KEIKO FUJIMORI Y LOS MINEROS: EL PARTIDO DE LA FORMALIZACIÓN

Lo que la candidata presidencial y el gobierno de Humala no han dicho sobre los tropiezos para formalizar a los mineros de Madre De Dios
Keiko Fujimori durante la firma del acuerdo con la Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami) | Fuente: RPP

 

Un pacto firmado recientemente entre Keiko Fujimori y CENAMI (Central Nacional Minera) para derogar los decretos legislativos 1100 y 1105 desató las críticas del presidente Ollanta Humala, de los principales gestores del proceso de formalización emprendido por este régimen, y de algunas otras personas interesadas en que el próximo gobierno garantice la continuidad de ciertas reformas del Estado. A pocos meses del cambio de mando, es necesario reconocer los avances en la formalización minera y los grandes fracasos del proceso. Aquí un análisis del periodista y antropólogo Gabriel Arriarán sobre la formalización minera, sustentado en tres años de investigación de campo en Madre de Dios. 

 

Por Gabriel Arriarán*

Publicado el 3 de mayo de 2016. Hora: 11:30 a.m.

 

Una primera precisión sobre el pacto firmado entre Keiko Fujimori y los mineros pasa por la identidad de la Central Nacional Minera (CENAMI), que agrupa a mineros filoneanos (los que trabajan en vetas al interior de una montaña) de los Andes, antes que a los aluviales (los que filtran el oro de los lechos de los ríos)  de la Amazonía. La precisión es importante porque para muchos –entre los que me incluyo– una mejora en la legislación de formalización tendría que distinguir y regular ambos tipos de minería por separado, o por lo menos caracterizarlas geográfica y etnográficamente. Los firmantes del pacto tienen razón, pues, cuando afirman que las actuales leyes de formalización se dictaron desde un escritorio, o frente a la pantalla de una computadora, sin un mayor conocimiento de las especificidad de ambas realidades.

Pero vayamos paso a paso.

 

¿Qué hacer con el decreto 1100?

No es verdad que mediante el decreto legislativo 1100 se haya definido con claridad la diferencia entre minería ilegal e informal. En Madre de Dios, esta norma terminó llevando al camino de la ilegalidad a mineros informales e ilegales por igual, y acabó por criminalizar toda actividad minera en la región, generando un mercado negro de oro, combustible e insumos para la minería cada vez más pujante y, de facto, un permanente estado de excepción

 

 

“El proceso de formalización abandonó a su suerte a agricultores, forestales y comunidades que conformaban la barrera más eficiente ante el avance de la minería hacia la Reserva Nacional del Tambopata”

 

 

Los artículos del decreto 1100 que detallan el tipo de maquinaria que puede utilizarse para las actividades de pequeña minería fueron la justificación jurídica que se utilizó para las interdicciones en Huepetuhe del 28 y 30 de abril de 2014. Los mineros intervenidos aquellos días por el entonces alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal y la formalización de la minería artesanal, el general (r) Daniel Urresti, estaban en pleno proceso de formalización, tenían sus actas de compromiso firmadas, y a partir de allí estaban más o menos avanzados. Pues bien, a todos ellos se les dinamitó maquinaria, y con ello, se liquidó las posibilidades de éxito del proceso en Madre de Dios, mientras se sembraba el terror entre mujeres y niños con la aparatosa operación militar, el humo, los helicópteros y las explosiones. Más aún, Urresti no podía abandonar la operación sin dejar sobre ella una personalísima impronta. Llevando la denominada "inteligencia militar" hasta su máxima expresión, Urresti hizo explotar una planta piloto de la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios.

   

Ex ministro Daniel Urresti en interdicciones en Madre de Dios. Foto: Lamula.pe

 

Ambos operativos, además de causar un muy hondo impacto en Huepetuhe, forzaron a que muchos mineros, con Registro Único de Contribuyente (RUC), empresas constituidas, y obreros en planilla escondiesen sus operaciones en la clandestinidad, antes que migrar hacia la formalización. Con antecedentes como éste, desde el terreno se dice, y con razón, que el objeto de los decretos legislativos de la formalización, y en particular el decreto 1100, no fue formalizar a los mineros.  Fue erradicar la minería de Madre de Dios.

 

Maquinaria dinamitada a mineros en proceso de formalización durante las interdicciones 
del 28 y el 30 de abril de 2014 en Huepetuhe. Foto: Gabriel Arriaran.

 

Por otra parte, las interdicciones no han asestado ni un solo "golpe mortal a la maldita minería ilegal" como rezaron los titulares de la prensa amarillista limeña durante las interdicciones más sonadas en La Pampa, una zona minera sobre cuya ilegalidad sí que existe un sólido consenso. La minería en las inmediaciones o en el interior de la Reserva Nacional del Tambopata ha seguido expandiéndose, mientras efectivos de la Policía se ven cada vez más enredados en casos de corrupción o son parte del funcionamiento del mercado negro de combustible propiciado por este decreto legislativo. Más bien, el proceso de formalización abandonó a su suerte a agricultores, forestales y comunidades que conformaban la primera línea de defensa ante el avance de la minería hacia la Reserva. Una política inteligente de intervención no sólo habría erradicado la minería de esa zona, sino que, sobre todo, habría apuntalado y reforzado los usos previos del territorio, bastante más sostenibles y ambientalmente amigables que la minería.

 

“No es verdad que mediante el decreto legislativo 1100 se haya definido con claridad la diferencia entre minería ilegal e informal. En Madre de Dios, esta norma terminó llevando al camino de la ilegalidad a mineros informales e ilegales por igual”

 

Fue mediante el decreto 1100 que se prohibieron las dragas, una medida que debió someterse al debate técnico que todavía sostienen ingenieros forestales, ecólogos y biólogos de Puerto Maldonado.  ¿Qué hubiera sido mejor, dejar las dragas o prohibirlas, como finalmente se hizo? Lo cierto es que esta prohibición sacó a los mineros de los ríos, donde era más fácil identificarlos y controlarlos y los empujó hacia el monte, hacia campamentos inexpugnables donde sólo policías armados y militares parecen ser los únicos funcionarios públicos equipados y capacitados para llegar.

Los alcances y la naturaleza comparada de los impactos de las dragas y la minería en medio del bosque amazónico también está en discusión: ¿contaminación de los ríos con mercurio o mayores tasas de deforestación? Para lo primero existen técnicas de recuperación del refogado, así como mesas vibratorias que separan la arena del oro sin utilizar el líquido metal en lo absoluto. Para lo segundo, no parecen haber respuestas más allá de la interdicción. El debate en torno a la utilización o la prohibición de las dragas tendría, en todo caso, que abrirse, y la decisión que se tome sustentarse con datos técnicos y empíricos, datos de campo.

 

 Mineria Madre de Dios. Foto Mauricio Malca - La República

 

Con todo, la propuesta de derogar este decreto es irresponsable, más aún si los firmantes del pacto no han propuesto ninguna legislación alternativa. Efectivamente –y en esto el ministro del Ambiente, Manuel  Pulgar Vidal, tiene razón–, la actividad minera corre el riesgo de ser desregulada. Hay que avanzar a partir de lo que hay, de los errores cometidos, la experiencia adquirida, y las lecciones aprendidas. Eso supone, claro, modificar el decreto, hacerlo más específico, menos militarista y autoritario, distinguir entre las formas que adopta la pequeña minería, debatir los impactos de las técnicas de la pequeña minería honestamente. Pero debatirlo honestamente supone que, esta vez, los líderes mineros participen del debate. Sorprendería  que los actuales gestores de la política de formalización estuvieran dispuestos a esto último, en tanto han dado muestras de considerar como criminales a todos los mineros por igual. En este sentido un cambio en los actuales gestores de la política por otros con perfiles sería sumamente saludable para el proceso de formalización. El cambio de jugadores salvaría lo que se ha avanzado y descomprimiría la presión que  sectores mineros como el CENAMI ejercen para tirarse abajo todo el proceso.

 

¿Qué hacer con el decreto 1105?

El pacto firmado entre Keiko y el CENAMI para derogar el decreto 1105 es coherente con la propuesta de ley 5139 presentada por el congresista Eulogio Amado Romero, el popular “Comeoro”, para derogar todo el paquete legislativo de la formalización minera y transferir las funciones de la formalización al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), encargado de otorgar las concesiones mineras.

Este es el decreto legislativo que establece los pasos necesarios para que un minero pueda formalizarse. La mayor parte de quienes iniciaron el proceso se quedaron atascados en el paso 3: el uso de suelos. Este paso supone que todos los derechos habientes que ocupan un mismo metro cuadrado de tierra se pongan de acuerdo sobre su uso final. Con usos de suelo tan diversos como en Madre de Dios, era de esperar que la mayor parte se quedara atascada en esta etapa de la formalización. Aun así, hubo acuerdos informales entre mineros, agricultores, castañeros y comunidades nativas que permitieron un mínimo de convivencia. También es verdad que en otros casos, los mineros ilegales saldaron disputas con asesinatos, como el del forestal Alfredo Vracko en La Pampa, en noviembre del año pasado.

 

Vista panorámica de La Pampa en el kilómetro 98 de la carretera Puerto Maldonado. Foto: Gustavo Villarubia

 

A lo que apunta la dificultad del paso 3 es a la ausencia de un ordenamiento territorial decidido y transparente. Aquellas zonificaciones hechas por gobiernos locales y regionales no siempre son respetadas por el Estado central cuando hay de por medio grandes inversiones extractivas o de infraestructura. De esta manera, el problema del paso 3 por una parte escapa largamente al tema, pero al mismo tiempo lo que se resuelva en el campo del ordenamiento territorial será clave para resolver los problemas que presenta el actual proceso de formalización.

 

“Hay una ausencia de un ordenamiento territorial decidido y transparente. Lo que se resuelva en este campo será clave para resolver los problemas que presenta el actual proceso de formalización”

 

Ingemmet claramente no puede ser el único organismo del Estado a cargo de esta función de ordenamiento, como propone Romero. Este decreto tiene la ventaja de estar bien pensado, al menos teóricamente. Fue diseñado  integralmente, para que participaran  todos los sectores del Estado competentes que podrían estar afectados o involucrados con el problema minero, y coordinados para efectos prácticos en una ventanilla única a cargo de las direcciones regionales de minería.  ¿Para qué comenzar de cero algo que ya está bien hecho? Derogar este DL sin presentar una alternativa confirmaría la hipótesis de que los mineros nunca quisieron formalizarse. Por eso, antes que anularlo o siquiera modificarlo, hay que dotarlo de un presupuesto propio, hacer que funcione.

Uno de los grandes problemas de todo el paquete de decretos de la formalización minera es que ninguno de ellos fue acompañado de partidas presupuestarias propias. Todos estos decretos incluyeron un artículo sobre financiamiento que dice que "las acciones que realicen las entidades competentes en la aplicación del presente decreto se sujetan a los presupuestos institucionales sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público". El ministro Pulgar Vidal luego ha repetido que era responsabilidad de los gobiernos regionales solicitar el dinero requerido para la formalización al Ministerio de Economía y Finanzas. En Madre de Dios esto ha implicado el sinsentido de delegar la responsabilidad de financiar la formalización a Luis Otzuka, presidente regional y enemigo acérrimo de la formalización. Esta autoridad nunca ha deslindado claramente con la minería ilegal de La Pampa.

  

Luis Otzuka, presidente regional de Madre de Dios. Foto: El Comercio.

 

En el torneo descentralizado de la formalización, si el Estado es hincha de un equipo está en la obligación de hinchar. Hinchar significa no sólo apostar por tu equipo sino incluso servir de sponsor para un campeonato en el que los jugadores de los otros planteles corren el permanente riesgo de salir del partido e irse a la huelga

Como se ve, en el partido de la formalización de la minería en Madre de Dios, se han hecho un par de huachitas, un par de paredes dignas del mejor fulbito de barrio, mientras que en el score, el Estado sigue perdiendo por goleada. Es hora de pensar en apuntalar  a línea de defensa y que los defensores no sean unos rompehuesos, cambiar a los jugadores que no rindieron, pensar en nuevos sponsors, y puede también que cambiar al entrenador.

 

* Estudió antropología en la PUCP, la Universidad de Barcelona y el London School of Economics. Ha investigado en Madre de Dios desde el año 2000. Desde hace tres años ha venido investigando la relación entre la minería y el Estado, y fenómenos asociados a ellos, como la trata de personas.