Al menos 26 exfuncionarios con inhabilitaciones vigentes de la Contraloría, por actos indebidos calificados de graves y muy graves, buscan ser electos como autoridades regionales y municipales en 14 departamentos del país para el periodo 2019 – 2022, de acuerdo con documentación oficial del órgano de control a la que accedió Convoca.pe.

Según esa base de datos, que cuenta con información de enero a agosto último, la mayor cantidad de servidores públicos con la máxima sanción administrativa postula a cargos de elección en Ayacucho, Tumbes y Lima.

Registro de Sanciones Contr... by on Scribd

En el caso de la capital peruana, hay tres candidatos que fueron inhabilitados de sus funciones públicas por la Contraloría, dos de los cuales pretenden ser alcaldes en distritos de Huaral y Huarochirí, y uno burgomaestre provincial de Huaura.

Entre ellos está Pedro Yanac Pariasca, postulante a Ihuari (Huaral) por Somos Perú, que se encuentra impedido por la Contraloría para desempeñar cargos públicos hasta mayo del 2021. Cabe anotar que Yanac fue sancionado cuando era gerente de Rentas de la municipalidad de La Victoria (Lima). En abril pasado, su apelación fue declarada infundada.

En la Resolución N° 12 del Tribunal Superior de Sanciones se consigna que Pedro Yanac no habría sido imparcial al momento de emitir un pago sobrevaluado por servicios de optimización de la recaudación tributaria y procesos, así como de cartografía digital, por unos S/ 9’412,417, cuando el servicio prestado por la empresa CATAX  debió costar S/ 2’495,525.

Pedro Yanac postula para ser alcalde de Ihuari, Huaral.

Sobre Joel Castillo Napurí, candidato por Perú Nación a la provincia de Huaura, la Contraloría detalla que fue inhabilitado por dos años debido al incumplimiento, “sin control y evaluación” de las bases administrativas para la producción editorial de un libro que fomentaría el turismo, cuando él era director regional de Comercio Exterior y Turismo en Amazonas.

En el Informe N° 19 del Tribunal de Sanciones del órgano de control se indica que el caso agotó en la vía administrativa.

Joel Castillo es candidato a la alcaldía provincial de Huaura.

En tanto, el candidato por Alianza por el Progreso en el distrito de Huarochirí, Jesús Lozano Sotil está impedido de ser funcionario hasta enero de 2020, a causa de que aprobó en calidad de Residente de Obra Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho la suscripción de una segunda adenda que pudo evitarse, pero este no observó el trámite regular y, a su vez, no ingresó dicha solicitud. Así, generó un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 95,900.
 

En Ayacucho

El documento de la Contraloría registra, además, que en Ayacucho existen cinco candidatos con inhabilitaciones del órgano de control: cuatro exfuncionarios del gobierno regional y uno de la municipalidad provincial de La Mar.

Cuando Jesús Pillaca Cajamarca era director de la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho, pagó el total por la adquisición de un vehículo y, ante el incumplimiento de la entrega de la póliza del seguro vehicular, la entidad no aplicó una penalidad, situación que ocasionó un perjuicio económico por S/ 11,308.

Pillaca busca ser burgomaestre en el distrito de Payasca, Huamanga, con el partido Alianza para el Progreso.

Jesús Pillaca pretende ser burgomaestre de Payasca, en Ayacucho.

Por su parte, Juan Carlos Arango Claudio fue inhabilitado durante un año por contratar sin  proceso de selección los servicios para la escenificación de la Batalla de Ayacucho. En tanto, a Caros Herminio Herencia Gallegos se le sancionó con una inhabilitación por dos años debido a que emitió documentos para el pago al contratista sin evaluar la omisión de partidas consignadas en el expediente técnico de una obra de saneamiento. Y por último, a Iván de la Cruz Bautista también se le inhabilitó hasta abril de 2021 por cargos muy graves. Estas personas mencionadas laboraron en el gobierno regional ayacuchano y sus actos perjudicaron económicamente al Estado.

Estas sanciones no han impedido que Arango y Herencia sean postulantes a la alcaldía provincial de Huamanga con los partidos Democracia Directa y Tecnología de Punta para Ayacucho. En cambio, De la Cruz candidatea por  Todos por el Perú para ser regidor de la capital ayacuchana. 

Otro caso fue el de Miguel Córdova Paredes, exfuncionario de la municipalidad de La Mar que fue investigado por presuntos actos de corrupción, cuyas infracciones en sus respectivas instituciones varían entre graves y muy graves. Es candidato a regidor a la provincia de Huamanga por el Movimiento Regional Tecnología de Punta para Ayacucho.
 

Región fronteriza 

En Tumbes, el caso de Jaime Hernández Soto, candidato a la alcaldía distrital de Aguas Verdes en la provincia de Zarumilla es particular. Según la Contraloría, fue sancionado con tres inhabilitaciones por cuatro infracciones muy graves por presuntos actos de corrupción, las cuales finalizan entre los años 2022 y 2023.

Como ex subgerente de Obras de la entidad, Hernández Soto tiene cuatro procesos sancionadores. En la resolución de uno de estos, se detalla una ampliación de plazos irregulares a una empresa contratista encargada de ejecutar el tramo III Higueron – Rica Playa del mejoramiento y rehabilitación de la ruta departamental.

Jaime Hernández postula a la alcaldía de Aguas Verdes, en Tumbes.

Si la penalización hubiese sido efectiva en contra de la compañía, el Estado no hubiese perdido unos S/ 756,280. Respecto a su candidatura, el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado su postulación como improcedente.

Pero no son los únicos sancionados, hay más departamentos con casos similares a nivel nacional. 

En Arequipa: tres exfuncionarios sancionados postulan para ser alcalde y regidor en el distrito de Socabaya y Yanahuara. Ello son Juan Carlos Ortiz Villalta (suspendido por 240 días) y Pilar Vera Madariaga (inhabilitada por cinco años) y Juan Muñoz Pinto (inhabilitado por tres años). 

Partidos y movimientos regionales

En el referido documento de la Contraloría se consigna que los exfuncionarios están vinculados a 24 organizaciones políticas en total: 9 partidos nacionales y 15 movimientos regionales.

Los partidos que aparecen en esa lista son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Alianza por el Progreso, Democracia Directa, Todos por el Perú, Vamos Perú, Podemos por el Progreso del Perú, Somos Perú y Perú Nación.

Y entre las agrupaciones locales figuran Arequipa Transformación, Movimiento Regional Arequipa Avancemos, Tecnología de Punta para Ayacucho, Movimiento Independiente Innovación Regional, Frente Regional de Cajamarca, Movimiento de Afirmación Social, Cajamarca Siempre Verde, Movimiento Regional Agua, Movimiento Independiente Trabajando para Todos, Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín, Caminemos Juntos por Junín, Súmate, Moral y Desarrollo, Juntos por Aguas Verdes y Esfuerzos Unidos.

Ver: Más de 240 funcionarios con sanciones de la Contraloría vinculados a organizaciones políticas

Instituciones afectadas

Además, el reporte del órgano de control informe de Contraloría detalla que las inhabilitaciones a exfuncionarios afectaron a unas 24 entidades públicas, entre ellas el Gobierno Regional de Ayacucho (tres exservidores públicos inhabilitados), el Gobierno Regional de Cajamarca (dos sancionados con inhabilitación), la Municipalidad Distrital de Cayma (dos inhabilitados), el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMA II – 2 (dos exfuncionarios con inhabilitación).

Otras instituciones que resultaron perjudicadas son la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, la Municipalidad Distrital de Yanahuara, la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, la Municipalidad Distrital de Choropampa, la Gerencia Subregional de Tayacaja, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Huánuco, la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, el Gobierno Regional de Pasco, el Gobierno Regional de La Libertad, la Municipalidad Distrital de Olmos, la Municipalidad Distrital de La Victoria, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, el Gobierno Regional de Amazonas, la Municipalidad Provincial de Lampa, el Gobierno Regional de Tumbes y el Gobierno Regional de Ucayali.