Hace dos días, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) creó la comisión sectorial para investigar la rotura del colector principal que forma parte del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho, situación que el domingo último ocasionó un gran aniego en este populoso distrito de Lima que ha perjudicado a más de 1 mil 900 personas.

Al respecto, el presidente Martín Vizcarra anunció que el referido grupo de trabajo realizará una profunda investigación para evaluar las responsabilidades que correspondan. Indicó que la construcción de ese tramo “se hizo a través del Consorcio Tren Eléctrico —integrado por Odebrecht y Graña y Montero— con un contrato firmado el 8 de julio de 2011, cuando Alan García era presidente”. 

Y el ministro del sector, José Piqué, el lunes pasado dijo: “Ese tubo fue colocado por la empresa constructora y no sigue las exigencias de Sedapal”. Como se recuerda, la firma brasileña ha confesado el pago de sobornos por 17 millones de dólares respecto al tramo 2 del Metro de Lima.

Ministro de Vivienda, Javier Piqué, apuntó como responsable del aniego a Odebrecht. Foto: Difusión

Sin  embargo, un informe de la Contraloría —fechado en 2018— ya había detectado irregularidades en esa obra ejecutada entre 2011 y 2014, de acuerdo con la documentación oficial a la que Convoca.pe tuvo acceso.

La auditoría halló la comisión de actos indebidos en las etapas de formulación del expediente de licitación, concesión y ejecución del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, tras analizar la elaboración del expediente técnico y ejecución de las obras civiles y electromecánicas de su sistema eléctrico.

Informe de la Contraloría sobre el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.

Desde las bases

Según el informe del órgano de control —cuyo análisis comprendió desde setiembre de 2010 a noviembre de 2014—, las irregularidades se iniciaron  en el mismo 2010 cuando la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde junio de 2009, contrató a la compañía Dessau International Inc.- Sucursal Perú para hacer la elaboración de términos de referencia y el expediente técnico para la licitación pública del Tramo 2. 

Dicho estudio debía realizarse en 45 días calendario, tiempo insuficiente para un proyecto de la magnitud de la obra, de acuerdo con las conclusiones de la Contraloría. 

No obstante, al suscribirse el contrato con Dessau International, el tiempo se redujo a 30 días calendario. Esto a pesar de que el Decreto Supremo de marzo de 2010, en que se exceptuaba al proyecto de la fase de preinversión, la AATE —entonces dirigida por Oswaldo Plasencia— afirmaba que se debía llevar a cabo un estudio de ingeniería a nivel de anteproyecto que “debía tomar cinco meses aproximadamente”. 

Oswaldo Plasencia fue director ejecutivo de la AATE de 2009 a 2013. Antes fue asesor del ministro Enrique Cornejo, en el segundo gobierno de Alan García . Foto: Difusión

¿En qué consistía el estudio que Dessau International debía realizar? 

Entre otras tareas, el consultor debía elaborar términos de referencia y expediente técnico a nivel de diseño preliminar sujeto a la normativa vigente; identificar y hacer una evaluación técnica del trazo, analizando los eventos que cruzan o tienen incidencia sobre el eje del proyecto para salvar cursos de agua naturales o artificiales y proponer soluciones para resolver las interferencias con ductos, líneas aéreas, y otros. Además, identificar los sectores críticos como condicionantes del proyecto de viaductos y puentes y estimando su costo. 

Cabe anotar que el término “interferencias” está referido a los servicios con los cuales interfiere la ejecución de la obra. Estos pueden se eléctricos (con Edelnor, Luz del Sur, etc.); de agua y desagüe (Sedapal); de gas (Cálidda); de telefonía; de fibra óptica y de TV. 

La auditoría señala que el estudio final entregado por Dessau International presentaba graves deficiencias en el trazo del viaducto, en la identificación de interferencias, así como en el diseño de cimentaciones de estructuras. Los postores de la licitación de la obra se basaron en esa información para presentar sus propuestas. 

Responsabilidades compartidas

En base al estudio de Dessau International, el 25 de enero de 2011 se convocó a la licitación pública para la elaboración del expediente técnico y ejecución del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. 

La convocatoria fue realizada por un comité especial conformado por Mariella Huerta, Jesús Munive y Edwin Luyo, quienes elaboraron y aprobaron las bases de la licitación. Actualmente, estos funcionarios se encuentran investigados por el Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato.

Mariella Huerta, Jesús Munive y Edwin Luyo conformaron el comité especial de licitación. 

A pesar de que las bases aprobadas fueron objeto de quejas por parte de los postores, pues solo se les daba 30 días hábiles como máximo para presentar sus anteproyectos y propuestas técnicas —el mismo plazo para los concursos para construir una losa deportiva—, el Comité Especial decidió que la información entregada a los adquirientes era “suficiente, veraz, completa y confiable”. 

No obstante, en una extraña contradicción, el comité también indicaba que la información otorgada era referencial y que los postores deberían “contrastar o desarrollar la información para la elaboración de la propuesta”. Finalmente, solo se admitieron las propuestas técnicas y económicas del Consorcio Metro San Juan y del Consorcio Tren Eléctrico (integrado por Odebrecht y Graña y Montero). Este último fue el que obtuvo la buena pro. 

¿El consorcio liderado por Odebrecht cumplió cabalmente con las bases del proceso de licitación?

De acuerdo con el informe de la Contraloría la respuesta es negativa y se vulneraron tres puntos medulares de las normas.

El primero es sobre el trazado del viaducto. Los términos de referencia de las bases de la licitación especificaban que el trazo se debería efectuar considerando las Especificaciones Técnicas Básicas y en concordancia con las normas vigentes, es decir las ordenanzas N° 975 y N° 1101 de la municipalidad de Lima.

La constructora incumplió con esa condición debido a que no identificó el derecho de vía, situación que resultaba evidente y que correspondía advertir al comité “más aún cuando este aspecto fue materia de pronunciamiento del OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) hasta en dos ocasiones durante el proceso de selección”, según el órgano de control.

Otro aspecto vulnerado fue que el consorcio hizo el trazo de viaducto sin respetar las fajas de servidumbre para las redes de alta tensión. Es decir, no se consideraron los parámetros establecidos en el Código Nacional de Electricidad-Suministro 2001.

Por último, el Consorcio Tren Eléctrico tampoco cumplió con realizar las exploraciones a la profundidad mínima exigible, proponiendo una cimentación que no estaba acorde con los requerimientos del tipo de suelo.

El Consorcio Tren Eléctrico era integrado por Odebrecht y Graña y Montero. 

El expediente técnico definitivo de la obra, elaborado por la referida constructora, fue aprobado por el director ejecutivo de la AATE, Oswaldo Plasencia, el 5 de noviembre de 2012 con un presupuesto de 900 millones 610 mil 620 dólares, habiéndose incrementado en 54.35% respecto al monto de la oferta económica con la que el contratista obtuvo la adjudicación (583 millones 480 mil 359 dólares). El expediente fue aprobado sin sustento de los gastos generales. 

Debe anotarse que la empresa Graña y Montero —exsocia de Odebrecht— forma parte del Consorcio Graña y Montero Ferrovías (integrado por G y M S.A. y la empresa argentina Ferrovías S.A.) que tiene actualmente la concesión del aprovechamiento económico del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1, tramo 1 y tramo 2.

¿Riesgos anunciados?

El presidente Martín Vizcarra declaró el martes que, de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, la empresa que construye una obra  tiene responsabilidad por los defectos que pudiera presentar hasta siete años después de entregada la misma. 

En este caso, si se determinara que el Consorcio Tren Eléctrico tiene responsabilidad en la rotura del colector de la estación Pirámides del Sol, tendría que hacerse cargo de las sanciones que eso implique. En ese sentido, la Comisión Sectorial tiene 30 días para determinar responsabilidades en la causa del aniego.

Ver el especial: Investiga Lava Jato