Los archivos que el brasileño Pietro Giavina Bianchi, ex alto directivo y consultor de Camargo Correa, almacenaba en un pendrive (memoria USB) y una carpeta verde incluyen menciones a una obra clave de la compañía en este país que revelan pagos sospechosos, según la investigación de la Policía Federal de Sao Paulo realizada en 2009 y diversas fuentes consultadas.

La obra en la mira es la planta depuradora de agua Bicentenario, que aparece en los archivos de Giavina Bianchi, investigado como el gestor de la “caja 2” de Camargo Correa. Las menciones y documentos fueron analizados por Investiga Lava Jato, integrado por reporteros de Folha de Sao Paulo, Convoca (Perú), Perfil (Argentina) y otros medios de comunicación de América Latina y África.

Las evidencias recogidas durante los allanamientos de la policía brasileña a las oficinas y domicilios de los directivos de Camargo Correa como parte de la operación Castillo de Arena fueron anuladas por el Supremo Tribunal de Justicia en 2011. Sin embargo, es la primera vez que estos archivos salen a la luz en Argentina, lo cual da un giro importante a las acusaciones contra la constructora en este país.

Las tres compañías argentinas socias de Camargo Correa (Esuco, Corporación América y Pescarmona) tienen a sus principales empresarios en la lista de arrepentidos que reconocieron haber pagado coimas o financiado ilegalmente campañas electorales durante los gobiernos kirchneristas.

En documento incautado a Camargo Correa se hace referencia a la única obra pública en Argentina de la constructora brasileña, ubicada en Berazategui.

En mayo último, el juez federal Sebastián Casanello procesó a los representantes de todas las empresas que participaron en las licitaciones de dos plantas de Aysa (la empresa estatal de aguas) en 2008: los consorcios Camargo-Esuco y Odebrecht-Roggio-Cartellone-Supercemento. También procesó a exfuncionarios del kirchnerismo al encontrarlos responsables de un "pacto" para "distribuirse los contratos simulando licitaciones públicas", "modificar las condiciones de contratación" y obtener nuevas obras, que incluyeron el aumento del presupuesto original de los proyectos.

El juez Casanello encontró penalmente responsables a dos ex ejecutivos de Camargo Correa en Argentina, Jaime José Juraszek Junior y Sergio Chividini, así como al empresario Carlos Wagner, de Esuco, la socia local. Los ejecutivos también fueron embargados y tienen prohibida la salida del país.

Carlos Ben, el presidente de la empresa estatal de aguas Aysa durante el kirchnerismo, está procesado por las irregularidades en las obras de Camargo Correa y Odebrecht. El ex funcionario negó haber recibido sobornos, pero no descartó que esto hubiese ocurrido en altas esferas del gobierno y que haya existido la cartelización de obras. Prefirió responsabilizar a las empresas.

Ahora con los documentos de Castillo de Arena, el escenario se complica para Camargo Correa.

Los pagos

En Argentina, Camargo Correa sólo tuvo una obra pública: la planta depuradora Bicentenario de la empresa estatal de aguas, Aysa, en la localidad de Berazategui, en el Gran Buenos Aires. El proyecto comenzó en 2009 y finalizó en 2015. Contó en su inauguración con la presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la planta de Berazategui, la constructora brasileña consiguió que el 40 % del presupuesto de la obra sea financiado por un préstamo del banco brasileño BNDES. El 60 % restante fue construido con fondos del Estado argentino.

La planta ocupa 32 mil metros cuadrados y procesa efluentes cloacales antes de que sean volcados al río. Tiene una capacidad de tratamiento medio de 22 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con los informes oficiales del organismo a los que accedió el diario Perfil, de Argentina.

Camargo Correa y su socia argentina, Esuco, ganaron el contrato de casi 400 millones de pesos a fines de 2008 (unos 118 millones de dólares, según los documentos de Pietro Giavina Bianchi).

Carlos Wagner, directivo de una de las empresas argentinas socias de Camargo Correa, fue detenido el 2 de agosto reciente por el caso de 'los cuadernos de las coimas', en Argentina. Foto: Perfil

Antes de adjudicar la obra, existieron varias modificaciones al presupuesto original, que estaba calculado en 340 millones de pesos. El 17 de enero de 2008, el contrato creció en un 17 %. En uno de los archivos del pendrive de Giavina Bianchi denominado “UN Infra (Infraestructura) Internacional”, el “consultor” anotó un pago de 25 mil dólares con la referencia “Berazategui, Argentina, Alteración presupuesto”.

Pocos días después del primer cambio, el 24 de enero de 2008, Aysa realizó otra modificación: aumentó el porcentaje del adelanto financiero de la obra, que pasó a ser del 10 % del total del contrato, es decir de 40 millones de pesos (unos 12 millones de dólares, de entonces).

Perfil y los periodistas de Investiga Lava Jato preguntaron a Camargo Correa sobre estos montos, pero la constructora brasileña prefirió no responder. También se buscó la versión de Pietro Giavina Bianchi, pero el abogado de la compañía, Celso Vilardi, aseguró que no era posible debido a que el exdirectivo está “muy enfermo”.

En el pendrive de Giavina Bianchi, los policías encontraron la copia de un correo electrónico enviado por uno de los ejecutivos de Camargo Correa en Buenos Aires a la sede de Sao Paulo. El 23 de enero de 2009, Jaime José Juraszek Junior, ejecutivo de la empresa en Argentina, envió un mensaje a su superior, Darcio Brunato, con varios documentos adjuntos.

En el correo, la sucursal argentina confirmaba que el 15 de enero de 2009, su cliente, Aysa, había depositado el adelanto financiero de la obra de Berazategui, equivalente al valor del 10 % del total del contrato. “El valor líquido (sin IVA) es de 12.089.700,20 dólares (comprobantes anexos), fue depositado en la cuenta corriente de nuestro consorcio”, informó Juraszek Junior.

Copia de mensaje electrónico hallado en la memoria USB del brasileño Pietro Giavina Bianchi, ex ejecutivo de Camargo Correa.

El intercambio de mensajes llegó a Pietro Giavina Bianchi, quien imprimió la información y los archivos adjuntos que incluían dos facturas de Aysa para el consorcio Camargo-Esuco. El adelanto se dividió en dos pagos de 30 millones y 10 millones de pesos. Sobre el e-mail impreso, Pietro escribió: “Liberación 499 ARG.”. Cuando los policías analizaron los archivos adjuntos, aparecieron las sospechas sobre un pago de US$ 499.176. “Primera cuota”, aparecía también en el archivo.

En otro documento, Grupo PSI aparece como destinatario de dos pagos extraídos del adelanto financiero: uno fechado en febrero de 2008 por US$ 529.190 y otro por US$ 499.176, con fecha diciembre de 2008, el año de la licitación pública de Aysa.

Al analizar los adjuntos que llegaron a Pietro junto con el correo electrónico, los policías no sólo identificaron esos dos pagos en dólares al “Grupo PSI”. Existía otra proyección de pagos para Grupo PSI sobre la base del total de la obra, unos US$ 118 millones.  “Grupo PSI” se quedaría con US$ 5.291.899 (a febrero 2008) y US$ 4.991.761 (a diciembre 2008).

Giavina Bianchi también anotó el cálculo del impuesto IVA de la obra.

De manera similar a Odebrecht, la constructora Camargo Correa operaba en diferentes países. Foto: Difusión

Los policías de Sao Paulo no pudieron identificar qué era Grupo PSI. Este nombre no figura en el registro de las 55 empresas locales subcontratadas por la compañía estatal de aguas Aysa y tampoco aparece alguna relación del consorcio o la obra con una empresa extranjera denominada Grupo PSI, según las fuentes consultadas en Aysa. Por su parte, la empresa Camargo Correa respondió que “no figura en la lista de proveedores de la obra” y no dio alguna explicación sobre las anotaciones de su exdirectivo.

“Las obras de la estación de tratamiento de Berazategui, en Argentina, se concluyeron y la estación está en pleno funcionamiento. No tenemos conocimiento de ninguna irregularidad en la conducción de dicho contrato”, respondió la constructora de forma tajante.

Pero no es la única sospecha que recae sobre los proyectos de Aysa. Investiga Lava Jato reveló este año que la planta de esta empresa estatal de aguas adjudicada a Odebrecht figura en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas con varios pagos. Los archivos publicados fueron incorporados a la investigación judicial.

Las autoridades argentinas han ordenado vía exhorto a Brasil la indagatoria de Antonio Miguel Marques, ex presidente de Camargo Correa, para el 13 de septiembre por supuestas coimas en la obra de Aysa. Marcelo Odebrecht también debería declarar el 11 de septiembre vía exhorto.

El socio arrepentido

Las evidencias sobre la cartelización de las obras públicas en Argentina son cada vez más abundantes.

El ingeniero Carlos Wagner (75 años) presidía la constructora Esuco, socia argentina de Camargo Correa, hasta que quedó detenido por sobornos en otro expediente: la causa de los cuadernos de la corrupción. El 10 de agosto de este año, tras pasar casi diez días preso, confesó ante la justicia haber cumplido un rol central en el sistema de recaudación ilegal para la política entre 2004 y 2015.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la Presidencia en 2003, Wagner ya era un viejo conocido. Había realizado obras en la provincia de Santa Cruz y entabló una amistad con Julio De Vido, entonces flamante ministro de Planificación, actualmente detenido. Con la llegada de Kirchner, Wagner fue electo presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la entidad que reúne a las principales constructoras de la nación argentina.

Hasta su confesión, Wagner había estado en la mira en distintos casos de corrupción en la obra pública, pero siempre había negado los señalamientos, tanto periodísticos como judiciales. Ahora son sus propias palabras las que ponen en contexto su relación con la corrupción en la obra pública.

Hasta su arresto, el empresario Carlos Wagner presidió la constructora Esuco, socia de Camargo Correa en Argentina. Foto: Perfil

“En 2004, De Vido me citó en su despacho y me dijo que por orden del Presidente debía garantizar de forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las licitaciones públicas que se llamaran a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial”, contó Wagner ante el fiscal Carlos Stornelli. Pero Esuco no sólo hacía obras viales, también desarrolló proyectos eléctricos, civiles y obras hidráulicas, como la planta depuradora de agua que construyó junto a Camargo Correa.

“La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. Llamada una licitación, las empresas interesadas compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar el ganador”, agregó el ingeniero. “Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos. El porcentaje del anticipo financiero era entre el 10 y el 20 por ciento del total de la obra y deducidos los impuestos (el IVA) el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo a modo de retorno (soborno)”, contó Wagner en su declaración.

“Mi empresa, Esuco, no estaba exceptuada de este mecanismo”, dijo. “Estos montos de dinero eran entregados a algunos de los recaudadores”, que eran designados por los exfuncionarios Roberto Baratta y José López, secretario de Obras Públicas.

López era el funcionario que se encargaba de monitorear lo que sucedía en Aysa, confirmaron dos fuentes de la empresa estatal de aguas. El hombre fue arrestado tras ser descubierto arrojando un bolso con 9,3 millones de dólares en un monasterio, y era quien seguía de cerca las obras de Camargo Correa y Odebrecht. Su ex compañero en el ministerio, Baratta, también lo acusó durante su última declaración indagatoria en la causa que investiga supuestos sobornos en las plantas de Aysa.

Ex secretario de Obras Públicas de Argentina, José López, seguía de cerca los proyectos que ejecutaban Camargo Correa y Odebrecht en este país. Foto: Perfil

“Para los (pagos) adicionales de obra y modificaciones de obra ahí también exigían a las empresas el mismo porcentaje (entre el 10 y 20 %) de retorno”, detalló Wagner.
Algunas de las constructoras que participaron de este mecanismo, de acuerdo con Wagner, son las mismas que participaron en la supuesta cartelización de la planta de Aysa en Berazategui, como Coarco SA y Cartellone SA.

¿Cómo podían iniciar las obras si los adelantos financieros eran entregados a los funcionarios? Todo estaba pensado por De Vido, dijo Wagner. “El anticipo financiero de la obra se entregaba de a uno, dos o tres pagos al funcionario que recaudaba. El anticipo financiero se iba todo al funcionario, el IVA (impuesto) se quedaba retenido, y que correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se iba utilizando para iniciar la obra”, contó.

Si bien Carlos Wagner sostiene que su rol de mediador entre los empresarios y los funcionarios se limitaba a las obras viales, los ejecutivos de Odebrecht declararon lo contrario. Marcio Faria, responsable de los manejos de la constructora brasileña en Argentina, declaró ante los fiscales del Lava Jato que Wagner era el intermediario de los sobornos, que se pagaban mediante transferencias en el exterior. Era el propio Wagner, según el ejecutivo, quien comunicó a la empresa brasileña que era necesario asociarse a una constructora argentina para poder ganar obras, como publicó el diario argentino La Nación y consta en los expedientes judiciales.

La constructora Camargo Correa no respondió las preguntas referidas a Wagner, su declaración como “arrepentido” y su rol en la intermediación con el kirchnerismo.

* Coordinadores del proyecto Investiga Lava Jato: Editora y reportera Milagros Salazar, Convoca (Perú) y Flávio Ferreira, Folha de Sao Paulo (Brasil). Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina); Rafael Marques de Morais (Angola); Nelfi Fernández, El Deber (Bolivia); Óscar Agudelo, Consejo de Redacción (Colombia); Óscar Libón y Miguel Gutiérrez, Convoca (Perú); Christian Zurita, Mil Hojas (Ecuador); Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador); Enrique Naveda, Plaza Pública (Guatemala); Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México); Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique); Alicia Ortega, ‘El Informe’ (República Dominicana); Guillermo Draper y Raúl Santopietro, Semanario Búsqueda (Uruguay); Lisseth Boon y Katherine Pennacchio, Runrunes (Venezuela); César Batiz, El Pitazo (Venezuela).