Después de purgar 12 de los 25 años de prisión a los que había sido condenado por delitos de lesa humanidad, el exgobernante Alberto Fujimori fue indultado el domingo 24 de diciembre pasado. Pero eso no fue todo. La resolución que lo perdonó también lo eximió de los procesos penales que tenía pendientes, entre ellos, la causa seguida por la masacre de Pativilca por la que el Ministerio Público ya había solicitado en julio último una nueva condena por 25 años.

En julio de este año, la Fiscalía acusó a Fujimori por la autoría mediata de los seis asesinatos cometidos por el Grupo Colina la madrugada del 29 de enero de 1992 en esta localidad de la provincia de Barranca, ubicada a más de 170 kilómetros al norte de Lima. Como se recuerda, el exmandatario recién pudo ser incorporado a este proceso penal luego de que la Corte Suprema de Chile dispusiera la ampliación de su extradición por este delito.  

Escucha aquí los detalles del crimen de Pativilca: 
 

Aunque el derecho de gracia, otorgado junto al indulto, buscaría que el Poder Judicial y el Ministerio Público abandonen este juicio que ya se encuentra en etapa intermedia, algunos abogados han empezado a cuestionar la discrecionalidad con la que ha actuado el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).  

De hecho, la Constitución faculta a Kuczynski para “ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción [investigación] haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.

“Eso no ha ocurrido acá porque [el plazo] recién se cuenta a partir de este año desde el momento en que la Corte Suprema de Chile autorizó la inclusión de Fujimori en el proceso penal (…). No han pasado los 24 meses que señala la norma constitucional para poder dar un derecho de gracia y cortar el proceso judicial”, sostiene Gloria Cano para Convoca, abogada de los familiares de las víctimas del escuadrón paramilitar.  

Otros abogados que se han pronunciado de manera pública sobre el tema son José Peláez Bardales, exfiscal de la Nación, y César Azabache, exprocurador anticorrupción para el caso Fujimori y Montesinos.

“La gracia no está fundamentada, es una violación a la Constitución del Estado (…) y el presidente debe respetarla. Si no, esa resolución puede ser nula”, explicó Peláez en entrevista con RPP.

Por su parte, Azabache advirtió que la decisión de PPK no alteraría la situación de este proceso y la Sala Penal, incluso, podría emitir un mandato de prisión preventiva independiente.
 

Fujimori fue indultado la tarde del 24 de diciembre, pocas horas antes de la Navidad. Foto: Difusión.

“Es muy probable que el Tribunal del caso Pativilca pueda decir: ‘señores, acabo de escuchar a los abogados y ahora resulta que la condición que la Constitución establece no se ha cumplido’”, señaló Azabache.

En este sentido, Cano informó que, en representación de los familiares de las víctimas,  solicitará un "control constitucional" a la sala penal que lleva el caso. Es decir, que el juez se ciña a lo que dispone la máxima norma del Estado.

Proceso en curso

El proceso penal sobre esta masacre ha concluido la etapa de investigaciones y se encuentra pendiente del control de la acusación, una fase previa al juicio oral. Hasta ahora, los colaboradores eficaces —exmiembros del grupo paramilitar Colina— han confesado su participación en el operativo que aterrorizó a las comunidades de Caraqueño y Pampa de San José, en Pativilca, hace más de 25 años, en enero de 1992. 

Según Gloria Cano, son dos las versiones que se manejan sobre este evento de sangre. 

La primera narra que el mayor Santiago Martín Rivas, que lideraba el destacamento, llegó a la localidad en diciembre de 1991, un mes después de que se ejecutara la matanza de Barrios Altos. Allí habría coordinado con la policía y con otras personas el asesinato de seis campesinos por ser sospechosos de actividades terroristas.

La segunda versión apunta a que Martín Rivas no se reunió con la Policía, sino con un empresario de la zona que habría contactado al escuadrón para eliminar a las personas que le resultaban incómodas, como los líderes sindicales.

“Hay esas dos versiones, pero coinciden en que ellos fueron los que llegaron a Pativilca el 29 de enero de 1992, sacaron a las personas de sus sitios, los llevaron a un cañaveral y los asesinaron ahí”, anota la abogada, que además refiere que los colaboradores entregaron documentación que prueba que Martin Rivas realizó coordinaciones previas en la zona.

Santiago Martín Rivas fue el jefe del grupo paramilitar Colina. En distintas ocasiones declaró que Fujimori conocía de sus operaciones.

Si se aceptara solo la tesis de un “trabajo particular” para un empresario, ¿por qué se incluiría a Alberto Fujimori en la acusación?

“Nadie agarra las páginas amarillas y busca destacamentos que vengan a eliminar gente”, apunta Cano. “Ese destacamento fue hecho precisamente para hacer ejecuciones extrajudiciales de personas que eran incómodas (…)”, añade. 

“Alberto Fujimori generó una política de Estado de doble cara. Una de estas caras fue la creación de un destacamento de inteligencia que ejecutara el plan de inteligencia ‘Cipango II’, aprobado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, que comprendía Lima y el norte chico. Por eso es que los asesinatos se centran en Huacho, en Huaura, en Pativilca y en Lima”, apunta la abogada.

Cano, además, señala que el plan 'Cipango II' había sido comunicado al general Hermoza Ríos, a Vladimiro Montesinos y a Alberto Fujimori. Es decir, conocían las actividades.