La Policía Nacional del Perú reconoció que detuvo a 193 personas durante las movilizaciones de protesta en Lima, Ayacucho, Apurímac, Junín, Arequipa y otras regiones del país, entre el 7 y el 22 de diciembre últimos. La mayoría de ellas ya fueron liberadas pero, según sus testimonios y reportes de abogados, mientras estuvieron a merced de los agentes del orden hubo casos de torturas, amenazas, intimidación, sustracción de sus pertenencias y otras vulneraciones a sus derechos ciudadanos.

En los primeros días de las manifestaciones de protesta, el número y ubicación de las personas privadas de su libertad por la Policía no fue revelado y para saber sobre los detenidos, familiares, amigos y abogados tuvieron que revisar los videos y fotos tomados en los lugares de las protestas, recoger testimonios de otros manifestantes, recorrer dependencias policiales y pedir ayuda a organizaciones públicas y privadas.

Los abogados de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia han atendido hasta ahora a 84 personas que fueron intervenidas en el marco de las movilizaciones sociales del 12 al 20 de diciembre y a 27 víctimas (14 heridos y familiares de 13 fallecidos), “a quienes se les prestó asistencia legal y/o patrocinio gratuitos para garantizar su derecho de defensa”, según informó dicho ministerio a este medio digital.

Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionó que los defensores del Estado estuvieron ausentes en las primeras horas de las detenciones, cuando más se vulneraron los derechos de los ciudadanos que protestaban para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República, la convocatoria a nuevas elecciones, entre otras demandas.
 

Desde el 7 de diciembre último, la Policía ha detenido a casi 200 manifestantes y aplicado el mecanismo de control de identidad a un número indeterminado de personas. Foto: Defensoría del Pueblo

Aunque la Defensoría del Pueblo no informó sobre una cifra exacta de detenidos, Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de dicho organismo, dijo a este medio que fueron “más de cien a nivel nacional” y que no tiene registro de personas que continúen en esa situación. Sin embargo, el abogado reconoció que aún hay una persona privada de su libertad en Apurímac, cuya situación era vista por la Fiscalía. 

La cifra de detenidos proporcionada a Convoca.pe por la PNP no incluye a las personas que fueron intervenidas durante las manifestaciones para realizarles el denominado “control de identidad” que, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha venido siendo aplicado por la Policía de manera irregular, pues sólo pueden usar este mecanismo cuando los agentes están investigando un hecho delictivo.

Información policial a medias

Una hoja resumen de la Policía sobre las “Regiones en conflicto”, entregada a Convoca.pe por dicha entidad, informa en primera página sobre los daños materiales ocasionados a entidades públicas (47), entidades privadas (59) y comisarías (17), así como a vehículos particulares (16). Luego, el documento indica que de los 301 policías heridos 22 aún permanecen internados y destaca el dato de que siete agentes fueron retenidos por los manifestantes en la provincia de Andahuaylas, en Apurímac, y después liberados.

La última página de este resumen trata sobre las 22 personas fallecidas, a muchas de las cuales la Policía aún no les ha atribuido la verdadera causa del deceso: muerte por proyectil de arma de fuego (PAF). Y en una esquina del reporte, un pequeño cuadro titulado “Civiles” reporta 136 heridos, 2 evacuados, 193 detenidos y 22 fallecidos.

Este resumen policial no brinda información sobre las personas intervenidas durante las recientes manifestaciones para aplicarles el control de identidad. “Los detenidos son por motivo de las protestas. El control de identidad es otro operativo policial, que se realiza en determinados lugares donde la Policía solicita a las personas su documento de identidad con fines de identificación y si estas figuran en el sistema con requisitoria son conducidas a la comisaría”, explica una fuente policial.

Una persona no es detenida si no se le comunica formalmente su detención y se da cuenta al fiscal, señala la misma fuente de la PNP. Sin embargo, reconoce que cuando se aplica el control de identidad, a la persona se le identifica, se le conduce a la comisaría, pero formalmente no se le detiene, “salvo que haya flagrante delito o el fiscal o juez así lo ordene”.

Sin embargo, Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, explica que la Policía usa dos procedimientos con  las personas que interviene y en el 80% de los casos aplica el control de identidad, “que les permite tenerlas privadas de libertad hasta por cuatro horas y después las liberan sin ponerlas a disposición de la Fiscalía”. 

“Este procedimiento se está usando de manera irregular. De acuerdo a la normativa, sólo lo pueden usar cuando están investigando un hecho delictivo”, advierte Mar Pérez, quien recuerda que lo mismo ocurrió durante las protestas contra Manuel Merino, en noviembre de 2020, cuando la Policía detuvo a manifestantes, los llevó a una dependencia policial y los intimidó.

Pérez explica que los policías liberan a las personas, a las cuatro horas, sin cargos, pero igual ya han violado sus derechos. La abogada recordó lo ocurrido en la comisaría de Alfonso Ugarte, el 15 de diciembre pasado, cuando casi todos los detenidos dijeron que los habían golpeado y presentaban lesiones. “Como están solos, la Policía los presiona para que firmen actas de buen trato, o sea, 'no ha pasado nada'. Les quitan sus cosas y no tienen nadie que vele por ellos”, detalló.

Otro caso de intimidación del que tuvo conocimiento la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ocurrió en Huancayo, cuando la Policía intervino a un grupo de jóvenes por pegar afiches. “Les aplicaron el control de identidad, los dejaron salir sin cargos, les quitaron sus cosas, no firmaron ningún acta, pero los han estado amenazando, les han dicho que los van a poner a disposición de la Dincote. Todo eso son violaciones de derechos”, señala Pérez. 

Al manejarse de manera reservada la información sobre la ubicación de los detenidos, los abogados consideran que se está generando una situación de indefensión. La Policía sólo le entrega la lista de detenidos a la Fiscalía, a la Defensa Pública y a la Defensoría del Pueblo. Si esa lista fuera pública, los ciudadanos podrían llamar a la Defensoría Pública para que se constituya en las dependencias policiales para atender más casos.

Cuando una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino al Perú después de los hechos de noviembre de 2020, emitió un comunicado y señaló que, para prevenir detenciones arbitrarias o ilegales, era obligación de los Estados informar inmediatamente a las personas detenidas, sus familiares y representantes sobre los motivos y razones de su detención, así como el lugar de privación de la libertad.

Manifestantes detenidos en la comisaría de Andahuaylas, en Apurímac, el 14 de diciembre de 2022. Foto: Defensoría del Pueblo

Defensa Pública a destiempo

La Defensa Pública del Ministerio de Justicia informó a este medio digital que implementó un turno penal extraordinario en los lugares donde se realizaron movilizaciones, como Lima Centro, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Callao, Ventanilla, Ica, Arequipa, Apurímac, Puno, Cusco, La Libertad, Huancavelica y Ayacucho.

Esta dependencia precisó que la designación del defensor público penal depende del director distrital de la jurisdicción a nivel nacional, previo requerimiento del órgano policial, fiscal o judicial, y que los defensores públicos se desplazan al lugar donde se encuentra el intervenido para brindar asistencia legal y participar en las diligencias programadas por el representante del Ministerio Público. Además, antes deben reunirse con el detenido para “tomar conocimiento de los hechos imputados en su contra, contrastarlos con los actuados y establecer una estrategia de defensa”. 

Los abogados de la Defensa Pública del Estado acuden a ver a los detenidos cuando la Policía los pone a disposición de la Fiscalía. “Hay un vacío de entre cuatro y 24 horas, que es lo que puede demorarse en aparecer la Fiscalía, donde las personas están completamente a merced de la Policía”, advierte Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con información brindada por la Defensa Pública a este medio digital, las atenciones (asistencia legal y/o patrocinio) que ha brindado es porque sus abogados se acercaron a los detenidos, víctimas y/o familiares para brindarle sus servicios. En el caso de la defensa penal pública, señaló que se ha brindado asistencia legal a los detenidos en respuesta a los requerimientos policiales y fiscales.

Para Pérez, la Defensoría Pública está incumpliendo su obligación de garantizar el derecho de las personas. “Entiendo que pueden estar desbordados, pero se tienen que organizar, deben estar a la altura de la situación que está viviendo el país. Ellos no pueden estar esperando el llamado de la Policía porque la Policía está más interesada en que no haya ningún tipo de fiscalización ni nadie que esté respaldando a las personas intervenidas”, advierte la abogada.

Un ejemplo de la desprotección de los manifestantes detenidos se produjo en la provincia de Andahuaylas, donde la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) denunció que uno de los detenidos reveló que fue torturado por policías de la comisaría de Andahuaylas, la noche del 12 de diciembre pasado, al igual que los otros detenidos. Las pruebas fueron las fotos de sus piernas con moretones de gran tamaño.

Así quedaron las piernas de uno de los ocho manifestantes torturados por la Policía en la comisaría de Andahuaylas, el 12 de diciembre último. Foto: Aprodeh

“Hay que distinguir la violencia o abuso de la fuerza para detener o si durante la detención están maltratando”, precisa Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. El funcionario apuntó que, desde que las personas son intervenidas, los representantes de dicha institución visitan las dependencias policiales para garantizar su integridad personal y que haya un debido proceso.

Percy Castillo resaltó que la Defensoría del Puebo no tiene registro de maltrato alguno durante la detención o en el lugar de detención. “Si durante la detención fueron maltratados, es otro aspecto que tendrá que investigarse”, dijo a este medio.

El representante de la Defensoría comentó que, en la mayoría de los casos, la Defensa Pública del Estado cumplió con estar presente para los detenidos, cuando se le requirió y señaló que no tuvieron problema con la información que debe brindar la Policía. “Si hay una actuación fuera del marco legal, de la Policía o de cualquier agente del orden, pueden comunicarse con la Defensoría”, recordó.

Portada: Composición Luis Pacheco