Esta tarde los miembros de la Sala Especial en Defensa de la Competencia de Indecopi escucharon los argumentos de las empresas que se rehusan a pagar el Aporte por Regulación a favor de OEFA y del gobierno encabezado por el Ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal. La audiencia duró una hora y media ante un auditorio de más de 200 personas. El veredicto final de esta instancia ante la demanda presentada por cuatro compañías mineras, aún no se conoce. Mientras eso sucede, Convoca muestra quiénes son los grupos empresariales que están detrás, sus vínculos y denuncias de actividades ilegales. El polémico tema permite además revisar cuánto invirtió el gobierno en los últimos años para la fiscalización ambiental en las zonas mineras donde se concentran los conflictos sociales. 

Al terminar la audiencia en Indecopi a las 5 y 15 de la tarde, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar -Vidal y la abogada Cristina Chang del estudio Osterling que representa a la Sociedad Minera Corona, se desplazaron a un salón contiguo del auditorio del debate para dar una conferencia de prensa. Hablaron poco y de manera cordial, pero los gestos secos fueron más elocuentes en esta escena de dos rivales en contienda por el Aporte por Regulación.

La puja entre las autoridades del gobierno y las empresas por esta contribución ya había cobrado niveles más intensos días atrás. “¿Tenemos que agachar la cabeza porque hay un gremio de empresas que nos denuncia?Esto más bien es un mecanismo de presión para quedarnos callados (…) El Aporte Por Regulación es una necesidad para el país”, increpó el ministro en una conferencia de prensa el jueves 19 de marzo, en la que mostró con documentos y un power point, que las cuatro compañías que denunciaron a OEFA ante Indecopi tienen a la vez un gran número de multas por infracciones ambientales.

El último sábado 11 de abril, el presidente de OEFA, Hugo Gómez, insistió con los mismos argumentos del ministro en el auditorio de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad San Marcos. “Si quieren conocer un poco a las empresas, aquí están”, dijo para luego disparar: “Allí tienen también sus multas”. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Carlos Gálvez Pinillos, estaba programado para este debate con Gómez, pero nunca llegó.

Sin embargo, horas antes de la audiencia en Indecopi, Gálvez Pinillos dijo a RPP Noticias que el Aporte por Regulación no puede ser “una fuente de caja” para OEFA. Y dejó entrever que este aporte sirvió para que el Ministerio del Ambiente financie la Conferencia Mundial de Cambio Climático que se realizó en diciembre último en Lima. Pulgar-Vidal negó esta acusación al salir de la audiencia que lo enfrentó a un gremio empresarial de gran peso económico en el país.

A pesar de la caída del precio internacional de los minerales en los últimos dos años: apenas doce empresas de la gran minería ganaron cerca de 57 mil millones de dólares en utilidades netas entre 2008 y 2014, lo que supera en 20% el presupuesto público para más de 30 millones de peruanos este año. (Ver Revelaciones a tajo abierto). Varias de las compañías que se oponen al aporte no solo destacan por su incumplimiento reiterado de las normas ambientales, sino también pertenecen a importantes grupos empresariales.

Convoca hizo un registro de las 37 empresas que denunciaron el Aporte por Regulación, las cuatro que acudieron a Indecopi y las 33 que han presentado acciones de amparo ante el Poder Judicial, para determinar sus vínculos comerciales. Como resultado, se encontró que 16 de estas compañías denunciantes forman parte de diez grupos económicos.

Las cuatro mineras que ganaron a OEFA en la primera instancia de Indecopi en octubre último, pertenecen a diversos grupos empresariales: Vichaycocha forma parte del grupo Volcan de la familia Osterling Letts que cuenta por lo menos con 16 mineras y que rompe todos los récords de la infracción: el 11% de todas las sanciones impuestas a las mineras entre 2010 y 2014 pertenecen a este grupo empresarial como demostró Convoca. (Ver El Círculo Minero de la Infracción).

Pampa de Cobre es otra empresa denunciante que forma parte del Grupo Milpo que su vez pertenece al grupo económico brasileño Votorantim, que tiene operaciones en más de 20 países. La tercera compañía es Sociedad Minera Corona SAC del grupo canadiense Sierra Metals que defendió sus argumentos de la mano del estudio Osterling Abogados que también defiende a las empresas de Volcan (Ver Defensa Corporativo y Estatal). La cuarta es la minera Caudalosa de la familia Raffo que tiene inversiones en el sector inmobiliario y la cadena de estacionamientos más importante del país: Los Portales.

El Grupo Milpo presentó el mayor número de denuncias con tres de sus empresas: Compañía Atacocha, que opera en Pasco; Minera Milpo, con actividades en Áncash, Ica y Pasco; y la Minera Pampa de Cobre con proyectos aprobados en Moquegua y Arequipa. A estas compañías se les abrió 16 procesos sancionadores en OEFA hasta diciembre último (Ver Mapa de Infracciones Ambientales).

Otras diez mineras demandantes se dividen en seis grupos: Compañía de Minas Buenaventura y Coimolache pertenecen al grupo Buenaventura del reconocido empresario peruano Roque Benavides,Nyrstar Coricancha y Nyrstar Áncash de la belga Nyrstar, líder en la producción de zinc con operaciones no solo en Latinoamérica, sino en China y Europa; las compañías Perubar y Los Quenuales que forman parte de la trasnacional Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial de cobre y el 60 por ciento de zinc.

Completan la lista, las empresas Pan American Silver Huarón y Compañía Minera Argentum de la canadiense Pan American Silver; la Compañía Minera Raura del grupo Brescia que cuenta con millonarias inversiones en el país y es considerado uno de los conglomerados económicos más importantes de América Latina, y la segunda minera con más multas por infracciones ambientales: Ares del grupo Hochschild.

Operaciones sospechosas

En la lista de las 37 empresas demandantes, Convoca también encontró el caso de una compañía que enfrenta denuncias por presuntos vínculos con la minería ilegal. Se trata de la Minera Huario SAC, que presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el Aporte por Regulación. 

La Minera Huario SAC tiene como apoderado desde 2010 a José Manuel Zegarra Freund, quien también figura como gerente general desde el 2009 de la minera Laytaruma. El domicilio de Huario (una casa de dos pisos en una zona residencial del distrito de San Borja) lo comparten al menos una decena de mineras también representadas por Zegarra Freund. Laytaruma registra la misma dirección y no se trata de una empresa cualquiera.

En 2011, Laytaruma fue acusada por la fiscal del Medio Ambiente de Piura, Silvia Rumiche, por presuntamente facilitar insumos químicos a mineros informales de Las Lomas en Piura.

Según el reporte anual del ministerio de Energía y Minas de 2014, Laytaruma encabeza la producción de oro entre las pequeñas productoras. Sin embargo, en una supervisión  multisectorial realizada en marzo de 2014 en el campamento minero de esta empresa en Ayacucho, los inspectores de OEFA y otros organismos como la Autoridad Nacional del Agua, encontraron indicios de que la producción de Laytaruma podría ser mayor de la que tiene autorizada.

En las conclusiones del informe de OEFA, al que tuvo acceso Convoca, se señala que la planta de beneficio (donde se procesa los minerales), contaba con un molino que “haría presumir que tendría una capacidad instalada de 420 TMH/Día (toneladas métricas de minerales por día)” cuando el permiso que figura en el registro del Ministerio de Energía y Minas es de 340 toneladas por día. En la página web de esta institución, se señala que la última ampliación de capacidad instalada de la planta fue otorgada en 2008. Convoca se comunicó con la oficina de Zegarra Freund pero hasta el cierre de esta nota no fue posible ubicarlo.

Cifras en debate

Las empresas que se oponen al Aporte por Regulación señalan que esta contribución es confiscatoria. La abogada del estudio Osterling, Cristina Chang, dijo a Convoca que el decreto supremo 130-2013-PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros, que fija la contribución a favor de OEFA no puede modificar la ley que creó este aporte. “Es una cuestión de forma”, dijo.

El Aporte por Regulación fue creado en el año 2000  como una contribución de las empresas para financiar las funciones de las entidades públicas reguladoras. Al ser aprobado se establecióque no sobrepasaría el 1 por ciento de la facturación anual de ventas de las compañías supervisadas después del pago de impuestos.

Recién en diciembre de 2013, mediante el decreto supremo 130, se decidióque esa alícuota sería de 0,15 por ciento de la facturación anual de ventas en 2014 y 2015 y que bajaría a 0,13 en 2016. Con esta norma quedaba establecido que OEFA recibiría directamente el aporte de las mineras al asumir las funciones reguladoras de Osinergmin en temas ambientales, por lo que empezóa cobrar este aporte desde 2014.

Sin embargo, las empresas rechazan que OEFA cobre este aporte por la regulación ambiental que Osinergmin venía cobrando para el sector hidrocarburos y de electricidad, exigen que solo se mantenga el cobro del arancel minero para la fiscalización.

Este arancel tiene una serie de debilidades. Se calcula según los gastos específicos que realiza el organismo por cada compañía fiscalizada: días de trabajo del inspector, costos de los análisis de muestras en laboratorio y otros gastos de servicios que deben ser facturados a nombre de la empresa inspeccionada.

El gerente legal de Ares, Jaime Rinaldi, dijo a Convoca que están a favor de ser “inspeccionados por OEFA” bajo esta modalidad del arancel minero pero que no están dispuestos “a pagar más”, es decir, los otros costos de regulación de esta entidad.

“Las compañías deben asumir los costos de la inspección ambiental, pero el Estado con nuestros impuestos debe financiar a OEFA”, añadió Rinaldi.

La batalla legal es por dinero. En la acción de amparo que presentó Xstrata Las Bambas, que pertenecióal grupo Glencore hasta 2014, se argumentóque con el Aporte por Regulación la empresa paga 36 veces más que el monto que aportaba con el arancel minero.

Actualmente, los funcionarios de OEFA sostienen que gran parte de su presupuesto peligra si es que esta contribución de las mineras se suspende. Aseguran que las compañías deben contribuir con el país por la explotación de los minerales. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no destina suficiente recursos para esta institución que supervisa el comportamiento ambiental de las principales actividades productivas.

De acuerdo con los reportes anuales del Ministerio de Economía y Finanzas, OEFA recaudó en 2014 más de 109 millones 605 mil soles (más de 38 millones de dólares) por este aporte de las mineras. Ese mismo año, Economía y Finanzas destinósolo 74 millones de soles (26 millones 259 mil dólares), menos de la mitad del presupuesto del organismo regulador.

En los últimos años, los recursos que transfirió el MEF a OEFA estuvieron por debajo de lo que se proyecta recaudar con esta contribución en disputa: en 2012 fue 88.2 millones de soles y en 2013 un poco más de 60 millones de soles.

Si hay un tema de fondo que ha puesto sobre la mesa esta lucha jurídica, es la importancia de la fiscalización ambiental y la necesidad de un organismo regulador eficaz que tenga los recursos necesarios para proteger los bienes naturales del país: los ríos, las lagunas, los suelos. Convoca continuará investigando el tema como parte de su serie “Excesos sin castigo”.