La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció ayer el inicio de procesos disciplinarios contra los jueces supremos Aldo Figueroa, Martín Hurtado, César San Martín, Ángel Romero; así como a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, y el exvocal supremo Vicente Walde, presuntamente vinculados a la red de "Los Cuellos Blancos del Puerto".

Convoca.pe conversó al respecto con Aldo Vásquez, titular del referido organismo, quien indicó que los otros seis miembros de la JNJ fueron designados para ser ponentes de estos procesos, es decir que estarán a cargo de revisar los expedientes de cada magistrado y elaborar un informe con recomendaciones de la posible sanción o archivamiento de los casos.

Se trata de los consejeros Imelda Tumialán Pinto, María Zavala Valladares, Guillermo Thornberry Villarán, Inés Tellos, Henry Ávila y Humberto de la Haza. La distribución de los expedientes de cada procesado fue realizada de forma aleatoria.

Al solicitarle que precise qué casos verá cada uno de los consejeros, Aldo Vásquez señaló que si bien el reglamento de la JNJ no indica que los nombres de los ponentes se mantengan en reserva, afirmó que "bajo determinadas circunstancias podría considerarse que es mejor que esa información no se publique". Sin embargo, este dato sí será comunicado a cada uno de los jueces o fiscales durante el proceso disciplinario o de destitución a los que serán sometidos, y será de conocimiento público en la audiencia pública que se realice por cada caso.

Otras fuentes de Convoca.pe señalaron que el motivo de no identificar al ponente para cada caso, en la etapa inicial, responde a un tema de protección preventiva para evitar presiones externas de personas relacionadas a los magistrados procesados.

Aldo Vásquez resaltó que todos los procesos disciplinarios iniciados por la JNJ se enmarcan en el respeto al estado de derecho y a la presunción de inocencia. Foto: Jackeline Cárdenas/Convoca.pe

Vásquez agregó que estos consejeros, en la etapa de instrucción, tienen hasta 60 días para elaborar un informe que debe ser expuesto ante el pleno de la Junta Nacional de Justicia, que luego decidirá la fecha de una audiencia pública en la cual cada uno de los procesados, o sus abogados, tendrán que exponer sus argumentos de defensa frente a las recomendaciones de la ponencia. 

El presidente de la JNJ precisó que en los mencionados siete casos de jueces y fiscales supremos, así como en los otros 109 procesos disciplinarios abreviados —abiertos a pedido de la Oficina de Control de la Magistratura y la Fiscalía Suprema de Control Interno—, los actos que se realicen son reservados por el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. 

"Las expectativas ciudadanas ante estos procesos disciplinarios tienen que enmarcarse en el estado de derecho, a la presunción de inocencia y el orden constitucional y de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos", resaltó Aldo Vásquez.  

El titular de la JNJ comentó que, si bien la sanción máxima contra los magistrados procesados podría ser la destitución, el reglamento de la institución también establece la posibilidad de otro tipo de sanciones como las amonestaciones o suspensiones. 

Sobre una posible medida provisional contra los procesados, Aldo Vásquez manifestó que en los casos en los cuales los magistrados ocupen puestos en el Poder Judicial o la Fiscalía, el consejero instructor tiene la potestad de solicitar una medida cautelar de suspensión del cargo mientras se determine su situación, la cual debe ser votada por el pleno del JNJ, previa audiencia donde el magistrado procesado exponga sus argumentos contra la suspensión. 

Añadió que, en los últimos 45 días, la Junta Nacional de Justicia ha recibido entre 40 y 50 denuncias contra jueces y fiscales presentadas por ciudadanos de todo el país, que se suman a las 135 denuncias que quedaron pendientes de revisión luego de la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

No obstante, Vásquez lamentó que la mayoría de denuncias no tengan los medios probatorios suficientes que sustenten la apertura de procesos disciplinarios e hizo una invocación a la ciudadanía a continuar denunciando las inconductas cometidas por magistrados en el ejercicio de sus funciones.