NAZARETH,
OLVIDADA
DOS VECES

La comunidad awajún que sufrió un derrame de petróleo en 2016 ahora padece los efectos del nuevo coronavirus. De 77 personas testeadas en Nazareth, 28 han dado positivo al Covid-19. Los centros de salud cercanos a este pueblo de la región Amazonas se encuentran desabastecidos de medicamentos y la gente ha empezado a tomar ivermectina veterinaria. Como parte de la serie investigativa “Expediente tóxico”, un equipo de Convoca.pe llegó hasta la zona en agosto de 2019 para conocer a quienes, luego de la tragedia ambiental, recolectaron el crudo con sus propias manos. Su salud seguía afectada: tenían dolores de cabeza, ardores en el cuerpo, mareos. Hasta la fecha, el Estado no ha sido capaz de darles una atención especializada.

—Apu Máximo, ¿cómo está?
Una voz lejana y rasposa responde a través del teléfono:
—Aquí con una fiebre tremenda. Acabo de tomar aspirina y dolocordralán y agua con limón caliente. Es como una gripe fuerte, no siento el olor de la comida. Tampoco tengo ganas de comer.
—¿No ha ido a Chiriaco para que le hagan la prueba del Covid-19?
—No sé a dónde ir porque en Chiriaco, en el centro de salud, ha muerto un hombre, creo que por esa enfermedad, y están fumigando. Da miedo.

Máximo Puitsa, de 72 años, es el apu, el líder de la comunidad nativa de Nazareth, ubicada en las entrañas de la provincia de Bagua, región Amazonas, en el norte del Perú. Pertenece a la etnia awajún, la segunda más numerosa de la selva peruana. Fue cerca de su territorio que un tubo de petróleo se quebró en 2016 y varios niños y adolescentes trabajaron recogiendo el crudo con sus propias manos. Ahora el problema es otro: un virus que no se puede tocar.

A inicios de junio último, el apu presentó síntomas de haber contraído el SARS-CoV-2. Pero al igual que el resto de miembros de su comunidad tenía miedo de ir a la ciudad de Chiriaco, a 10 minutos en mototaxi, donde está el centro de salud más próximo. Decían que en los pasillos de este establecimiento campeaba el virus. La precaución fue inútil: a los 10 días, un equipo de la Red de Salud de Bagua llegó a Nazareth con pruebas rápidas y Máximo se enteró que estaba contagiado. Otras 27 personas, de un total de 77 analizadas, también dieron positivo.

El virus de Wuhan, China, ha dado la vuelta al mundo y ha llegado a los hogares de los awajún. En la comunidad vecina de Umukay, entre Nazareth y Chiriaco, Eusebio Cuñachí, quien han sido el apu por dos años, nos dice a través del hilo telefónico: “Disculpa la palabra, pero estamos jodidos”. Allí la Red de Salud de Bagua también hizo un testeo entre 28 personas y encontró 4 positivos. Pero Eusebio piensa que son muchos más. Él mismo no se siente bien y guarda reposo en casa, toma diferentes medicamentos y, por supuesto, preparados naturales a base de kión y otras plantas. “Esta enfermedad no pasa rápido”, dice.

El exdirigente de Umukay cuenta que muchos vecinos acuden a la ciudad para comprar ivermectina veterinaria, un antiparasitario de ganado, y usarla contra el Covid-19. Tienen un contacto que vende los frascos a precios que oscilan entre 45 y 70 soles, dependiendo del peso y la edad de la persona a tratar. Cuando le preguntamos cómo se llama el distribuidor, responde: “No puedo darle su nombre, es prohibido”. El 26 de mayo pasado, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud publicó una alerta en la que advierte que “los medicamentos de uso veterinario pueden causar graves daños a las personas que los consumen”, pide a la población no usar ivermectina sin supervisión médica y dispone que las boticas y farmacias vendan el producto sólo con receta.

Pero este antiparasitario se ha hecho de buena fama entre los awajún. En las últimas dos semanas, 8 miembros de comunidades nativas de Bagua le han confesado a Convoca.pe que han tomado ivermectina veterinaria o conocen algún familiar o vecino que lo ha hecho.

La automedicación corre paralelo a la incertidumbre de no saber si uno es positivo. También parece una solución cuando el Estado no provee medicamentos. Salomón Awananch, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian), señala que en los centros de salud de la provincia escasean las pruebas de descarte del nuevo coronavirus y algunas medicinas básicas.

“En la red de Bagua no hay pruebas rápidas, no hay medicamentos, no hay paracetamol, azitromicina. Hay muy pocos medicamentos que llegan al centro de salud de Chiriaco. Hoy [22 de junio] me comuniqué con la directora de este centro y me indicó que solo contaba con tres pruebas rápidas”, cuenta.

Mientras tanto, en la capital de la provincia las autoridades sanitarias esperan que los apus se comuniquen con ellos para intervenir. El 16 de junio, le consultamos al médico César Velásquez, director de la Red de Salud de Bagua, si tenía algún plan de intervención integral en las comunidades awajún frente al coronavirus. Su respuesta fue: “El apu de Umukay se ha conseguido mi número, me ha llamado de frente y hemos intervenido”. En ese momento, solo habían visitado Umukay, pero cuatro días después de nuestra llamada la Red de Salud de Bagua llegó a Nazareth e hizo el testeo. Fue entonces cuando el apu Máximo Puitsa se enteró que tenía el virus. Ese día, recibió de manos de los médicos un tratamiento con paracetamol y azitromicina para tres días. Pero ya se le acabaron las dosis y los síntomas continúan. Como no hay médico a la vista, este hombre septuagenario sigue su intuición y se cura en base a hierbas.

Diez meses atrás, en agosto de 2019, Máximo Puitsa estaba totalmente sano y nos recibía en la casa comunal de Nazareth. Llegaba de su chacra con la ropa cubierta de tierra y el cuerpo lleno de sudor. Tenía un casco amarillo, de los que usan en construcción, botas de jebe y un machete en la mano derecha. Parecía enfadado por la interrupción: había estado sembrando caña, yuca y papa. Pero cambió de actitud cuando le revelamos nuestras intenciones: conocer los estragos que ha dejado en la salud de la comunidad el derrame de petróleo ocurrido el 25 de enero de 2016.

Aquel día un fragmento del oleoducto norperuano, a cargo de la empresa estatal Petroperú, se rompió a la altura del kilómetro 411. La falta de mantenimiento y algunos deslizamientos de tierra precipitaron la tragedia. Más de 3 mil barriles de crudo se vertieron sobre la quebrada Inayo y terminaron en los ríos Chiriaco y Marañón.

La casa comunal, el lugar donde se guardan los documentos importantes de Nazareth, era una modesta vivienda de madera y techo de calamina con una pequeña oficina. En este último ambiente se guardaba con mucho cuidado una copia de los resultados de los exámenes de sangre, orina y pelo que les practicaron a 17 niños y adolescentes de la comunidad cinco meses después del derrame. Los examinados, de entre 8 y 15 años, trabajaron recolectando el petróleo con sus propias manos.

Ante la incomprensible inercia del Estado, tres organizaciones civiles, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), tuvieron que promover las pruebas médicas, que se procesaron en un laboratorio canadiense.

El viceapu de Nazareth, Eliseo Mashigkash, que también estaba presente, sacó de un mueble lleno de folders y papeles un sobre con los documentos de Canadá. Una salamandra blanca nos observaba desde la esquina de la oficina.

Los exámenes revelaron la presencia de metales como el plomo, el cadmio, el arsénico y el mercurio en el organismo de los menores. Sin embargo, los niveles detectados no superaban los máximos permitidos. Por ejemplo, uno de los niños tenía 2.47 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando las alarmas en esta población se activan a partir de los 5 microgramos de plomo por decilitro de sangre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Los cinco meses transcurridos entre el recojo del crudo y la toma de muestras influyeron en los resultados? El médico Hugo Villa Becerra, máster en Toxicología de la Universidad de Sevilla, responde que sí. Los niños y adolescentes de Nazareth debieron ser testeados inmediatamente después del derrame. Y las evaluaciones, debieron estar a cargo de toxicólogos, pues no es lo mismo tener contacto con un relave minero, por ejemplo, que con un hidrocarburo como el petróleo, según diversos especialistas consultados para la serie investigativa “Expediente tóxico”. Los efectos en la salud por exposición a micropartículas de metales pesados y al crudo son diferentes. Cuando ocurrió la tragedia, el Ministerio de Salud, en Lima, que no tenía una guía de intervención para víctimas de derrames de petróleo, miró para otro lado.

Es un martes soleado de agosto de 2019 y Juan Carlos Antush Taan, de 16 años, disfruta viendo a sus amigos jugar vóley en el patio de su casa, al lado de una piscigranja. Recuerda que cuando tenía 13 unos ingenieros de Petroperú llegaron a la comunidad de Nazareth, donde vive, y ofrecieron comprar lo que pudieran recolectar del crudo que en ese momento ennegrecía las orillas del río Chiriaco. Se rumoreaba que pagarían entre 200 y 300 soles por balde.

Equipado con una batea y bolsas, Juan Carlos fue a recoger todo el petróleo que pudo. En trusa, como si fuera a meterse un chapuzón, ingresó al río movido por la promesa del dinero que le podría resolver la vida. Ingrata fue su sorpresa cuando, al volver, los ingenieros le dieron 7.50 soles por el balde que logró llenar.

Algunos de los síntomas inmediatos que tuvo fueron dolores de cabeza y de estómago. Esto le impedía estudiar. Recuerda que en la formación del colegio sentía mareos, ganas de desmayarse. También que una vez, de la nada, sangró por la nariz. Hoy mismo no puede estar mucho tiempo bajo el sol, como antes del derrame, porque le duele la cabeza.

“La inhalación de concentraciones de benceno [uno de los componentes del petróleo] durante varias horas puede producir fatiga, dolor de cabeza, náusea y adormecimiento”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El médico Aldo Ccahuana Vásquez, presidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, remarca que el benceno tiene un tiempo de vida limitado, es decir, luego de algunos días puede ser indetectable en el organismo, pero eso no significa que desaparezcan sus estragos. Recalca que los niños y adolescentes awajún tuvieron un doble contacto con el crudo: a través de las vías respiratorias y a través de la piel.

En Nazareth, Juan Carlos alivia sus dolores de cabeza con paracetamol, un medicamento que le entregaron durante una visita médica que hizo la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Amazonas a inicios de agosto del 2019. Aquella vez las autoridades sanitarias no llegaron por iniciativa propia, sino por mandato judicial, pues los awajún presentaron una demanda ante el Poder Judicial.

Junto a Nazareth y Umukay, las comunidades nativas de Wachapea y Pakun presentaron una demanda ante el Primer Juzgado Civil de Bagua en noviembre de 2018. Uno de las pedidos era que se practicaran exámenes de detección de metales pesados en toda la población afectada por el derrame de petróleo de 2016. Hasta ese momento, sólo 17 niños y adolescentes habían pasado por la prueba de detección de metales pesados. Y habían sido también decenas de jóvenes y adultos los que trabajaron recogiendo el crudo. Los awajún solicitaban que el Ministerio de Salud y la Diresa de Amazonas se encargaran de los testeos.

El juez Gelner Morocho Núñez declaró fundado el pedido y otorgó un plazo de 30 días para que el Estado “diseñe, implemente y ejecute” un plan de atención focalizada en las cuatro comunidades.

El 8 de enero de 2019, la entonces ministra de Salud, Zulema Tomas, publicó una resolución ministerial aprobando la intervención. Como anexo había un documento técnico titulado “Plan de Acción de Salud Integral con pertinencia cultural para la población de las comunidades nativas de Nazareth, Wachapea, Pakun y Umukay, distrito de Imaza, provincia de Bagua, Amazonas, 2019-2021”. Todo parecía marchar bien para los awajún.

El plan, como parte de las acciones a realizar, incluía la toma de muestras para la obtención de valores de metales pesados y otras sustancias químicas en 362 personas. Entre el 5 y el 8 de agosto de 2019, días antes de que Convoca.pe llegara a la zona, se realizó la primera intervención sanitaria. El equipo médico de la Diresa de Amazonas, junto a algunos médicos de Lima, pasó un día en cada comunidad. En Nazareth, por ejemplo, le dieron paracetamol al adolescente Juan Carlos Antush, que se quejaba de dolores de cabeza.

Los médicos preguntaron por el estado de salud de los afectados y prescribieron algunas pastillas. También les pincharon el brazo para tomarles muestras de sangre y saber si tenían anemia o VIH. Pero no hicieron nada para medir los niveles de metales pesados en su organismo. ¿Por qué? Entrevistada en ese momento por Convoca.pe, la médico Jenny Medina Cucho, coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades No Transmisibles de la Diresa de Amazonas, dijo: “No se encontró a personas con sintomatología por metales pesados, por lo que dichos exámenes no se realizaron”.

Ollos Tiwi, el apu de Pakun, remarcó que en su comunidad la atención no fue la esperada. “La demanda no ha sido para que vengan a repartir ibuprofeno y paracetamol. Vino una doctora y explicó en una asamblea a toda la comunidad que iban a venir doctores especializados en el tema de metales pesados. Nosotros hemos estado esperando eso. Nosotros pensamos que los médicos nos iban a decir que nuestros síntomas estaban relacionados al derrame de petróleo. Yo quisiera que vengan la próxima vez con un laboratorio para el análisis de todo el pueblo porque así vamos a saber si estamos afectados por el petróleo”, explicó días después de la intervención estatal. La próxima vez todavía no ha llegado, y la pandemia del Covid-19 hace todo más incierto.

Días después de la visita de los médicos, los líderes de las cuatro comunidades se reunieron en las oficinas del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, en Bagua. Coincidieron en que la atención del Estado había sido deficiente y decidieron volver al Poder Judicial para presentar una queja

La mañana del martes 13 de agosto, el juez Gelner Morocho, el mismo que había puesto a funcionar la maquinaria estatal a favor de los afectados, recibió en su oficina a Teresa Cuñachí, la representante del apu de Nazareth; Eusebio Cuñachí, el apu de Umukay; Luis Alfredo Ukuncham, el apu de Wachapea; y Ollos Tiwi, el apu de Pakun.

Se sentaron frente al juez en sillas plásticas. Por suerte había aire acondicionado. Teresa habló en representación de todos, como previamente acordaron. El juez la escuchaba con atención, la miraba fijamente y hacía apuntes en una agenda que tenía sobre su escritorio.

-¿En qué consistían las atenciones?– preguntó el magistrado.

-Sacar sangre [a las personas] para saber si tenían anemia o sida– contestó la mujer.

No era para eso que la ministra de Salud había dispuesto el plan de intervención en estas comunidades, sino para conocer los efectos del derrame en la salud de los pobladores. Y para eso se había programado la medición del nivel de metales pesados en el organismo de los afectados, algo que no se cumplió en la visita de agosto de 2019.

Incluso, la representante de Nazareth contó que algunos doctores manifestaron que fueron simplemente “invitados” para conocer el lugar y saber cómo estaban en la comunidad. “No hubo coordinación entre ellos”, aseguró. Según su testimonio, la visita no estuvo centrada en conocer los efectos del hidrocarburo en los awajún, sino en registrar, de forma general, el estado de salud de los pobladores. Teresa aprovechó para mencionar algunos síntomas que en ese momento todavía aquejaban a los miembros de su comunidad y que ellos relacionaban con el petróleo: “Hay niños que no ven de lejos y que sufren de dolores continuos de cabeza”, dijo.

El juez retrucó que, según algunos informes de la Diresa de Amazonas, no hubo predisposición de los pobladores para que les sacaran muestras de sangre. La representante de Nazareth respondió molesta: “Eso es mentira”. Su vestido rojo se confundía con la tonalidad de su rostro. El juez pidió que los otros apus intervengan y cuenten cómo fue la campaña en sus comunidades.

El relato de todos fue más o menos parecido. Los doctores no estuvieron todo el día. Los traductores eran practicantes. No traducían eficazmente, sólo apoyaban en la instalación de los equipos y el traslado de las historias clínicas. Faltaban medicamentos. Los médicos hacían preguntas personales en vez de examinar a los pacientes. Cuando alguien contaba que le dolía la cabeza, le preguntaban si tenía problemas familiares y lo mandaban a sacar cita con un psicólogo en Chiriaco. El paracetamol se repartió a granel. El diagnóstico para muchos fue: “No tienes nada”.

A Edinson Taijin, uno de los jóvenes que recogió el crudo en 2016, le duele la cabeza y tiene mareos. Además, un ardor le recorre todo el cuerpo. A veces no lo deja dormir. En la campaña de salud de agosto de 2019 le dieron pastillas para los hongos y para la alergia. Le duraron un mes. En Nazareth, donde vive, el único puesto de salud que hay es solo de atención primaria y allí escasean los medicamentos. Si alguien se siente muy mal, lo tienen que llevar a Chiriaco y, si el asunto es grave, deben ir hasta la misma ciudad de Bagua, a casi dos horas en auto a través de un camino de serpiente.

Edinson, que estudió para ser técnico en enfermería, recuerda que el derrame ocurrió a 20 minutos en mototaxi de donde vive. Él y sus amigos se enteraron que estaban contratando a pobladores para la recolección del crudo y fueron de inmediato a la quebrada Inayo, el lugar de la tragedia. Salían de sus casas a las cinco de la mañana y volvían a las cinco de la tarde. Les pagaban 70 soles diarios.

“Para algunos no alcanzaban las vestimentas [los implementos de protección para recoger el crudo], entonces, trabajaban con su misma ropa. Nosotros nos quejamos de eso, ¿cómo una empresa grande no nos puede dar una ‘chompa’ para trabajo? Ahí recién nos dieron una ‘chompa’, pantalón, botas, casco, lentes, mascarillas”, cuenta.

Luego de trabajar cuatro meses en la recolección del petróleo, Edinson cayó enfermo. “Estando ahí yo veía a señores que caían enfermos, se quejaban de dolor de cabeza, les ardía la vista, tenían náuseas. Algunos se desmayaban. Cuando estaban así les daban paracetamol, nada más, porque decían que [los síntomas] eran causados por el sol”, rememora. A él lo llevaron al centro de salud de Chiriaco, luego a Bagua y después a Chiclayo. “Cuando estuve en Chiclayo me sacaron análisis de todo, pero yo nunca supe qué tenía. No me dieron los resultados”, se queja.

¿Qué pasa en un cuerpo cuando tiene contacto directo con el petróleo por varias horas? La médico Rosalía Anaya Pajuelo, especialista en toxicología, explica que se produce una intoxicación aguda. La persona puede mostrar irritación en las vías respiratorias, tos, dificultad para respirar, sibilancias (sonidos agudos al inhalar), cianosis (coloración negruzca en la piel), pulmonía, neumonía lipídica y hasta podría llegar al coma, dependiendo de la concentración del petróleo y del tiempo de exposición. Por la inhalación del crudo puede desatarse lo que se conoce como “embriaguez petrólica”, es decir, un estado de excitación luego del cual uno cae en un sueño profundo. A nivel gastrointestinal, el contacto con el hidrocarburo puede generar náuseas, diarreas, vómitos y quemazón en la boca.

Le consultamos si estos síntomas pueden perdurar en el tiempo. “Sí, es posible, dependiendo de la concentración del hidrocarburo al cual es expuesta la persona”, contesta la toxicóloga.

En Nazareth, los perjudicados no sólo fueron Edinson y los demás que recogieron el petróleo. Unos días después del derrame, cuando ya se había logrado reunir el crudo en unos contenedores, llovió intensamente y lo reunido se rebalsó y llegó hasta las orillas del río Chiriaco. Lugar donde las familias pescaban, lavaban ropa y nadaban.

Eduardo Quezada, epidemiólogo de la Dirección Regional de Salud de Amazonas, ha viajado tres horas desde Chachapoyas hasta Bagua para reunirse con esta reportera en el comedor de un hotel en el centro de la ciudad. Lo acompaña un joven del área de comunicaciones de la institución. Ambos visten chalecos azules. Nos sentamos y vamos al grano.

El médico afirma que, poco después del derrame, se identificó a 39 personas con síntomas de haber sido expuestas al petróleo y se les hizo seguimiento. Su entidad solicitó al Instituto Nacional de Salud, ubicado en Lima, que les tomaran un examen de sangre para la detección de metales pesados.

Recién en marzo de 2019, más de 3 años después de la tragedia, la Diresa de Amazonas elaboró una guía técnica para la intervención sanitaria en casos de derrames de petróleo y otros hidrocarburos. La redactó el propio Quezada a partir de una investigación que hizo de los hechos de 2016.

Sin embargo, todavía el Estado no está preparado para atender a las víctimas de un derrame de petróleo. Lo explica el médico Aldo Ccahuana, de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional: “Primero, debería haber un toxicólogo, idealmente un toxicólogo clínico. La toxicología tiene muchas ramas. El toxicólogo clínico es la persona que evalúa a las personas [víctimas de la exposición] y atiende en situaciones de emergencia”. Y si son pocos los intensivistas que manejan las Unidades de Cuidados Intensivos durante la crisis del Covid-19 en el sistema de salud peruano, los toxicólogos son todavía menos.

Los médicos consultados para este reportaje coinciden en que el país no tiene suficientes toxicólogos. Además, si para atender los casos de exposición a metales pesados en zonas mineras e industriales existe una distribución ineficaz de los fondos públicos, como revelamos en octubre de 2019, para el tratamiento de las personas afectadas por hidrocarburos ni siquiera existe un presupuesto estatal. Convoca.pe ha solicitado en reiteradas oportunidades una entrevista con la toxicóloga Melinda Valdivia Infantas, quien es asesora del Ministerio de Salud en metales pesados. Pero hasta el momento permanece en silencio.

Una pregunta que surge es: ¿se debe tratar a una persona expuesta a los hidrocarburos como a un poblador que convive con las micropartículas que provienen de la explotación de los minerales? Este medio de comunicación entrevistó a diferentes toxicólogos en busca de respuestas. Todos coincidieron en que el crudo tiene metales, pero discreparon sobre el nivel de gravedad de los efectos de estos componentes en la salud de las personas. Hay que considerar diversos factores.

“La concentración de metales pesados ​​en el petróleo varía. En general, se considera baja. No clasificaría que es muy bajo riesgo si una persona tiene contacto directo con el crudo, pero diría que un contacto único con el petróleo probablemente no será dañino”, dice, desde Estados Unidos, el doctor William Pan, quien ha trabajado en la selva peruana para el Instituto Global de Salud de la Universidad de Duke.

Pan, que también tiene una especialidad en políticas de salud pública, agrega: “Me preocuparía más la inhalación de benceno y otros hidrocarburos, que pueden tener los mismos efectos sobre la salud que un metal pesado. Es decir, los problemas de salud derivados de un derrame de petróleo tienen más probabilidades de producirse por los hidrocarburos como causa toxicológica que por un metal pesado”. Es por eso que un toxicólogo es quien debe atender a quienes hayan tenido contacto con el crudo.

El Estado no puede argumentar que se trata de casos esporádicos. En el Perú han ocurrido, desde 2011 a 2019, 232 derrames de crudo de petróleo, de los cuales más de 100 tuvieron lugar en regiones de la selva, como Amazonas, Loreto y Ucayali. Solo en Amazonas, donde está Nazareth, ocurrieron 14 en 8 años. Son cifras que obtuvo Convoca.pe como resultado de un pedido de información al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

¿Qué se debe hacer para que las víctimas del derrame puedan estar bajo el sol sin que les duela la cabeza? ¿Qué hacer si ya pasaron más de cuatro años del derrame y todavía siguen los síntomas? El doctor Aldo Ccahuana tiene una sugerencia para el Estado: además de llevar paliativos a la zona, las autoridades sanitarias deberían planificar un estudio epidemiológico a largo plazo. Habla de vigilar sistemáticamente las condiciones de salud de los awajún de las cuatro comunidades a lo largo de 20 o 30 años.

“El estudio epidemiológico, si lo hacemos bien estructurado, nos va a permitir diferenciar aquello que no tiene que ver con el crudo. Por ejemplo, digamos, una población de 100 personas se expone al petróleo y alguien hace cáncer cerebral. Todo el mundo dice sí, es por el petróleo. Pero vemos las estadísticas y el cáncer se da en una de cada 50 personas. Entonces esa 1 de 100 cae en la estadística normal. Pero si en esos 100 hay 20 casos de cáncer, eso es anormal. ¿Y eso cómo se define? Con un estudio epidemiológico”, explica.

¿El Estado invertirá tiempo y esfuerzo en supervisar la salud de los awajún a lo largo de tres décadas? ¿Los especialistas del Ministerio de Salud pueden hacerlo? “Los estudios epidemiológicos tienen que ser bien estructurados por personas que sepan tomar y analizar la información. En el Perú hay gente que se dedica a eso, pero no específicamente en el tema químico”, advierte Ccahuana. Para conocer los planes que tienen las autoridades del gobierno central para las víctimas del derrame de 2016, Convoca.pe envió el último 30 de junio un nuevo cuestionario de preguntas al Ministerio de Salud. Les consultamos si contaban con un protocolo de intervención en el caso de derrames de petróleo. El ministerio respondió el 8 de julio que tiene un proyecto de directiva sanitaria “en proceso de trámite”. Es decir, el protocolo todavía no existe.

En relación al COVID-19, el Ministerio de Salud nos dijo que “la población indígena de la región Amazonas será beneficiada con la compra de bienes y servicios”, como “medicamentos, equipos médicos para los Establecimientos de Salud, equipos de protección personal para el personal de salud, mascarillas comunitarias para la población, desinfectantes como el alcohol y lejía”. Para el distrito de Imaza, donde está Nazareth, se ha destinado más de 273 mil soles.

Para este año está programada la segunda campaña de atención a los afectados de las cuatro comunidades awajún. Los apus piden que se respete el plan que aprobó la exministra de Salud, Zulema Tomas, es decir, que les tomen muestras para detectar el nivel de metales pesados en su organismo. Pero saben que es pedir mucho ahora que el sistema de salud está colapsado por el Covid-19 y que sus propios vecinos se están enfermando.

A través del teléfono, Edinson Taijin cuenta que, una vez por semana, tiene dolores de cabeza realmente intensos. La primera vez se asustó mucho, pero ya aprendió a convivir con este malestar. Ahora su preocupación es otra: ha dado positivo al SARS-CoV-2. No tiene síntomas, pero sí su hermana mayor, Lizeth, que tiene los signos de la gripe e inflamación en las amígdalas. Con la esperanza de que la sane, ella tomó ivermectina veterinaria, el antiparasitario para ganado. Él se ha limitado a usar las pastillas que le dejaron en la campaña del 20 de junio último. Pero eran tan pocas que ya se le acabaron. Sólo le queda, entonces, aislarse en casa y esperar que todo pase. Es como si el destino se hubiera ensañado contra él: primero, el petróleo invade su río; y luego, un virus enferma a su gente.

Actualización al 10 de julio del 2020

Cincuenta días después, el Estado no ha llegado