Fiorella Molinelli (viceministra de Transportes), Martín Vizcarra (exministro de Tranporte y Comunicaciones) y Alfredo Dammert (miembro del consejo directivo de Ositran).
 

Convoca accedió a auditoria en la que aparecen funcionarios denunciados por la aprobación de adenda del contrato de aeropuerto Chinchero
 

Con la colaboración de Miguel Gutiérrez

Convoca accedió al informe de la Contraloría General de la República 265-2017-CG/MPROY-AC sobre la controversial adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero (Cusco) y encontró que en la lista de funcionarios considerados como "personas comprendidas en los hechos" que presuntamente favorecieron al Consorcio Kuntur Wasi en perjuicio del Estado aparece Martín Vizcarra, vicepresidente de la República y ministro que renunció a la cartera de Transporte y Comunicaciones (MTC) tras su interpelación en el Congreso y los cuestionamientos por la firma de la modificación del contrato de este megaproyecto.

Sin embargo, en la primera de las 10 recomendaciones de la auditoría se aclara que en el "inicio del procedimiento sancionador" para los funcionarios "se encuentra excluido" Vizcarra al ser "una autoridad elegida por votación popular", según el artículo 3 del Reglamento de Infracciones y Saciones para la Responsabilidad Administrativa Funcional derivada por los informes emitidos por los órganos nacional de control.

En la auditoria, firmada por el gerente del departamento de control de megaproyectos de la Contraloría Edwars Hernán Cotrina Chávez el 22 de mayo, se incluye también los nombres de otros diez funcionarios sobre los que se recomienda que la Procuraduría Pública de la Contraloría inicie "acciones legales" como informó ayer el contralor Edgar Alarcón en conferencia de prensa, pocas horas después de la renuncia de Vizcarra al Ministerio de Transportes.

Alarcón no reveló los nombres de "las personas comprendidas en los hechos" pero ahora Convoca los da a conocer.

En la página 31 del informe se resalta que Vizcarra aprobó el texto de la adenda bajo la Resolución Ministerial 041-2017-MTC/01 el 3 de febrero de este año y no veló por el "debido cumplimiento de las funciones para el cargo" de ministro del MTC. Seguidamente aparece la viceministra de Transportes Fiorella Molinelli Aristondo, quien señaló anoche en una entrevista televisiva en el programa ‘La Hora N’ que había puesto su cargo a disposición. Molinelli está incluida en el informe debido a que suscribió la adenda que modificó el contrato. 

Hay otros seis funcionarios del MTC que figuran en la auditoría: Yaco Rosas Romero (Director general de concesiones en transportes), Nancy Zedano Martínez (Directora general de oficina general de asesoría jurídica), Yanina Hilario Solis (asesora legal de la oficina general de asesoría jurídica), Hernán Muñoz Valdivia (especialista legal de la dirección general de concesiones en transporte), Gianina Beoutis Manrique (especialista Económico de la Dirección General de Concesiones en Transportes) y Jonathan de la Cruz Medina (analista legal de la oficina general de asesoría jurídica). Los funcionarios están involucrados por haber firmado documentos que sustentaron la aprobación de la adenda de la concesión del aeropuerto.

Por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas aparece Camilo Carrillo Purín (director general de Política de Promoción de la Inversión Privada), quien suscribió informes técnicos que sustentaron la adenda. El contralor Alarcón informó a la prensa que dos funcionarios del MEF serían denunciados, pero en el informe sólo se menciona el nombre de Carrillo Purín como parte de esta institución. 

Los funcionarios de Ositran incluidos en el documento son los miembros del consejo directivo, Alfredo Dammert Lira y César Balbuena Vela, quienes dieron opinión técnica favorable para la propuesta de adenda. 

En las conclusiones, el informe señala que la adenda fue "suscrita incumpliendo la normativa aplicable que regula las Asociaciones Público Privadas, hechos que se originaron por cuanto los funcionarios con su accionar han favorecido al Concesionario por cuanto no velaron" que se cumpla el contrato de concesión. Como segundo punto, la Contraloría concluye que de aplicarse la adenda podría generarse un "perjuicio económico" al Estado que se estima en US$40. 6 millones de dólares (133 millones de soles) propiciado por los funcionarios "al modificar las condiciones de competencia sin tener en cuenta la afectación al equilibrio económico financiero".

Entre sus diez recomendaciones, la auditoría plantea "poner en conocimiento a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales" de la Contraloría "para que inicie acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados".

En respuesta a los hallazgos del informe, el Ministerio de Economía informó anoche en un comunicado que la modificación al contrato del aeropuerto en Cusco no produciría un perjuicio sino un ahorro para el Estado que oscila entre 245 millones de dólares y 340 millones de dólares (lee más en ‘Auditoría a adenda de Chinchero motiva controversia entre la Contraloría y el MEF’). Además, la viceministra Molinelli y el vicepresidente Vizcarra han señalado que la auditoría carece de sustento técnico.

*Con la colaboración de Miguel Gutiérrez.

Descarga el informe de la Contraloría aquí:

Informe de auditoria N°265 - 2017 CGR.pdf by ConvocaRedes on Scribd