La empresa de fachada Ammarin Investment, a través de la cual el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera recibió 900 mil dólares de parte Odebrecht, estuvo activa durante siete años y seis meses, de acuerdo con documentación oficial de Panamá a la que accedió Convoca.pe. Es decir, en ese lapso de tiempo estuvo habilitada para realizar todo tipo de operaciones en el sistema comercial, bancario o financiero.  

Esta compañía fue constituida en la capital panameña el 13 de setiembre de 2007 por el bufete Soberón y Asociados con un capital social de 10 mil dólares, un año después de que Alan García asumiera su segunda gestión como presidente de la República. La cuenta en la Banca Privada d'Andorra (BPA) en la que se depositó la suma de dinero a Atala —mediante la offshore Klienfeld (Odebrecht)— se abrió el 16 de octubre de 2007, tal como dio cuenta ayer el diario español El País.

Y el 26 de marzo 2015, los panameños del estudio de abogados que figuraban como directivos en Ammarin Investment formalizaron su renuncia a sus cargos, según Registros Públicos del país centroamericano. Unas semanas antes, el 6 de marzo, la Corte Suprema de Brasil había anunciado el inicio de investigaciones a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y a otros 32 políticos brasileños en funciones relacionados con el megacaso Lava Jato.

Documento que consigna renuncia de directivos nominales de la offshore panameña utilizada para pagar a Miguel Atala. 

Miguel Atala fue funcionario de Petroperú entre agosto de 2008 y agosto de 2011, es decir durante el gobierno de Alan García. Ambos formaron parte de la directiva de la Asociación Democracia Social, junto a Luis Nava, ex secretario general del ex mandatario. 

Cabe anotar que entre 2010 y 2014, el ex alto funcionario adquirió junto a su esposa María del Carmen Seyán unos diez inmuebles por más de 5 millones de dólares, según reportó hoy El Comercio.

Atala viajó a Estados Unidos el 20 de julio último. Convoca.pe halló que en esta nación norteamericana existen registradas a su nombre cuatro compañías y una propiedad en Miami, Florida, valorizada en 519 mil dólares.

La supervisora de Odebrecht

El mencionado periódico español también publicó sobre transferencias de al menos 250 mil dólares por parte de la constructora brasileña a Jorge Peñaranda Castañeda, máximo directivo de la firma peruana Alpha Consult, que supervisó varias de las obras adjudicadas en Perú a Odebrecht y a otras firmas de Brasil que ahora están bajo investigación en el Ministerio Público.

En documentos bancarios de Andorra, país ubicado al lado de España, figura que el pago a Peñaranda se efectuó a través de la empresa Randalee Investments. De acuerdo con Registros Públicos de Panamá, esta offshore fue creada el 15 de enero de 2010 por el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee con un capital social de 10 mil dólares. Es decir, también durante el periodo presidencial de Alan García.

En ese momento, Alpha Consult era parte del consorcio Vial Sur y realizaba labores de supervisión a la carretera Interoceánica Sur (tramo 2) —según información de Ositran—, cuya construcción estuvo a cargo de Odebrecht y las peruanas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, Ingenieros Civiles y Contratistas. Como se sabe, la firma brasileña reconoció haber pagado 20 millones de dólares en sobornos por esta obra al ex mandatario Alejandro Toledo.

Acta de constitución de la empresa de fachada panameña mediante la cual se hizo transferencias a Jorge Peñaranda, de Alpha Consult.  

Randalee Investments estuvo activa hasta el 3 de marzo de 2017, fecha en que los directores de esta sociedad mercantil formalizaron su renuncia ante la Notaría Pública Quinta de Panamá. Dos semanas después, el 20 de marzo, Juan Carlos Zevallos, ex jefe de Ositran (designado en la gestión presidencial de Alan García), era arrestado por recibir coimas por 780 mil dólares de parte de Odebrecht.

Ver: 'Los nexos ocultos de la supervisora de obras de Odebrecht'

Otros indicios

Las otras compañías de fachada referidas en la documentación interna de la entidad bancaria de Andorra son Relton Holding y Maxcrane Finance, inscritas por el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee.

Al lado de la anotación sobre Relton Holding aparece el nombre de "Gabriel Parado Ramos (Perú)", que aludiría a Gabriel Prado Ramos, ex funcionario de la Municipalidad de Lima durante la administración Susana Villarán, quien fue alcaldesa entre 2011 y 2014.

Esta empresa se fundó en Panamá el 11 de junio de 2013 con un capital social de 10 mil dólares, tres meses luego de que se efectuara el proceso de revocatoria para destituir a Villarán de la alcaldía. Como se recuerda, ella fue ratificada y terminó su gestión completa.

Prado fue gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima de 2011 a 2013. Después, estuvo a cargo de la Empresa Municipal Administradora de Peajes (EMAPE) entre enero y febrero de 2013, cargo al cual renunció debido a la difusión de un reportaje televisivo en el que se daba cuenta de posibles irregularidades en la adquisición de accesorios y vehículos motorizados para el Serenazgo de Lima.

Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán. Foto: Andina

Los directores nominales de Relton Holding renunciaron el 5 de diciembre del 2016.

Convoca.pe intentó recoger la versión de Gabriel Prado, pero no fue posible obtener su respuesta vía telefónica.

Ver: 'Aparece pago de Odebrecht relacionado a concesión Rutas de Lima'

En tanto que Maxcrane Finance, aparentemente relacionada a un pago de 435 mil dólares al exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) Horacio Cánepa, fue constituida en Panamá el 29 de noviembre de 2012 con un capital social de 10 mil dólares, cuando en Perú diversas obras otorgadas a Odebrecht estaban en proceso de construcción, varias de las cuales tuvieron millonarios sobrecostos. Cánepa emitió 17 laudos favorables a la constructora brasileña en arbitrajes contra el Estado por diferentes adjudicaciones. 

Esta offshore panameña estuvo activa hasta el 11 de mayo del 2015, momento en que sus directivos nominales renunciaron.

Actualización: 21 de setiembre de 2017

El abogado del ex funcionario Miguel Atala, Julio Rodríguez, alegó hoy que la transferencia de 900 mil dólares de parte de la empresa brasileña a su patrocinado fue por "la venta de un terreno en El Agustino (Lima) que Odebrecht le compró para una operación de construcción". Aseguró —en declaraciones a Radioprogramas— que la transacción comercial fue regular y que se realizó cuando Atala no tenía un cargo público.

El defensor legal sostuvo, además, que el ex vicepresidente de Petro-Perú ya fue investigado en 2010 en el Ministerio Público, por lavado de activos, y que la pesquisa fue archivada. Negó que su cliente tenga propiedades por más de 5 millones de dólares, como publicó ayer un diario local.