Entre marzo del 2015 y julio de este año, la Contraloría General de la República (CGR) sancionó a 108 funcionarios por actos de inconducta funcional y corrupción en diferentes entidades públicas de Lambayeque. Tras cruzar información con el Observatorio para la Gobernabilidad (Infogob), se detectó que 37 de ellos –el 34% del total– tienen o tuvieron algún tipo de vinculación directa con organizaciones políticas cuyo perjuicio económico al Estado superaría los S/6’814,178. 

Alianza Para el Progreso (8) es la agrupación con mayor número de militantes o invitados sancionados, seguido por el Partido Aprista Peruano (6) y el extinto movimiento regional Manos Limpias (6). Cada una de estas personas fue suspendida o inhabilitada para ejercer la función pública por un lapso de entre seis meses y cinco años.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) y la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo (SBPCh) fueron las entidades públicas que sufrieron el mayor perjuicio económico, curiosamente durante la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales, quien se encuentra recluido en el penal de Chiclayo por liderar la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”. 

Entre ambas la afectación económica alcanza los S/4’723,042, luego le sigue la Municipalidad Distrital de Olmos (S/645,061); la comuna provincial de Ferreñafe (S/385,454); el municipio de Monsefú (S/313,665); la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (S/236,230); el Gobierno Regional de Lambayeque (S/160,993) y otras ocho instituciones del Estado que suman un perjuicio de S/349,733. 

La lista de funcionarios sancionados y sus respectivas infracciones corresponde a la base de datos de la aplicación web “Sancionados”, elaborada por Convoca.pe y basada en información oficial emitida por la Contraloría. Asimismo, para establecer el perjuicio económico generado por estas personas, La República analizó las resoluciones emitidas por el órgano de control, así como otros documentos oficiales registrados en la web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Es necesario precisar que en varios casos, personajes de distintas organizaciones políticas formaron parte de una misma actividad irregular.

El mal de APP

En el caso del partido fundado por César Acuña, cinco de los ocho sancionados todavía forman parte de esta agrupación, pero juntos generaron un perjuicio económico de S/4’794,649.

Entre los proyectos que se vieron afectados se encuentra el “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del casco central de Chiclayo”, donde el exgerente de Edificaciones de la MPCh, José Sosa Saavedra, aprobó la modificación irregular del expediente de obra, hecho que motivó la paralización del proyecto. En el 2017, el municipio presentó un peritaje que reveló un perjuicio económico de S/3’782,547.

En la comuna de Olmos, Willi Cajusol Manay y Juan Gregorio Ynoquio Puse fueron sancionados por adquirir de forma irregular un pool de maquinarias en el año 2013. En este caso, el OSCE señaló que la empresa ganadora se presentó a la licitación con documentos falsos; de esta forma, se le otorgó de manera irregular S/351,095 por la compra de cuatro camionetas y una perforadora tubular. 

Asimismo, Jesús Antonio Odar Inoquio, cuando era responsable del Área de Tesorería del mencionado municipio, no cumplió con retener un fondo de garantía de cumplimiento de obras de agua potable y alcantarillado, ocasionando un perjuicio de S/293,966 a la entidad.

De otro lado Carmen Meza Camacho, quien postuló en el 2002 por este partido para ser regidora en Reque, fue sancionada por estar involucrada en irregularidades dentro del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable de la UNPRG en el año 2014, que ocasionó la pérdida de S/236,230.

El Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) perdió S/107,776.84 por la entrega incompleta de bolsas de cemento para una obra ejecutada en el año 2011. El entonces jefe de Administración, Víctor Miranda Monteza, fue inhabilitado por este hecho. Mientras en la Gerencia Regional de Salud (Geresa), el exdirector ejecutivo de Administración, Juan Contreras Guerrero, ocasionó un perjuicio económico de S/23,034 por favorecer en el 2012 a una empresa durante la adquisición de tres incubadoras. 

La lista de los ocho sancionados “apepistas” la completa el todavía militante de APP, Mauro Piscoya Salinas, quien aprovechó su cargo de jefe de Recursos Humanos para ayudar a que su sobrino obtuviera una plaza dentro de la Geresa. Sin embargo, en este caso no se precisa un monto perjudicial para la entidad.

Maldición aprista

En el Partido Aprista Peruano cuatro de las seis personas cuestionadas todavía se encuentran dentro de sus filas. Estos malos funcionarios generaron una afectación económica de S/846,660.

Uno de estos personajes, Ricardo Arévalo Peralta, formó parte de un grupo de exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe que en el 2012 aprobó la adquisición irregular de dos ómnibus, lo que generó un perjuicio de S/385,454 a la comuna.

El Apra también afectó al GRL, entidad que perdió S/53,216 debido a las irregularidades cometidas por el excandidato de la estrella, Ángel Liza Chafloque, cuando se desempeñó como supervisor en la obra denominada “Mejoramiento e instalación de pavimentación, drenaje pluvial y veredas en las calles Elías Aguirre cuadras: 5, 6, 7, 8, 9, y 10, del distrito de Jayanca–Lambayeque”, realizada en junio del 2014.

Asimismo el exjefe de Almacén de esta entidad, Víctor Manuel Bazán Mestanza, quien estuvo inmerso en la mencionada entrega incompleta de bolsas de cemento del 2011; y Marco Antonio Guzmán Vigo, quien fue sancionado por las irregularidades cometidas en la obra de la UNPRG mencionada líneas atrás.

Completan la lista de sancionados apristas Luis Humberto García Díaz, quien en el 2012 permitió que la MPCh desembolsara S/38,220 para la adquisición de seis trimotos cargueras que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas; y el exjefe de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Pedro Luis Serquén Effio, quien ocasionó un perjuicio económico de S/25,763 a esta entidad por aprobar un expediente técnico con metrados sobredimensionados y al no verificar la correcta entrega de mobiliario escolar en la obra denominada “Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. José Olaya Balandra”.

Manos sucias

Pese a que la agrupación Manos Limpias, fundada por el encarcelado Roberto Torres, ya no forma parte del panorama político, La República encontró que seis militantes de este movimiento regional generaron una afectación económica de S/1’218,357. 

En el año 2014, Carlos Cornejo Reyes (exjefe de Asesoría Legal), Misael Delgado Mendoza (expresidente del Directorio SBPCh) y Ciro Chávez Martos (expresidente del Directorio SBPCh) causaron una pérdida económica de S/53,750 al colocar trabajadores CAS como beneficiarios del pago diferenciado por concepto de encargaturas cuando no les correspondía. 

A esto se le suma que entre el 2012 y el 2013, Delgado Mendoza suscribió contratos con la empresa de combustibles y transportes América E.I.R.L. sin observar los requisitos establecidos adquiriendo galones de petróleo valorizados en S/848,525, pese a que el documento adicional no se vinculaba con la finalidad del contrato originario. Actualmente, Chávez Martos y Delgado Mendoza se encuentran recluidos en el penal de Chiclayo por diferentes irregularidades durante la gestión de Torres, entre las que se encuentra el caso “combustibles”.

En el municipio de Monsefú, la exsubgerenta de Desarrollo Territorial, Karina Esqueche Velásquez, fue sancionada por generar pérdidas de S/313,665 en la ejecución y supervisión de la obra denominada “Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Tratamiento de aguas residuales del distrito de Monsefú - Chiclayo” del 2012. 

Asimismo, Carlos Piscoya Bobadilla (exjefe de Asesoría Legal) y, otra vez, Carlos Cornejo Reyes, quienes postularon en los comicios del 2014 por este movimiento, no efectuaron acciones judiciales pertinentes para cobrar unas deudas de arrendamiento, perjudicando a la SBPCh. En este caso tampoco se precisa la cifra exacta del perjuicio generado a la entidad.

Finalmente la lista de sancionados de este movimiento regional la completa Jorge León Vera, quien durante el período 2012-2013 no efectuó el extorno de pagos de autorización por el servicio de taxi cuando laboraba como jefe del Departamento de Tesorería en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, haciendo perder a la entidad un total de S/2,417. 

El perjuicio de los otros partidos a entidades públicas de Lambayeque

El partido Acción Popular tiene tres militantes sancionados, quienes ocasionaron pérdidas valorizadas en S/279,891. De otro lado, dos funcionarios que postularon en comicios pasados por el partido Somos Perú están inmersos en un perjuicio de S/387,127.

Finalmente el Partido Nacionalista, Juntos por el Perú, Podemos Perú, Solidaridad Nacional, Progresando Perú, Frente Único de Jóvenes Independientes, Fuerza Social Cajamarca, Movimiento Independiente Cayaltí, Izquierda Unida, Perú Ahora, Frente Amplio y Perú Posible tuvieron al menos a uno de estos personajes sancionados entre sus filas. Ellos estuvieron involucrados en un perjuicio total de S/5’404,056 al tesoro público. 

Esta publicación surgió como parte del “Investiga Tour”, impulsado por Convoca.pe y sus aliados.