Un día después de que la fiscal Sandra Castro Castillo sindicara al titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, como presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, este suspendió los interrogatorios a los 11 legisladores fujimoristas acusados de obstruir el allanamiento a locales de Fuerza Popular, entre ellos el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y la cabeza de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, según documentos en poder de Convoca.pe.

El jueves 16 de agosto, Chávarry, quien asumió las pesquisas en febrero último y demoró cinco meses en citar a los congresistas del partido de Keiko Fujimori, dejó sin efecto dichas diligencias, al parecer de manera temporal, las cuales inicialmente había sido programadas para que se realizaran entre el 20 de agosto y el 12 de setiembre. Y aún no se han determinado las nuevas fechas para los interrogatorios.

A la semana siguiente de esa decisión —el domingo 26 de agosto—, la hija del indultado Alberto Fujimori respaldó a Pedro Chávarry como fiscal de la Nación a pesar de los cuestionamientos por su presunta implicancia en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. “Yo pienso que sí (debe continuar al frente del Ministerio Público), porque las medidas que está tomando son positivas”, dijo Keiko Fujimori durante una entrevista televisada.

Escrito del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, del 16 de agosto de este año.

De acuerdo con las fuentes, la resolución de Chávarry ya fue notificada a los parlamentarios de Fuerza Popular que fueron denunciados por el fiscal José Domingo Pérez, el mismo que dirigió el mencionado operativo en diciembre de 2017 como parte de las investigaciones por lavado de activos al partido fujimorista en relación al caso de los aportes de la empresa brasileña Odebrecht. Además de Salaverry y Bartra, están sindicados Cecilia Chacón, Héctor Becerril, Úrsula Letona, Miguel Torres, Elard Melgar, Karina Beteta, Luz Salgado, Alejandra Aramayo y Víctor Albrecht.

En el documento, se señala como razones para la “reprogramación” de los interrogatorios que hay “diligencias pendientes de realización”, como la visualización de los videos del allanamiento ejecutado hace ocho meses.

En su escrito, Pedro Chávarry dispuso también "continuar con el conocimiento de la presente carpeta fiscal, en el despacho de la Fiscalía de la Nación, para la emisión del pronunciamiento correspondiente". Esta postura contradice su propia resolución del 16 de julio pasado —cuatro días antes de juramentar al cargo que hoy ocupa— mediante la cual al parecer trató de derivar a otro fiscal supremo las pesquisas a los fujimoristas, bajo el argumento de que "al variar el titular de la Fiscalía de la Nación (en alusión a Pablo Sánchez), varíese de titular de la presente investigación".

Hija de Alberto Fujimori durante entrevista, el 26 de agosto reciente.

Como se recuerda, los legisladores fujimoristas —que deberán rendir su testimonio ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, dirigido por la fiscal superior Juana Meza Peña— incurrieron en "obstrucción a la justicia, encubrimiento real y violencia contra la autoridad", según la acusación.

El fiscal José Domingo Pérez, además de formar parte del Equipo Especial del caso Lava Jato, dirige tres distintas investigaciones por blanqueo de capitales al partido de Keiko Fujimori ('fujicocteles', 'financiamiento de campaña', y 'aportes de Odebrecht') y fue quien denunció ante el despacho del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a los 11 parlamentarios de Fuerza Popular.

Bajo sospecha

Cabe anotar que el grupo de parlamentarios fujimoristas fue notificado de la suspensión de los interrogatorios de agosto y setiembre durante un contexto en el que el Congreso había admitido la denuncia constitucional contra Pedro Chávarry por haber incurrido en "faltas políticas" al haberle "mentido al país" sobre su vinculación con el investigado juez supremo César Hinostroza y el gerente de Iza Motors, Antonio Camayo, investigados por el Ministerio Público —al igual que el fiscal supremo— por presuntamente formar parte de la red Los Cuellos Blancos del Puerto.

De acuerdo con el colaborador N° FPCC1308-2018, esa organización criminal "quería evitar que Pablo Sánchez sea reelecto como Fiscal de la Nación; ante ello, el grupo se desespera y Guido Aguila con César Hinostroza conversan con Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de (Pedro) Gonzalo Chávarry. Para esto, organizan encuentros con periodistas acudiendo a Camayo para que realice una reunión con periodistas para que realicen entrevistas de apoyo dirigidas, y por eso que los integrantes del organigrama tenían en mente que el Ministerio Público se encontraba manejado y controlado por ellos".

Además, el testigo protegido por la Fiscalía y la Policía manifestó ante las autoridades que "se percató que este grupo tenía (...) intenciones de poder (...) e hizo un organigrama de Los Cuellos Blancos del Puerto que tenía como N° 1 a César Hinostroza Pariachi; N° 2, José Luis Castillo Alva; N° 3, Orlando Velásquez, N° 4, Walter Ríos Montalvo. En el segundo nivel, tendrían como apoyo para "tomar la Fiscalía de la Nación" por intermedio de Pedro Chávarry y Tomás Gálvez; en el mismo nivel tomar fuerza en el Poder Judicial".

Fiscal José Domingo Pérez en el local de Fuerza Popular durante el allanamiento, en diciembre de 2017. Foto: Difusión

El fiscal Chávarry se presentará el lunes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dirigida por el parlamentario fujimorista César Segura, para dar sus descargos en torno a la investigación por no haber dicho la verdad sobre a su relación con "Los Cuellos Blancos del Puerto" y por su rol protagónico en los audios interceptados a magistrados, fiscales, abogados, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios que integrarían la referida agrupación criminal.

"Con relación a la denuncia constitucional que me ha interpuesto un grupo parlamentario, debo decirles que me allano a todo tipo de investigaciones", respondió Chávarry a la prensa a inicios de agosto luego de reunirse a puerta cerrada con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, uno de los congresistas fujimoristas que es investigado por su despacho desde hace seis meses y que —según fiscales que conocen del caso— continúa en fase "incipiente".

Convoca.pe intentó obtener la versión del titular del Ministerio Público, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.