En el día Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, Convoca.pe publica este reportaje escrito originalmente en 2011 para el portal IDL-Reporteros por nuestra directora Milagros Salazar Herrera debido a su relevancia y vigencia hasta la actualidad. Esta serie de investigativa, denominada 'Pesca Negra' y una de las ganadoras del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación (2012), contribuyó a que el Ministerio de la Producción, durante la gestión de Gladys Triveño (2012-2014), iniciara una reforma para enfrentar el subreporte de la captura de anchoveta y malas prácticas en la gran industria pesquera del país, la segunda más importante del mundo después de China. Desde Convoca.pe consideramos que el Estado debe continuar vigilante y realizar una fiscalización eficaz sobre las actividades de este sector para que pueda protegerse los recursos hidrobiológicos del mar peruano.

En un solo puerto del Perú, Chimbote, se descargó en dos meses y medio, en 2010, tres veces más de lo que pescó Portugal en todo ese año. Y eso que en el caso peruano se contó sólo los desembarques de anchoveta, mientras que en el tradicionalmente pesquero país ibérico se sumaron todos los peces que toda su flota descargó en todos sus puertos.

Perú es el país que alberga el banco más grande de anchoveta en el mundo y, la palabra banco no sólo hace referencia al gran stock de esta especie en el mar sino también a lo que significa en dinero, a los más de mil 600 millones de dólares de exportaciones de harina de anchoveta en 2010.

No se trata solamente del volumen sino de la espectacular rentabilidad de ese negocio. Según cálculos conservadores, los precios de los últimos años permiten utilidades del 50%. Pocas actividades rinden tanto, y la ventaja de la anchoveta sobre el oro, es que el oro no se reproduce.

La abundancia de la anchoveta ha convertido al Perú en el mayor productor mundial de harina de pescado. Pero su tremenda rentabilidad actual, por el pico de precios de los últimos años, estimula la sobrepesca, aún a costa de capturar más anchoveta de la cuota de 6 millones de toneladas al año.

Aunque los dueños y ejecutivos de la media docena de empresas que concentran más del 60% de la pesca sostienen que ahora son muy formales, y que la ley de cuotas del 2008 regularizó y transparentó el sector, la evidencia acumulada por IDL-Reporteros indica que hay gruesas y muy serias irregularidades.

 

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Samuel Dyer, fundador y director de Corporación Pesquera Inca (Copeinca) (Foto: IDL-Reporteros).

La investigación empezó cuando decenas de pescadores informaron a IDL-Reporteros que las naves en las que trabajan llegan a los puertos con mucha más carga de lo que registran las balanzas ubicadas dentro de las fábricas de harina. Si el pesaje no es correcto, ello significa un menor pago de derechos de pesca al Estado y a los pescadores, que cobran por tonelada capturada. Además, por supuesto, de sobrepesca.

Empresarios, pescadores, expertos, inspectores y ex funcionarios del sector aseguraron a IDL-R que la discrepancia tolerable entre pesca declarada y pesada es hasta 10%. Samuel Dyer Ampudia, fundador y director de la segunda pesquera más importante del país, Corporación Pesquera Inca (Copeinca), aseguró que si hay diferencias “del 10% ya es bastante”.

 

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El ex ministro de la Producción, Rafael Rey, junto a Mario Bescia, dueño de la poderosa pesquera Tasa. (Foto: Caretas)

Adriana Giudice, gerente general de la pesquera Austral, entrevistada en su oficina en el centro empresarial de San Isidro, que pareciera a un mundo de distancia del oloroso Chimbote, dijo que “hasta 10% puede ser una diferencia normal ya sea para arriba o para abajo”. Claudio Castañeda, superintendente adjunto de la gerencia de operaciones de harina y aceite de pescado de Tecnológica de Alimentos (Tasa), la pesquera más poderosa de la pesca que está en manos de los Brescia, solo respondió que tendría que hacer un análisis estadístico para ser “más precisos”.

IDL-R les ahorró el esfuerzo: luego de tres meses de trabajo exhaustivo y fatigoso, logró obtener, armar, compilar y procesar las bases de datos que contienen los registros  de pesca, declarada y pesada, de la segunda temporada de pesca de 2009 y de las dos temporadas de 2010.

¿Para qué se llena estos dos registros? Para cumplir con el programa de vigilancia de desembarques que administra el Ministerio de la Producción.

En principio, debió haber sido fácil obtener las bases de datos. Pero, los principales funcionarios de ese ministerio se negaron reiteradamente a entregar esa información a IDL-R, aduciendo, ilegal y sospechosamente, que era secreta.

A la luz de los resultados de esta investigación, ya se sabe porqué insistieron en el secreto, que antes que favorecer, perjudicó al Estado o a la sociedad.

De paso, el ‘secreto’ que se adujo era una mentira, pues IDL-R averiguó después que las empresas pesqueras tienen acceso total a las bases de datos de desembarques.

 

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¿Qué arrojó el análisis de estas bases de datos? Lo siguiente: Que más del 50% de los desembarques (o descargas de lo pescado) en los puertos del norte y centro del país, donde se descarga el 90% de la anchoveta capturada en el Perú, tuvieron discrepancias de más del 10% entre la pesca declarada y la pesada en las balanzas. No solo eso: el 27% del total de desembarques registran discrepancias de 20% para arriba. Hay varios casos en los que la diferencia llega al 50%.

Las diferencias significativas y rotundas en toneladas y número de descargas son casi invariablemente en perjuicio del Estado y el pescador: ¿Cómo? Aparece menos pesca en la balanza de lo que fue declarado.

Apenas en el 10% de los desembarques puede haber algo más de pesca pesada que la captura declarada.

¿Cuántas toneladas no registradas representan las discrepancias de más del 10%? Poco más de 300 mil toneladas. Para que tengan una idea de proporciones, esto equivale al 160% de lo que pescó Portugal en 2009.

En dinero, la cifra está cerca de los 100 millones de dólares si se transforma esa cantidad de anchoveta en harina de pescado.

Para esta investigación, IDL-R revisó cerca de 47 mil desembarques de las tres temporadas de pesca, fijó la diferencia entre la carga declarada y la pesada en cada desembarque; y comparó las cifras de las bases de datos con las miles de actas de inspección levantadas en las varias etapas del proceso de descarga por las empresas supervisoras Cerper y SGS, en las que aparecen los registros originales de los desembarques.

El ranking

¿Cuáles son las empresas con las diferencias más notorias? Más de la mitad de los desembarques con discrepancias del 20% pertenecen a la flota de las diez empresas más poderosas del sector que suelen descargar en sus propias plantas. Seis de estas compañías, de paso, financiaron, en un evidente conflicto de intereses, el estudio de Apoyo Consultoría que sirvió de base para elaborar el decreto 1084, que se suponía iba a ordenar el sector y a salvar de la depredación a la anchoveta 

 

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Exalmar, propiedad de la familia Matta Curotto y que tiene entre sus directores a la conocida abogada Cecilia Blume (**), es la compañía que encabeza la lista: El 64% de sus desembarques tiene discrepancias del 20% para arriba.

La empresa afirmó a IDL-R, que eso no es así: “Si existieran realmente diferencias en las descargas de la magnitud que se indica (…) no tendríamos un volumen de 45% de descargas de terceros ya que ante diferencias de esas magnitudes, optarían por vender su pesca a otras empresas industriales”, aseguró Raúl Briceño, gerente de administración de Exalmar a IDL-R, por correo electrónico.

Pero IDL-R detectó que en las tres temporadas de pesca, sólo el 27% de los desembarques de terceros en las plantas de Exalmar tienen discrepancias a partir del 20%. ¿Por qué hay tal diferencia entre las discrepancias con la flota propia (64%) y la de terceros (27%)?

La flota de Exalmar tiene descargas que pueden superar el 50% de diferencia. El 9 de julio de 2010, la nave Don Víctor registró un desembarque de 89.68 toneladas métricas de anchoveta en el puerto de Chicama a pesar que el patrón declaró que había capturado 180. En la primera temporada de 2010, se registró que los desembarques de Don Víctor superaron el 20% de diferencia en casi 40 veces.

 

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Adriana Giudice, gerente general de la pesquera Austral (Foto: IDL-Reporteros)

La misma actitud de negación hubo en otras empresas. “Diferencias del 20% nunca hemos tenido”, insistió Adriana Giudice, de Austral, quien asegura que su compañía está considerada como unas de las mejores empleadoras. “Estamos en el Great Place to Work”, apuntó. Pero IDL-R identificó que el 27% de los desembarques de Austral presentan diferencias del 20% a más.

Corporación del Mar es la tercera en la lista. Pero sus dueños son Austral y  Exalmar. Ambas compañías se repartieron la flota y las plantas de Corporación del Mar en 2010, pero en el sistema de control de desembarques aparece aún como una empresa independiente.

Entre las compañías medianas en esta relación figuran Humacare, del clan Muro con una flota que descarga en las plantas de Compañía Pesquera Pacífico Centro que también es de su propiedad y que es la segunda con mayor número de desembarques con discrepancias. Cantabria ocupa el cuarto puesto. Muy cerca de este notorio ranking figuran otras dos pesqueras, Los Halcones y Rosario, de una misma familia: Falcone, que está asociada al grupo Romero en la Pesquera Centinela que también tiene desembarques con importantes diferencias.

CFG Investment aparece en la sexta posición. Este es un caso especial: se trata de una subsidiaria de China Fishery que a su vez está relacionada con Pacific Andes, uno de los conglomerados pesqueros de mayor importancia en China y Japón. Esta empresa no quiso dar su versión a IDL-R.

Hubo quienes cuestionaron el método de comparación: “Lo estimado por el patrón no tiene ninguna precisión”, aseguró a IDL-R Fernando Parodi, gerente general de la conocida Hayduk, que no sólo tuvo el 22% de sus desembarques con discrepancias del 20% a más sino que es propietaria de la nave Constante, que haciendo honor a su nombre registró en la segunda temporada de 2010, descargas que en promedio bordearon el 30% de discrepancia.

El cuestionamiento tiene poca base, como lo saben los industriales. Es cierto que se compara volumen (la declaración del patrón de la nave) con peso (de las balanzas dentro de las plantas harineras). Pero el volumen de las bodegas de las naves es cubicado obligatoriamente por técnicos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi). Y no hay patrón que después de centenares de descargas no sepa con alto grado de exactitud cuánta anchoveta, en peso, entra en sus bodegas.

Por eso es que al inicio de su intervención, la primera supervisora, SGS, hizo constar en las actas de inspección la declaración del patrón de la nave. Eso hizo que fuera luego imposible no considerarla en la supervisión.

Y sigue el ranking. Diamante, que fue fundada por el empresario Juan Ribaudo y ahora está en manos de sus hijos y ex esposa, es la octava en la lista. Le sigue Copeinca que asegura que casi toda su flota de anchoveta tiene sistema de frío lo que originaría que exista más agua en las bodegas de la nave, y que por ello pueda haber diferencias del 20%. El problema es que en varios casos las discrepancias llegan al 40%.

El nada ilustre ranking se cierra con Tasa que tiene como asesor de la alta dirección a Humberto Speziani, hoy presidente de Confiep.

Pero no sólo las grandes compañías presentan estos problemas, hay otras pequeñas como Corporación Pesquera 1313 que registran récords. Su embarcación Mary Carmen superó en todas sus descargas la diferencia del 30% en promedio. Sus pescadores ya denunciaron el hecho.

¿Cuánto cuesta esta discrepancia de toneladas que se esfuman? Su valor, ya lo hemos dicho, es de cerca de 100 millones de dólares. A los impuestos sobre esa cantidad, hay que agregarle los cerca de 600 mil dólares que el gobierno no recaudaría por derechos de pesca de las diez empresas que encabezan el ranking de discrepancias superiores al 10%.

Lo que dejaría de recibir el pescador son 3 millones 695 mil dólares sise suma lo que debe cobrar por cada tonelada pescada y el U.S. $1.95 que cada planta debe aportar por tonelada desembarcada para solucionar el problema de la jubilación del pescador.

“Hay un sistema de control irracional, corruptible e ineficiente en los puertos”, aseguró a IDL-R el ex ministro de la Producción, José Nicanor Gonzales;  “el concepto de la reforma [de la ley de cuotas] fue correcto, pero falló en su implementación, al permitir que se consolide la alta concentración, de hecho la cartelización empresarial”.

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Kurt Burneo, ministro de la Producción (Foto: Andina)

“Algunas empresas tienen una actuación delincuencial”, dispara con voz bronca Javier Castro, secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, cansado de denunciar estas diferencias ante las autoridades.

El ministro Kurt Burneo ha denunciado hace pocos días un ‘faenón’ en la pesca con funcionarios coludidos con las empresas para no sancionarlas. Pero lo que aún no parece haber hecho es revisar las cuentas millonarias de las discrepancias que revelamos luego de seis meses de investigación.

Si algo queda claro, es que la ley de cuotas no impidió la depredación de la anchoveta, que tampoco desterró la corrupción. También está claro que algunas empresas que financiaron la norma persisten en cometer irregularidades.

¿Qué hay detrás de todo? Cuando los pobladores de Chimbote aspiran ese ventarrón de pescado podrido que emana de las fábricas de harina, ya saben cómo llamarlo. Es el “olor del dinero”, dicen. Y saben de qué están hablando.

¿Cómo se hizo el cálculo de la investigación?

Para valorizar lo que las diez empresas con desembarques de discrepancia mayores del 10% entre pesca declarada y pesada, dejarían de pagar al Estado y al pescador, se siguió los siguientes  pasos:

-Se procesó la base de datos en el programa Excel con los registros de cerca de 47 mil desembarques. Se limpió y verificó los datos cotejándolos con las actas de inspección.

-Se estableció la cantidad de toneladas de descargas que superaban el 10% de discrepancia.

-Se estableció el derecho de pesca que cada planta debió pagar por tonelada recibida en cada temporada analizada. El derecho de pesca se determina según un porcentaje del precio de la harina en puerto durante el mes del desembarque, por lo que se hizo el cálculo considerando el costo promedio en cada temporada de pesca.

-Se calculó lo que deja de recibir el pescador según lo que cada empresa pesquera establece como pago por tonelada capturada a sus trabajadores. Se trata de una fórmula compleja en relación al precio de la harina en puerto en cada temporada de pesca. Esta información fue cotejada con los representantes de las empresas y los pescadores. A eso se sumó el $1.95 que cada planta debe pagar al pescador para su jubilación por cada tonelada que recibe.

-El valor de las 302 mil toneladas de discrepancia se estableció determinando la cantidad de harina de pescado que ese tonelaje produce (con un ratio de conversión de 4.3 a 1) y se determinó el precio de venta de la harina en puerto, calculando el correspondiente a cada temporada de pesca.

 

(*) IDL-Reporteros agradece a la reconocida periodista Giannina Segnini, jefa de la unidad de investigación del diario La Nación de Costa Rica, así como a Rigoberto Carvajal, ingeniero de sistemas de su equipo, por la asesoría en el procesamiento de las bases de datos de esta investigación.

(**) Corrección: El lunes 19 de septiembre se ha hecho el siguiente cambio, para mayor claridad del texto. Donde estaba escrito que Cecilia Blume era directiva de Exalmar, ahora queda escrito que es directora de esa compañía, es decir, miembro del directorio.