Lo publicado el 22 de diciembre por el Departamento de Justicia de EE.UU fue un despertador para los fiscales que llevaban lentamente las indagaciones sobre los pagos de sobornos de las constructoras brasileñas. Un documento de las autoridades estadounidenses revelaba que directivos de Odebrecht confesaron el pago de coimas en 12 países por más de 400 millones de dólares. En Perú, la constructora había invertido 29 millones de dólares para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales de los gobiernos de Alejandro  Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Aunque la negociación entre esta constructora y la Procuraduría General de la República de Brasil era de conocimiento de las cabezas del Ministerio Público, los fiscales peruanos solo tenían hasta ese momento dos casos sólidos surgidos de una operación contra la empresa brasileña, Camargo Correa, en 2009, denominada ‘Castillo de Arena’. El primer caso está referido a la Interoceánica Sur y al depósito de dinero de Camargo a una cuenta de un banco en Londres y que las autoridades británicas confirmaron que estaba a nombre de Josef Maiman, amigo del expresidente Alejandro Toledo. En Perú, el inicio de las investigaciones de las autoridades se dio luego de que Convoca y BRIO publicaran el reportaje 'Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica'. 

Un segundo caso sobre la planta de tratamiento de Huachipa y un depósito de 55 mil dólares a una cuenta de un banco en Miami a nombre de un familiar del exviceministro de Vivienda y Construcción, Juan Sarmiento. Esos dos casos tenía el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro tal como lo reconoció. Tras ser revelado el acuerdo de colaboración en Brasil y en EE.UU, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez barajó junto con el fiscal Castro, dos posibilidades: por un lado, el uso de la fuerza inmediata para inmovilizar los bienes e incautar documentación de la empresa y por otro, negociar un tipo de colaboración para identificar a los sobornados.

Para ese entonces el Fiscal de la Nación sabía que en otros países donde se pagaron los sobornos como Ecuador la Fiscalía había allanado las oficinas de la constructora en Guayaquil para llevarse toda la documentación. Mientras tanto, el Ejecutivo en Perú mostraba su preocupación sobre el futuro de las inversiones de la firma brasileña, y que fue expresada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando comentó que “Odebrecht no es culpable, solo algunos directivos”.

Abogada de Odebrecht señaló que Edwin Luyo recibió pagos escalonados de Odebrecht a cuenta de Banca Privada de Andorra a nombre de offshore creada en Panamá. Foto: Andina

Sin embargo, el 26 de diciembre la opción del allanamiento tomó fuerza en la Fiscalía. Diversas fuentes informaron a Convoca que la oficina de coordinación fiscal anticorrupción se comunicó con varios magistrados del sistema de lavado de activos para comunicarles que serían llamados en los días siguientes para apoyar un operativo anticorrupción que tenía el carácter de muy reservado. Varios de esos fiscales se mantuvieron expectantes ante el inminente megaoperativo esa semana, pero sus teléfonos celulares nunca sonaron por razones que no se les explicó.

"La información que entregó Carreño llegó a la Fiscalía cuando el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y otros de los principales implicados ya habían salido del país luego de enterarse que Odebrecht preparaba su confesión sobre las coimas pagadas en los 12 países."

Pasadas las fiestas de Fin de Año,  el 2 de enero, el caso Odebrecht dio un giro: la Fiscalía de la Nación convocó a una conferencia de prensa encabezada por el fiscal Pablo Sánchez, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro y el jefe de la cooperación internacional del Ministerio Público, Alonso Peña. “Nosotros optamos por una estrategia que no implica la fuerza”, dijo el fiscal Castro confirmando que la opción de la colaboración fue la elegida por su despacho. La Fiscalía había optado por negociar un acuerdo con los directivos de Odebrecht en Perú. 

El acuerdo preliminar con el Ministerio Público implicaba que la empresa brasileña reconocía que debió pagar sobornos a funcionarios peruanos que se lo pidieron y a cambio, Odebrecht se encargaría de entregar información documentada sobre las coimas pagadas. En esa negociación apareció un personaje importante que ahora revelamos.

Fiscal de la Nación Pablo Sánchez y fiscal Hamilton Castro están abocados a la información de coimas seleccionada por Odebrecht. Foto: Andina

La abogada de la confesión

La información documentada sobre los sobornos fue esperada con ansiedad por parte del nuevo equipo de fiscales dedicados al caso Odebrecht. En los siguientes días, dos cartas entregadas el 17 y el 19 de enero pasado,  llegaron al despacho del fiscal Castro señalando los sobornos de más de 8 millones de dólares a funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que ayudaron a adjudicar a la constructora, la linea 1 del Metro de Lima.

Ambos documentos, que fueron mencionados en las audiencias por el fiscal Hamilton Castro para solicitar la detención del exviceministro Cuba  y luego por el juez Concepción Carhuancho, fueron redactados por Lourdes Carreño Carcelén, abogada que fue presentada como responsable del departamento legal de la compañía brasileña, un área clave ahora en la defensa de la empresa, pero que también lo fue para aprobar los contratos firmados con las diferentes entidades del Estado.

"Carreño Carcelén se ha convertido en el enlace entre los funcionarios Odebrecht y las autoridades peruanas para informar sobre los sobornos cometidos. La información sobre las coimas llegará a manos de los fiscales, a través de ella, con su aprobación."

La vocera de Odebrecht mencionó las empresas offshore y cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) abiertas por los exfuncionarios y, además, adjuntó como prueba un comprobante de un depósito de 505 mil dólares efectuado por Odebrecht a la cuenta de Hispanar Internacional que según ella, pertenecería al exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo. Lourdes Carreño señalaba que los pagos fueron escalonados y que continuaron incluso después de haberse adjudicado la buena pro.

La información de Carreño llegó a la Fiscalía cuando el exviceministro Jorge Cuba y otros de los principales implicados ya habían salido del país luego de enterarse que Odebrecht preparaba su confesión sobre las coimas pagadas en los 12 países.

En 2015, la abogada Lourdes Carreño Carcelén fue quien también informó a la fiscalía anticorrupción respecto al medio millón de soles que Odebrecht pagó a Dirsse Valverde, mano derecha del expresidente regional de Ancash, para la construcción de obras en esa región. En la comisión del Congreso que investigó el caso ‘La Centralita’ de César Álvarez, Lourdes Carreño tramitó  toda la información reservada de la empresa que involucraba al ex presidente regional y sus funcionarios.

Curiosamente, Carreño es una abogada  que estuvo trabajando para el segundo gobierno aprista. En 2009, asesoró la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, presidida por el aprista Miguel Facundo Chinguel. Tras conocerse el indulto irregular concedido por el presidente Alan García al ex broadcaster, José Enrique Crousillat, Facundo Chinguel fue retirado de la comisión y Pastor renunció.  El nuevo ministro Víctor García Toma renovó la comisión de indultos pero Carreño siguió en la comisión hasta el final del gobierno de García con la directiva de revisar los indultos ofrecidos.

Años después, a través de una comisión investigadora, se descubrió que durante la gestión de Aurelio Pastor, el presidente García firmó indultos y reducción de penas a importantes narcotraficantes, gracias a las recomendaciones de esa comisión dirigida por Facundo Chinguel. Durante el proceso penal al exministro aprista, este señaló públicamente que Lourdes Carreño fue designada por él para verificar los indultos firmados por Miguel Facundo Chinguel.

Convoca se comunicó con las oficinas de Odebrecht para ubicar a Carreño y también dejó mensajes en la cuenta de Facebook de la abogada para conocer su papel en la negociación con la Fiscalía. Hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Carreño Carcelén se ha convertido en el enlace entre los representantes de Odebrecht y las autoridades peruanas para informar sobre los sobornos cometidos. La información sobre las coimas llegará a manos de los fiscales, a través de ella, y con su aprobación.

Esta investigación se realizó gracias al aporte del ciudadano a la campaña ConBoca 100 mil.