Esas partículas de polvo son tan pequeñas y resistentes al agua que cuando respiras, atraviesan las mucosas, pasan fácilmente por el torrente sanguíneo, las membranas biológicas y pueden llegar hasta tu ADN: la molécula madre que lleva tu información genética por una célula. Cada partícula fina es cien veces más delgada que un cabello humano y la literatura científica la cataloga como PM2.5, partícula que se genera en cantidades industriales durante la fundición de metales que en el caso del principal complejo metalúrgico del Perú, ubicado en la ciudad centroandina de La Oroya, se han acumulado en el aire durante décadas.

El toxicólogo Raúl Loayza de la Universidad Cayetano Heredia es quien explica el potencial daño de estas partículas finas en el sistema nervioso y respiratorio del ser humano y advierte que es necesario determinar el daño específico que pueden causar estas partículas microscópicas en los pobladores que rodean la fundición. Precisamente, el plan decisivo para proteger la salud de los habitantes de La Oroya de elementos nocivos liberados por la fundición de cobre, zinc y plomo, es el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) de la planta, que fue aprobado en julio último por el Ministerio de Energía y Minas. Este documento es clave porque contiene los nuevos estándares ambientales que deberá cumplir el futuro inversionista del complejo, que será elegido por una nueva administradora luego de que la estadounidense Doe Run entrara en liquidación por declararse en quiebra sin cumplir sus obligaciones ambientales.

Rosa María Ortíz, ministra de Energía y Minas. Foto: El Comercio.

Convoca revisó con la ayuda de ingenieros ambientales este documento de más de 5 mil páginas y otros anexos de los nueve CD del expediente y encontró varios puntos críticos, en medio del inagotable conflicto entre los pobladores que defienden parámetros exigentes para proteger su salud y trabajadores que protestan porque la fundición vuelva a operar al cien por ciento y se defina de una vez al nuevo dueño.

En cualquier caso es inocultable el inventario de evidencias del daño al ambiente y la salud pública. El Ministerio de Salud en convenio con la propia Doe Run concluyeron en tres censos hemáticos, entre 2004 y 2006, que más del 90% de cientos de niños examinados de las localidades aledañas a la planta han sobrevivido con concentraciones de plomo en la sangre que llegan a triplicar los diez microgramos por decilitro que exige el Organismo Mundial de la Salud. El plomo, que modifica el funcionamiento de las neuronas y produce males respiratorios, ha marcado la vida de cientos de niños incluso antes de nacer: más de la mitad de las mujeres gestantes evaluadas en estos censos concentraban en su organismo más plomo de lo tolerable. El Instituto Blacksmith de Nueva York consideró a La Oroya como una de las diez ciudades más contaminadas en el mundo, junto a Chernobyl, que fue arrasada por un desastre nuclear y el Tribunal Constitucional ordenó en 2006 al gobierno peruano a tomar medidas para proteger la salud de los pobladores pero éstas solo se han cumplido parcialmente.

El caso de La Oroya parece no tener fin. Y aquí revelamos por qué.

Puntos críticos

El Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo fue presentado por Doe Run en mayo último porque el Decreto Supremo 040-2014 del sector Energía y Minas (Minem) exigía que aquellas unidades mineras que tenían instrumentos ambientales caducos debían adecuarse a nuevos estándares fijados por el Ministerio del Ambiente (Minam). Cuando Doe Run compró la fundición en los 90 se comprometió a cumplir con un programa de adecuación ambiental (PAMA) en un plazo de diez años que luego fue ampliado en 2006 por dos años y siete meses con una norma a su medida a pesar de sus reiterados incumplimientos (ver línea del tiempo desde que Doe Run adquirió el Complejo de La Oroya).

Esta vez, el gobierno de Ollanta Humala formó un equipo especial “ad hoc”, dijo el Minem a Convoca, para aprobar en cuatro meses el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAC) ante las protestas de los trabajadores que exigen la venta inmediata de la planta. Pero en este proceso de evaluación acelerada hay varios puntos propuestos por la propia Doe Run que nuevamente postergan la protección de la salud de los pobladores. El primero y más cuestionados de todos: la nueva operadora de la planta tendrá catorce años más para adecuarse a las exigencias ambientales por lo que en ese período no se le podrá sancionar por excederse los parámetros vigentes de dióxido de azufre generados por la fundición de metales. Recién a partir del 2030, los habitantes de La Oroya podrán respirar otros aires a diferencia del resto de enclaves mineros del Perú.

Los catorce años se aprobaron a pesar que parte de los principales procesos que debe modernizar el nuevo operador como el circuito de cobre, el principal mineral procesado en la fundición, ya tienen un avance de más del 50% y algunos equipos que deben implementarse ya están dentro de la planta, según informó Doe Run en un Power Point enviado al Ministerio de Energía y Minas en mayo último y se puede comprobar en fotos tomadas hace apenas una semana, a las que accedió Convoca.

Materiales de construcción para el circuito de cobre en el antiguo campamento Exclub Peruano.

El viceministro de Gestión Ambiental del Minam, Mariano Castro, dijo a Convoca que ahora las obligaciones “son mayores que con el anterior operador (Doe Run)” (un nuevo horno Isasmelt para el circuito de plomo, una planta de lavado de gases y nuevas tuberías para conducir estos gases tóxicos a una chimenea en el cerro Sumi). Mientras que el Minem respondió, vía correo electrónico, que el plazo de adecuación fue coordinado con el Ministerio del Ambiente y que los proyectos se han “ordenado secuencialmente” de acuerdo a criterios técnicos. Lo real es que esa fue la propuesta de Doe Run, pero no la recomendación técnica inicial del sector Ambiente (ver respuestas del Minem).

El informe técnico N°426-2015-MINAM/VMGA/DGCA de la Dirección de Calidad Ambiental del Minam, firmado el 23 de junio por el especialista Wilder Rojas Ortiz, recomendó que los proyectos de adecuación se realicen “de manera previa y/o paralela, y que además se considere aligerar los tiempos previstos en los trámites de licencia para la construcción de cada proyecto, con el objetivo de reducir el período de 14 a 10 años”.

 Resolución directoral en la que especialista del Minam recomienda reducir de 14 a 10 años la implementación del IGAC. 

Esa propuesta va en la misma línea de la que realizaron en 2006, expertos recomendados por el Banco Mundial al Minem sobre las actividades simultáneas que debía realizar Doe Run para cumplir con el programa de adecuación ambiental (PAMA) cuando se les amplió el plazo de dos años y siete meses.

Convoca pudo conocer que, en realidad, el plazo de los catorce años se aprobó en función de “la rentabilidad financiera” de Doe Run, que en su propuesta calculó unos 800 millones de dólares de inversión para los proyectos del plan de adecuación ambiental, curiosamente con un margen de error de 40%, que haría poco atractivo el complejo a cualquier otro inversionista.

Los intereses de Doe Run han estado en la atmósfera de estas decisiones. Convoca comprobó que el ingeniero metalurgista Prudencio Rivera Chávez trabajó para Doe Run y luego fue uno de los técnicos que aprobó el IGAC de esta compañía.

 Resolución directoral que aprueba el IGAC con la firma del ingeniero Prudencio Rivera, quien trabajó para Doe Run.

Partículas peligrosas

El nuevo estándar de calidad ambiental de aire para el dióxido de azufre recién se podrá cumplir en La Oroya a partir de 2030, con un valor de 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3) diarios y no de 20 microgramos como se le exige al resto del país desde enero de 2014 debido a que en 2013 se exceptuó de esta obligación a las operaciones productivas que se realicen en Arequipa, Ilo y La Oroya.

El viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, explicó a Convoca que existe este régimen especial para las cuencas atmosféricas de estas zonas porque "tienen una condición acumulada" de dióxido de azufre que proviene del "transporte, la calidad del combustible, los efluentes industriales" que son fuentes de contaminación adicionales al complejo metalúrgico de La Oroya.

Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental. Foto: Andina.

Por lo tanto, en los próximos catorce años solo se podrá exigir a la fundición que no supere el parámetro de aire de 80 microgramos de dióxido de azufre al año y los 365 microgramos cada 24 horas que se le aprobó con el PAMA.

El aire que respiran los pobladores de La Oroya es de tan baja calidad que incluso hoy que la fundición solo opera el circuito de zinc, los nubarrones que salen de la chimenea permiten registrar en la estación Sindicato, a unos 800 metros de la planta, que los niveles de dióxido de azufre excedieron en cinco oportunidades el estándar de calidad de aire de 80 microgramos por metro cúbico al día, según un análisis realizado por Convoca con las cifras de monitoreo de Doe Run, entre julio y la primera semana de setiembre (Ver infografía).

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El Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) fue aprobado sin que se exija a la empresa que cumpla con el estándar de calidad de aire para las partículas finas PM 2.5 a pesar de su efecto nocivo en las vías respiratorias y que se encuentra vigente desde enero de 2014, un año y medio antes de la aprobación de este documento. El ministerio de Energía y Minas respondió que solo se consideró el monitoreo de estas partículas porque el plan de adecuación se ha centrado en el dióxido de azufre.

Pero el instrumento de gestión ambiental tampoco fue aprobado con informes de salud actualizados y un estudio de factibilidad con información detallada para el “modelamiento de dispersión atmosférica”, que permite evaluar la magnitud del impacto de las emisiones en el aire. En el levantamiento de observaciones del IGAC, el Minem señala que la empresa presentó un “estudio de pre factibilidad” que “no describe escenarios reales de la propuesta de adecuación a los ECA de aire” y absuelve esta observación con la promesa de que la compañía cumplirá esta exigencia en el futuro.

Si bien en el expediente aparece un estudio de factibilidad técnico del IGAC, los ingenieros ambientales consultados por Convoca, resaltaron por lo menos una docena de observaciones de este documento, entre las que figura la falta de estudios de costo sustentados por cada proyecto, la ausencia de la firma del especialista responsable de la consultora CGT Company que elaboró el estudio, y tampoco hay evaluaciones topográficas y de riesgos para la construcción de la nueva chimenea que liberará los gases de la fundición en el cerro Sumi.

Cerca de este cerro se ubican el centro poblado Norman King, La Oroya Antigua, las comunidades ganaderas Huari y Huaynacancha así como el centro poblado Marcavalle, que serían afectados por la nueva chimenea. Convoca entrevistó a ex autoridades de Huari que confirmaron este potencial daño. Además, la descarga de emisiones de dióxido de azufre en este cerro fue calificada como la opción menos efectiva por la importante consultora canadiense RWDI en los 90 cuando el Minem debía aprobar el programa de adecuación ambiental a Doe Run debido a que mantenía altas concentraciones de dióxido de azufre en un radio de “9 kilómetros a la redonda”.

Con estos antecedentes y los puntos críticos de este nuevo instrumento ambiental sobre la mesa, la junta de acreedores del complejo metalúrgico de La Oroya que desde el viernes 18 preside la abogada Rosario Patiño, asesora del Minem, deberá encontrar una salida para hacer viable la venta de la principal fundición de metales del país sin postergar la protección de la salud de los pobladores de esta golpeada ciudad.

Fecha de publicación: 20 de setiembre de 2015. 9 am.
Este reportaje también fue publicado en dos páginas en el diario La República en su edición del domingo 20 de setiembre de 2015.