LA AYUDA MILLONARIA DEL GRUPO BANCO MUNDIAL A EMPRESAS INFRACTORAS

Casi 30% de créditos de la IFC se destinó a industrias extractivas. Las más favorecidas infringieron normas ambientales
Planta de licuefacción de gas natural de Pampa Melchorita (Cañete) de Perú LNG. Foto: Internet.

 

Mañana lunes 5 de octubre, empiezan en Lima las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entre 1994 y  lo que va de 2015, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial financió con más de US$2.000 millones proyectos de inversión de 48 empresas en Perú. Entre las que recibieron más fondos,  aparecen compañías  del sector hidrocarburos que incumplieron sus obligaciones ambientales y que se beneficiaron  con informes de supervisión ambiental encarpetados por las autoridades y que nunca fueron investigados pese a las evidencias. Dos de ellas son Maple y Perú LNG. Esta última compañía es la empresa que más dinero recibió de la IFC para montar la infraestructura que procesa el gas traído de los lotes 56 y 88 de Camisea. La compañía es operada por una subsidiaria de Hunt Oil, que tuvo como asesor al actual candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski poco tiempo antes que  ejerciera como premier en el gobierno de Alejandro Toledo.

 

Por Ghiovani Hinojosa y Andy Livise*

Aquella noche, Miguel Tuesta decidió darse un chapuzón en las aguas de la quebrada Yarina, que queda a unos cuantos metros de su casa. Él es un poblador shipibo-konibo que vive en la comunidad nativa Nuevo Sucre, en la provincia de Ucayali, Loreto. Al salir a la superficie, vio que tenía el cuerpo lleno de una sustancia negra y acuosa. Y sintió un olor repugnante. Sí, se había bañado en crudo de petróleo.

Fue el 28 de abril de 2015. Un ducto de la compañía petrolera Maple, que opera el lote 31-B en esta zona, se había roto dejando que el crudo se escapara y cubriera las aguas de la quebrada Yarina. Según los habitantes de Nuevo Sucre, la empresa, de capitales estadounidenses, parchó el ducto recién el 30 de abril al mediodía. “Para limpiar las aguas, Maple contrató a 28 pobladores, a quienes les pagó 40 soles diarios. No les dieron ninguna capacitación ni los implementos necesarios, como chalecos, guantes y pantalones especiales. Mis compañeros sacaron el crudo con trapos. Les salieron ronchas en el cuerpo y empezaron a tener diarreas. Al noveno día, abandonaron el trabajo. La empresa, que los había reclutado por 15 días, no pudo reclamar nada”, cuenta Miguel Tuesta en entrevista telefónica con Convoca.

 

Pobladores en la quebrada Mashiría, Nuevo Sucre (Loreto). Foto: Edinson Cupertino

Fue la cuarta vez que Nuevo Sucre se contaminó con petróleo. En 2009 se registraron tres derrames consecutivos: el 13 de enero un ducto se quebró y ennegreció la quebrada Mashiría; el 24 de enero el crudo fluyó a borbotones en la quebrada Yarinillo; y el 8 de abril de 2009 un operario de maquinaria de la compañía hizo una mala maniobra y quebró un tubo, llenando de combustible la quebrada Yarina, la misma que volvió a ser contaminada este año. En abril de 2009, el crudo fluyó por 4 días seguidos, y para “limpiar” la quebrada la empresa recurrió por primera vez a los nativos. Esta cronología de derrames es narrada por las comunidades del pueblo indígena shipiblo-konibo en una carta enviada en abril de 2010 a la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo financiero para las empresas privadas del Grupo Banco Mundial (leer aquí la carta completa).

Parte de la carta enviada por la comunidad de Nuevo Sucre a  la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman de la IFC.

A inicios de 2010, los shipibo-konibo se enteraron de un dato clave: Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. recibió, en julio de 2007, 40 millones de dólares de la IFC para llevar a cabo sus operaciones. Y por eso, los pobladores hicieron llegar su queja hasta Washington, la sede de esta organización internacional. Pero el 10 de mayo de 2012, la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman concluyó que “este caso no merece una auditoría del proceso de debida diligencia”. Es decir, encarpetaron la demanda.

Nuevo Sucre tiene unos 230 pobladores. Y la comunidad no cuenta con agua potable, por lo que deben ir a sus quebradas para colectar agua. Muchas veces vuelven a casa con olor a petróleo y denuncian casos graves de contaminación. Desde que ocurrieron los derrames, los dirigentes de Nuevo Sucre le pidieron una indemnización a la empresa. Pero ellos aseguran que no les hicieron caso.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que depende del Ministerio del Ambiente, aún investiga el último derrame de Maple ocurrido en abril de 2015.

En el registro de procesos sancionadores de OEFA no aparece ninguna resolución firme impuesta a Maple, entre 2010 y marzo de 2015, a pesar de las denuncias reiteradas de los pobladores desde años atrás. Solo figuran dos resoluciones de sanción en primera instancia con expedientes abiertos recién en 2014 pero en estado “confidencial” debido a que no se ha cumplido el plazo de seis meses para que la resolución pueda ser publicada. Ambos casos son del lote 31B (Loreto) y la Refinería Pucallpa (Ucayali).

Operaciones de Maple Energy en la amazonía peruana.

Solo existe una multa para Maple de apenas 4 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir 15,400 soles, por verter aguas residuales en agosto de 2012 a la quebrada Anís Caño, en Pucallpa. Pero si ahora Maple no figura como una de las más infractoras en el ranking no es por falta de evidencias. Convoca descubrió que entre 1998 y 2005, los inspectores de Osinergmin, el organismo regulador que estaba a cargo de la fiscalización ambiental en el sector hidrocarburos antes que OEFA, encarpetaron 16 informes de supervisión ambiental de las operaciones de la empresa en Ucayali, Loreto y Huánuco.

Las autoridades de Osinergmin nunca sancionaron a Maple por estos 16 casos: permitieron que se supere largamente los cuatro años que fija la ley como límite para iniciar un proceso sancionador luego de recoger las evidencias iniciales. La Contraloría de la República abrió una investigación a las autoridades responsables pero hasta agosto último no han reportado sus hallazgos a pesar de la insistencia de Convoca que accedió a estos documentos luego de un persistente pedido de información a OEFA y a la misma Contraloría.

Convoca pidió una entrevista a Maple para conocer su versión, pero sus representantes no respondieron.

Las más beneficiadas

La Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial financia proyectos de inversión privados en países en desarrollo. En Perú, en los últimos 21 años, se han financiado proyectos por 2,217 millones de dólares**, según un análisis de datos elaborado por Convoca a partir de cifras y documentos del organismo internacional.Los principales sectores de la economía beneficiados con créditos son el financiero (38%), hidrocarburos y minería (29%), agro (5%) y alimentos (5%). Entre las empresas extractivas figuran Perú LNG, Cálidda, Maple, Yanacocha (ver reportaje publicado por ICIJ), BPZ y Antares.

 


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Perú LNG, la empresa que administra la planta de licuefacción de gas natural de Pampa Melchorita (Cañete), es la más beneficiada por la IFC. En 2008, recibió un préstamo de 300 millones de dólares. El dinero les sirvió para montar la infraestructura que procesa el gas traído de los lotes 56 y 88 de Camisea y lo exporta a otros países a través del puerto Melchorita construido por un consorcio liderado por la brasileña Odebrecht, hoy investigada en Brasil por presuntos pagos de coimas. Entre 2011 y 2013, Perú LNG acumuló multas por 68,78 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir 252,142 soles. Todas fueron ratificadas por la última instancia del organismo regulador.

 

En 2013, la compañía que es operada por una subsidiaria de la estadounidense Hunt Oiltuvo más de una infracción probada. El 14 de enero, la sancionaron por no cumplir con retirar dos pilotes de acero del mar de Cañete. Los habían instalado para construir un rompeolas. El 27 de diciembre, la volvieron a sancionar porque una supervisión demostró que hubo un derrame de combustible en la planta debido a falta de personal. En esa misma inspección se registraron otras dos faltas: Perú LNG retiró rocas de cantera de un cerro en El Carmen y de otro en la comunidad de Ayaví, Huancavelica, sin las autorizaciones necesarias; y un agricultor de Cañete, a quien le empresa le arruinó un centenar de árboles de palta, no fue indemnizado a tiempo a pesar de sus reclamos.

 

Ray Hunt, presidente Hunt Oil Company, empresa estadounidensse vinculada a Perú LNG. Foto: Houston Chronicle

Perú LNG tuvo la misma suerte que la petrolera Maple: 9 informes de supervisión ambiental fueron archivados por prescripción. Las inspecciones se realizaron al proyecto Pampa Melchorita entre febrero y diciembre de 2006, cinco de las cuales se efectuaron cuando Pedro Pablo Kuczynski estaba al frente de la Presidencia del Consejo de Ministro. Osinergmin (entonces Osinerg), el organismo que no investigó estos casos, figuraba  adscrito a la PCM que a su vez estaba en manos del hoy candidato presidencial y ex asesor de Hunt Oil, que opera Perú LNG a través de una subsidiaria. 

Antes de convertirse en premier, Kuczynski fue asesor de Hunt Oil para el proyecto de exportación del gas de Camisea. En esos días, la empresa también formaba parte del Consorcio Upstream y de TgP, encargadas del yacimiento gasífero de Camisea. PPK ha reconocido ser amigo de años de Ray Hunt, presidente de la petrolera texana.

Perú LNG tampoco ha respondido al pedido de entrevista de Convoca.

Antes de convertirse en premier, Pedro Pablo Kuczynski asesoró a Hunt Oil en el proyecto Camisea. Foto: Internet

Explosión petrolera

Otra petrolera financiada por la IFC para operar en Perú fue BPZ Exploración & Producción S.R.L., también de capitales estadounidenses. La compañía recibió en diciembre de 2006, 50 millones de dólares: 30.5 en calidad de préstamo y 19.5 como parte de su fondo de apoyo. BPZ invirtió el capital en montar su infraestructura de extracción en el mar de Tumbes, frente a puertos pesqueros como Zorritos, La Cruz y Grau.

Todo marchó sin novedad hasta el 30 de enero de 2008. Ese día, a las 8:55 de la mañana, los pobladores de las caletas de Zorritos y La Cruz salieron asustados de sus casas para ver el hongo de fuego que se había formado en el mar justo frente a ellos. Un barco conocido como “Supe”, que BPZ había alquilado a la Marina de Guerra del Perú para trasladar su petróleo, se estaba incendiando y, luego de cuatro horas, explotó a sólo 12 kilómetros de la costa. La nave tenía en su bodega 1.300 barriles de petróleo. El fuego consumió buena parte del combustible, pero otro tanto cayó al mar, formando una larga estela aceitosa. Un sobrevuelo en la zona esa misma tarde permitió conocer las magnitudes de la mancha de crudo: 16 kilómetros de largo por 50 metros de ancho.

La compañía sostuvo en varios comunicados que el 80% del crudo de petróleo se consumió con el fuego y que sólo el 20% (unos 260 barriles de petróleo) cayó al mar. En los días siguientes, BPZ contrató a Clean Caribbean & Americas, una empresa especializada en control de derrames, y afirmó que llegaron a sacar todo el crudo de las aguas. Pero testigos aseguraron que lo hicieron por lo menos cuatro horas después de la explosión. Al estallar el “Supe”, cayeron heridos, con quemaduras leves y graves, 14 marinos que estaban trabajando en el llenado de combustible. Todos fueron trasladados a hospitales de Lima. Dos de ellos murieron.

El 31 de enero de 2008 se formó una comisión multisectorial para investigar la explosión del barco carguero. El 1 de febrero de ese año, Osinergmin suspendió temporalmente las operaciones de BPZ en el lote Z-1, donde ocurrieron los hechos. Un mes y medio después, el 12 de marzo del 2008, el organismo supervisor levantó esta medida, y BPZ reanudó su trabajo. La comisión multisectorial se desactivó en la más absoluta discreción. El 11 de junio del 2008, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, publicó un informe sobre el derrame que concluía: “Ninguna de las entidades del Estado encargadas de la protección de los recursos naturales ha efectuado una cuantificación del daño producido”.

El 18 de diciembre del 2008, los familiares de los dos trabajadores fallecidos presentaron una denuncia contra BPZ Resources Inc. en el 152 Tribunal del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, en los Estados Unidos. Cuatro años después, el 8 de mayo de 2012, el tribunal desestimó la demanda.

El del barco “Supe” no fue el único derrame de crudo a cargo de BPZ. El 8 de enero de 2014, en la plataforma de extracción CX11, a 11,7 kilómetros de la costa de Zorritos, se rompió una manguera que cargaba petróleo a una embarcación. Según la empresa, se virtieron en el mar 0,4 barriles de petróleo, es decir unos 75,6 litros. De acuerdo a su versión, pusieron en marcha un plan de contingencias que mitigó los efectos del derrame. Pero lo cierto es que a partir de ese día los pescadores artesanales de las caletas de Zorritos, Grau y La Cruz, en Tumbes, tuvieron problemas para realizar su trabajo. “Tuvimos 13 días de baja o nula producción pesquera. Hemos visto que la empresa ha estado haciendo estudios de suelo para poner más plataformas, pero nosotros no queremos más contaminación”, asegura a Convoca Ego Vinces, dirigente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Zorritos.

Gas Natural de Lima y Callao S.A., conocida como Cálidda, también consiguió 50 millones de dólares prestados de la IFC en marzo de 2010. Esta compañía, que ha montado la red de ductos en la capital, ha pasado por encima de estándares ambientales mínimos. Por eso, el tribunal de OEFA ratificó dos procesos sancionadores con multas que suman 333,9 UIT (1’216,024 soles)

Una de las faltas más graves fue detectada el 23 de agosto de 2008. Los supervisores descubrieron que la compañía no había medido los niveles de ruido y la cantidad de gas metano en el aire próximo a los gaseoductos, como había prometido en su Estudio de Impacto Ambiental.

Pero los proyectos que financia el Grupo Banco Mundial, a través de sus distintas organizaciones como la IFC, no solo se ejecutan por empresas que infringen las normas ambientales en Perú, sino también ha financiado tres proyectos estatales que provocaron el desplazamiento de 1142 pobladores. Este es el caso de un proyecto de construcción de vías a cargo del Ministerio de Transportes en cinco regiones andinas del país (Cajamarca, Ayacucho, Abancay, Junín y Pasco) que se ejecutó entre 2010 y 2014 y que originó el desplazamiento de 861 personas.

El Grupo Banco Mundial asegura que su labor en nuestro país “se centra en apoyar al gobierno para mejorar la equidad mediante servicios sociales, infraestructura y competitividad, preservando a la vez la estabilidad macroeconómica”. Este organismo internacional ha inyectado miles de millones de dólares en proyectos ejecutados por el Estado y las compañías privadas pero si se pone bajo la lupa cómo operan sus clientes en nuestro país, un manto gris cubre las cifras de optimismo de varios proyectos. Uno de los puntos que se espera que ingrese a la agenda de las reuniones en Lima con los representantes de este organismo será precisamente revisar los requisitos ambientales y sociales (salvaguardas) que regirán en los próximos años para entregar los créditos. Este reportaje muestra hechos que no se deben ignorar.

Conoce en esta herramienta interactiva cuántas personas fueron desplazadas por proyectos financiados por el Banco Mundial. Puedes hacer búsquedas por países (dar click a la imagen): 

 

*Con la colaboración de Leonardo Flores Tasayco.

**El monto incluye un préstamo para Sedapal, que es una empresa público-privada.

Agradecemos al ICIJ, el diario La República y a DAR por su contribución en la elaboración de este reportaje.

Fecha de publicación: Domingo 04 de octubre de 2015. 11 am.

Una versión resumida del reportaje fue publicada en la edición impresa del 04 de octubre de 2015 del diario La República.