Es falso que el informe de la CIDH no afirme que hubo violaciones de derechos humanos, como dijo Dina Boluarte

La presidenta de la República Dina Boluarte afirmó el último miércoles que en el Informe presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se menciona explícitamente que se hayan cometido violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas ciudadanas de los últimos meses. En conferencia de prensa, la jefa de Estado manifestó que el informe se refirió a estos casos solo en "carácter condicional". Convoca Verifica revisó la veracidad de la afirmación y concluyó que es falsa.

"El informe [de la CIDH] no afirma que hubo violaciones de derechos humanos. Dice, en el carácter condicional, "habría" y eso se va a investigar. ¿Y quién lo va a investigar? El Ministerio Público", fueron las palabras de Boluarte. Sin embargo, el Informe de la CIDH sí menciona explícitamente que "se registraron graves violaciones de derechos humanos" en el caso de Ayacucho. El punto 290 del documento insta, además, a que estos hechos sean investigados con la "debida diligencia y con un enfoque étnico-racial". 

Esta fue una de las conclusiones del Informe. Fuente: Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales (CIDH).

Como se recuerda, la CIDH realizó una visita de trabajo al Perú entre los días 11 y 13 de enero de 2023. En ese período una delegación del organismo internacional se propuso investigar los hechos sucedidos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 en el Perú. Su objetivo fue recoger las versiones y descargos de los actores involucrados en el contexto de la crisis desatada luego del golpe de Estado de Pedro Castillo y la posterior asunción de Dina Boluarte.

Tras haber concluido su labor de investigación, la CIDH presentó el miércoles por la mañana el informe titulado "Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales". En él, la Comisión condena "enérgicamente el uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del Estado peruano" (p. 59, punto 160). 

También menciona que al ser los militares y policías los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos, “las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales" y que el conjunto de homicidios “podrían calificarse como una masacre" (p. 59, punto 158; p. 101, punto 290).

Si bien la CIDH usa el modo condicional en estas últimas frases ("podría"), que son temas sobre los que insta a la Fiscalía a investigar, cuando se expresa acerca de la existencia de violaciones de derechos humanos y de la responsabilidad del Estado su lenguaje es certero.

En más de una ocasión afirma sin condicionales que los disparos dirigidos a órganos vitales fueron “perpetrados por agentes del Estado”. Y, del mismo modo, aunque el Informe tiene una sección titulada "Presuntas violaciones de Derechos Humanos", en el propio texto y en las conclusiones la CIDH deja de usar la palabra “presuntas” y asevera que estas sí sucedieron.

Velorio colectivo de personas fallecidas durante las protestas en Juliaca. Fuente: EFE/ Stringer.

Para el abogado especialista en derechos humanos del IDL, Carlos Rivera, el documento presentado por la CIDH no abunda en evidencia forense como el que presentó la ONG Human Rights Watch el pasado abril. Por su parte, considera que este informe tiene un corte más político, pero que, a la vez, da cuenta de que en el contexto de las protestas se han violado normas del derecho internacional. 

"Que la presidenta diga que no le parece que [el informe] diga lo que sí dice, es un hecho del que esta Comisión tomará nota", advierte Rivera. En este sentido, el especialista afirma que cuando las víctimas acudan "a presentar un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta va a tener ya una posición más o menos definida y en consecuencia eso podría generar que la tramitación del caso y la denuncia del caso (...) sea mucho más efectiva”. 

Rivera también explica que la CIDH es un órgano que surge de un tratado internacional del cual el Perú es parte activa y, por lo tanto, está obligado a dar cumplimiento a las recomendaciones o conclusiones a las que su informe haya llegado. Además, anota que, si el Estado peruano no cumple o desconoce lo dicho en el documento presentado por la CIDH, la Comisión va a mantener un proceso de supervisión y las víctimas tendrían el derecho de proceder en acciones legales contra el Estado peruano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para lo cual es competente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En virtud a lo expuesto, Convoca Verifica califica como falsa la afirmación de la presidenta Dina Boluarte respecto a que el Informe de la CIDH sobre el contexto de las protestas sociales en el Perú "no afirma que hubo violaciones de derechos humanos".