Interceptaciones telefónicas realizadas por el sistema ‘Constelación’, donado por la policía antidrogas de Estados Unidos (DEA), permitieron establecer que un empresario investigado por lavado de activos pretendía pagar indebidamente a una alta funcionaria de la Sunat para agilizar la repatriación de dinero a Perú desde una offshore creada por Mossack Fonseca —según documentos a los que accedió Convoca.pe—, el bufete panameño especializado en crear agresivos esquemas tributarios para esconder fortunas en paraísos fiscales. El detenido empresario chimbotano Luis Armando Barrera Palacios y su entorno deberán ahora demostrar que los bienes adquiridos en los últimos años proceden del dinero de su padre, un conocido armador pesquero en los años ‘70, y no del tráfico ilícito de drogas, como sostiene la Fiscalía contra el lavado de activos.  

 

Luego de meses de análisis de documentación tributaria, judicial, así como de audios de interceptaciones telefónicas legales, el martes último el juez Richard Concepción Carhuancho autorizó la incautación de 25 inmuebles y 15 vehículos a nombre del empresario chimbotano Luis Barrera Palacios, su esposa Rosa Macchiavello Teevin (57 años), y sus hijos Luis (33 años) y Giuliana Barrera Macchiavello (30 años), en las regiones de Lima y Áncash. Ese día fueron arrestados Luis Barrera, su hijo, su chofer Roberto Rabanal y la presunta testaferro Maura Jacinto. 

El magistrado accedió al pedido de la fiscal Yovana Mori García, representante del Ministerio Público del Perú que investiga desde 2017 los hallazgos del caso Panama Papers, la investigación periodística global realizada a partir de una masiva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca (MF), en los que se reveló estrategias poco transparentes para colocar dinero y activos a nombre de sociedades pantalla y fideicomisos creados en países con baja o nula tributación, es decir en paraísos fiscales.

 

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Equipo de la Fiscalía y de la Policía contra el lavado de activos intervinieron 25 inmuebles por este caso.
 

En medio de esos millones de correos electrónicos, cartas poder y balances financieros manejados por Mossack Fonseca, se encontraron registros de la existencia de dos compañías offshore vinculadas a Luis Armando Barrera Palacios: Blue Fire Financial Equities (2006) y Austin International Estate (2010), creadas en los dominios de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) por el estudio de abogados panameño a pedido de la familia. 

La fiscal Mori conectó esta información hallada en los Panama Papers con el incremento patrimonial de la familia Barrera para mostrar al juez Concepción Carhuancho que posiblemente esto apunte a un posible lavado de dinero proveniente del negocio ilegal de droga. El Ministerio Público mostró que Barrera Palacios estuvo vinculado societariamente desde mediados de los años ‘90 con José Carlos Ojeda Sandoval, personaje que se vio envuelto en un proceso por tráfico ilícito de drogas por esa misma época.

 

Nexos oscuros

José Carlos Ojeda fue acusado de ayudar a internar —en febrero de 1999—  17 paquetes de clorhidrato de cocaína en la embarcación Bertha acodada en el puerto de Chimbote, en Áncash. La declaración en su contra procedía de Félix Guillermo Mejía Molina, narcotraficante que fuera detenido en 2017 por ingresar droga en las instalaciones del círculo militar de Jesús María, en Lima. 
Inversiones Giuliana SAC, la empresa más importante del grupo familiar tiene como domicilio formal la avenida Santa Cruz 866, Miraflores, el mismo que registra la Procesadora del Campo SAC, manejada por José Carlos Ojeda. 

Otra compañía de Barrera, Procesadora del Café SAC —domiciliada en la provincia de Huaura, Lima—, comparte la misma dirección que Prime Fishmeal SAC, de Ojeda Sandoval. Como elemento adicional, la fiscal demostró al juez que ambos personajes constituyeron Ice Blue S.A. en la provincia del Santa, Áncash, en 1995.

 

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El empresario Luis Barrera Palacios y su hijo se encuentran detenidos. Imagen: Panorama
 

Cabe anotar que una sentencia  de la Corte Suprema del Perú, emitida en setiembre de 2002, absolvió finalmente a José Carlos Ojeda al no poder corroborarse la sindicación inicial en su contra, pero este antecedente igual fue tomado en cuenta por la fiscalía de lavado de activos para seguir las pesquisas en torno al manejo de las compañías de Barrera y el incremento del patrimonio familiar que, para las autoridades, resulta sospechoso. 

De acuerdo con el informe fiscal remitido al juez Concepción Carhuancho, la sociedad conyugal Luis Barrera Palacios-Rosa Machiavello Teevin, había adquirido bienes por más de 6 millones de dólares, entre los años 2013 y 2017, que fueron cancelados en efectivo. 

Para tal fin, la offshore Blue Fire Financial Equities, manejada por los Barrera, transfirió dinero a Inversiones Giuliana SAC, Argoper SAC e Intercold SAC por más de 2 millones de dólares en diversos montos, desde 2002. A su vez,  Inversiones Giuiliana Sac  traspasó dinero a otras tres empresas del grupo y compró 12 inmuebles. Extrañamente, Argoper SAC presentaba que tenía pérdidas ante las autoridades tributarias, cada año.

El investigado es hijo de Luis Barrera Mejía, un industrial y exitoso armador pesquero en Chimbote desde los años ’70, muy amigo del extinto empresario Luis Banchero Rossi y del obispo emérito en aquel puerto. Tanto Luis Barrera como sus otros cinco hermanos han proseguido con la actividad pesquera y, luego, inmobiliaria con relativa estabilidad durante los últimos años. 

 

Plan al descubierto

Sin embargo, la fiscal Mori considera que los indicios encontrados en su contra se agravan tras descubrir las intenciones del empresario por entorpecer las labores fiscalizadoras de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) y al movimiento de dinero y sus tributos. 

Desde el año pasado, el programa para escuchas telefónicas 'Constelación' operado por la policía peruana interceptó las comunicaciones de Barrera Palacios, su contador Miguel Ángel Medina y otras personas, con el fin de profundizar las investigaciones. Según se desprende de los audios, el empresario y el contador coordinaban la entrega de prebendas a funcionarios de la Sunat para tratar de “solucionar” sus problemas tributarios.

 

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Resolución judicial que autoriza las pesquisas de la fiscal especializada Yovana Mori.

 

En uno de esos diálogos telefónicos, realizado en marzo de este año, el contador Medina indicó a Barrera que había buscado "arreglar" con la funcionaria de la Sunat, Sonia Mechán Chávez, y que eso "dependería del regalo que debía entregarle" a ella para anular los procesos de fiscalización contra sus empresas y "solucionar o anular las notificaciones en su contra". 

En otra conversación del 2 de agosto pasado, el contador se comunicó con Luis Barrera Machiavello y luego con el padre de este, Barrera Palacios, para explicarle los problemas que tenía con la Sunat. En ambas conversaciones Miguel Medina afirmó que ya había conversado con los funcionarios y que "ellos saben que el tema de la repatriación de capitales —posiblemente desde una cuenta de una offshore— no va a pasar a mayores". En el mismo diálogo telefónico se refirió a una mujer de nombre Esther, quien sería una funcionaria de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), para que viese el tema de la esposa de Barrera, Rosa Machiavello Teevin.

 

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En la Sunat aguardan por más información de la Fiscalía sobre posible acto indebido de alguno de sus funcionarios. Foto: Andina

 

Sonia Mechán Chávez, mencionada en las conversaciones interceptadas al empresario y el contador, es una funcionaria de carrera de la Sunat. Desde hace más de 15 años se ha desempeñado en diferentes cargos y áreas, como en jefaturas de la entidad recaudadora de impuestos. En los últimos dos años, cumplió funciones en la gerencia de Fiscalización y antifraude, y en la Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Control del cumplimiento.

El empresario Luis Barrera Palacios se encontraba acogido al régimen temporal de Repatriación de capitales, ofrecido por la Sunat en 2015, mediante el cual se permitía el retorno de dinero no declarado con un impuesto que podía ser entre el 7% y 10%. Este programa, al cual se acogieron más de 7 mil contribuyentes, estaba igualmente sometido a una fiscalización realizada por un grupo de funcionarios en medio de medidas de seguridad y reserva.

Se desconoce si la funcionaria aludida, y cuya vivienda fue intervenida por los efectivos de la división policial de lavado de activos, ejercía funciones en esa área sensible de la Sunat, cuando el grupo Barrera habría decidido efectuar transferencias de dinero desde sus offshore en islas Vírgenes Británicas al Perú. 

Consultados al respecto, voceros de la Sunat indicaron a Convoca.pe que esperan los resultados de las investigaciones fiscales, las cuales deben confirmar si lo expresado por el empresario y su contador, sobre supuestos “arreglos” con la funcionaria aludida, están fundamentadas o no. No obstante, trascendió que ella habría sido suspendida de sus actividades mientras se aclare su responsabilidad

 

Cliente de Mossack Fonseca

Luis Barrera adquirió offshore creadas por el bufete Mossack Fonseca para impulsar sus planes económicos con otras compañías y hombres de negocios, así como incrementar su patrimonio familiar, de acuerdo con los documentos  de Panama Papers. Para tal fin, en 2010 gestionó con los abogados de la firma panameña la constitución de la sociedad de papel Austin International State SA, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

Mediante un correo electrónico de enero de 2010, una alta ejecutiva de la entidad bancaria HSBC en Miami, Estados Unidos, solicitó a Olga Santini, ejecutiva de la firma panameña, una offshore para el empresario peruano porque este pensaba adquirir una embarcación a nombre de la misma. En respuesta a ese pedido, Santini le ofreció la compañía de papel Austin Internacional State.

 

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Coordinación para poner bienes de Barrera a nombre de compañía de papel.