La ruta Apurímac-Cusco es el escenario de un conflicto social persistente. Al pie de esta vía, las comunidades de los distritos de Mara, Tambobamba y Chalhuahuacho agitan sus reclamos bajo las nubes de polvo que dejan los camiones cargados de mineral de Las Bambas, el yacimiento de cobre más importante del Perú operado por MMG Limited, de capitales chinos. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) prometió un mineroducto, un enorme tubo que protege el traslado de los metales, pero modificaciones en este documento permitieron que fuera reemplazado por esta carretera sin asfaltar, lo que incrementa la contaminación del lugar.

El proyecto minero Las Bambas ya ha superado los 10 mil millones de dólares de inversión y tiene reservas por 7,2  millones de toneladas de concentrado de cobre y 12,6 millones de toneladas de otros minerales. Sin embargo, no consigue resolver este punto que fue uno de los desencadenantes de las protestas de septiembre de 2015 que dejaron tres ciudadanos muertos. 

Infografía sobre el proyecto minero Las Bambas. Elaborado por Jackeline Cárdenas.

Reportaje: Las Bambas, la operación oculta de la mina más cara del Perú.

Como se sabe, el EIA de Las Bambas -realizado por la consultora Golder Associates Perú SA- contemplaba en el diseño inicial del proyecto la construcción de un “mineroducto enterrado” de aproximadamente 206 kilómetros, que iría de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, a la provincia de Espinar, en Cusco.  Las condiciones comienzan a modificarse en el 2013, coincidiendo con el cambio de la consultora contratada por la canadiense SNC Lavalin, donde trabajó la que ahora es una importante funcionaria ambiental del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La directora general de Asuntos Ambientales Mineros del MEM, Teresa Macayo Marín, trabajó durante junio de 2013 a junio de 2017 en SNC-Lavalin en el área de “gestión ambiental y permisos”, donde llegó a ser gerente de esta. En agosto de 2017, fue designada en ese importante puesto por la entonces ministra del expresidente Pedro Pablo Kucyznski, Cayetana Aljovín Gazzani. 

Tal como señala la consultora canadiense en su brochure promocional, la empresa viene realizando “servicios integrados” para el proyecto de MMG Las Bambas, como las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental, el estudio de impacto de salud, el estudio de tráfico, entre otros.

En el Estudio de Impacto inicial de Las Bambas se incluían el mineroducto para transporte de minerales, lo que cambió en la segunda modificación del EIA

En su curriculum vitae, Macayo consigna que ingresó a trabajar en la consultora de Las Bambas, SNC Lavalin, en junio de 2013, durante la elaboración del primer “Informe Técnico Sustentatorio” del proyecto minero, presentado el 11 de julio y aprobado el 26 de agosto de 2013. 

Dicho informe modificó el proyecto inicial y fue determinante para dar marcha atrás en la promesa del mineroducto. El documento reubica componentes principales, como las plantas de molibdeno y plantas de filtros, que pasaron de Espinar hacia el área de Cotabambas. Con esta decisión, aprobada por Jorge Merino, entonces ministro de Energía y Minas del gobierno de Humala, la empresa desistió en su compromiso de instalar el costoso mineroducto y optó, en cambio, por construir una vía que forma parte del Sistema Nacional de Carreteras para trasladar sus minerales. 

La decisión se convierte en definitiva cuando se levantan las observaciones del segundo EIA, aprobado en noviembre de 2014, también elaborado por SNC Lavalin, en el período en el que Macayo se desempeñaba como gerente de Gestión Ambiental y Servicios en la consultora. Con este estudio, la empresa planteó “posponer la construcción y operación del mineroducto” por un “plazo indeterminado” y dispuso que los minerales se transporten vía terrestre entre la misma área el proyecto en Las Bambas hasta Caylloma, Arequipa. 

Con el Estudio de SNC Lavalin, empresa donde laboró Teresa Macayo, se dejó de lado el mineroducto. En su lugar los camiones que transportan minerales e insumos irán por la carretera
 

Este método de traslado funciona desde enero de 2016, cuando se inició la operación de MMG Las Bambas. Se calcula un tránsito de 250 volquetes diarios que levanta una gran polvareda que afecta a la población. Frente a las protestas, el corredor vial Apurímac-Cusco se mantiene custodiado por las fuerzas policiales y bajo reiterados “estados de emergencia” que restringen los derechos de la población al libre tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio. El último de estos estados fue declarado por 30 días en setiembre de este año. 
 

Teresa Macayo fue gerente del equipo de gestión ambiental y permisos de SNC-Lavalin, consultora de la minera Las Bambas, empresa que sustentó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental. 

Consultada por Convoca.pe, la funcionaria Teresa Macayo señaló que durante sus cuatro años como trabajadora en SNC Lavalin, el equipo de “gestión ambiental y permisos” que estuvo a su cargo brindaba soporte técnico en los diferentes estudios ambientales de la consultora.

Macayo negó la posibilidad de un conflicto de interés por su trayectoria en esta compañía que brindó servicios a grandes mineras. Su actual cargo público, aseguró, se aboca exclusivamente a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM. "Debo recalcar que en toda mi experiencia profesional he actuado en base a la ética",indicó.

Subvención en la ruta

Fuentes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) afirmaron que el Estado, a través del Ministerio de Transportes, será quien asuma la ejecución de la carretera que es parte del corredor minero entre Grau (Apurímac) y Espinar (Cusco), donde transitan los camiones de Las Bambas. Este proyecto será ejecutado a través de la entidad pública Provías Nacional por ser considerada una “vía nacional”. 

Esto también se desprende de material gráfico publicado por Senace, en el que se asegura que “la carretera no es un componente minero de uso exclusivo de Las Bambas” y que “los impactos evaluados no pueden ser atribuidos de manera exclusiva a la actividad minera”. También se indica que esta obra es parte del corredor minero, esta “se concibe bajo la iniciativa y participación conjunta de los gobiernos locales y el titular del proyecto minero [MMG Las Bambas]”, añade. 

La misma entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, indicó a Convoca que ya han considerado “moderado” -en un EIA semidetallado sobre esta obra de infraestructura- el impacto que tendrán los dos primeros tramos de este corredor vial (Matara-Pamputa y Pamputa-Puente Ichuray). Aún vienen evaluando cómo clasificar el tercer tramo (Velille-Espinar). 
 

En un video elaborado por el Senace se sostiene que los impactos a la carretera “no pueden ser atribuidos de manera exclusiva a la actividad minera”.

En 2016 estalló otro conflicto social -con el saldo de un campesino muerto de un disparo- por los impactos de la circulación de los camiones de la mina Las Bambas. El gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió al asfaltado de la vía, por lo que calificó la ruta del transporte minero como “ruta nacional”. Así, ahora le corresponderá su mejoramiento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Sin embargo, como parte de la mesa de diálogo que se instaló luego del conflicto, el actual presidente de la República Martín Vizcarra, como vicepresidente de Kuczynski, confirmó que Las Bambas debería aportar para asfaltado de esta vía utilizada para transportar su mineral.

Para el presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Cotabambas, Víctor Limaypuma, el hecho de que el gobierno haya reclasificado toda la ruta que utiliza la empresa minera como carretera nacional “ha sido para servir a los intereses del proyecto Las Bambas, porque es la empresa que la utiliza y la afecta en mayor medida”. 

Para Limaypuma, no es posible que el Estado subsidie a la empresa privada con la construcción de la carretera, ya que es la misma la que causará el deterioro de la vía. 

“Es la minera la que sí o sí tiene que asfaltar el polvo que se levanta de la vía por el paso de los camiones. Afecta a los animales, a las plantas y a las poblaciones que viven al pie de la carretera en una veintena de comunidades en Mara, Tambobamba y Challhuahuacho”, afirma el dirigente.

Al respecto, la especialista legal en temas mineros ambientales de Cooperacción, Ana Leyva, indicó que no ha quedado claro a quién corresponde la labor de construir la carretera. Añadió que solo se estaría haciendo una vía para la minería y que no se ha pensado en un proceso de desarrollo diversificado. 

Según los estudios de la empresa, por la carretera pasan 250 camiones de 52 toneladas con una carga superior a 30 toneladas. 

Por otro lado, en el estudio de polvo elaborado por SNC Lavalin presentado por MMG Las Bambas, se indica un informe sobre el humo de los camiones pero no del polvo que levanta su paso, advierte la abogada. Eso lo aceptó el MEM en las observaciones a la segunda modificación que se hizo al EIA del proyecto minero Las Bambas. 

“La génesis de la carretera es el transporte minero. Hay tramos que no existían y la realidad es que la mayor parte del tránsito es de camiones y maquinaria para la mina”, afirmó Leyva. También critica la desprotección del Estado hacia las poblaciones del corredor minero, que seguirá siendo materia de conflicto y sin responsabilidad de la compañía privada. El gobierno peruano, señala Leyva, considera a esta vía fuera de la zona de influencia del proyecto cuprífero. 

Convoca.pe remitió preguntas a la minera MMG Las Bambas a través de la empresa Apoyo Comunicaciones, que maneja su comunicación con la prensa. La empresa indicó que no responderán las interrogantes planteadas.

Este medio  también se comunicó con la consultora SNC-Lavalin. La actual gerenta de Proyectos, Laura Ibarguren, quedó en comunicarse con nosotros. Al cierre de este informe no hubo respuesta.
 

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