PAQUETAZO AMBIENTAL: LAS 5 PREGUNTAS QUE LAS AUTORIDADES NO RESPONDEN

OEFA y el Ministerio del Ambiente no admiten el impacto probado de la ley 30230 que congela y reduce multas a empresas infractoras
Foto Julio Ángulo - Diario La República


Convoca responde al comunicado del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio del Ambiente ante los hallazgos de nuestra investigación sobre la millonaria amnistía de multas por infracciones ambientales a las industrias extractivas gracias a la ley 30230 que fue impulsada por el Ejecutivo.

El miércoles 4 de noviembre el diario La República dedicó su editorial a los hallazgos de la investigación de Convoca sobre las multas perdonadas y reducidas a las empresas mineras y petroleras hasta por un monto que supera los 55 millones de soles (unos 20 millones de dólares).  El diario calificó como un “escandaloso perdón” que tiene origen en el artículo 19 de la ley 30230 que congela y reduce multas por infracciones ambientales durante tres años a las compañías con el propósito de “dinamizar” la inversión en el país.

En el artículo titulado ‘El gran perdón’, La República consideró que la norma “ha devenido en un esquema surrealista y humillante para el Estado” al permitir que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) “solo se limite a ordenar medidas correctivas a las empresas sin imponer multas” y propone que se hagan las “correcciones legales correspondientes” a la ley. En respuesta, el mismo día, esta institución publicó un comunicado de prensa en su página web en el que señala junto al Ministerio del Ambiente, al que está adscrito, que la norma “no ha debilitado la fiscalización ambiental” y que ha “continuado con el enfoque preventivo y correctivo que se implementó desde el año 2013”.

A lo largo del comunicado, las autoridades de estos organismos evitaron responder sobre el hallazgo principal de la investigación: el impacto económico de la ley para favorecer a grupos empresariales que infringieron normas ambientales que afectaron a ríos, lagunas y suelos de los que dependen cientos de pobladores, según las propias evidencias recogidas por los supervisores de la institución reguladora. 

El presidente de OEFA, Hugo Gómez, tampoco respondió con argumentos sólidos esta mañana sobre lo más controversial de la norma a los periodistas, Patricia del Río y Fernando Carvallo, en el programa Ampliación de Noticias en RPP. Los conductores hicieron énfasis en que la ley permite que el Estado recaude menos por perdonar y reducir multas a las empresas infractoras y no contribuye a generar confianza en los pobladores afectados al relajarse la fiscalización ambiental (Escuchar el audio).

  

 

Para determinar el monto de las multas congeladas, Convoca revisó y analizó las resoluciones de sanción consentidas por las compañías y ratificadas en la última instancia de OEFA. Aquí señalamos punto por punto lo que el organismo regulador y el Ministerio del Ambiente evitaron responder y lo que ocultan las cifras de su comunicado.

1. ¿La ley 30230 congela y reduce el cobro de multas millonarias a empresas infractoras?

Sí. Convoca determinó que entre julio de 2014 y marzo de 2015, OEFA congeló y redujo multas firmes por infracciones ambientales en el sector minero y de hidrocarburos de hasta 55.6 millones de soles (cerca de 20 millones de dólares). La norma permite que en la primera instancia de OEFA, las multas se reemplacen por medidas correctivas y que en segunda instancia se reduzca el 50% del monto de la multa. Pero OEFA prefirió señalar que “ha continuado imponiendo multas firmes” al punto que entre julio de 2014 y setiembre de 2015 ha fijado multas de más de 37 millones de soles en todos los sectores productivos que fiscaliza. Lo que no dice es que se trata de multas reducidas gracias a la ley 30230 y que están muy por debajo de lo que antes imponía. Para tener una idea, antes de la norma, OEFA fijó en 2013 multas firmes por unos 60 millones de soles solo en minería. Si se contabiliza lo que se cobraba por infracciones en hidrocarburos, electricidad y pesca, el monto se multiplica. Si el dinero de las multas que sirve para potenciar la fiscalización ambiental que realiza OEFA, es lo que menos le importa a su presidente, Hugo Gómez, como dejó entrever en la entrevista en RPP, ¿por qué entonces enfrenta una batalla legal con las compañías que no quieren pagar el Aporte por Regulación Ambiental?

2. ¿No era posible exigir que las empresas infractoras paguen sus multas y también remedien el daño ambiental?

En su comunicado, OEFA y Minam aseguran que en lugar de multas se ha “privilegiado la imposición de medidas que reviertan o compensen los impactos generados por estas”. OEFA resalta que ha “continuado con el enfoque preventivo y correctivo que se implementó” con la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental desde 2013. Sin embargo, no dice que esta norma no exige la imposición de multas a cambio de estas medidas como sí lo estableció tiempo después, la ley 30230 aprobada en julio de 2014. Convoca considera que la remediación del daño ambiental (de los bienes naturales del país como son lagunas, ríos, suelos, entre otros, y de los que dependen cientos de pobladores) debe ser exigida por las autoridades a las empresas infractoras así como el pago de las multas por infracciones probadas por los inspectores estatales.

3. ¿Cuántas medidas correctivas por infracciones ambientales implementaron las empresas beneficiadas por la ley 30230?

OEFA no menciona cuántas medidas correctivas se han implementado y tampoco que las empresas cometieron estas infracciones incluso desde 2008 como sucedió en el caso de las compañías petroleras. De los 74 procesos sancionadores en el sector minero en los que se han congelado o reducido las multas por la ley 30230 hasta marzo de 2015, solo en siete casos las empresas cumplieron con las medidas fijadas por OEFA, según información que entregó este organismo a Convoca en julio último. Mientras que en el sector hidrocarburos, el 50 por ciento de los procesos en primera instancia que derivaron en medidas correctivas fue apelado. OEFA no ha publicado en su página web qué empresas incumplieron estas medidas luego de la implementación de la ley y han preferido entrampar los procesos en el Poder Judicial.

4. ¿Cuántas multas coercitivas impuso OEFA a las empresas que no implementaron las medidas correctivas?

Cuando las empresas infractoras no cumplen con implementar las medidas correctivas, OEFA puede imponerles multas coercitivas “las que pueden ser duplicadas sucesiva e ilimitadamente hasta verificar la efectiva remediación ambiental”, respondió el organismo regulador a Convoca vía correo electrónico en junio, en pleno proceso de nuestra investigación. En esa misma respuesta, OEFA admitió que a un año de la implementación de la norma no impuso ninguna multa coercitiva porque en algunos casos las medidas fueron apeladas por las empresas, porque los plazos para el cumplimiento de las medidas no vencieron o porque se encontraban en pleno proceso de evaluación. ¿Cuál es la situación hoy? OEFA no lo menciona en su comunicado.

5. ¿Pluspetrol Norte, la petrolera más beneficiada con la ley, se favoreció con la reducción de una multa de 5.4 millones de soles (1.8 millones de dólares) a pesar que desapareció una laguna?

Sí. Pluspetrol Norte es la más beneficiada por la norma. Lo que se le perdonó en multa representa el 85 por ciento del dinero no cobrado por procesos en segunda instancia a las empresas de hidrocarburos. El grueso de esa cantidad proviene de la reducción de la multa por la desaparición de la laguna Shanshococha, en Loreto. La sanción económica original, de noviembre de 2013, fue por más de 20 millones de soles (6.9 millones de dólares), pero la compañía de capitales argentinos rechazó todos los cargos y apeló la resolución de OEFA. En junio de 2015, el organismo regulador ratificó parte de las sanciones y redujo a 5.4 millones de soles (1.8 millones de dólares) la multa final, de los cuales 1.83 millones de dólares fueron por la ley 30230. Pero OEFA no quiso admitir en su comunicado el monto perdonado a Pluspetrol y prefirió resaltar la parte de la multa que pudo fijar luego de la reducción. Tampoco mencionó que Pluspetrol Norte ha iniciado un proceso contra el organismo fiscalizador en el Poder Judicial para anular la resolución por la cual se le impone la multa de S/. 5 millones. Pluspetrol Norte no acepta la multa reducida impuesta por OEFA y si obtiene una sentencia favorable, se le deberá devolver el dinero.

Estas son las preguntas que OEFA y el Ministerio del Ambiente evitaron responder en este nuevo comunicado para insistir en defender una ley que claramente beneficia a las compañías más infractoras que prefieren contratar a estudios de abogados para entrampar los procesos sancionadores. Si varias de estas compañías, antes no querían pagar las multas, ahora tampoco están dispuestas a cumplir las medidas correctivas para no remediar los daños ambientales. Ante los hechos consumados, como le preguntó Patricia del Río al presidente de OEFA, ¿cómo se puede remediar la desaparición de una laguna?, ¿será que Pluspetrol “va a llenar un hueco con agua”?

Los funcionarios de OEFA no han accedido a las reiteradas solicitudes de entrevista de Convoca, pero el país espera respuestas y medidas claras frente al impacto probado y nocivo de esta norma.

Fecha de publicación: Jueves, 11 de noviembre de 2015. Hora: 5 pm.

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