Al noroeste de Perú, muy cerca de la frontera con Ecuador, está Puerto Pizarro, una localidad con un alto flujo migratorio y una importante presencia de residentes venezolanos. En este lugar, los inmigrantes en etapa escolar enfrentan varias barreras para inscribirse en los colegios públicos de la zona. Y entre los que han logrado matricularse, más de la mitad declara haber sufrido acoso en sus centros de estudio. La xenofobia, las dificultades económicas, la falta de infraestructura y un sistema indiferente agravan su situación de vulnerabilidad

A más de 1.200 kilómetros de Lima, se encuentra Puerto Pizarro, un centro poblado en la región Tumbes con una extensión territorial de 3.872 hectáreas, donde viven apenas 4.000 habitantes. En ese mismo extremo, al noroeste del país y a solo seis millas náuticas, está la frontera con Ecuador, camino por el que cruzan cada día entre 300 y 1.500 ciudadanos venezolanos con niños, niñas y adolescentes en plena edad escolar. Y aunque algunas familias deciden quedarse en este sitio de paso y representan una importante minoría, aún deben enfrentar muchos obstáculos para acceder y desenvolverse en el sistema educativo, desde la falta de facilidades para las inscripciones de los menores hasta una alta tasa de acoso escolar. 

De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM), la población escolar venezolana en 2019 representaba en Tumbes al 22,9% del total. De hecho, después de Colombia, Perú es el segundo país de Latinoamérica que registra la mayor cantidad de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo provenientes de Venezuela, con 1 millón 286 mil 464 personas. Y dentro del territorio peruano, Tumbes es la tercera región que mayor cantidad de ellos ha acogido, después de Lima y La libertad.

Puerto Pizarro está en el distrito y provincia de Tumbes. Ese año, la OIM, a través de una encuesta realizada a 180 hogares conformados por migrantes, detectó que el acoso escolar o bullying hacia estudiantes venezolanos alcanzó al 55,6% de ellos. Entre los afectados, el 89,3% confirmó haber sentido actitudes de rechazo por su nacionalidad, el 21,4% por su situación económica, el 8,9% por su sexo y el 1,8% por su apariencia.

Además, el mismo informe reveló que pese a que más de la mitad de las familias migrantes (59.4%) en Tumbes tuvo acceso a servicios de salud a través de campañas de vacunación organizadas por la Dirección Regional de Salud de Tumbes, en el caso de los servicios psicopedagógicos solo la cuarta parte de estudiantes accedió a estos (26.7%). En el centro poblado de Puerto Pizarro ningún niño, niña o adolescente venezolano accedió a estos servicios, mientras que en el distrito más cercano a este lugar, Corrales, solo el 6.2% recibió este tipo de atención.

 

puerto pizarro

En Puerto Pizarro, la pesca artesanal es una de las principales actividades económicas, trabajo en el que también se desempeña parte de la comunidad venezolana que reside en el centro poblado, en Tumbes. Foto: Andina

 

Desde septiembre de 2013 a agosto de 2022, en todo el Perú, se han identificado un total de 46.406 casos por violencia escolar, según el portal SíseVe, sistema especializado en reporte de casos sobre este tipo de violencia del Ministerio de Educación (Minedu) de dicho país. De esos episodios, la violencia física ocupa el primer lugar con 22.769 casos reportados. Sigue la violencia psicológica con 15.841 y la sexual con 7.796.

En dicho periodo, se encontró también que el 47% de los casos (21.618) fueron por parte del personal de las instituciones educativas hacia escolares. Y, hasta ahora, entre las regiones donde se registra el mayor número de casos por violencia escolar, se encuentra Lima (19,073), Piura (3.319) y La Libertad (2.136). En Tumbes, donde se encuentra Puerto Pizarro, el portal del Minedu ha contabilizado apenas 334 episodios hasta el momento, aunque la propia autoridad educativa local estima que hay muchos casos que no se reportan.

 

Los riesgos de no reportar la violencia escolar 

En Puerto Pizarro solo existen dos instituciones educativas públicas: la Inicial 014 San Pedro Apóstol y el Colegio 014 Miguel Grau. A este último asisten 570 estudiantes de nivel primario, de los cuales 91 son migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana. En el nivel secundaria, los extranjeros son 32 de 305, según información brindada a Convoca por Jesús Pérez, subdirector de la institución educativa.

E* es una adolescente venezolana de 13 años que vive en Puerto Pizarro. La primera en salir del Estado Miranda, hogar de origen en su país, fue su madre Radimar. En 2019, al llegar al Perú, se quedó primero por la costa sur, exactamente en la provincia de Chincha, Ica. Pero los manglares y naturaleza de Puerto Pizarro la convencieron de quedarse definitivamente en el centro poblado tumbesino con sus tres hijos. Una vez allí, separó un pedazo de tierra que dio inicio a la nueva vida de Radimar, E* y sus dos hermanos menores. 

 

Miguel Grau
En el colegio 014 Miguel Grau de Puerto Pizarro, institución educativa de primaria y secundaria, se han presentado casos de bullying hacia estudiantes migrantes venezolanos. Foto: Hechicera, diario regional de Tumbes

 

“Había una invasión de venezolanos en toda la avenida. Ahí agarré un pico de tierra y empecé a hacer mi casita. Después fui a buscar a mis hijos a Venezuela y me los traje. Los peruanos nos regalaban palos, láminas, buscábamos los clavos y empezamos a armar. Hay peruanos que son muy buenos y tratan de apoyar a uno. Todavía no hemos terminado de construirla”, recuerda la madre de familia.

El esposo de Radimar trabaja cargando cajas y su hermano es pescador de camarón. Ella labora como lideresa en el colectivo Manos Unidas por Puerto Pizarro, organización que reúne a 11 madres venezolanas y peruanas que se articulan para apoyar a aquellas familias migrantes que recién llegan al centro poblado tumbesino, brindándoles kits de alimentación, víveres, entre otros recursos básicos.

 

bv
Desde su llegada al Perú, Radimar, se ha dedicado a ayudar a otras familias migrantes que recién llegan al centro poblado tumbesino, a través del colectivo de madres venezolanas y peruanas Manos Unidas por Puerto Pizarro. Foto: Andina

 

Actualmente, E*, la hija mayor de Radimar, va a la escuela 014 Miguel Grau. Hace tres meses, la adolescente comenzó a recibir ataques verbales muy fuertes por parte de estudiantes peruanas del mismo centro educativo.

“Empezaron a decirle ‘veneca puta’, 'ustedes lo que vienen es a trabajar para los bares, a quitarle los maridos a las peruanas', cuando yo nunca he trabajado en un bar. Yo fui a hablar con el director y él me dijo: 'Vamos a tomar todas las medidas preventivas'. Lo que hicieron fue cambiar a mi hija de aula”, cuenta.

Si bien los ataques hacia E* cesaron tras implementar dicha estrategia ante una nueva posible situación de bullying, su madre revela que ha sido testigo de otros enfrentamientos de violencia física entre estudiantes venezolanas y peruanas en el centro poblado. Algunos han llegado a difundirse incluso a través de redes sociales. “Lo graban y lo suben hasta por el Facebook”, lamenta. 

 

acoso escolar
Desde setiembre de 2013 a agosto de 2022, en el Perú, se han identificado un total de 46.406 casos por violencia escolar, según el portal SíseVe. Foto: Gobierno del Perú

 

N* es otra adolescente de 14 años que vino al Perú desde el estado La Guaira, en Venezuela. Actualmente, cursa tercero de secundaria en el mismo colegio, donde también atravesó una situación de acoso escolar.

Hace dos meses, la institución educativa citó a su madre, Carmen, para conversar sobre un tema relacionado a su hija. Carmen asegura que la hicieron firmar un acuerdo que tenía como propósito determinar si N* era “problemática”. El mismo documento también tuvo que ser rubricado por la madre de otra adolescente peruana, a quien N* acusaba de atacarla con insultos.

“Nos citaron en el colegio y nos hicieron firmar un acuerdo para ver cuál de las dos era la problemática.”, recuerda Carmen.

“Me dijo que había una niña que le decía groserías: ‘quitamaridos’, ‘zorra’. La familia de la otra niña subió la pelea a las redes sociales, [a N*] la expusieron como 'la criminal de Puerto Pizarro'. La difamaron”, agrega la madre. 

 

a
Desde que ocurrió el caso de violencia escolar hacia N*, la madre de la menor asegura que ir a la escuela se ha convertido en una dificultad para la adolescente, debido a la discriminación y xenofobia. Foto: El Peruano

 

Luego del enfrentamiento entre las menores, Carmen acudió a la comisaría del centro poblado para realizar la denuncia por el delito de difamación, pero los efectivos no aceptaron su pedido, pues la madre de la otra menor ya había interpuesto una denuncia en contra de ella, momentos antes del enfrentamiento.

“No quisieron tomar mi denuncia aquí en Puerto Pizarro porque el policía que me atendió me dijo que yo ya tenía una denuncia y tenía que esperar la citación para que yo me presentara con la agresora”, señala. Asimismo, N* confesó a su madre que en medio del incidente recibió amenazas de agresión física hacia ella y su hermano de 10 años por parte de la otra estudiante. Hasta ahora, Carmen y N* continúan esperando la citación de la dependencia policial.

Desde que ocurrió el caso de violencia escolar hacia N*, Carmen debe pedirle todos los días que no falte a la escuela. “Ella no quiere ir al colegio, le ha agarrado como miedo, ¿sabes?”, expresa con preocupación. Hasta ahora, según la madre, la adolescente solo ha recibido dos sesiones psicológicas por parte del centro escolar.

Sin embargo, Laura Armas Rabaza, vocera de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tumbes, aseguró a Convoca que para disminuir el acoso escolar o bullying en las escuelas de la región se ha designado un equipo itinerante de psicólogos para intervenir en cada una de las instituciones educativas, así como la aplicación del Protocolo para la Violencia Escolar del Minedu.

Este documento ordena al director de la escuela y al responsable de convivencia escolar brindar apoyo psicopedagógico a los estudiantes para la continuidad educativa en casos de violencia escolar. También dispone la coordinación con la Defensoría Municipal del Niño, Niña o Adolescente (Demuna), para asegurar su apoyo socioemocional y la creación de estrategias para restablecer la convivencia y fortalecer la prevención de estas situaciones de riesgo.

 

acoso escolar
Hasta ahora, según la madre de N*, la adolescente solo ha recibido dos sesiones psicológicas por parte del centro escolar 014 Miguel Grau de Puerto Pizarro. Foto: Andina

 

En Perú, existen un total de 220 de unidades de gestión educativa local (UGEL) y son las encargadas de difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa nacional o regional. Es decir, aborda las principales responsabilidades respecto a las escuelas y crea estrategias para mejorar sus servicios en contratación de docentes, acompañamiento pedagógico, distribución de materiales, etc.

Angie Alvarado Zavala, especialista en convivencia escolar de la UGEL de Tumbes y encargada de monitorear y brindar asistencia técnica a todas las instituciones de la jurisdicción de la provincia, señala a Convoca que uno de los puntos críticos que no permite detectar los casos de violencia escolar en esta parte del país es que no hay una cultura de reporte por parte del equipo de trabajo de las escuelas.

“Ellos como que le temen al SíseVe porque indican que son muchos pasos para reportar los casos de manera permanente y no cuentan con un personal que haga seguimiento. Entonces lo que hacen es atender los casos, pero no los reportan en el sistema porque consideran que el colegio se va a ver como “problemático”. Esa es la situación”, señala.

Según indica Alvarado, para reportar un caso de violencia escolar, primero este debe ser atendido por el responsable de convivencia escolar, supervisado por el director de la escuela. A partir de ahí, se deberá realizar el seguimiento de manera oportuna. No obstante, Alvarado hace hincapié en que en el colegio 014 Miguel Grau de Puerto Pizarro no se realizan los reportes de los casos.

En ese contexto, el portal SíseVe cumple un rol muy importante, ya que ofrece la posibilidad de focalizar los casos de violencia escolar en el país.

“Si tú vas y preguntas en la institución, te dicen: ‘No, la institución es tranquila, estamos haciendo prevención, no hay casos para reportar’. Pero sí hay casos. El problema es que algunos todavía no consideran ciertas actitudes de los niños como agresiones. Por eso es que estamos trabajando para cambiar ese pensamiento, porque muchos han normalizado esas situaciones de violencia”, explica la especialista en convivencia escolar.

En este contexto, Enrique Saavedra, director de esta escuela en Puerto Pizarro desde 2006, aseguró a Convoca que en la institución solo se han registrado dos episodios de acoso escolar durante este año.

“Solo hemos tenido dos casos este año que se subieron al SíseVe, donde se suben todos los casos que se suscitan en la institución educativa”, confirmó. El subdirector de la misma institución, Jesús Pérez, precisó que un caso correspondía al nivel secundario y añadió que la escuela sí realizaba el seguimiento respectivo de los casos reportados.

“Tuvimos un caso en secundaria en el mes de mayo o junio (...) que se subió al sistema [SíseVe], justamente entre una chica peruana y una chica venezolana que llegaron hasta los golpes, pero no fue tan grave”, dijo el subdirector.  “Generalmente cuando ocurren estos casos a los estudiantes los cambiamos de secciones o en todo caso de turno, pero siempre hacemos el seguimiento”, añadió.

 

minedu
El portal SíseVe del Ministerio de Educación ha identificado que el 47% de los casos de violencia escolar en el país (21.618) fueron por parte del personal de las instituciones educativas hacia escolares. Foto: Andina

 

Sin espacio: la otra barrera para acceder a la educación

Una investigación de la organización Save The Children, realizada entre octubre y diciembre de 2021, reveló que el 27% de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos que residen en Lima y el departamento de La Libertad, al noroeste del Perú, se encuentra fuera del sistema educativo.

De un total de 817 personas encuestadas, el 45% señaló que la principal barrera para acceder a la educación radica en la insuficiencia de espacios disponibles. Otro factor que les impide matricularse son las actitudes de rechazo que reciben por parte del personal administrativo de las escuelas, pues en este estudio uno de cada 10 niños declaró haber sufrido discriminación.

Asimismo, en el informe que publicó en 2019 la OIM, sobre las características de la población venezolana residente en Tumbes, se detalla que otra de las barreras que dificulta el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes de Venezuela en la región noroeste del país son las dificultades económicas. Esta se presenta en casi la mitad de los casos (46,2%).

Otros factores son haber llegado a la localidad después del inicio del año escolar (19,2%), no contar con documentación necesaria (15,4%) y desconocer el funcionamiento del sistema educativo peruano (11,5%).

En Puerto Pizarro, la ausencia de infraestructura escolar también representa una valla para la población escolar migrante, pues al contar únicamente con el Colegio 014 Miguel Grau,
por ejemplo, durante este año, no se pudo otorgar una vacante a 29 estudiantes migrantes venezolanos de nivel primaria, según Laura Armas Rebaza, vocera de la Unidad de Gestión Educativa de Tumbes.

“En primaria había un promedio de 29 estudiantes que no habían accedido este año a una vacante del sistema educativo peruano. Es por ello que estamos trabajando de la mano con RET [Americas] , socia de Unicef, para el traslado de dos aulas prefabricadas y previendo la matrícula para el próximo año en atención a la meta de [tener estas] dos aulas más", agrega Armas. 

En el camino, algunos padres de familia han optado por solicitar apoyo a entidades internacionales como la OIM para que intercedan en el trámite educativo para acelerar el proceso de conseguir una vacante. Pero a través de ese medio tampoco se ha logrado el objetivo.

Ese es el caso de Oriana y sus cuatro hijos de doce, diez, siete y seis años. Es una madre venezolana que llegó al Perú con su familia en mayo de este año y que tenía pensado, desde el inicio de su viaje migratorio, quedarse en Puerto Pizarro. Cuando llegó al centro poblado y tuvo problemas para inscribir a sus hijos en la escuela, acudió a la OIM para pedir ayuda.

“Al principio conversé con una de las profesoras del grado [escolar] que estaba buscando [para los niños]. Entonces me dijeron que por el momento no había cupo, que tenía que esperar. Luego, conversé con la organización [OIM] para ver si podían ingresar a los niños que no estaban matriculados, incluyendo los míos. Hasta el momento no hay nada de seguridad. Hasta el momento no ha pasaado nada”, comenta.

“A nosotros nos contactaron con la OIM. Ellos nos estaban tratando de solucionar eso, pero no me dieron respuesta de nada. Aquí los cupos [de inscripción en los colegios] en Puerto Pizarro son escasos. No se encuentra cupo para ningún niño. Hay muchos que no están estudiando”, expresa.

 

primaria
Durante este año no se pudo otorgar una vacante a 29 estudiantes migrantes venezolanos de nivel primaria en Puerto Pizarro, Tumbes. Foto: Andina

 

La etapa escolar de los hijos de Oriana se ha visto interrumpida desde su llegada al Perú. Mientras continúan a la espera de una vacante para ingresar al colegio, Oriana ha optado por enseñarles de forma autodidacta, desde casa, algunas actividades para motivar su aprendizaje, tales como la lectura y la escritura.

“Ellos colaboran aquí en la casa, me ayudan. Yo les coloco tareas, los pongo a leer, a escribir, a colorear. Ellos me han preguntado por qué aún no pueden ingresar al colegio y yo les digo que estamos esperando la respuesta, que no nos han dado respuesta aún”, relata. Se puede escuchar la preocupación en su tono de voz.

Pero el problema de no encontrar vacante en las dos escuelas de Puerto Pizarro tiene también otros factores.  Por ejemplo, la falta de infraestructura.

Convoca conversó con Jenny Soto, alcaldesa del centro poblado, quien señaló que el municipio, al no encontrarse en la categoría de “distrito”, no cuenta con autonomía económica ni administrativa. Tampoco recibe un presupuesto institucional para ejecutar obras. La Municipalidad Provincial de Tumbes solo les entrega un pequeño presupuesto para actividades de mantenimiento administrativo.

A nosotros solo se nos asigna un pequeño recurso que es de cerca de 10.000 soles [2.595 dólares aproximadamente] para mantener la parte administrativa y brindar servicios de limpieza pública. No tenemos autonomía económica ni administrativa. Trabajamos bajo una ordenanza que es regulada por la [municipalidad] provincial, donde nos delegan algunas facultades y competencias. Y dentro de esas no vemos nada de educación, porque esta es gestionada por la UGEL”,  explica la funcionaria.

 

OIM
Las familias venezolanas que residen en Puerto Pizarro también han recurrido a Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para acelerar el proceso de matrícula de sus hijos en las escuelas del centro poblado, pero tampoco han tenido respuesta. Foto: OIM

 

Los servicios de educación en Puerto Pizarro son coordinados por la UGEL de Tumbes, pero según la alcaldesa su contribución hasta ahora solo se ha limitado a coordinar la seguridad ciudadana en los exteriores de los colegios de la zona, no a resolver las problemáticas de fondo.

“Lo que nosotros hacemos es coordinar para que el personal de serenazgo vea la seguridad en el colegio Miguel Grau. Se ha solicitado [también] hace un mes al gobierno regional una evaluación de riesgo para el mejoramiento de infraestructura de la institución, pero sigue en proceso de gestión”, indica Soto.

Hoy, en el Colegio 014 Miguel Grau, se distribuyen 15 aulas en el turno de la mañana para el nivel primaria y 11 aulas en la tarde para secundaria. La Dirección Regional Educativa de Tumbes está trabajando con RET Americas y Unicef para asegurar el traslado de las mencionadas dos aulas prefabricadas más, con el fin de prever más vacantes para el próximo año.

 

muni puerto pizarro
El centro poblado tumbesino busca cambiar de nivel de gobierno a distrito para contar con autonomía económica y comenzar a ejecutar obras en infraestructura educativa, entre otras. Foto: Hechicera, diario regional de Tumbes

 

El año pasado, el Congreso peruano declaró de interés nacional la creación del distrito de Puerto Pizarro, ya que representa un punto de atracción turística y de entretenimiento. Esto le daría un presupuesto autónomo. En los últimos años, este centro poblado se ha posicionado como destino para realizar deportes acuáticos además de actividades de turismo vivencial, como los paseos en lancha y la pesca artesanal, principal actividad económica del lugar.

Sin embargo, hasta el momento, la categoría de Puerto Pizarro no ha sido modificada a nivel de gobierno, pese a que se viene impulsando este cambio desde 2017. Esto significa que aún no cuenta con un presupuesto ni con autonomía administrativa para ejecutar obras en transporte, saneamiento o educación para el beneficio de su población.

La principal lucha de las familias migrantes que residen en Puerto Pizarro, como las de las madres Radimar, Carmen y Oriana, apunta a la integración de todos los niños, niñas y adolescentes de Venezuela en el Perú y la promoción de mejoras por parte del Ministerio de Educación del país. En ese sentido, piden un acceso seguro, tolerante e inclusivo para sus hijos en los colegios peruanos y que los docentes y el personal educativo también se sumen a esta causa.

 


Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.