El caso Cayara no fue calificado como delito de lesa humanidad por la Tercera Sala Penal Superior Nacional, como figura en documentos a los que Convoca tuvo acceso. Los jueces aplicaron la Ley 32107 de prescripción para delitos de crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002 aprobada por el Congreso peruano y promulgada bajo el gobierno de Dina Boluarte, que permitirá beneficiar a militares condenados por delitos de violación de derechos humanos y a partir del 2032 serían exculpados. Esto ocurrió luego de que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi ingresara a la sala del proceso judicial y diera una serie de declaraciones respecto al caso en medios de comunicación.

El expediente 00049-2005-995-5001-JR-PE-04 de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria cita “no corresponde la calificación de “lesa humanidad” para los hechos imputados en presente caso, en con los fundamentos 208 y 211 del Pleno”. 

Expediente 00049-2005-995-5001-JR-PE-04 de la Tercera Sala Pena Superior Nacional Liquidadora Transitoria

En esos días, Rospigliosi escribió una columna en el diario Expreso en la que sostuvo: “Les atribuyen el delito de lesa humanidad, que no existía en las décadas de 1980 y 1990, y los persiguen, procesan y encarcelan abusivamente. La Ley 32107 de lesa humanidad, vigente y ratificada por el Tribunal Constitucional, no es aplicada hasta ahora por jueces y fiscales politizados, prevaricadores y corruptos”. 

Expediente 00049-2005-995-5001-JR-PE-04 de la Tercera Sala Pena Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Ese mismo criterio aplicaron los jueces de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, aunque, como aseguró Glori Cano, abogada de las víctimas, “en la primera sentencia sí se calificó como un delito de lesa humanidad y la Fiscalía lo presentó como un delito de lesa humanidad”.

Rospigliosi ha continuado haciendo declaraciones en contra de jueces y fiscales

En enero, Fernando Rospigliosi junto a los congresistas José Cueto y María Elena Moyano irrumpieron en la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que escuchaba a testigos de la matanza cometida por militares en Cayara (Ayacucho) durante el conflicto armado interno. Nunca antes un presidente del Congreso había intervenido de esa forma en un proceso judicial en curso.

Frente a ello, los familiares de las víctimas han presentado una denuncia contra Fernando Rospigliosi por ejercer violencia contra los jueces y están a la espera que el Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, inicie la investigación fiscal contra el presidente del Congreso.

“Fernando Rospigliosi si influyó en la decisión de los jueces del caso Cayara, quienes no calificaron el caso como delito de lesa humanidad”, aseguró Gloria Cano, abogada de las víctimas, quien conversó con Convoca. 

La abogada de las víctimas como una amenaza y una intervención directa en el sistema de justicia, las declaraciones de Fernando Rospiglosi. Aunque el proceso continúa, Cano advirtió un riesgo elevado de impunidad. Algunos de los implicados permanecen no habidos y el juicio podría extenderse más allá del 2032, lo que abriría la puerta a que los acusados queden libres. Muchos de los culpables, además, se encuentran prófugos y la justicia no los busca.

Para Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la situación es grave. “El presidente del Congreso está cometiendo actos delictivos de manera constante y con total impunidad. Sus declaraciones y publicaciones constituyen amenazas y ataques directos contra jueces que tienen a su cargo casos como el de la masacre de Cayara”, afirmó a Convoca.

Pariona considera que Rospigliosi actúa como vocero de la bancada militar, cuyo objetivo político, señala, es revertir los avances del sistema de justicia en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

Gloria Cano también identificó antecedentes que apuntan a un intento de favorecer a los responsables. Los exmilitares Gino Espejo Lamas y Alejandro Avendaño Dávila, procesados por los crímenes cometidos contra la población de Cayara, presentaron escritos ante la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora solicitando la aplicación de la Ley 32419, de Amnistía para delitos de lesa humanidad. Ambos piden que se declare la extinción de la acción penal y el archivo definitivo del proceso.

“He defendido y seguiré defendiendo las leyes aprobadas por el Congreso frente a magistrados politizados que se niegan a cumplirlas”, declaró Rospigliosi en referencia a la norma que busca la prescripción de delitos de lesa humanidad.

El exprocurador anticorrupción Yván Montoya señaló a Convoca.pe que no se trató de una exhortación genérica, sino de una advertencia directa dirigida a una sala judicial específica, con el anuncio de posibles sanciones si no se aplicaba la ley de amnistía. “Eso es gravísimo. Constituye una presunción de delito y podría acarrear hasta ocho años de prisión. El fiscal de la Nación debió iniciar una investigación de inmediato”, sostuvo.

Montoya recordó, además, que el caso Cayara involucra ejecuciones extrajudiciales de civiles, entre ellos niños y mujeres, y que se trata de uno de los procesos más emblemáticos por violaciones a los derechos humanos en el país.

¿Cómo va el proceso del caso Cayara?

Foto: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

La masacre de Cayara es uno de los episodios más emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos en el Perú. Entre mayo de 1988 y septiembre de 1989, alrededor de 40 campesinos fueron asesinados en el distrito de Cayara, en Ayacucho, en el contexto del conflicto armado interno, durante el primer gobierno de Alan García. Los hechos están vinculados a operativos militares realizados tras una emboscada de Sendero Luminoso.

Gloria Cano explicó a Convoca que actualmente existen dos procesos judiciales abiertos. El primero se encuentra en la Corte Suprema, donde en 2023 se dictaron condenas contra 16 o 17 implicados y está pendiente la confirmación de esas sentencias. En ese expediente también se han presentado pedidos de prescripción y de aplicación de leyes de amnistía. La audiencia de revisión está programada para el 8 de abril.
El segundo proceso se tramita en la Tercera Sala Penal y se encuentra en etapa de juicio oral. Este expediente involucra a dos exmilitares que permanecieron prófugos durante años y fueron capturados recientemente, entre ellos un oficial señalado como jefe de una patrulla militar implicada en los hechos.

Lo grave, es que el Estado no ha capturado a la totalidad de los militares que tuvieron responsabilidad en esos hechos. “Son varias las personas condenadas y que no son buscadas por la policía como el general Valdivia Dueñas”, aseguró Gloria Cano.

Ley para exculpar a policías

El 31 de octubre de 2025, Fernando Rospigliosi presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el Proyecto de Ley 13048/2025-CR, que propone “eximir de responsabilidad penal a miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que actúen en defensa del Estado y la ciudadanía”. Organizaciones de derechos humanos han llamando la atención sobre esta propuesta, en un contexto de denuncias de ataques, disparos y violencia contra ciudadanos que se movilizan y protestan.

La iniciativa se encuentra en comisión pero preocupa a organizaciones de derechos humanos

Para Tania Pariona, esta iniciativa no solo debilita la lucha contra la impunidad y la corrupción, sino que busca legalizar la impunidad frente a violaciones de derechos humanos y avalar el uso de la violencia estatal.
Hasta el momento, ningún policía ha sido procesado por los ataques y asesinatos cometidos contra ciudadanos que se manifestaron contra el Gobierno de Dina Boluarte. Incluso los casos que estaban siendo investigados por el equipo especial de fiscales se encuentran en riesgo tras su desactivación.

“La policía que vulnera derechos humanos debe ser investigada, procesada y sancionada si se comprueba responsabilidad. En la lógica del congresista Rospigliosi, si un policía te golpea, te deja herido o te mata durante una protesta, no ocurre nada por el solo hecho de ser policía”, afirmó Pariona a Convoca.pe.