Al menos 18 funcionarios de diferentes entidades públicas presentaron solicitudes de nulidad de los procesos en los que son investigados por la Contraloría, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarase inconstitucionales las facultades sancionadoras del órgano de control mediante una resolución emitida el miércoles 24 pasado, es decir en los últimos tres días hábiles, según fuentes de Convoca.pe.

La semana pasada, el contralor Nelson Shack indicó que la referida sentencia del TC imposibilita a la Contraloría ejercer su facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que hayan cometido o incurran en inconducta funcional, situación que constituye una seria afectación a la lucha contra la corrupción y la impunidad administrativa. Así, se estima que alrededor de 15 mil personas quedarían libres de responsabilidad administrativa.

“En resumidas cuentas, solo se observarán los hechos irregulares, pero no podrán emitirse sanciones administrativas tal como de manera efectiva venía imponiendo la Contraloría”, aseveró Shack el mismo día en que el ente constitucional publicó su fallo.

Tribunal Constitucional suspendió los efectos de su propia sentencia hasta aclarar sus alcances. Foto: Difusión

Al respecto, el sábado, el Tribunal Constitucional suspendió los efectos de la resolución que declara inconstitucional las sanciones impuestas por el órgano de control. 

El presidente del TC, Ernesto Blume, refirió que el colegiado tomó esa decisión luego de acoger a trámite el pedido de aclaración formulado por la Contraloría.

“El TC ha acogido ese pedido y adoptará una decisión, mientras tanto la sentencia no tiene carácter obligatorio, se suspende en sus efectos porque la aclaración formará parte de la propia sentencia, ahí despejaremos las dudas”, dijo en RPP Noticias.

La demanda inicial

El Tribunal Constitucional falló a favor de la demanda del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA), interpuesta en agosto de 2015, representado por el decano en ese momento, Alfredo Álvarez Díaz. De acuerdo con la Contraloría, el exdecano del mencionado gremio profesional tiene tres denuncias en su contra en el Ministerio Público: dos por abuso de autoridad y una por apropiación ilícita. 

El recurso fue presentado el mismo año en que Alfredo Álvarez fue elegido para ser miembro de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (el 7 de octubre): solicitaba que el TC anulara la Ley de sanciones del ente de control por “ser imprecisa”, además de “desproporcionada”. 

La Contraloría presentará un proyecto de ley para que no se le impida ejercer su facultad sancionadora.

El artículo 46 de la Ley orgánica de la Contraloría sostiene que este órgano podrá sancionar a los funcionarios o servidores públicos que “contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen”. 

Y el TC señala: “la frase ‘el ordenamiento jurídico administrativo’ es tan amplia que no garantiza a sus destinatarios un grado mínimo de seguridad respecto al conjunto de conductas por las que podrían ser sancionados máxime cuando, como es bien sabido, el ordenamiento jurídico administrativo cuenta con gran cantidad de fuentes y está compuesto —como mínimo— por centenares de normas de diversa naturaleza”.

Proyecto de ley

Voceros de la Contraloría adelantaron a Convoca.pe que esta semana presentarán un proyecto de ley que les permita poder seguir ejerciendo la facultad de sancionar la inconducta de funcionarios y servidores públicos.

Con el fin de que se priorice la aprobación de la propuesta, el contralor Shack se ha reunido con los titulares del Congreso, Daniel Salaverry, y del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; así como con el presidente Martín Vizcarra

Entre tanto, la Contraloría presentó un pedido de aclaración sobre el fallo ante el TC, mediante el cual se deberán precisar los alcances de la sentencia. Hasta que se resuelva esta solicitud, la decisión del máximo ente constitucional quedó suspendida.