Luego de cinco meses de que el Estado Peruano devolviera 524 millones de soles a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla a un consorcio estatal chino, la constructora brasileña busca obtener 1,200 millones de dólares de compensación por el Gasoducto Sur Peruano, mediante una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), afiliado al Banco Mundial.

Oli Lux, empresa controlada por el holding Odebrecht S.A. y radicada en Luxemburgo, ha presentado una solicitud de demanda en contra del Perú ante el referido tribunal de arbitraje al sostener que el Estado Peruano no ha convocado a una nueva subasta para dar continuidad al proyecto. Por ello, ha decidido invocar el tratado bilateral de protección de la inversión privada firmado entre el Perú y Luxemburgo. Precisamente el plazo máximo para presentar esta demanda finalizaba el 21 de enero último.

Pero, ¿cuáles son los entretelones de esta solicitud de arbitraje que el Estado Peruano deberá afrontar?

Fuentes de Convoca.pe revelaron que semanas atrás hubo dos reuniones recientes —una en el Ministerio de Economía y Finanzas y otra en el Ministerio de Energía y Minas— en las que participó el director jurídico de Odebrecht S.A., Rogerio Bautista da Nova Moreira.

El objetivo de la reunión era claro: buscar alternativas legales para ampliar el plazo de la presentación de la demanda ante el CIADI que se vencía en enero.

En esa reunión, representantes de Odebrecht se habrían sentido “muy animados” porque fueron "escuchados" por primera vez luego de dos años de no recibir ningún tipo de respuesta positiva por parte del gobierno peruano. 

Desde Brasil, fuentes de este medio digital aseguraron que Odebrecht buscó posibilidades para evitar presentar la demanda y ampliar el plazo de la subasta relacionada al proyecto gasífero. Incluso acotaron que se realizaron los esfuerzos necesarios para generar nuevas alternativas legales en un mutuo acuerdo con el Estado Peruano.

Pero el plazo estaba muy próximo a vencerse y el Estado Peruano respondió que no iban a ser ningún adelanto de opinión si es que Odebrecht no formalizaba su solicitud ante la Comisión Especial del Ministerio de Economía y Finanzas que representa a la República del Perú en Controversias Internacionales de Inversión, liderada por Ricardo Ampuerto Llerena

Al conocerse la solicitud de arbitraje de Odebrecht ante el CIADI, el jefe del Equipo Especial, Rafael Vela señaló que si la constructora no ratifica su culpabilidad, los ex directivos de esta empresa serían comprendidos en el caso penal de Gasoducto del Sur, así como la propia empresa brasileña.

Sin embargo, explicó que no es causal de revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz que se ha establecido entre la empresa constructora Odebrecht y el Estado Peruano.

En una carta que envió Odebrecht el pasado 22 de enero al fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, la constructora brasileña señaló que en el marco de las investigaciones judiciales que involucran al proyecto —paralizado en la actualidad y cuyo monto de inversión ejecutado ascendería a 2 mil millones de dólares— “no hay posibilidad que la compañía ejerza las acciones necesarias para intentar recuperar la inversión realizada en el Proyecto GSP (Gasoducto)”, por lo que “representaría una grave violación de obligaciones fiduciarias frente a los acreedores de la compañía”.

El argumento se replica en el comunicado difundido por Odebrecht, en el que argumentan que “han transcurrido más de tres años de la terminación unilateral del contrato de concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) por parte del Gobierno Central y que, producto de esta terminación, la concesionaria quedó con significativas obligaciones de repago de financiamientos tomados para la ejecución de las obras, de pago de deudas con proveedores y trabajadores, así como la devolución del capital invertido por los inversionistas en el proyecto (entre ellos OLI Lux, controlada por el holding Odebrecht S.A y radicada en Luxemburgo). 

Por ello, según explica Odebrecht ,“no ha tenido más remedio” que iniciar formalmente un arbitraje internacional ante el CIADI. Precisamente, en el portal web del tribunal arbitral, afiliado al Banco Mundial, se consigna que la solicitud de la constructora fue recibida el martes 4 de febrero.

Información publicada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 

La compañía indicó que al no tener éxito en sus negociaciones con el Estado Peruano, optó por esta acción, aunque asegura está “totalmente dispuesta a encontrar juntamente con las entidades competentes del Estado una solución que permita suspender el proceso arbitral que posibilite avanzar en una agenda positiva para el beneficio y desarrollo del Sur del país, garantizando lo más pronto posible el reinicio del Proyecto por otro inversionista privado”.

Comunicado emitido por Odebrecht explicando la demanda interpuesta contra el Estado Peruano.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas respondió a los argumentos de Odebrecht, asegurando que el "Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado".

También esa cartera recalcó que "otras medidas que adoptó el Estado y, que son objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria de Odebrecht, están relacionados con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado en febrero del 2017".

Por último, desde el MEF se sostiene que el "Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias".

En conversación con Convoca.pe, el fiscal Rafael Vela, aseguró que tuvo conocimiento de esta demanda  tres o cuatro días antes de su viaje a Curitiba, Brasil, para seguir con los interrogatorios a los exdirectivos de Odebrecht, pero que no se podía interrumpir el proceso de colaboración eficaz. "Son cuerdas separadas", acotó.

De otro lado, la abogada de Odebrecht, Lourdes Carreño, entregó a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato la información de los servidores encriptados de la constructora Drousys y My Web Day hasta el 2009. En estas plataformas digitales se ocultaban los pagos ilícitos.

Precisamente, este viernes 7 los fiscales tendrán una nueva reunión con el equipo de abogados de Odebrecht, que lidera Ricardo Weyll, para obtener información de contexto sobre estos nuevos documentos de las planillas secretas de la constructora. Se espera que en ese encuentro, la constructora brasileña, también pueda entregar al Equipo Especial Lava Jato la copia de la demanda presentada ante el CIADI contra el Estado peruano por el proyecto Gasoducto.

Asimismo, la Procuraduría Ad hoc del caso Lava Jato presentará un escrito esta semana al despacho de la fiscal Geovanna Mori, del Equipo Especial, solicitando que se pronuncie sobre la incorporación de la concesionaria Gasoducto del Sur Peruano y la compañía de Odebrecht, Inversiones en Infraestructura de Transportes por Ductos, como investigadas en la carpeta fiscal del caso Gasoducto, si es que la constructora brasileña no ratificara su culpabilidad sobre los pagos ilícitos relacionados a este megaproyecto en la solicitud de arbitraje presentada ante el CIADI.

En 2019, la Procuraduría Ad Hoc ya había solicitado a la fiscal Mori que incorpore en la investigación a la concesionaria Gasoducto del Sur Peruano, Inversiones en Infraestructura de Transportes por Ductos y Enagás, pero solo se admitió incluir a esta última empresa.

Millonaria adjudicación, único postor

Recordemos que Convoca.pe, como parte de la serie investigativa 'División de Sobornos', coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló en junio del año pasado que en los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, ocultos bajo el sistema Drousys, se registraron 17 pagos relacionados a la millonaria concesión adjudicada a un único postor durante el gobierno de Ollanta Humala.

Se trata de 17 transferencias de dinero asociadas al Gasoducto del Sur, que suman 3 millones 70 mil dólares, realizadas entre el viernes 19 de setiembre y miércoles 12 de noviembre de 2014, es decir poco más de tres meses luego del otorgamiento de la buena pro de la referida concesión a Odebrecht, proceso que empezó a despertar sospechas tras la descalificación de su consorcio competidor a última hora.

Los pagos relacionados al Gasoducto del Sur siguieron el mismo esquema para ocultar el dinero bajo sociedades offshore o compañías de fachada, así como con ‘codinomes’.

En referencia a esta obra, figuran diez personas identificadas solo con sobrenombres como destinatarios de los abonos clandestinos de dinero. Las sumas enviadas oscilan de 20 mil dólares a 700 mil dólares. También se pudo determinar que siete compañías intermedias figuran como "beneficiarios", que fueron utilizados para canalizar los más de 3 millones de dólares asociadas al Gasoducto del Sur.