Desde su promulgación en el año 2014 la ley 30230, conocida como el "Paquetazo Ambiental" dejó consecuencias que siguen afectando al Perú. Una investigación de Convoca.pe revela cómo esta normativa permitió que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) perdonara multas millonarias por daños al medioambiente. Luego de analizar cientos de documentos oficiales, resoluciones e informes, se logró identificar que el Estado peruano dejó de percibir S/ 70.6 millones (más de US $18.6 millones) de empresas mineras y petroleras, a cambio de imponer medidas correctivas que no se han cumplido.

Pese a la exoneración de las multas, las compañías omitieron realizar las remediaciones ambientales exigidas por OEFA. Ante el incumplimiento, se les impusieron nuevas sanciones económicas, que tampoco han sido pagadas. Esto refleja una tendencia histórica de impunidad en la relación entre el Estado peruano y las industrias extractivas. A una década de la entrada en vigor de esta ley, el monto perdonado supera los S/ 60 millones, una cifra que continúa en ascenso. Además, algunas empresas han recurrido a procesos de insolvencia para evitar el pago de sus deudas ambientales. Mineras como Comarsa, San Simón y El Rosario de Belén, con millonarios ingresos por exportaciones, han utilizado la quiebra como estrategia legal para evadir sanciones.

Casos emblemáticos como los de San Simón, propiedad de la familia Sánchez Paredes, investigada por lavado de activos, y Comarsa, también vinculada a este grupo, evidencian cómo las leyes favorecieron sus intereses financieros. Por su parte, Volcan, actualmente gestionada por Integra Capital, fue exonerada de cerca de S/ 5 millones a pesar de incumplir 20 medidas ambientales correctivas.

Mientras el daño ambiental perjudica la vida de personas que se han visto afectadas por "El negocio de la impunidad ambiental".  En este episodio de Convoca Radio,  les contamos cómo las leyes permitieron que empresas mineras y petroleras vivan en impunidad sin que el Estado pueda tomar acciones.