El equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato decidió no incorporar como investigado al exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en el procedimiento indagatorio seguido por el pago de sobornos en el caso de la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima.

La procuradora ad hoc Katherine Ampuero anunció ayer, en la comisión investigadora del Congreso sobre corrupción de empresas brasileñas en el país, que el referido grupo de trabajo liderado por el fiscal Hamilton Castro había informado a su despacho —poco tiempo antes— sobre esa decisión, ante una nueva solicitud de incorporación de Barata como investigado.

Fuentes fiscales confirmaron a Convoca.pe que, en efecto, el Ministerio Público envió esa notificación recientemente a la Procuraduría para el caso Lava Jato en el Perú.

De esa manera, Barata solo será objeto de las pesquisas por parte del mencionado equipo fiscal en el caso de la Interoceánica Sur (IIRSA Sur), adjudicación por la que Odebrecht afirma haber pagado 20 millones de dólares.

La procuradora Ampuero cuestionó la posición de la fiscalía y afirmó que los hechos imputados al exejecutivo de la constructora brasileña son los mismos en ambos casos.

“La única diferencia que existe entre la conducta del señor […] Barata en el tema de la IIRSA Sur y en el de la Línea 1 del Metro de Lima es el monto de la coima pagada”, apuntó. Como se sabe, Barata también ha confesado pagos por más de 8 millones de dólares en esta última concesión.

PREOCUPACIONES

De otro lado, la titular de la Procuraduría del caso Lava Jato en el país advirtió que el contenido del acuerdo de colaboración con Odebrecht solo es conocido por el fiscal Hamilton Castro. En tal sentido, Ampuero señaló que su despacho no ha podido saber si este fue suscrito con el grupo empresarial Odebrecht o con “alguna o algunas” de las 55 denominaciones (razones sociales) con que la firma brasileña operó en el Perú.

Además, volvió a afirmar que las empresas que formaron consorcios con Odebrecht tampoco han sido incorporadas como investigadas en ambos casos ya judicializados. Acusó, en esta línea, que para estas compañías el plazo de prescripción seguía corriendo. Otras preocupaciones son la desaparición de elementos probatorios y la disposición de su patrimonio, algo que pondría en riesgo las reparaciones económicas para el Estado.

Los montos provisionales de reparación civil que maneja la procuraduría ad hoc para los 10 casos en los que se ha constituido como actor civil —más otros dos pendientes de evaluación—, suman más de S/1,285 millones de soles.