Integrales de la ARCC), para continuar con los trabajos de readecuación. Se solicitó una nueva cotización y la Gerencia del Proyecto realiza su propia cotización, para debatir ante la junta de cambio”, es la información declarada por la ARCC que figura en el portal de inversiones del MEF.

Entre los trabajos que se realizaron en la Quebrada de Corrales figuran la demolición de los diques de rocas existente para la construcción de un dique longitudinal en la margen derecha del río Tumbes, trabajos de trazo y replanteo y de corte de terreno para la construcción del dique transversal 01, trabajos de nivelación de superficies y compactación de terrenos para la construcción del dique transversal 02, de acuerdo con la inspección que realizó la Contraloría en febrero.

Precisamente, la demolición de los diques dejó desprotegidos a los pobladores de los asentamientos humanos Las Flores, El Triunfo y Buena Vista, ubicados a pocos metros de la Quebrada de Corrales, donde no sólo hay numerosas viviendas de material precario sino también dos instituciones educativas: 7 de enero, el colegio más antiguo del distrito, en el sector Barrio Nuevo, y N° 019 Isabel Salinas Cuenca de Espinoza, en el asentamiento humano El Triunfo.

El viernes 31 de marzo, un grupo de profesores del colegio 7 de enero quedaron aislados por el desborde y tuvieron que esperar hasta la noche, cuando bajó el nivel de agua, para cruzar el cauce de la quebrada que divide al Cercado de Corrales y retornar a sus viviendas. Los alumnos se fueron antes porque los maestros suspendieron las clases al ver que el cielo se oscureció por las lluvias tan fuertes, según contaron los vecinos.

Ese día, las lluvias intensas y el desborde de la Quebrada Corrales dejaron 91 personas damnificadas y 329 afectadas, así como ocho viviendas destruidas, 30 inhabitables y 134 afectadas, de acuerdo con el informe de evaluación de daños de Defensa Civil, actualizado el 8 de mayo último.

“Al comienzo, los señores de Besalco acudían a mi casa para saber qué opinión teníamos de esta obra. Hace más de dos meses que no me buscan. No sé el nivel de avance, pero veo que la obra no avanza nada. Nos preocupa porque la calor [sic] no se va. Tenemos amenazas de lluvia.

Si destruyeron el muro de contención, se supone que harán algo mejor. Si no, queremos que lo dejen como estaba”, dijo a este medio Juan Ocampo Núñez, dirigente vecinal del barrio de Buena Vista Alta.

Sin supervisión

El 8 de julio de 2022, la ARCC suscribió un contrato con el Consorcio Norte 7, conformado por la empresa Zapata & Zuloeta E.I.R.L y Eisten Vargas Villegas, para que supervise las obras de defensas ribereñas del Río Tumbes, a cargo del consorcio Besalco-Stracon, por un plazo de 21 meses y un monto de S/1’983,499.

Cinco meses después, el 6 de diciembre de 2022, el Consorcio Norte 7 anunció que resolvería el contrato de supervisión. Esta decisión ha sido sometida a un mecanismo de solución de controversias y se encuentra en proceso. Hasta que se contrate a un nuevo supervisor, la ARCC le asignó esta labor a un funcionario de dicha entidad.

Durante la inspección de las obras en la Quebrada de Corrales, la Contraloría detectó incumplimientos en el servicio de supervisión de calidad que afectarían la calidad de la construcción y alertó que este servicio no se estaría desarrollando de acuerdo con el contrato firmado.

Además, la Comisión de Control verificó la falta de señalización y cercado en el área de trabajo y advirtió que personas ajenas al Consorcio Biddle-Conar se encontraban en la zona de obra con maquinaria pesada (cargador frontal, retroexcavadoras y volquetes), fuera del horario laboral (6:20 p.m.), llevándose el material rocoso acopiado durante la jornada de trabajo.

Esta situación, que infringe el contrato, de acuerdo con la Contraloría, no permitiría cuantificar los volúmenes de material de relleno extraído por el contratista y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tendría que reconocer pagos por trabajos no ejecutados, además de los costos de carga, transporte y descarga de dichos productos.

Tras la publicación del informe de la Contraloría, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios le remitió un oficio, el 13 de abril de este año, explicándole las medidas correctivas adoptadas sobre las dos situaciones adversas. Una de ellas fue que un equipo técnico de esa entidad estaba apoyando al supervisor de calidad temporal asignado a la Quebrada de Corrales, según señaló el ente supervisor a Convoca.pe, en respuesta a nuestro pedido de información.

Para impedir el ingreso de terceros al área donde se realizan las obras, el gerente de proyecto de las ARCC coordinó con el contratista con el fin de que delimite y asegure el área, lo cual fue implementado usando estacas y cintas de seguridad. Además, el funcionario de la entidad estatal informó que llevan un control del material excavado y que sólo se pagará el volumen excavado, transportado y depositado.

En abril, la ARCC también confirmó a Contraloría que las obras de la Quebrada de Corrales estaban paralizadas por las fuertes precipitaciones en Tumbes que, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se mantendrían hasta fines de ese mes; por lo cual la fecha de reinicio de las obras estaba en evaluación.

Sin embargo, cuando la Contraloría evaluó lo informado por la ARCC, concluyó que dicha entidad venía implementando acciones para atender las situaciones adversas identificadas, pero que estas aún no habían sido corregidas. El 5 de mayo pasado, el ente de control le envió un oficio a dicha institución para que informe sobre las acciones adicionales adoptadas.

Empresas a cargo

El Consorcio Besalco Stracon fue conformado por las empresas Besalco Perú SAC y Stracon S. A. con el fin de encargarse de los tres subproyectos de las obras de defensas ribereñas del río Tumbes.

Besalco Perú SAC forma parte del Grupo Besalco, conglomerado chileno que opera en nuestro país desde 1996 bajo la denominación de Besco Perú. La empresa inició sus actividades en 2014 y hasta marzo de este año sólo figuraba con nueve trabajadores en planilla electrónica, según información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Opera en desarrollos inmobiliarios, concesiones, obras de montaje industrial, servicios de maquinarias y minería, energía, entre otros sectores.

Stracon S. A. es un proveedor de servicios integrales de minería y construcción en Latinoamérica. Inició sus actividades en 2011 y hasta marzo de este año declaró a la Sunat 3,706 trabajadores en planilla electrónica. La empresa no ha tenido contratos con el sector público, según el buscador del Organismo Superior de Contrataciones con el Estado (OSCE).

En 2018, Ashmore Group, gestor global de fondos de inversión enfocado en mercados emergentes, se convirtió en accionista de Stracon que, ese mismo año, adquirió una participación de control en Dumas Holdings Inc., una compañía contratista de servicios generales para minería subterránea enfocada en Canadá y México.

La subcontratista a cargo de la obra en la Quebrada de Corrales es el Consorcio Biddle-Conar, conformado por las empresas Biddle Inc SAC y Conar Movimiento de Tierras SAC. La primera inició sus actividades en 1998 con el nombre de Corporación Petrolera S.A. y, hasta marzo de este año, declaró a la Sunat 519 trabajadores en planilla. Ha firmado cerca de 100 contratos, desde 2016, para brindar diversos servicios a Petroperú y un contrato para la ejecución de saldo de la Vía Costa Verde Callao.

Conar Movimiento de Tierras inició sus operaciones en 2016, hasta marzo último declaró a la Sunat 58 trabajadores en planilla y no registra experiencia en contrataciones públicas, según el buscador de proveedores del Estado.

Con el fin de evitar mayores impactos en el costo y el plazo en la construcción de las obras del Proyecto Entrega de Defensas Ribereñas del Río Tumbes, en el que están incluidas las obras de la Quebrada de Corrales, la Contraloría concluyó que le corresponde a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios hacer cumplir cabalmente las disposiciones del contrato suscrito con el Consorcio Besalco-Stracon.

Este medio solicitó la versión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, pero, hasta el cierre de este reportaje, no recibimos la respuesta prometida. También pedimos una entrevista con el consorcio Besalco- Stracon, pero sus representantes dijeron que la ARCC tiene la función de vocero oficial para dar información sobre la obra en la Quebrada de Corrales.

Cuando en la pomposa ceremonia del 3 de febrero último las autoridades celebraron el inicio de la construcción de las defensas ribereñas en la Quebrada de Corrales, el presidente de la Comisión de Regantes del Sector Hidráulico Margen Izquierda del Río Tumbes, Lorenzo Dios, destacó el gran beneficio para miles de pobladores y agricultores. Para cerrar su discurso, citó esta frase: “Es bonito ver la primera piedra, pero es mejor ver la última piedra”. Los más de 23 mil pobladores del distrito de Corrales no saben cuándo ocurrirá eso.

(*) Este reportaje fue publicado el 30 de mayo de 2023.

Tres de los 20 funcionarios del Gobierno Regional de Piura investigados por su presunta responsabilidad penal en la contratación y ejecución de millonarias obras financiadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que favorecieron a empresas fueron designados como directores por el gobernador de Piura, Luis Neyra. Este funcionario minimiza los informes de la Contraloría, las investigaciones de la Fiscalía y los daños en las defensas ribereñas.

Por Wilson Siancas y Periodistas en Red

En mayo del 2023, Luis Neyra, gobernador regional de Piura, observaba las dañadas defensas del río Piura. Con las lluvias intensas de ese otoño, seis metros del dique de concreto del tramo II de las defensas ribereñas se hundieron. El 3 de mayo, 144 losas del tramo I se desprendieron; y, el 13 de mayo, se detectó que una viga que sostiene las losas en el tramo II estaba inclinada hacia el río, lo que contribuía a que la infraestructura se continuara desmoronando.

"Es lamentable que se tenga este tipo de falencias en una obra tan importante, como las defensas ribereñas del río Piura, por la irresponsabilidad de algunos malos profesionales”, se quejó Neyra. Lo que no dijo fue que había nombrado como directores en la institución que lidera a tres funcionarios que justamente, a la fecha, son investigados por actos de corrupción en esta obra cuyos trabajos fueron financiados con más de S/180 millones (más de US $48 millones) de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

La obra inició en el 2017, en la gestión del entonces gobernador, Reynaldo Hilbck, y continuó durante el gobierno de su sucesor Servando García, quien aseguró que la infraestructura protegería a los piuranos de las inundaciones durante 100 años.

Jears Gallardo Manrique, exdirigente del Frente de Defensa del Distrito Veintiséis de Octubre, recuerda que, desde un inicio, el proyecto fue seriamente cuestionado por los vecinos. Estos objetaban los favorecimientos de los funcionarios a los consorcios y la aprobación de pagos adicionales. “Lo que tenemos, ahora, son defensas mal hechas, que se rompen, y la gente responsable de eso sigue ganando con la plata de los piuranos”, se queja Gallardo en entrevista con este medio.

Los daños reportados han dejado a la población piurana expuesta a nuevas inundaciones. El Colegio de Ingenieros de Piura ha advertido que, de haber un Fenómeno El NIño, las defensas ribereñas podrían desaparecer. Por eso, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República que identifiquen a los responsables de las fallas. Mientras tanto, los dirigentes de la población que vive en las zonas en riesgo de inundación no han cesado de exigir justicia.

Solo en Piura, la Contraloría identificó a 131 funcionarios con presuntas responsabilidades de tipo penal, civil y administrativo en las obras del proceso de Reconstrucción con Cambios, ejecutadas desde 2017, por irregularidades en la contratación y ejecución de los trabajos. Su accionar ha generado un perjuicio económico de S/25’827,025 al Estado (US $6,8 millones).

El proyecto colaborativo Periodistas en Red, que lidera Convoca.pe, elaboró una base de datos y siguió el rastro de los funcionarios involucrados en actos de corrupción en obras que debían prevenir desastres en Piura, la región más golpeada por las lluvias. Este reportaje de la serie ‘Sombras de la reconstrucción’ pone en evidencia el accionar de los servidores públicos, la inacción y complicidad de algunas autoridades, así como el historial de las empresas favorecidas por presuntos actos de corrupción.

Investigados con suerte

Con la salida de Servando García y el ingreso de Luis Neyra al Gobierno Regional de Piura, tres funcionarios investigados por la Fiscalía Anticorrupción y con procesos disciplinarios en marcha tuvieron mucha suerte. Se trata del ingeniero industrial James Crox Coronado Torres, el ingeniero civil Martín Eduardo Saavedra More y el contador Eloy Isac Cisneros Casariego. La nueva gestión no solo los mantuvo trabajando en dicha entidad, sino que los promovió a cargos directivos.

El 3 de enero de 2023, Coronado Torres fue nombrado director del Programa Sectorial III de la Dirección de Normas, Monitoreo y Evaluación de la Gerencia Regional de Infraestructura. El 31 de enero, Saavedra More fue designado director del Programa Sectorial lII de la Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Ayabaca de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna. El 27 de marzo, Cisneros Casariego fue promovido a director del Sistema Administrativo III Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina Regional de Administración.

Los tres funcionarios habían participado en la construcción de las defensas ribereñas en las márgenes del río Piura, que fue observada por la Contraloría. En una serie de informes, el organismo supervisor advirtió irregularidades en la firma y ejecución de los contratos de estas obras que, a menos de un año de su inauguración, reportaron fallas. Con un costo final de S/153’890,600

Con un costo final de S/153’890,600 (US $41,8 millones), el tramo I de las defensas ribereñas en el río Piura, que comprende desde la represa Los Ejidos hasta el puente Cáceres, fue inaugurado por el gobernador Servando García en agosto de 2022, a pesar de que algunos meses antes la Contraloría advirtió que la obra fue recibida con deficiencias físicas, las cuales nunca fueron subsanadas.

El 14 de diciembre del 2022, la Contraloría emitió el Informe de Auditoría Nº 30318-2022-CG/GRPIAC sobre las observaciones en los procedimientos de contratación y ejecución contractual de la obra, e identificó a cuatro funcionarios con presunta responsabilidad penal.

El ingeniero Martín Saavedra fue director del Programa Sectorial V de la Gerencia Regional de Infraestructura, del 5 de abril de 2017 al 2 de diciembre de 2018, durante la gestión del gobernador Reynaldo Hilbck Guzmán. La Contraloría determinó que, como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, no verificó que antes del inicio de la elaboración del expediente técnico del proyecto se cuente con el saneamiento físico legal de los terrenos y tramitó su aprobación.

Debido a la falta de liberación de terrenos en ambas márgenes del río Piura, se debió actualizar los trazos y replantear los ejes de los diques, lo que originó que se aprueben dos ampliaciones de plazo, ocasionando el pago de mayores gastos por S/2’072,000, en perjuicio del Gobierno Regional.

Saavedra también participó en la elección del contratista. Como presidente del Comité de Selección, calificó la oferta del Consorcio Los Ejidos, a pesar de que no cumplió los requisitos, y permitió que se beneficie a este postor con la suscripción del contrato por S/57’740,643. Los otros integrantes del comité, el ingeniero James Coronado y el abogado Alcides Adriano, tomaron la misma decisión.

El contador Eloy Cisneros aprobó el acta de verificación de los requisitos de calificación para la suscripción del contrato de consultoría para la supervisión de obra, pese a que el postor ganador, el Consorcio Supervisor Control de Inundaciones II, no presentó todos los documentos exigidos. En 2020, durante la gestión del gobernador Servando García, el entonces director del Sistema Administrativo III de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares permitió que se beneficie al contratista con S/4’041,606.

Por esta obra, la Fiscalía Anticorrupción de Piura inició, en 2023, una investigación a los ingenieros Martín Saavedra y James Coronado, y al abogado Alcides Adriano, por los presuntos delitos contra la administración pública. Además, desde 2019, Eloy Cisneros es investigado en el Ministerio Público por negociación incompatible y concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado).

Este medio trató de comunicarse con las personas mencionadas en este informe, a través de diversos medios. No obtuvo respuesta de ninguno.

Una obra en problemas

Con la salida de Servando García y el ingreso de Luis Neyra al Gobierno Regional de Piura, tres funcionarios investigados por la Fiscalía Anticorrupción y con procesos disciplinarios en marcha tuvieron mucha suerte. Se trata del ingeniero industrial James Crox Coronado Torres, el ingeniero civil Martín Eduardo Saavedra More y el contador Eloy Isac Cisneros Casariego. La nueva gestión no solo los mantuvo trabajando en dicha entidad, sino que los promovió a cargos directivos.

El 3 de enero de 2023, Coronado Torres fue nombrado director del Programa Sectorial III de la Dirección de Normas, Monitoreo y Evaluación de la Gerencia Regional de Infraestructura. El 31 de enero, Saavedra More fue designado director del Programa Sectorial lII de la Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Ayabaca de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna. El 27 de marzo, Cisneros Casariego fue promovido a director del Sistema Administrativo III Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina Regional de Administración.

Los tres funcionarios habían participado en la construcción de las defensas ribereñas en las márgenes del río Piura, que fue observada por la Contraloría. En una serie de informes, el organismo supervisor advirtió irregularidades en la firma y ejecución de los contratos de estas obras que, a menos de un año de su inauguración, reportaron fallas. Con un costo final de S/153’890,600

Historial de empresas favorecidas

Las empresas que participaron en las obras de las defensas ribereñas y del dique del margen izquierdo del río Piura tienen un historial de sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, el cual las ha inhabilitado para contratar con el Estado, en algunos casos de manera temporal y en otros definitivamente. El principal motivo de este castigo es la presentación de documentación falsa en licitaciones para realizar obras.

Los principales favorecidos en la obra del tramo I de las defensas del río Piura fueron el Consorcio Los Ejidos, conformado por las empresas Proyectos del Norte SAC, Pronte Ingenieros SAC, Construcciones Civiles y Topografía SAS Concitop SAS y HC & Asociados SRL, y el Consorcio Supervisor Control de Inundaciones II, que integran Intecsa Inarsa SA Sucursal Perú y Asistencia Técnica y Jurídica Consultores SL.

Construcciones Civiles y Topografías SAS Concitop SAS fue inhabilitada definitivamente para contratar con el Estado. En abril de 2022, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a esta empresa, como integrante del Consorcio Hatun, con la suspensión definitiva por presentar documentos falsos al Gobierno Regional de Pasco, en la convocatoria para la “Ejecución del saldo de obra: Mejoramiento de la Carretera Yanahuanca”.

Desde mayo del 2023 hasta el 2026, Asistencia Técnica y Jurídica Consultores SL e Intecsa Inarsa SA Sucursal Perú están inhabilitadas para contratar con el Estado por presentar documentos falsos al Gobierno Regional de Piura para la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución y liquidación de la obra: Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, margen derecha e izquierda del rio Piura en el tramo: represa Los Ejidos al puente Cáceres”.

En esta licitación, ambas empresas, como integrantes del Consorcio Supervisor Castilla-Piura II, presentaron una carta de referencia bancaria, emitida supuestamente por el Banco Santander, entidad que corroboró la falsedad de dicho documento.

Pronte Ingenieros SAC fue sancionada entre 2013 y 2015 por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) al incumplir obligaciones y plazos de responsabilidad durante la ejecución de una obra.

HC & Asociados SRL ha tenido dos sanciones temporales de impedimento para contratar con el Estado, una por presentar documentación falsa, del 13 de diciembre de 2006 al 12 de enero de 2007, y otra por dar lugar a la resolución del contrato, del 19 de octubre de 2015 al 19 de octubre de 2016.

Con el contrato para la construcción del dique del margen izquierdo del río Piura, firmado el 6 de noviembre de 2017, durante la gestión del gobernador Reynaldo Hilbck, la Contraloría advirtió que los funcionarios del Gobierno Regional de Piura favorecieron al Consorcio Reconstrucción, conformado por las empresas HC & Asociados SRL, Maquinorte SAC, House Business EIRL y Constructores Civiles y Topografías SAS.

House Business EIRL estuvo impedida de contratar con el Estado, entre el 26 de diciembre de 2018 y el 26 de abril de 2022 porque, como parte del Consorcio Pataz, presentó documentos falsos al Gobierno Regional de La Libertad. Entre el el 22 de mayo de 2019 y el 22 de abril de 2020, tuvo la misma sanción, porque, como integrante del Consorcio Reyes, no cumplió con perfeccionar el contrato con la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), para la construcción de la Estación Andrés Reyes del Metropolitano, en San Isidro.

Maquinorte SAC está impedida de contratar con el sector público, desde el 7 de enero de 2022 al 7 de enero de 2025. El Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a esta empresa porque, como parte del Consorcio Lagunas, presentó documentación falsa para acreditar experiencia en la elaboración de expedientes técnicos en una convocatoria realizada por el Programa Subsectorial de Irrigaciones en Lambayeque.

Además, entre 2007 y 2012, Maquinorte fue considerada una de las constructoras favoritas de la gestión del gobernador de Áncash César Álvarez, hoy preso por corrupción. En 2015, su gerente general, Marco Artemio Moran Li, fue convocado por la Comisión del Congreso de la República que investigó a más de 400 personas, entre ellas 120 empresarios, por la presunta existencia de privilegios y ventajas en los procesos de contratación de obras públicas con el Estado.

Respaldo del gobernador

El gobernador Luis Neyra reconoce que firmó las resoluciones que mantienen los contratos de los funcionarios acusados de responsabilidad penal en las obras de las defensas ribereñas; no obstante, dijo a este medio que las investigaciones y cuestionamientos son bastantes comunes en las personas que provienen de otras administraciones. Minimizó el hecho y aseguró que parte de los trabajos mal hechos son responsabilidad de la gestión de Servando García.

“Lo que pasa es que hay muchos funcionarios que están cuestionados por la Contraloría. Ni bien se encuentren responsabilidades directas, se tomarán las acciones correctivas. Si sancionan a algún funcionario, inmediatamente lo botamos. Lamentablemente, todos los cargos por temas de abastecimientos, de obras, por lo general, tienen cuestionamientos, y están en todo su derecho de defenderse”, dice Neyra.

“Depende de la autoridad regional determinar si remueve o no a los implicados. Esto sería dar señales claras de una lucha frontal contra la corrupción. Los procesos en el Ministerio Público y el Poder Judicial son tan largos, que los ciudadanos nos cansamos de esperar que sancionen a los culpables mientras la maquinaria de la corrupción continúa”, dice la presidenta del colectivo civil Vigilia Ciudadana, Mella Salazar.

Neyra, sin embargo, solo ha ofrecido denunciar penalmente a Servando García como principal responsable y promotor de la ejecución de los trabajos en el río Piura. El exfuncionario está fuera del país y no ha realizado ninguna aparición pública tras el término de su gestión.

El decano del Colegios de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora, explica que, tras la ruptura de las defensas ribereñas en el tramo I y II, es necesario una investigación exhaustiva para analizar la calidad de vida del proyecto. “Hemos pedido a la empresa que nos explique lo que ha pasado.

Este problema, quizás, sea del proyecto, quizás del procedimiento constructivo o, por la reducción de la caja hidráulica y se ha hecho un estrangulamiento del río. Entonces, las razones pueden ser varias”, señala.

Alzamora asegura que, en el Colegio de Ingenieros, se encuentran atentos a los procedimientos administrativos y judiciales que involucren a sus profesionales, ya que su institución puede aplicar sanciones y hasta inhabilitaciones. Sobre los ingenieros del Gobierno Regional que son investigados, dice que esperarán que culminen las investigaciones.

Para el representante legal de Pronte Ingenieros, Baffi Arroyo Enrique, la ruptura de la estructura del tramo I de las defensas ribereñas construidas por su empresa se debe a los niveles de sedimentación no previstos, entre otros factores externos. Aseguró a los medios locales que la repararán cuando baje el caudal del río Piura, como parte de la garantía del proyecto.

Piura ha recibido S/2,938 millones (US $798 millones) de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios desde el último Fenómeno El Niño, en 2017. El gobierno de Dina Boluarte anunció que le dará S/500 millones más a esta región (más de US $138 millones). Parte de ese dinero será administrado por el Gobierno Regional y los funcionarios de confianza del gobernador Luis Neyra, entre quienes figuran los tres directores investigados por corrupción en obras que no han cumplido el objetivo de prevenir más daños por lluvias entre la población piurana.

(*) Este reportaje fue publicado el 16 de mayo de 2023.