Esta vez, la ruta del dinero de la contienda política para elegir al próximo Presidente y a los 130 congresistas del Perú, se extiende a un grupo de universidades privadas: por lo menos seis candidatos tienen vínculos  con estos centros de estudios que han incrementado sus ingresos al mismo tiempo que contrataron con el Estado por cerca de 18 millones y medio de soles. El aumento de las contrataciones se dio cuando los miembros de estos grupos familiares fueron elegidos congresistas, la mitad de ellos importantes financistas de los partidos que los llevaron al poder. El ranking de los contratos millonarios está encabezado por la Universidad Alas Peruanas, vinculada al legislador Reber Joaquín Ramírez de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, y el consorcio universitario de César Acuña Peralta, candidato a la presidencia de la República por Alianza para el Progreso. A un día de vencerse el plazo para la inscripción de candidatos al Parlamento, conoce cómo se dieron los contratos con las principales universidades beneficiadas.

Era 1998 cuando una pequeña empresa fundada con un capital social de apenas mil soles inició sus actividades bajo el nombre de Universidad Alas Peruanas S.A.C. Dieciocho años después, su flaca inversión inicial aumentó a 435 millones de soles, según su último aumento de capital. Pero su afortunado vuelo no quedó en los ambientes de su sede principal en el distrito de Jesús María, sino que llegó a 83 instituciones del Estado con contratos que superaron los 11 millones de soles entre 1999 y 2015. En total, fueron 175 contrataciones y en los últimos seis años la mayoría fueron servicios brindados al Ejército, según el registro de Proveedores del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas y los documentos a los que accedió Convoca.pe. 

En la relación de las universidades vinculadas a los congresistas que tienen contratos con el Estado, la Universidad Alas Peruanas aparece con los montos más altos. Le sigue en el ranking el consorcio universitario César Vallejo del candidato presidencial César Acuña Peralta con más de 7 millones 222 mil 814 soles, donde los congresistas Virgilio Acuña y Richard Acuña, hermano e hijo del aspirante a Palacio de Gobierno, fueron directores. El tercer lugar lo ocupa el consorcio Telesup, fundado por José Luna Gálvez, congresista y candidato a la vicepresidencia de la República por Solidaridad Nacional. La lista se completa con la Universidad San Juan Bautista, fundada por José Luis Elías Ávalos, legislador de Fuerza Popular, partido que hoy postula al Congreso con el número 2 en Ica a su hermano Miguel Ángel Elías Ávalos.

Son cinco legisladores vinculados al negocio del sector educativo. El congresista Reber Joaquín Ramírez Gamarra, secretario general de Fuerza Popular y hoy investigado por el delito de lavado de activos, tiene nexos comerciales con la Universidad Alas Peruanas, la más beneficiada con las contrataciones con el Estado. Los montos de los contratos que firmó esta universidad en los últimos 16 años, se elevaron luego que el legislador ingresó al Parlamento en las elecciones de 2011. Ese año se le pagó a Alas Peruanas, cerca de 2 millones 400 mil soles y luego de una caída volvió a tener otro pico con un monto similar en 2015 (Ver gráfico). De los 254 millones 243 mil soles de ingresos que tuvo esa universidad en 2009 pasó a 436 millones 430 mil soles en 2013, según la editora especializada en finanzas Perú Top Publications.

En una entrevista telefónica con Convoca.pe, el congresista Joaquín Ramírez Gamarra negó desde la primera pregunta cualquier relación con la universidad. “No soy accionista ni socio ni empleado ni directivo. Nada”, respondió. Sin embargo, este medio comprobó que el programa de educación a distancia de la Universidad Alas Peruanas opera en un inmueble ubicado en calle Los Lirios 144, en San Isidro, que tiene como domicilio legal a la empresa Sociedad Agroindustrial San José S.A.C., cuyos socios fundadores son el mismo Joaquín Ramírez Gamarra y su tío Fidel Ramírez Prado, rector e importante accionista de la Universidad Alas Peruanas. Cuando Convoca.pe confrontó esta información con el parlamentario, éste buscó corregir su respuesta: "Relación empresarial sí tenemos. Doy servicios de construcción de vez en cuando", respondió para luego explicar que él llama construcción al alquiler de locales como asegura que sucedió con Alas Peruanas (ver línea del tiempo). 

Joaquín Ramírez no postulará al Congreso en estas elecciones pero sí lo hará su hermano Osías con el número 1 en Cajamarca según un anuncio en las redes sociales de la propia candidata presidencial de su partido, Keiko Fujimori. Osías inició el último fin de semana su campaña electoral a pocas horas de vencerse el plazo para las inscripciones de candidatos al Parlamento. Si Fidel Ramírez, accionista principal de la Universidad Alas Peruanas, tiene vínculos comerciales con su sobrino Joaquín, éste a su vez tiene nexos empresariales con su hermano Osías, el candidato.

Osías Ramírez (derecha) intenta ocupar el escaño de su hermano Reber Joaquín (izquierda) en el Parlamento.Foto: Fuerza Popular.

En marzo de 2010, Osías nombró a su hermano Joaquín como apoderado de su empresa COGECO S.A.C., que se dedica a la venta al por menor de combustibles. El legislador reconoció a Convoca.pe estos “vínculos comerciales”. “Somos una empresa familiar”, apuntó el legislador investigado por lavado de activos. Su hermana Liz Karina fue nombrada apoderada de COGECO S.A.C. en octubre de 2014 mientras que sus otros dos hermanos, Gilmer Rubén y Glenda Roxana, están vinculados con otra de las empresas de Osías: COGECO Granel S.R.L., que también se dedica a la venta de combustibles (Ver gráfico ‘La red familiar de los Ramírez’). 

Contratos con el Ejército

El 77 por ciento de los montos de las contrataciones estatales de la Universidad Alas Peruanas fue con el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército (ETE), donde Osías se formó como técnico en enfermería. Entre 2011 y 2015, esta entidad firmó por lo menos 24 contratos con la universidad por 5 millones 782 mil 913 soles, según los documentos presentados al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  

La mitad de los contratos con este instituto tecnológico del Ejército se dio a través de la modalidad de "convenio", que permite a las entidades exonerarse de un proceso de selección. El resto fue mediante concursos públicos y adjudicaciones de menor cuantía. La Universidad Alas Peruanas tiene una relación larga con el Ejército: fue fundada por la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, conformada por militares. 

Convoca.pe identificó un claro conflicto de interés en estas contrataciones. El director y representante del Instituto Superior Tecnológico Público del Ejército (ETE), el Coronel EP Dolver Segundo Aponte López, fue quien firmó en 2012 con la Universidad Alas Peruanas elcontrato N° 019-2012 por la suma de 897 mil 450 soles y también aprobó la adjudicación de menor cuantía N° 10-2012-EP/IESTE-ETE. Ese mismo año, el coronel Aponte fue becado con un doctorado en administración en la Universidad Alas Peruanas. Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, la hija del rector y regidora de Solidaridad Nacional por Lima, también figura en la misma lista de becados.

Quien firma estos dos contratos con Aponte es Willy Ramírez Chávarry, sobrino de Fidel Ramírez y ex apoderado de la universidad. Convoca.pe buscó la versión de Fidel Ramírez pero en la secretaría del rectorado de la universidad, respondieron que se encuentra “de viaje, en una comisión”.  

Los financistas

Reber Joaquín Ramírez y su empresa Lima Ingeniería y Construcción S.A.C. aportaron 282 mil 600 soles en la campaña de Keiko Fujimori en las elecciones de 2011, lo que equivale al valor de 78.4 Unidades Impositivas Tributarias (UTI) de ese año, monto que supera el tope de 60 UIT que establece la Ley de Partidos Políticos en el caso de aportaciones anuales por personas naturales y empresas. El aporte individual de Joaquín Ramírez en ese año fue de 130 mil 723 soles y el de su compañía 150 mil 600 soles. 

Ramírez Gamarra y su empresa también figuran como los únicos financistas de la campaña que lo llevó al Congreso con 271 mil 600 soles. Entre 2012 y 2015, los aportes del legislador a Fuerza Popular disminuyeron, sin embargo, en los primeros meses de 2015 luego de que se conociera que la Procuraduría Anticorrupción lo investigaba por lavado de activos, entre los aportantes aparecieron cinco personas vinculadas a los negocios de la familia Ramírez con 25 mil 445 soles. Ellos son Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce, quien fue abogado de Joaquín y Fidel Ramírez; Deanira Geovanni Castillo Chacón, ex apoderado de Norgrifos, otra empresa de Reber; Harold Víctor Morales Rojas y Marcos Rafael Aponte Andrade, quienes también fueron apoderados de Norgrifos y de COGECO Granel S.R.L. del candidato Osías Ramírez. Otro de los aportantes es Julio Castañeda Espejo, primo de la esposa de Joaquín Ramírez y accionista de otra de sus empresas, Ofisoft.com. Osías también puso lo suyo: en 2014 aportó 30 mil soles al partido. Mientras que su hermano Joaquín asegura que hoy no financia "la campaña de nadie". Ni siquiera la de su partido. Pero en el último reporte de aportaciones a Fuerza Popular presentado a ONPE el 5 de febrero, Joaquín Ramírez figura como uno de los financistas de la campaña de Keiko Fujimori. 

El consorcio de Acuña

Los patrones de los aportes en campaña y los contratos con el Estado, también se repiten para el caso del consorcio educativo fundado por César Acuña Peralta, conformado por las universidades César Vallejo, Señor de Sipán y Autónoma del Perú. 

Entre 1999 y 2015, los contratos de las universidades de los Acuña tuvieron los montos más elevados después que Richard Acuña obtuvo una curul en el Congreso en julio de 2011. El legislador se mantuvo como gerente general de la Universidad César Vallejo hasta noviembre de 2011, año en que este centro de estudios tuvo 24 contrataciones con el Estado. Algo similar sucedió con el congresista José Luna Gálvez, quien obtuvo poderes en 2012 para suscribir contratos hasta una fecha indefinida en nombre de la Universidad Privada Telesup S.A.C., que contrató con entidades públicas entre 2008 y 2015. Según registros públicos, Luna también fue miembro del directorio entre 2008 y 2009. Luna es congresista desde 2000, fue elegido en cuatro oportunidades, y hoy encabeza la lista de candidatos al Poder Legislativo de Solidaridad Nacional. 

La universidad Telesup del congresista José Luna fue una de las beneficiadas por contrataciones con el Estado.

El artículo 19 del reglamento del Congreso señala que es “incompatible” la función parlamentaria con “la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas o prestan servicios públicos”. (Ver ‘La red patrimonial del congresista que gana un sol’).

En el caso de las contrataciones del consorcio de los Acuña, el año con montos más altos fue 2014. Ese año, la universidad César Vallejo contrató con 31 entidades públicas y recibió más de 2 millones 55 mil 509 soles por capacitaciones en auditoría a funcionarios del Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero (Indesta) de la Sunat como consta en las órdenes de servicios a los que accedió Convoca.pe. Cuatro ex funcionarios de Indesta son investigados por la Procuraduría Anticorrupción por el presunto delito de negociación incompatible. Es decir, por buscar un beneficio propio o de un tercero en una contratación pública. Christian Salas, procurador anticorrupción que inició las investigaciones por este caso, aseguró en unaentrevista televisiva que en el proceso se debió recibir propuestas de varios proveedores para elegir la mejor opción.

Richard y César Acuña son los principales financistas de la campaña de APP. Foto: Andina.  

La investigación incluye al ex director de Indesta, Luis Felipe Polo Gálvez, al ex jefe de subdirección académica de esta entidad y egresado de la Universidad César Vallejo, David Aliaga Correa; y a dos ex jefes de la División Académica de Indesta: Alvaro Carlos Flores Llamas y Elizabeth Cecilia Ponce Muñante.

Como en el caso de Luna Gálvez, fundador del consorcio Telesup, César Acuña, su familia y sus empresas son los principales financistas de Alianza para el Progreso. Entre 2005 y 2015, aportaron más de 8 millones de soles, de los cuales más de un millón 836 mil soles fueron entregados por César Acuña y por encima de 3 millones 364 mil soles a nombre de sus compañías. Tanto Luna Gálvez como Acuña Peralta aseguran que no viven de la política sino del dinero que producen sus empresas. Y sus empresas, como hoy se sabe, también se alimentan de los recursos del Estado.

*Con la colaboración de Andy Livise y Diego Alva Patiño en la construcción del registro de datos públicos.