Son las 11 de la mañana del 9 de setiembre de 2014. Es un día frío y con llovizna en Lima, pero en una pequeña oficina de OEFA en la que apenas cabe una mesa, un podio y seis personas reunidas, la temperatura se eleva a puertas cerradas. Está en juego una de las pocas multas más altas que ha impuesto a lo largo de cuatro años esta institución por potenciales daños a ríos, lagunas y suelos.

El caso es especial por donde se le mire.

Los abogados Adán Quiñones Quiñones y Jorge Granados Velarde-Álvarez solicitaron esa mañana a los miembros del Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA, organismo regulador que depende del Ministerio del Ambiente, que se archive una multa de 536.68 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a más de 700 mil dólares contra la compañía minera con más infracciones ambientales en el Perú y faltas repetidas a todo nivel: Volcan, la cuarta productora de zinc y plata en el mundo (Ver "El Círculo Minero de la Infracción").

Ese día, un oficioso Quiñones y un experimentado Granados expusieron en quince minutos sus descargos para convencer al Tribunal, la última instancia en OEFA, que no ratifique la multa que impuso la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación el 29 de abril de 2014 mediante la resolución Nº 242-2014-OEFA/DFSAI.

La sanción se debió a 19 infracciones “graves y muy graves”. En la resolución se determinó que los efluentes de las operaciones de Volcan, superaron once veces los límites máximos permitidos de diversos agentes contaminantes que desembocaron en el río San Juan, según el análisis del laboratorio de SGS.

En el caso del arsénico, considerado altamente cancerígeno para el ser humano, se excedió en 86 por ciento, mientras que las cantidades de zinc que afecta gravemente al sistema nervioso de acuerdo a los microbiólogos consultados, superaron la valla en 3000 por ciento.

La compañía tampoco tomó medidas de prevención para evitar el deslizamiento de desechos mineros almacenados en el depósito Rumiallana que terminó contaminando un bofedal. Volcan permitió la filtración de aguas ácidas en el subsuelo del tajo Raúl Rojas ubicado en el corazón de Cerro de Pasco, descargó aguas ácidas sin tratamiento al canal de desagüe de la ciudad que desemboca en el río San Juan y, entre otras irregularidades, echó sin permiso residuos sólidos al relleno temporal de la Municipalidad, en donde se encontró a familias y niños recolectores expuestos a la contaminación, como consta en el informe de la supervisión de abril de 2010 que dio origen al proceso sancionador.

Cuatro años y cinco meses más tarde, las evidencias de las faltas cometidas por Volcan estuvieron sobre la mesa aquella mañana del 9 de setiembre de 2014 frente al Tribunal de OEFA, la última instancia sancionadora en la vía administrativa. Sin embargo, dos meses después del informe oral de los abogados de Volcan, ésta logró archivar las multas impuestas. ¿Cómo lo consiguió? 

Entre lo público y privado

A pesar de las graves infracciones detectadas, el abogado Adán Quiñones alegó que OEFA debía probar el daño real porque consideraba que la resolución era “una norma sancionadora en blanco” que no definía de “manera clara y cierta” las infracciones de su defendida. En el vídeo del informe oral, Quiñones se mostró lo suficientemente diligente ese día para representar los intereses de Volcan, luego de brindar servicios entre febrero y mayo de 2013 para la institución a la que ese día se enfrentó: OEFA.

Quiñones reconoció a Convoca que defendió a Volcan y prestó servicios como abogado a OEFA pero consideró que esto no representaba algún conflicto de interés porque a pesar que en la orden de servicios del organismo regulador aparece que le encomendaron elaborar "informes técnicos acusatorios de supervisión del subsector hidrocarburos", él prefirió sostener que esto no representaba que estuviera "subordinado a la institución".

En el expediente Nº 057-10-MA/E del caso que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) entregó a OEFA cuando asumió sus funciones de fiscalización ambiental en 2010, no se encontró el informe de la cadena de custodia que detallaba la toma de muestras contaminantes realizada por un consorcio de cinco empresas, entre las que figuraba Shesa Consulting S.A y Emaimehsur S.R.L. Cuando Osinergmin estaba a cargo de la supervisión ambiental, contrataba principalmente a consultoras externas para que realicen estas visitas de campo que eran financiadas de manera directa por las compañías mineras según el tiempo invertido por los inspectores, los gastos operativos y de laboratorio que ameritaba la fiscalización.

Debido a que el expediente del caso no tenía estos documentos, la Secretaría Técnica del Tribunal los solicitó a Shesa Consulting.S.A., una de las empresas miembro del consorcio supervisor. En una carta del 6 de octubre de 2014, la gerencia general de la supervisora respondió que "los informes de ensayo y cadenas de custodia correspondiente al monitoreo de los efluentes minero metalúrgicos" no podían ser recuperados "ni en físico ni digital" ya que solo conservaban la documentación de los "tres últimos años". El laboratorio SGS, que se encargó de analizar las muestras, respondió ese mismo mes que tampoco era posible enviar al Tribunal estos documentos que dieron origen al informe de ensayo de las tomas porque ya no se encontraban en sus archivos debido al tiempo transcurrido. 

Volcan sustentó su defensa precisamente en esta ausencia de documentos, lo que derivó en el archivamiento del 98 por ciento de la multa, 18 de las 19 infracciones detectadas. En el registro de infractores del organismo regulador aún aparece una multa de 78.69 UIT por un error de tipeo según admitieron en las oficinas del Tribunal de OEFA, lo real es que solo se impuso a la empresa 8.69 UIT de multa (equivalente a unos 11 mil dólares) de 545.27 UIT que era la sanción económica inicial, como consta en las resoluciones de sanción. Debido a la ausencia de la cadena de custodia en el expediente, el Estado dejó de cobrar más de 2 millones de soles (700 mil dólares). 

Pero esta negligencia no es lo único que revela las debilidades del sistema de fiscalización en los últimos años.

Luis Delgado Barriga, repesentante legal de la consultora Emaimehsur S.R.L que forma parte del consorcio supervisor, fue uno de los dos ingenieros que recogió las evidencias de las infracciones de Volcan en la supervisión del 25 y 26 de marzo de 2010 que realizó como empresa contratada por Osinergmin, que estaba a cargo de la fiscalización ambiental. Delgado Barriga conoció de cerca el comportamiento de esta minera no solo por sus servicios de supervisor profesional sino por un vínculo familiar hasta ahora desconocido. El ingeniero metalúrgico es hermano de Jesús Delgado Barriga, quien fue jefe del programa de seguridad e higiene minera de Volcan entre abril de 2005 y octubre de 2009. A pesar que la supervisión se realizó seis meses después que Jesús Delgado dejara el cargo en Volcan, Emaimehsur S.R.L ya había inspeccionado a la minera entre 2007 y 2009 hasta en doce oportunidades.

Pero la historia de los hermanos Delgado Barriga no se quedó en el pasado. Ambos figurancomo especialistas calificados para realizar supervisiones en la web de OEFA.

Gobernador minero

En la supervisión a Volcan de este controversial archivamiento de la multa, aparece un personaje público que merece ser mencionado en la historia por el cargo actual que desempeña: Teódulo Quispe Huertas, actual gobernador regional de Pasco, donde Volcan realiza sus principales operaciones.

Quispe Huertas fue gerente de operaciones de Volcan durante la supervisión a esta empresa en las que se le detectó estas 19 infracciones graves y muy graves. Fue una de las cuatro personas que firmaron el acta de supervisión en representación de la minera, con fecha 26 de marzo de 2010. Asimismo, en el documento aparece la firma del ingeniero Luis Delgado Barriga de Emaimehsur.

El gobernador de Pasco también se enfrenta a una denuncia de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente por presunto delito de contaminación  agravada. A Quispe se le acusa junto a José Herrera Távara, también ex trabajador de Volcan, de tener responsabilidad en el fallecimiento de un niño por altos niveles de plomo en la sangre debido a la constante actividad minera de Volcan en el distrito de Yanacancha.   

La audiencia para conocer los descargos del gobernador Quispe ya se ha postergado tres veces. La última cita estaba programada para el 5 de mayo pasado pero no fue posible por un cruce de fechas en las agendas de los magistrados del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Pasco.

Elmer Llanto Solís, el fiscal que ha presentado la acusación contra el ex funcionario de Volcan, informó a Convoca que desde hace dos meses esperan el pronunciamiento del juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Pasco, Samuel Cabanillas Catalán, para definir si aprueba el inicio del juicio oral contra Teódulo Quispe. El 5 de junio, Llanto Solís presentó al Juzgado un pedido para que se cumplan los plazos y la investigación no tenga más retrasos.

La experiencia de Quispe Huertas en la gran minería lo ha llevado a la gerencia de operaciones en diferentes compañías: en Milpo pasó 24 años y en Volcan cinco. Siempre en proyectos en Cerro de Pasco. Su último trabajo fue en la Minera San Simón (2012-2013), propiedad de los Sánchez Paredes, familia investigada por narcotráfico.

Aquí una infografía para conocer cómo participaron los personajes de esta historia: