La empresa Camargo Correa, dueña de Loma Negra, adulteró el material de la planta depuradora de Aysa Bicentenario e intentó defraudar al Estado argentino. Así lo demuestran los documentos oficiales a los que accedió PERFIL, como parte de un nuevo capítulo del especial Investiga Lava Jato sobre la corrupción de constructoras de Brasil en América Latina y África. 

En mayo de 2014, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la obra en Berazategui con bombos y platillos, pero lo cierto es que la planta no funcionaba y no fue hasta diciembre de 2015, un año y medio más tarde, que Aysa logró que Camargo Correa cumpliera con el contrato de la licitación, según estos documentos. 

La planta de la empresa estatal de aguas fue licitada en 2009 en $ 400 millones (unos US$ 118 millones de entonces) y adjudicada al consorcio de Camargo Correa-Esuco. Sin embargo, la adulteración del material básico de la obra llegó a tal punto que cuando los inspectores de Aysa pusieron en marcha por primera vez la obra terminada, la planta no funcionaba debido a estas fallas. 

La obra, que actualmente funciona, ocupa 32 mil metros cuadrados y procesa efluentes cloacales antes de que sean volcados al río. Para ello, cuenta con nueve tornillos de acero de varios metros y toneladas, denominados “tornillos de Arquímedes”. Estos dispositivos junto a unos “aireadores sumergidos” –una especie de cajas– elevan el líquido cloacal hacia el área de tratamiento. 

Ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner.

En la planta Bicentenario, estas piezas fueron importadas desde Brasil. Son el corazón de la obra, explicaron los sanitaristas consultados. Sin embargo, eran defectuosos, según los informes de los inspectores que constan en un expediente judicial que nunca había sido revelado. No cumplían con los “parámetros técnicos de calidad” y al entrar en funcionamiento “se atascaban”.

Los inspectores determinaron que el material utilizado para fabricar los tornillos no eran los que figuraban en los comprobantes presentados por Camargo ni los exigidos en el pliego de licitación. En 2015, Aysa debió denunciar a la contratista ante la Justicia federal de Morón por “defraudación en la calidad de las cosas”.

Las negociaciones llevaron alrededor de siete meses, entre mayo de 2014 y enero 2015. Incluyeron audiencias con el juez federal Jorge Rodríguez y visitas cada 15 días a la obra. El proceso completo de reparación llevó otros ocho meses. Camargo Correa debió desmontar los tornillos de Arquímedes y los aireadores, y cambiarlos por el material adecuado. Fue recién entonces cuando la planta comenzó a funcionar y la causa judicial contra Camargo se archivó.

Negativo. Además de negar haber pagado sobornos durante el kirchnerismo para obtener el contrato de la planta de Aysa, Camargo Correa también niega la existencia de la causa penal en su contra. “No tenemos conocimiento de ninguna irregularidad en la conducción de dicho contrato”, dijeron en Camargo Correa a PERFIL. 

Antonio Miguel Marques, ex presidente de Camargo Correa.

Camargo Correa agregó que “Aysa no multó a la constructora Camargo Correa ni al consorcio constructor”. No es cierto. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que la compañía brasileña recibió entre 2010 y 2014 un total de nueve multas por alrededor de $ 1,2 millones. La mayor parte de las sanciones son de unos $ 10 mil y referidas a faltas en higiene y seguridad en la obra. “Son multas usuales en una obra pública”, agregaron las fuentes consultadas. Una de las sanciones ronda los $ 450 mil y es por “incumplimiento en la curva de certificación de la construcción del canal de retorno” de la planta.

“La estación de tratamiento fue construida conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y los ajustes operacionales, normales para emprendimientos de esa naturaleza, fueron fácilmente realizados por el Consorcio Constructor, garantizando su funcionamiento”, dijeron en la compañía.

El ex presidente de la brasileña no se presentó ante la Justicia

Camargo Correa y su socia local, Esuco, son investigadas por la supuesta cartelización de obras de la empresa estatal de aguas Aysa junto con Odebrecht y sus socias locales (Roggio, Supercemento y Cartellone). Todas las compañías están también en la mira del juez Sebastián Casanello y del fiscal Federico Delgado por el supuesto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas.

El jueves, el ex presidente de Camargo Correa Antonio Miguel Marques debía presentarse ante el juez Casanello para responder por las sospechas de coimas por la licitación de la planta Bicentenario. El magistrado lo había citado vía exhorto. Sin embargo, Marques no se presentó y Brasil no respondió el pedido del juez. Lo mismo sucedió con Marcelo Odebrecht, también citado por el caso.

El fiscal Delgado ya requirió a Brasil que remita no solo las pruebas de los pagos de coimas de Odebrecht, sino también toda la documentación y declaraciones referidas a Camargo en el Lava Jato.

El equipo de Investiga Lava Jato reveló el domingo último documentos internos de Camargo Correa descubiertos por la Policía Federal de San Pablo en manos del “valijero” de la compañía, Pietro Giavina Bianchi. Para los policías judiciales se trata de posibles pruebas del pago de coimas por la obra de Aysa en la Argentina.

El empresario Carlos Wagner (Esuco) también debe declarar este martes ante el magistrado por los supuestos sobornos. Wagner es uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública. En dicho expediente reconoció ser el intermediario entre el ex ministro Julio De Vido y los empresarios para el pago de retornos.