Los líderes de los gremios de transporte de carga han denunciado que la crisis de seguridad tiene varios focos activos de asalto y extorsión que afectan gravemente al sector en distintas regiones del Perú. En entrevista con Convoca, los dirigentes reportaron actividad criminal en la Panamericana Sur, en otras zonas de la costa, en el puerto del Callao y en el norte, donde los transportistas de carga se enfrentan a las extorsiones.

Según los datos nacionales del Ministerio Público, la delincuencia en el sector transporte ha aumentado: en 2024, las extorsiones sumaron 22,835 casos, casi cinco veces más que en 2021. La tendencia se agravó en 2025, con más de 40,000 robos y 30,000 extorsiones hasta septiembre último. Hay un promedio alarmante de un ataque cada 20 minutos focalizado en la región norteña La Libertad y distritos limeños como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador.

Según los datos nacionales del Ministerio Público, la delincuencia en el sector transporte ha aumentado - Fuente: Andina

Asaltos en el sur

La inseguridad en las carreteras peruanas ha llegado a un punto crítico para los transportistas de carga. Su presidente, Edwin Canales Pérez, explica que los choferes enfrentan asaltos casi diarios en las principales rutas del sur, especialmente en el tramo Pisco–Cañete de la Panamericana Sur.

Según Canales, la falta de protección es resultado de una falla sistémica y de una corrupción “enquistada en todos los poderes del Estado”. El dirigente describe que la amenaza más común es la modalidad de los “patinadores”, que son grupos de delincuentes que logran subirse a los camiones en movimiento para robar pertenencias o parte de la carga. Esta práctica, que ocurre con frecuencia, pone en riesgo permanente a los conductores.

Edwin Canales, presidente del gremio de transportistas de carga - Composición: Convoca.pe

Los transportistas, asegura Canales, se ven obligados a manejar con miedo constante, atentos a cualquier movimiento extraño en la vía. “Sufrimos asaltos casi todos los días”, señala el dirigente, quien advierte que esta situación ya supera la capacidad de respuesta del sector y requiere una intervención urgente de las autoridades.

El dirigente lamentó que las denuncias formales ante las comisarías no han servido de nada. "Hemos puesto algunas quejas en la comisaría, como la de Cañete, pero la verdad es que poco o nada han hecho al respecto", enfatizó. Esta situación alimenta la desconfianza en la Policía.

Los robos de carga generan pérdidas de "hasta US $290 millones anuales" en el Perú, según la empresa privada de seguridad Sentrix Esta cifra afecta a un sector de dimensiones masivas, pues el país posee una flota de más de 300,000 unidades de carga, tanto formales como informales.

Robos en el puerto

La presidenta de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones (UNT Callao), Teresa Campos Ayala, indicó que su sector enfrenta asaltos y hostigamientos diarios, especialmente en la zona del puerto, aunque consideró que no de la misma forma que el transporte urbano.

Campos señaló que los asaltos se repiten "todos los días". El modus operandi se concentra en las colas del puerto, donde la "delincuencia" se aprovecha de los camiones parados. Estos delincuentes hostigan a los transportistas para robarles los teléfonos o exigirles dinero. La amenaza es directa; si los choferes se niegan a ceder, los criminales "quieren romper las lunas" de los camiones para causarles problemas.

La presidenta de la UNT Callao, Teresa Campos Ayala, expresó una decepción sobre las reuniones que su gremio mantiene con la Policía Nacional del Perú (PNP), a pesar de que ellos mismos solicitan estos encuentros. Campos Ayala indicó que, si bien se reúnen constantemente —la última fue "ayer" en la Comisaría de Alipio Ponce—, no hay resultados concretos. La dirigente criticó que en estos diálogos "hay ofrecimientos, pero al final quedan en palabras no más", lo que refuerza la sensación de abandono e ineficacia policial.

La UNT Callao no participó en el paro de transporte urbano, pero asegura que sus miembros están listos para defenderse si las extorsiones se dirigen a su sector.

Los gremios del transporte de carga tienen posturas distintas sobre la ola de criminalidad: Edwin Canales alerta que el problema de la inseguridad ya salió del ámbito urbano, mientras que Bruno Aberasturi Seoane, presidente de la Asociación de Transporte Terrestre de Carga (ANATECA), fue enfático en desvincular a su sector de las extorsiones; Aberasturi señaló que su organización no irá a paro y que mantiene mesas de trabajo con el Ministerio del Interior y la Policía para tratar otros problemas como el contrabando de combustible en las fronteras.

Convoca.pe solicitó una entrevista a la Policía Nacional sobre la crisis de extorsiones en el sector transporte. La institución declinó la petición, argumentando tener la agenda "totalmente recargada" debido a la vigencia del Estado de emergencia.

Gremios del transporte de carga tienen posturas distintas sobre la ola de criminalidad - Fuente: Andina

La nueva ruta: de dirigentes a candidatos

Ante la ineficacia del Estado, algunos dirigentes han concluido que la única forma de obtener soluciones es participando directamente en la política. Esto ha provocado que líderes de los gremios de transporte de carga y urbano pidan licencia para postular a cargos públicos.

Javier Marchese, expresidente de la Unidad Nacional de Transportistas de Carga (UNT), solicitó licencia para postular al Senado tras concluir que los paros ya no funcionan. Para el dirigente, la única solución es obtener representación política directa. “Tenemos que entrar al gobierno, poner senadores y diputados, no tenemos otra forma", enfatizó.

Esta misma ruta la sigue Javier Corrales, expresidente del Frente Nacional de Transportistas de Carga, quien también postula como diputado.

A esta decisión se suma el dirigente de transporte público Martín Valeriano, exrepresentante de ANITRA (Asociación Nacional de Integración de Transportistas), quien también pidió licencia para postularse como candidato a diputado en las elecciones de 2026.

El modo de operar en Trujillo

Javier Marchese afirmó que la extorsión a los transportistas de carga pesada ya ha comenzado a operar en el norte del país, específicamente en Trujillo. Este modus operandi se aprovecha de la ruta; los extorsionadores actúan en la carretera porque los camiones están "más vulnerables" y "no hay ni quien los auxilie".

El ataque apunta a los propietarios de las empresas. Para defenderse, el conductor intenta desviar la amenaza diciéndole al criminal: "yo soy chófer, yo no soy dueño, yo no tengo". Esto evidencia que el delito ha escalado a un esquema organizado que busca obtener dinero directamente de las compañías de transporte.

El exdirigente del Frente Nacional de Transportistas, Javier Corrales, utilizó la situación en la frontera de Zarumilla (Perú-Ecuador) como el ejemplo principal para argumentar que la raíz de la inseguridad en las rutas es la migración ilegal facilitada por la corrupción policial. 

Ante este descontrol, el exdirigente propuso a los altos mandos policiales un "resguardo, así, total" en cada frontera del país, para que los migrantes no pudieran ingresar sin documentos. Corrales lamentó que, a pesar de los "millones de soles que el Estado gasta" en seguridad, su propuesta fue desestimada y la Policía no tomó acción.

El Estado no tiene un presupuesto específico para prevenir la criminalidad que afecta a los transportistas de carga. Lo que existe es un presupuesto de Orden Público y Seguridad, aprobado por el Congreso de la República para 2025 con S/ 15 532 millones, y que es ejecutado por la Policía para combatir extorsiones y el crimen organizado que afecta a los choferes del sector transporte en general.

El exdirigente Martín Valeriano informó a Convoca que la extorsión ha crecido a tal nivel que “casi todos están sometidos en Lima” a bandas criminales que exigen pagos por cada vehículo. Explicó que estas organizaciones operan de manera estructurada; una sola banda puede dividirse en “dos o cuatro grupos” para cobrar distintos cupos. Ahora “matan primero para luego cobrar”, agregó.

Las tarifas impuestas incluyen cuotas de hasta 10 soles diarios por unidad, lo que evidencia un sistema de extorsión extendido y altamente organizado.

El paro como ultimátum y cambios legales

Debido a que la ola criminal y la extorsión se han "agravado" en el país. El representante de Transportistas Unidos, Martín Ojeda, anunció que el gremio de transportistas de servicio público de Lima evaluará un paro nacional de 48 horas entre el 15 y 17 de diciembre. Esta medida se debe al aumento de ataques e incendios contra empresas formales en Lima y Callao. 

Ojeda denunció que al menos cinco empresas han sido víctimas de incendios provocados (que destruyeron más de 25 unidades) y que estos ataques violentos ocurrieron, en la mayoría de los casos, tras recibir cartas extorsivas. El dirigente lamentó que las autoridades sean ineficaces y advirtió que la paralización afectaría a unos 14 millones de viajes diarios.

En esa línea —un problema que Edwin Canales, representante del Frente Nacional de Transportistas de Carga, vincula a las llamadas "leyes pro crímenes" aprobadas en el Congreso—, los transportistas del gremio han optado por la protesta.

El gremio está colaborando con el Colegio de Abogados de Lima (CAL) para impulsar la eliminación de esas leyes que, según Canales, están favoreciendo a los criminales.

Ante esta alarmante falta de protección, el gremio de transporte de carga también anunció medidas drásticas. Canales confirmó que se está llamando a un "paro macrorregional" junto a los transportistas de Huancavelica y Andahuaylas. Esta protesta masiva, que se planifica realizada en diciembre, busca no solo exigir una respuesta efectiva a la ola de asaltos y extorsiones en el sector, sino también reclamar por el grave estado de abandono de carreteras importantes, como la reconstrucción de la vía Los Libertadores, que se ha convertido en una zona de alto riesgo. 

"La protesta [el paro macrorregional] es la única forma que nos queda para forzar al Estado a actuar y garantizar que los transportistas puedan trabajar sin el riesgo constante de ser víctimas de la delincuencia organizada y el abandono de las vías", puntualizó el dirigente.