Amazonía: El pedido de auxilio de los defensores indígenas ante el avance del crimen organizado

En la comunidad nativa Flor de Ucayali se siente un silencio que no da paz, da miedo. Quienes viven ahí saben que la tranquilidad de sus días (y noches) puede terminar de golpe, en cualquier momento. En esta comunidad habitada por el pueblo Shipibo-Konibo lo único que vigila el ingreso es un viejo cartel hecho de madera y plástico que dice “Bienvenido” y que hoy luce deslucido y roto. Lo que sigue es un largo camino de tierra rodeado tan solo de bosque. Al fondo, empiezan a aparecer algunas de las pequeñas casas de madera, la mayoría de ellas con techos de hojas y paja, que hoy lucen vacías. 

En esta comunidad habitada por 250 familias del pueblo Shipibo Konibo, la vida ya no es la de antes, según cuentan los comuneros que han tenido que aprender a convivir con el temor. Los Shipibo Konibo constituyen uno de los 51 pueblos originarios amazónicos que existen en el Perú y cuentan con 32 mil 964 habitantes, según el Ministerio de Cultura.
 

En Flor de Ucayali los niños y niñas aprovechan los momentos de paz para salir a jugar. Foto: Santiago Romaní/Convoca.pe
 

Son las cinco de la tarde. La temperatura empieza a descender lentamente de los 30 grados. Los niños y niñas empiezan a salir de entre los árboles, algunos de sus casas. Descalzos corren hacia la única zona segura: la pequeña cancha de tierra en donde pueden jugar antes de que se apaga la luz del sol.

"Ya no podemos estar tranquilos, no como siempre lo hacíamos antes en libertad, salir al campo, ir a pescar, ir a casa tranquilamente; ya no se pueden hacer esas actividades. La gente a partir de las seis de la tarde, más que todo, las mujeres y los niños tienen que estar, como se puede decir, resguardados”, cuenta el actual apu de la comunidad Saúl Martínez a Convoca.pe.

Es cierto, a las seis de la tarde la oscuridad envuelve totalmente este rincón de la selva. La casa comunal cuenta con energía eléctrica que es alimentada por un motor que solo funciona cuando alcanza para la gasolina. Muy pocas casas cuentan con este privilegio y, en el mejor de los casos, pueden llegar a tener señal de Internet por algunas horas. “Como puede ver estamos aislados”, refiere el apu.

El apu Saúl Martínez teme por su vida luego de denunciar los ataques de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Foto: Santiago Romaní/Convoca.pe
 

La comunidad indígena Flor de Ucayali está ubicada en la provincia de Coronel Portillo, en el distrito Callería, en la región amazónica Ucayali. Para llegar a este pueblo, hay que navegar desde la ciudad de Pucallpa por el río Ucayali y el río Utiquinía un promedio de seis horas en deslizador. La comunidad es dueña de su territorio ancestral que tiene una extensión aproximada de 21 mil hectáreas, según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Sin embargo, los comuneros denuncian que han perdido 3 mil hectáreas de estas tierras debido al rápido avance del cultivo ilegal de hoja de coca en la zona en los últimos 4 años. 

Vista panorámica de la comunidad Flor de Ucayali. Foto: Santiago Romaní/Convoca.pe
 

Al igual que ha ocurrido con otros pueblos indígenas de la Amazonía, los comuneros han sido acosados y amenazados por invasores que han sembrado ilegalmente hoja de coca desde hace un tiempo. Sn embargo, desde 2020 en plena pandemia por el COVID-19, este peligroso asedio se incrementó. Las restricciones por la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus y la ausencia de las autoridades en la zona, incrementó la sensación de inseguridad para las comunidades nativas y sobre todo para los defensores indígenas. Según el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, desde abril de 2020 hasta abril del 2022, se registraron asesinatos de 11 defensores ambientales en el Perú, dos de ellos en Ucayali. 

El ataque a los defensores ambientales es una situación de gran preocupación en América Latina. Tres de cada cuatro ataques a líderes que defienden los bosques y las fuentes de agua, fueron registrados en el continente, según el último reporte de Global Witness realizado en septiembre de 2021. Las zonas de mayor riesgo para los líderes ambientales se concentran en la Amazonía de Perú y Brasil. 

En más de una ocasión, las autoridades de la comunidad Flor de Ucayali han alertado de la presencia de invasores que deforestan grandes extensiones de bosques para la instalación de cultivos de hoja de coca, pozas de maceración e incluso pistas de aterrizaje clandestinas. “Los productos son destinados al mercado de drogas ilícitas”, señala un documento del Instituto de Defensa Legal (IDL) del 2 de julio de 2021, en el que solicitan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la protección urgente para la comunidad.

Entre junio de 2020 y noviembre de 2021, los comuneros de Flor de Ucayali han recibido hasta 4 amenazas directas de muerte por parte, refieren ellos, de invasores ligados al narcotráfico. 

Lucía, la llamaremos así por medidas de seguridad, aún no puede evitar que le tiemble la voz tras recordar que el año pasado escapó de la muerte a sus 20 años. El pánico que le dejó el agresivo ataque de dos sujetos encapuchados y armados que se metieron a la comunidad, hizo que por un momento perdiera la voz. “¿Por qué no le disparas ya?, ¿por qué no la eliminas de una vez?”, recuerda que se decían entre ellos antes de agarrarla a golpes. Lucía asegura que los sujetos estaban buscando a su tío, el apu Saúl Martínez. 
 

Ante la nula asistencia de las autoridades, los comuneros de Flor de Ucayali decidieron organizarse para protegerse ellos mismos. Es así que el Comité de Vigilancia formado para supervisar el estado de los bosques amazónicos fue reforzado para también dar seguridad a los propios comuneros. El equipo está formado por 8 hombres y una mujer. Se encarga de hacer rondas mensuales tanto por río como largas caminatas en medio de la selva que rodea la comunidad. Sin embargo, pese a la iniciativa, el grupo ha tenido que detener su labor por unos meses, luego que sufriera un ataque armado por parte de supuestos narcotraficantes.

Frank Tanchiva Guimaraes, jefe del comité de vigilancia, fue uno de los que enfrentó el ataque. Tras este episodio, el equipo obtuvo ayuda de algunas organizaciones gubernamentales, chalecos antibalas y un drone para reforzar la vigilancia.

El equipo de vigilancia está conformado por los propios comuneros de Flor de Ucayali. Foto: Santiago Romaní/Convoca.pe

El equipo hace rondas vía fluvial y terrestre y cuenta con un dron para supervisar la zona. Foto: Santiago Romaní/Convoca.pe
 

En este escenario de permanente peligro, el apu Saúl Martínez solicitó protección urgente al Ministerio de Justicia, con colaboración de los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL) y representantes de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU). Sin embargo, la respuesta de las autoridades llegó recién un año después.

En la Resolución Viceministerial N° 003-2022-JUS/VMDHAJ al que tuvo acceso Convoca.pe, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia declaró procedente la solicitud y dispuso “la realización de patrullajes policiales mensuales, en la comunidad nativa Flor de Ucayali” por un periodo de 6 meses, así como “la realización de supervisiones ambientales y la disposición de medidas administrativas, según corresponda, ante las situaciones asociadas con la afectación del ambiente y los recursos naturales; así como la interposición de las acciones legales pertinentes, frente a la comisión de delitos ambientales”. Además, se dispone que el Ministerio de Justicia visite la zona de riesgo para respaldar las actividades de defensa de los derechos humanos de los comuneros.

Sin embargo, pese a las alertas realizadas y a la resolución de protección del Ejecutivo, en Flor de Ucayali el miedo sigue latente y en la zona no hay un solo policía tal como comprobó Convoca.pe en su recorrido por el territorio de esta comunidad amenazada.
 

En la comunidad no se observa la presencia del Estado, no hay servicios básicos ni un centro de salud. La mayoría de mujeres se dedican a la crianza de sus hijos. Foto: Santiago Romaní/Convoca.pe

“A pesar que ha salido una resolución de los derechos humanos no hay la presencia de la policía, no se está viendo nada, ¿no? Entonces nos preguntamos: ¿qué esperan? ¿Que el líder sea asesinado o toda la población? Eso nos preocupa bastante, si nosotros tuviéramos que actuar no sé qué hubiera pasado, pero no lo queremos hacer porque somos una comunidad, un pueblo indígena pacífico”, asegura el apu Saúl. 

Medidas sin resultados

¿Cuántos líderes de comunidades indígenas han pedido ayuda urgente al Estado peruano al estar amenazados por organizaciones criminales y a cuántos se les está protegiendo? Convoca.pe accedió a la lista de solicitudes realizadas por defensores de derechos humanos ante el Ministerio de Justicia, entre abril de 2020 y agosto de este año. Lo que encontramos es preocupante.

En este periodo, el sector que encabeza el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el Perú, recibió 32 solicitudes de activación del Procedimiento de Alerta Temprana (PAT). 

De este grupo de pedidos, la mayoría está relacionada con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y ambientales y el grupo que le sigue son los pedidos relacionados a los derechos ambientales. (Ver documento)
 

Tabla Minjusdh by Convoca on Scribd

De las 19 solicitudes, la mayoría proviene de la región Ucayali con 7 pedidos para proteger a las comunidades Kakataibo, Shipibo-Konibo y Asháninka. Mientras que en Amazonas se realizaron 3 solicitudes en favor de las comunidades Awajún y Wampis. Otras 3 se solicitaron desde Huánuco en defensa de los Kakataibo y 3 desde Loreto para los Murui-Muinani, los Kukama Kukamiria y los Wampi. Todos ellos por recibir amenazas contra su seguridad personal, agresiones, intimidación y en algunos casos destrucción de la propiedad. 
 
Sin embargo, solo 4 de estas solicitudes han obtenido una resolución viceministerial que les otorga las medidas de protección. Es decir, menos de la mitad de los pedidos de auxilio por parte de los pueblos indígenas en riesgo han sido atendidos. 

Peor aún, las 4 resoluciones viceministeriales fueron emitidas en julio de este año, pese a que se solicitaron en mayo, julio y agosto del 2021, como en el caso de Flor de Ucayali. Es decir, se han otorgado casi un año después, cuando la norma establece que el plazo máximo del trámite ordinario es de 30 días hábiles y, el extraordinario, cuando se tratan de casos de urgencia, es de 15 días. 

Ángel Gonzáles, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, reconoce el retraso del mecanismo pero niega que el sector sea indiferente ante los pedidos de protección.  

“Los tiempos han sido muy superiores en la emisión de las resoluciones viceministeriales y todavía lo siguen siendo, sin embargo, eso no significa de ninguna manera que el mecanismo no se haya activado, y que, frente a una situación de riesgo, no se haya brindado algún tipo de atención orientada a reducir ese riesgo”, asegura a Convoca.pe.

Gonzáles explica que la demora radica en las evaluaciones previas que se tienen que hacer de los tipos de riesgo que se alerta, las características de las personas para afrontar esos riesgos y evaluar cuáles serían las medidas que se deben implementar para reducir la peligrosidad. 

“Esto va a generar un informe que va a ser trasladado al Ministerio del Interior, cuando involucra la necesidad de que participe la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior va a tener que emitir dos documentos: un informe que evalúa la situación de riesgo; y da una opinión sobre la medida que le presentamos nosotros, y un plan de intervenciones en la zona, un plan que dice cómo y con qué recursos se van a implementar las medidas”, precisa.

Hasta la fecha, el Ministerio del Interior no ha elaborado ninguno de los planes de actividades a realizar en las zonas en riesgo a pesar que ya cuentan con una resolución viceministerial. Convoca.pe solicitó la explicación al respecto al Ministerio del Interior, sin embargo, no obtuvimos respuesta. 

Para el abogado del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), Álvaro Másquez Salvador, esta falta de ejecución por parte del Ministerio del Interior es preocupante y sólo obstaculiza el funcionamiento del mecanismo intersectorial. 

“Nos preocupa mucho el sector Interior, ese es un problema. Es que finalmente sin un planeamiento de actuación policial estamos hablando de medidas que en este y otros casos serán inejecutables. En un segundo término también preocupa, que los demás casos donde se van dictando las medidas de protección simplemente sean un documento más, sin el rol articulador del Ministerio de Justicia ya no sólo para ordenar las medidas, sino para gestionar la implementación de la protección esperada”, indica.

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), coincide en que las demoras en la emisión de las medidas de protección para los defensores indígenas y la falta de presupuesto son obstáculos para salvaguardar la seguridad de las comunidades en riesgo.

“Hay un incumplimiento sistemático de los plazos. Hablamos de demoras de más de un año en algunos casos en resolver las medidas de protección, incluso al final acaban solo en un papel o documento porque no se cumplen los compromisos”, afirma Pérez.

La abogada menciona el caso de Nueva Austria del Sira en Huánuco. “Ahí iban a hacer un patrullaje cada mes y la policía no ha ido ni una sola vez a la comunidad. Se comprometieron en acompañarlos legalmente, pero no hay ninguna acción real de los abogados del Ministerio de Justicia. Ellos alegan que carecen de presupuesto y esto es un problema importante. Se ha accedido al presupuesto y es de S/ 40 mil soles y solo para viajes y consultorías, estrictamente para medidas de protección no cuentan con ningún solo sol”, asegura.

Edgardo Rodríguez, Director General de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, asegura que el sector cuenta con 200 mil soles de presupuesto para el Mecanismo Intersectorial, pero admite que no basta para la ejecución de las medidas y garantizar la protección a lo largo del tiempo.

“La dificultad que tenemos y esa es la demanda legítima de los de las organizaciones es la sostenibilidad de la protección, es decir, sostenibilidad implica recursos no solamente de protección por parte de la Policía, implica recursos logísticos, recursos económicos para el el traslado, los viáticos y la permanencia; y esa parte es lo que está fallando. Lo que sí funciona en un primer momento es que el Estado da una respuesta, la queja es que no hay una permanencia”, refiere.

Edgardo Rodríguez y Ángel Gonzáles del Minjusdh aseguran que la falta de recursos es el principal obstáculo para que el mecanismo multisectorial sea óptimo. Foto: Santiago Romaní/Convoca.pe
 

Acorralados

Las comunidades indígenas y los bosques de Ucayali, Amazonas y San Martín en la Amazonía peruana son los que más han sufrido por el avance de organizaciones criminales como el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de tierras.

En el Registro de Situaciones de Riesgo, el Ministerio de Justicia ha detectado 83 situaciones de riesgo, la mayoría de ellas en Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas.

En Ucayali el narcotráfico, el tráfico de tierras y tala ilegal han logrado una depredación devastadora de los bosques. Solo entre enero y agosto de 2021, la Gerencia Regional Forestal de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali registró una deforestación de 12 mil 345 hectáreas en la región. El principal factor es el avance acelerado del narcotráfico en la zona. Ucayali estaría convirtiéndose en el nuevo Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), conocido por la presencia de redes criminales.

Así lo aseguró el fiscal de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, José Guzmán, quien asegura que las propias organizaciones criminales ligadas al narcotráfico han estudiado la facilidad de ingreso a las comunidades más alejadas de Ucayali.

“Con la lucha que se está haciendo en el Vraem ellos están buscando nuevas zonas y a raíz de la pandemia, han agarrado un buen punto en el bosque de Ucayali, en donde inclusive algunas versiones de estudiosos mencionan que ya es el nuevo Vraem porque se encontraron más de 20 pistas clandestinas y solamente en el lapso de tres años. Están arrasando el bosque, sembrando coca y haciendo sus pistas clandestinas”, asegura el fiscal. 

Las otras dos regiones en donde se han registrado puntos álgidos para las comunidades indígenas son San Martín y Amazonas. El Ministerio de Justicia ha identificado que las características de las amenazas denunciadas están vinculadas con la minería ilegal que se ejerce en la cuenca del Cóndor del río Cenepa.

Precisamente estas organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y comunidades vinculadas a esta actividad económica retuvieron en julio de 2022 a miembros de cinco comunidades awajún, durante la realización de una asamblea de la organización indígena Odecofroc, en la comunidad nativa Mamayaque, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. El líder awajún Hortez Baitug contó a Convoca que los mineros ilegales cortaron los cables de los equipos que proveían de Internet al local, dejando incomunicados a los dirigentes y autoridades que se encontraban en la reunión.

“Ellos nos dijeron que mientras se espera la interdicción del Estado, la única forma de desarrollo es la minería ilegal. No había entendimiento. Las autoridades presentes, que defendemos a nuestro sector Cenepa, rechazamos enérgicamente la minería ilegal”, asegura a Convoca.pe al entonces el presidente de Odecofroc.

El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, coincide en que en Ucayali, San Martín y Loreto, los brazos del narcotráfico se han expandido más luego de la pandemia del coronavirus afectando con severidad a las comunidades indígenas que habitan en estas zonas.

“De un escenario focalizado como era el Vraem pasamos a una dinámica de expansión territorial de las actividades del narcotráfico alrededor de la Amazonía del Brasil, lo que involucra definitivamente a Loreto, San Martín y Ucayali. Por diversas circunstancias, tenemos la expansión de estructuras organizativas, amenazas y asesinatos; e incremento de pistas de aterrizaje en zonas de las tres regiones”, dijo Soberón a Convoca.pe.

Soberón destaca que el punto álgido en donde la producción de coca ha tenido un aumento indiscriminado durante la pandemia es Ucayali. Según el reciente informe ‘Superficie de cultivos de coca monitoreada en 2021’ de Devida, Ucayali esta es la región que registra el mayor porcentaje de crecimiento de cultivos de coca con 266% con respecto a 2020. Los cultivos de arbusto de hoja de coca han pasado de 3 mil 822 hectáreas a 10 mil 151 hectáreas.

El informe revela, además, que 15 mil 380 hectáreas de cultivos de coca están distribuidos en territorio de pueblos indígenas. 

El funcionario de Devida afirma que el crecimiento del narcotráfico en Ucayali se debe a que está situada en un punto estratégico en el límite con Brasil, lo que facilita la migración de esta actividad ilícita y otras como la tala y la minería ilegal.

“Ahí es donde se ha ejercido la mayor presión migratoria de gente que luego de la pandemia necesita encontrar una actividad económica, y no le importa dedicarse sea al oro, la madera o la cocaína. Ucayali reúne todas las características que permiten concentrar esta demanda”, precisa.

Basándose en la información policial y lo obtenido por Devida, Soberón asegura que después de la pandemia el papel de las organizaciones brasileñas dedicadas al narcotráfico ha cobrado más importancia. 

“Me parece novedoso el rol que comienzan a tener organizaciones de origen brasileño para poder conducir los esfuerzos de producción, transformación y transporte hacia territorio de ese país vecino. Esa es la importancia de Ucayali y Loreto porque ellos tienen la necesidad de llegar al Atlántico y  de ahí a Europa, esa es la novedad de la nueva dinámica del narcotráfico post pandemia”, afirmó. 

Según Devida, hasta el 31 de agosto de 2022, se han erradicado cerca de 17 mil hectáreas de cultivos de coca en Ucayali, Huánuco, San Martín, Puno y Junín. El mayor número de parcelas fue encontrado en Ucayali.
 

Con el fin de colaborar en la defensa de los líderes indígenas amenazados por las organizaciones criminales como el narcotráfico, Devida fue incorporado en abril de este año al Mecanismo Intersectorial encabezado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El objetivo a corto plazo, asegura Soberón, es reforzar la comunicación entre las autoridades locales y regionales con la policía y los representantes de las comunidades indígenas. Sin embargo, reconoce que aún deberán batallar con un gran obstáculo: la falta de presupuesto. 

¿Cómo intentar resolver la situación en la que viven los defensores de las comunidades indígenas? La Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, asegura que es necesario que se aumente el presupuesto para la protección de los líderes indígenas ambientales y que el Ministerio Público se sume a la coordinación multisectorial para esta lucha.

“Lamentablemente los hechos están ocurriendo en los departamentos donde habitan comunidades amazónicas, rurales donde no hay presencia del Estado para combatir las actividades ilegales que están avanzando en las diferentes zonas del país”,  asegura Aedo.

La luz del sol va desapareciendo en Flor de Ucayali y con ella las voces de los niños que salieron a jugar. Las familias se preparan para resguardarse en sus casas. Vuelve el silencio y el miedo. “Qué nos queda más que vivir así. Es inseguro pero es tu casa, es tu pueblo y uno no se va de su pueblo, no lo puedes dejar”, dice una comunera antes de perderse en la oscuridad.

Las familias se refugian en sus casas antes de que anochezca. Son muy pocas las casas que cuentan con energía eléctrica a base de motor. Foto: Santiago Romaní/Convoca.pe