El nombre de José Miguel Castro Gutiérrez, gerente municipal metropolitano durante la alcaldía de Susana Villarán, ha surgido en los últimos días como aparente nexo de la comuna limeña con Odebrecht en los casos de la cuenta bancaria en Andorra del ex funcionario edil Gabriel Prado y del financiamiento a la campaña a favor de la ex burgomaestre en el proceso de revocatoria de 2013.

Ante estos indicios, que investiga la Fiscalía, cabe preguntarse sobre el papel de Castro Gutiérrez en el caso Rutas de Lima —revelado por Convoca.pe—, concesión municipal por 30 años que aparece en las planillas de 'oficina de sobornos' de la constructora brasileña al lado de dos montos de dinero por 711 mil dólares en total, en 2014.

Como se sabe, Gabriel Prado declaró el domingo último en el programa televisivo Cuarto Poder que José Miguel Castro, ex brazo derecho de Villarán cuando fue alcaldesa, fue quien lo contactó con ejecutivos de Odebrecht para supuestamente acceder a una oferta laboral, tras su salida de la comuna limeña en febrero de 2013.

Gabriel Prado fue funcionario municipal hasta febrero de 2013. Niega haber gestionado la apertura de una cuenta a su nombre en Andorra. Foto: Andina

Prado está bajo investigación por el equipo fiscal dedicado al caso Lava Jato en Perú, luego de que en Andorra se detectara una cuenta a su nombre relacionada a las offshore panameñas Relton Holding y Aeon Group, esta última empleada por la empresa brasileña para ocultar transferencias de sobornos en diferentes países.

Y según el testimonio del publicista brasileño Valdemir Garreta, difundido hoy por El Comercio, José Miguel Castro fue la persona designada por Susana Villarán para coordinar los detalles de la contratación del franco-brasileño Felipe Belisario Wermus (Luis Favre) para la campaña del No, en la revocatoria. Garreta dijo que Castro le indicó que los fondos provendrían de las firmas Odebrecht (2 millones de dólares) y OAS (1 millón de dólares).

El origen legal

En el caso de la concesión Rutas de Lima (antes Vías Nuevas de Lima), José Miguel Castro tuvo un rol protagónico, según se desprende de su intervención en la sesión del concejo limeño del jueves 3 de mayo de 2012, en la cual se declaró de “interés” la iniciativa privada presentada por Odebrecht a la Municipalidad de Lima en abril de 2010.

Ese día se aprobó por unanimidad el Acuerdo de Concejo 825, con el cual empezó el proceso de adjudicación que finalmente fue otorgada a Odebrecht de forma directa, el 18 de setiembre del mismo año, al no presentarse otras compañías interesadas.

De acuerdo con el Acta N° 22, al que Convoca.pe accedió, el entonces gerente municipal metropolitano expuso: “Hoy traemos una iniciativa privada, que es Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima), cuyo proponente es la empresa Odebrecht, que tiene una gran experiencia en términos de inversión de infraestructura en el país. (…) Se busca invertir en construcción e infraestructura 500 millones de dólares en los próximos cuatro años”.

Acta Nº 22, que consigna el desarrollo de la sesión del Concejo de Lima en la que se dio inicio a la adjudicación de Rutas de Lima.

Agregó: “Lo que nosotros estamos otorgando en concesión contra esta inversión es el 30% de los peajes totales de la ciudad. Recordemos que la recaudación de peajes asciende aproximadamente a 240 o 250 millones de soles anuales. El 70% de esto ya fue concesionado en 2009 en Línea Amarilla (adjudicada a la firma brasileña OAS), ahora estamos concesionando el 30% restante”.

Para finalizar, Castro señaló: “Lo que ahora estamos recomendando desde la gerencia municipal y desde todas las áreas es declarar interés público esta obra, lo que abre una ventana de oportunidad de 90 días para que otros actores privados puedan presentar sus propuestas sobre esta misma obra, mejorando algunas de las condiciones. […] Lo importante ahora, creemos nosotros, es dar la señal a los señores que quieran participar y […] evidentemente, dar la señal al proponente (Odebrecht) de que aquí, y a la ciudadanía hay un proceso de inversión en curso, de construcción […], y que esto es una necesidad que queremos nosotros para Lima”.

En las planillas del 'departamento de sobornos' de Odebrecht figuran dos pagos por la concesión Rutas de Lima, en 2014. Foto: Difusión

Esta sesión fue dirigida por la alcaldesa Susana Villarán, quien había designado a José Miguel Castro como gerente municipal metropolitano cuatro meses antes, el 6 de enero de 2012, cuando se iniciaba el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de la burgomaestre limeña.

Viajes y rastros

Luego de la firma del contrato de concesión de Rutas de Lima entre la comuna limeña y Odebrecht, el 9 de enero de 2013, José Miguel Castro empezó una serie de viajes a zonas fuera del país y en fechas que podrían estar relacionados con hechos y periodos que están bajo indagación en el Ministerio Público.

Según sus movimientos migratorios, obtenidos por Convoca.pe, Castro enrumbó a Europa del domingo 11 al sábado 17 de agosto de 2013, específicamente a Holanda, conocido paraíso fiscal que también sirve como escala para ingresar a otras naciones de la comunidad europea. Dos días antes de su llegada, el 9 de agosto, una offshore de la constructora brasileña gestionó la apertura de la cuenta de Gabriel Prado en un banco de Andorra, ubicado también en Europa, a menos de dos horas de vuelo desde suelo holandés.

En noviembre del mismo año, del viernes 15 al sábado 23, el ex gerente municipal volvió a viajar a Europa, esta vez a España, que limita con Andorra.

Entre el domingo 8 y el miércoles 11 de diciembre, el ex funcionario edil realizó un periplo a Brasil, donde tienen sus sedes las constructoras investigadas por el megacaso de corrupción Lava Jato.

Poco más de dos meses después de esta travesía a territorio brasileño, el miércoles 26 de febrero de 2014, se hizo un pago de 420 mil dólares por Rutas de Lima, según las planillas de Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Algo similar pasó con la segunda transferencia —realizada el jueves 2 de octubre de 2014— desde la misma “oficina de sobornos” para la concesión municipal, por 291 mil 700 dólares. José Miguel Castro había estado unos tres meses antes en Brasil, del domingo 8 al miércoles 18 de junio. En aquel momento, Castro fue criticado por dejar su labor edil para viajar a suelo brasileño, pues se desarrollaba la Copa Mundial de Fútbol en ese país. La versión oficial que se dio fue que el entonces gerente municipal estaba de vacaciones.

A pesar de diferentes denuncias por su gestión, José Miguel Castro permaneció ocupando altos cargos en la Municipalidad de Lima hasta diciembre de 2014, cuando finalizó el periodo de Villarán como alcaldesa de la capital peruana, quien en varias ocasiones lo defendió y respaldó públicamente.

Este medio digital intentó recoger las versiones de los ex funcionarios ediles Castro y Prado, pero no respondieron a las llamadas ni mensajes.

Por su parte, Susana Villarán reiteró hoy que no negoció pago alguno con las constructoras brasileñas. “Nunca he recibido coimas, no las he promovido en mi gestión. Nunca he favorecido a empresas extranjeras y nacionales en procesos de inversión pública o privada desde la Alcaldía de Lima”, escribió en su cuenta de Facebook.

Actualización: 27 de noviembre de 2017

Ordenan impedimento de salida para Villarán y Castro

El Poder Judicial dictó el lunes 27 de noviembre el impedimento de salida del país por ocho meses para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y su ex gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez. La medida fue ordenada esta mañana por el magistrado Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, a pedido del Ministerio Público.

“No soy responsable de los hechos que se me imputan y siempre he estado disponible para acudir a todas las diligencias que el Ministerio Público ha solicitado”, dijo Villarán en la audiencia. Castro, por su parte, no asistió y lo representó su abogado.

El requerimiento de la fiscalía se sustentó en la “ideoneidad” del impedimiento de salida para “evitar el peligro de fuga” y asegurar la “averiguación de la verdad”. El juez Chuyo concedió que se trataba de la alternativa menos gravosa para los implicados y que resultaba proporcional, dada la gravedad y la trascendencia de los presuntos hechos.

Como se sabe, los delitos imputados a Villarán y Castro son cohecho pasivo propio (recepción de soborno) y lavado de activos. El Ministerio Público ha señalado que ambas autoridades ediles mantuvieron comunicaciones telefónicas con Jorge Barata, máximo representante de Odebrecht en Perú, a quien habrían pedido entre enero y marzo de 2013 un aporte económico para la campaña del “No” a la revocatoria.

La fiscalía también ha establecido que el aporte de Odebrecht, proveniente de la “Caja 2” del Departamento de Operaciones Estructuradas, fue entregado por William Ali Chaim, colaborador del Partido de los Trabajadores de Brasil acusado de transportar efectivo por el que cobraba comisiones. Los pagos de OAS se realizaron a través del Matheus Coutinho de Sá Oliveira, su director financiero.

“El juez nos ha dado la razón en el sentido de que no existen fundamentos todavía en la investigación fiscal sobre los hechos que se imputan”, señaló Villarán a su salida. Iván Paredes, su abogado, expresó que se reservaba el derecho a presentar un recurso de apelación.

Por otro lado, la Comisión 'Lava Jato' citó para este viernes a Anel Townsend, exjefa de la campaña del "No" a la revocatoria, y a Gustavo Guerra-García, presidente de Protransporte durante la gestión de Villarán. También se ha pedido la asistencia del ex primer ministro Salomón Lerner Ghittis, que contactó a la exalcaldesa con el publicista brasileño Luis Favre.

Con la colaboración de Aramís Castro.

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