Pesquisas se suman a las investigaciones del Ministerio Público por crimen organizado iniciadas en el Callao hace unos meses. El fiscal antilavado Telmo Zavala busca determinar el incremento patrimonial de los imputados, la dinámica de transferencia del presunto dinero negro y el vínculo con actividades delictivas.

 

 

Las interceptaciones telefónicas relacionadas al caso de Los Cuellos Blancos del Puerto —presunta red delictiva integrada por magistrados, abogados y empresarios— no solo originaron investigaciones en la Fiscalía contra el crimen organizado, también han servido de sustento para iniciar pesquisas por delitos de lavado de activos, según documentación a la que accedió Convoca.pe.

En efecto, el fiscal antilavado Carlos Puma Quispe empezó una indagación por blanqueo de dinero que se suma a las pesquisas de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, especializadas en los delitos de crimen organizado, quienes pusieron al descubierto que el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, formaría parte de esa organización, la cual tiene a sus principales cabezas con reclusión de forma preventiva.

De acuerdo con la resolución fiscal, Puma dispuso investigar a los suspendidos jueces César Hinostroza y Walter Ríos, junto al exasesor de este último, Gianfranco Paredes, partiendo de indicios que apuntan a que los tres habrían obtenido y ocultado dinero proveniente de actos ilícitos, los mismos que se desprenden de las conversaciones telefónicas grabadas con la autorización del juez Serapio Roque, de la Corte del Callao.

 

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César Hinostroza, cuando era magistrado supremo, y Walter Ríos, defenestrado presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Foto: La República

 

Estas indagaciones por lavado de activos, declaradas complejas, tendrán una duración de ocho meses, como se consigna en el documento. El pasado 16 de agosto, el fiscal Puma dispuso investigar la documentación sobre los bienes inmuebles adquiridos por los investigados, sobre todo los relacionados al juez supremo Hinostroza, quien adquirió seis propiedades en los distritos de Santiago de Surco, Jesús María y Pueblo Libre, situados en Lima.

"De la información de fuente abierta se tiene que, aunado a los bienes que el investigado César Hinostroza tiene en nuestro país, este posee también propiedades en Estados Unidos (EE.UU.) y que ha sido investigado por el delito de enriquecimiento ilícito", se lee en la resolución en la que se añade que se tramitará la información necesaria por medio de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público.

 

Rastreo total

Además de dicha medida, se pedirá información sobre Hinostroza, Ríos y Paredes a distintas entidades como la Sunat, Sunarp, Infocorp, Cofopri, Interpol y las Fiscalías Antilavado y Anticorrupción. Asimismo, se remitirá una solicitud a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) "a fin de que informen si existen operaciones irregulares en sus cuentas".

Las investigaciones, por ejemplo, tienen como objetivo principal determinar el incremento patrimonial de los imputados, la dinámica de transferencia del presunto dinero negro y el vínculo o conexión con actividades delictivas. Además, se analizará las transacciones de bienes incompatibles en relación a su actividad y compras de bienes, cuyo valor sería abonado a terceras personas.

 

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Los presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto permanecerán recluidos por 36 meses. Foto: Poder Judicial

 

El pasado 17 de agosto, Puma Quispe pasó a formar parte del Equipo Especial del caso Lava Jato, dirigido por Rafael Vela Barba, razón por la cual dejó las pesquisas sobre Los Cuellos Blancos del Puerto en manos del fiscal antilavado Telmo Zavala, no sin antes disponer que si los magistrados investigados no cooperan con la justicia o intentan burlar la ley se pedirá el inmediato levantamiento de su secreto bancario.

De otro lado, Convoca.pe pudo conocer que a fines de julio la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía solicitó que se investigue al gerente de Iza Motors, Antonio Camayo, a quien el Poder Judicial ratificó la orden de 36 meses de prisión preventiva, debido a que sería el "amigo" del que le habló Hinostroza al fiscal Chávarry —según uno de los audios policiales— con el fin de reunirse con un grupo de periodistas para reforzar la imagen de este último.