El aniego registrado en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, no solo dejó casi 2 mil damnificados y 243 predios dañados, también puso los reflectores sobre otras irregularidades en relación al tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, obra ejecutada por el consorcio de Odebrecht y Graña y Montero, constructoras brasileña y peruana investigadas por el pago de sobornos a altos funcionarios.

Sobre esta obra, la Controlaría elaboró un informe de auditoría en 2018 en la cual determinó actos indebidos en las etapas de formulación del expediente de licitación, concesión y ejecución de ese tramo del Metro. Sin embargo, según el documento del órgano de control, no solo hubo irregularidades de parte de los suscriptores del contrato de licitación —firmado el 8 de julio de 2011, durante el gobierno de Alan García—, sino también de la empresa supervisora de la obra: Cesel-Poyry.

De larga data

Cesel S.A. realiza estudios, diseño, supervisión de obra y gerencia de proyectos desde hace 45 años y tiene su sede en nuestro país, de acuerdo con su página web oficial. Desde 1972, su presidente es el ingeniero Raúl Delgado Sayán y, desde 1981, su gerente general es Duilio Ayaipoma. La compañía ha contratado con el Estado desde mediados de la década de 1970.

Raúl Delgado Sayán, presidente de CESEL S.A. desde 1972 y Duilio Ayaipoma, gerente general desde 1981.

En la década de 2000, Cesel S.A. fue la encargada de supervisar el mejoramiento y rehabilitación del tramo II Puente Chino-Aguaytía, ejecutado por Odebrecht, y el tramo 3 de la Interoceánica Sur (Inambari-Iñapari), a cargo del consorcio integrado por la misma empresa brasileña y la peruana Graña y Montero y otras constructoras. Ambas obras corresponden al periodo presidencial de Alejandro Toledo. 

Durante el segundo gobierno de Alan García, Cesel S.A. fue la encargada de la supervisión de las obras tramo 1 y tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima ejecutadas por el Consorcio Tren Eléctrico (Odebrecht-Graña y Montero). El contrato de supervisión del tramo 1 fue suscrito el 10 de noviembre de 2009 por 13 millones 386 mil 258 dólares; mientras que el del tramo 2 se firmó el 17 de mayo de 2011, por 26 millones 778 mil 769 dólares.  

Antecedentes ignorados

Respecto a la labor de supervisión de Cesel-Poyry al tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima, un informe de la Contraloría de 2014 advirtió que esta supervisora no cumplió con presentar a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) el monto de 12 mil 993 dólares como garantía de fiel cumplimiento por mayores prestaciones adicionales estipulada en la adenda N° 2. Asimismo, la AATE no exigió la presentación de ese monto acordado.

Informe de la Contraloría de 2014 realizado al tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima. En su observación 7 señala que CESEL S.A. no cumplió con lo establecido en adenda N° 2

El 4 de marzo de 2011, la AATE y Cesel-Poyry suscribieron la adenda N° 1 que autorizaba prestaciones adicionales del supervisor por 1 millón 851 mil 828 dólares. Asimismo, el 10 de mayo del mismo año se suscribió la adenda N° 2 por ese concepto, con una suma de 143 mil 679 dólares.

Al respecto, el órgano de control halló que en la cláusula tercera de cada adenda se establecía la obligación de Cesel-Poyry de presentar, al momento de suscripción de cada adenda, “una garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 10% del monto del adicional de supervisión autorizado”. No obstante, el supervisor cumplió solo en parte esta cláusula. 

Cesel-Poyry presentó las garantías de fiel cumplimiento del contrato de supervisión de la adenda N° 1 por el monto adicional autorizado. Sin embargo, no hizo lo propio para la adenda N° 2, ya que no se presentó la garantía de fiel cumplimiento correspondiente al momento de la suscripción. 

A pesar de esta falta, Oswaldo Plasencia, entonces director ejecutivo de la AATE, suscribió la referida adenda con Cesel-Poyry.

Siete días después de este acto irregular, la AATE contrató a esta compañía como supervisora del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. El contrato fue por el importe de 26 millones 778 mil 769 dólares, por un plazo de ejecución de 33 meses, contando desde el inicio de ejecución de la obra hasta su liquidación. Este periodo comprendía 30 meses de supervisión de la ejecución de la obra, 10 meses a partir del inicio de la ejecución de la licitación para la supervisión de los estudios definitivos y 3 meses para la liquidación del contrato de obra. 

CESEL-POYRY S.A. se encargó de la supervisión del Tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima. Siete días después de incumplir lo establecido en la adenda 2 de esta obra, fue elegida por la AATE como supervisora del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
 

No obstante, de acuerdo con el informe de la Contraloría de 2018, el consorcio Cesel-Poyry no solo habría suscrito informes que beneficiaron con sobrecostos a Odebrecht-Graña y Montero en esta obra, sino que también habría incumplido las condiciones del contrato firmado con la AATE y ocasionó que se le reconociera “mayores pagos injustificados” por 1 millón 210 mil 871 dólares. 

¿Supervisión favorable?

Tal como informó Convoca el martes 22 reciente, el Consorcio Tren Eléctrico solicitó el 15 de julio de 2011 —a siete días de firmarse el contrato con la AATE— la suma de adelanto directo por 116 millones 696 mil 071 dólares, cifra que tenía un exceso de 6 millones 853 mil 850 dólares, ya que incluía el concepto de “interferencias” a pesar de que no estaba determinado en las bases. A pesar de eso, Jorge Alberto Urdaniva, administrador de contrato, y Walter Héctor Arboleda, de la Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras, aprobaron, dieron conformidad y tramitaron el pago solicitado mediante entregas parciales.

A su vez, el consorcio solicitó desde el 9 de noviembre de 2011 el adelanto por materiales e insumos por US$ 211 719 442,83; es decir el 40% del monto del contrato original tal como estipulaban las bases.

No obstante, cuando ya se habían desembolsado las sumas de los adelantos previstos en el contrato, Odebrecht-Graña y Montero solicitó el 21 de setiembre de 2012 un “saldo del adelanto de materiales hasta el 40%” en base al monto del Expediente Técnico Definitivo —que recién se aprobó el 5 de noviembre de ese año— y no al del contrato original. Mediante una carta, del 7 de noviembre de 2012, el consorcio especificó estos montos en 63 millones 426 mil 052 dólares por adelanto directo y 90 millones 985 mil 267 dólares por materiales e insumos. 

Al respecto, Walter Arboleda formuló la consulta a Cesel-Poyry acerca de la solicitud de entrega de las sumas solicitadas por el contratista. El 9 de noviembre de 2012, la firma supervisora manifestó que la cantidad real era la del Expediente Técnico Definitivo y no la del contrato original, por lo que correspondía efectuar ese pago a favor del Consorcio Tren Eléctrico. Sin embargo, según la Contraloría, no le correspondía ni a la AATE ni al supervisor autorizar la solicitud de adelantos por montos mayores al del contrato original, lo cual sería una interpretación particular que “contraviene lo definido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.

Raúl Delgado, presidente de CESEL S.A.; Enrique Cornejo, ministro de Transportes; Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú y Oswaldo Plasencia, Director Ejecutivo de la AATE durante la ceremonia de reconocimiento de CESEL S.A. con la distinción "Obra emblemática de la Ingeniería Peruana del bienio 2010 - 2011" al Proyecto Metro de Lima por parte del Colegio de Ingenieros de Lima, llevada a cabo en junio de 2011

Finalmente, la AATE y el contratista suscribieron la adenda N° 1 al Contrato de ejecución el 15 de noviembre de 2012, la cual aprobaba incrementar el monto del contrato original. El 11 de diciembre de 2012, Cesel-Poyry manifestó que se encontraba conforme el adelanto solicitado y opinó que era procedente el otorgamiento del adelanto específico para materiales por 84 millones 785 mil 267 dólares. Además, Walter Arboleda, de la Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras, aprobó también la entrega adicional de 63 millones 426 mil  052 dólares por concepto de adelanto directo.

Sin supervisión

El 18 de diciembre de 2012, la AATE aprobó la ampliación del plazo de la ejecución de las obras del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima por 235 días calendario a solicitud del contratista Odebrecht-Graña y Montero y el supervisor Cesel-Poyry. Sobre esta base, el supervisor solicitó el reconocimiento del Presupuesto Adicional N° 1 del servicio de supervisión de la obra.  

No obstante, la Contraloría detectó que, para sustentar su pedido, el supervisor reformuló la estructura de su propuesta económica inicial de 26 millones 778 mil 769 dólares a una “propuesta económica reformulada”, que ascendía a 32 millones 429 mil 206 dólares. Para sustentar este requerimiento modificó varios ítems en la estructura de la propuesta original “cuando solo correspondía modificar aquellos necesarios para supervisar las mayores obras a ejecutar”; es decir, aquellas que correspondían a los días de ampliación.

Sin embargo, Jorge Alberto Urdanivia, jefe de Obras Civiles de la Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras de la AATE, manifestó su conformidad al “cálculo del presupuesto adicional” aceptando una suma que representaba un incremento de 21,10% del presupuesto contratado.

Además, Walter Arboleda, de la Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras de la AATE solicitó a la oficina de Asesoría Legal la aprobación del Presupuesto Adicional. El 26 de julio de 2013, Erik Miranda Carnero, jefe de Asesoría Legal, manifestó que la solicitud de reconocimiento y prestación adicional resultaba procedente y que además “no requería de la aprobación de la Contraloría”, a pesar de que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que, de haber un incremento de 15% del monto contratado, se requiere “la autorización previa” de este organismo de control para hacer efectivo el pago.

Walter Arboleda, ex gerente de la Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras de la AATE, fue quien aprobó el presupuesto adicional de supervisión de CESEL S.A. sin aprobación de la Contraloría

El informe del órgano de control también advierte que la culminación de la obra se produjo el 17 de julio de 2014 con la suscripción del acta final de recepción de obra; es decir, las labores de supervisión concluyeron 49 días antes de lo previsto, por lo que el plazo efectivo del servicio de supervisión fue de 186 días calendario y no de 235 días adicionales. A pesar de eso, la AATE aprobó la liquidación del contrato de supervisión con Cesel-Poyry por el monto total de 32 millones 429 mil 206 dólares, reconociendo a favor del supervisor un exceso de 1 millón 210 mil 871 dólares en perjuicio del Estado.

Como si nada

A pesar de que era objeto de cuestionamientos desde 2010 respecto a su labor de supervisión en la construcción del tramo 3 de la carretera Interoceánica Sur, Cesel S.A. fue seleccionada por la AATE para realizar la supervisión de la ejecución del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, con el aval de Ositran.

Pero la historia de contrataciones con el Estado por parte de Cesel S.A. no termina en la Línea 1 del Metro de Lima ya que, a pesar de los cuestionamientos y del informe de la Contraloría de 2014 que observaba la labor de la empresa, el 11 de marzo de 2015 el Consorcio Supervisor Internacional Línea 2 S.A. se adjudicó la buena pro para la supervisión de la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima. Cesel S.A. forma parte de ese consorcio con una participación de 60%, según información del Ministerio de Economía y Finanzas.

En el caso Odebrecht

El 22 de marzo de 2018, el juez Juan Carlos Sánchez admitió el pedido de la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht de incorporar como terceras civil responsables —en el caso de la licitación y construcción del Hospital Lorena, en Cusco— a las empresas OAS, Motlima Consultores, Dextre Morimoto Arquitectos y a Cesel S.A. con el objetivo de que, si se prueba su responsabilidad en las imputaciones, paguen al Estado una reparación civil.

Sin embargo, a pesar de este proceso de investigación, Cesel S.A. continuó brindando el servicio de supervisión a obras del Estado durante 2018. Algunos de los proyectos en los que cumplió función de supervisor desde ese año son la construcción del relleno sanitario en la comunidad de Itapalluni, en Puno; del mantenimiento de helicópteros en La Joya, Arequipa; y del relleno sanitario Yacucatina, en la región San Martín.

Pese a la investigación a CESEL S.A. por el presunto delito de colusión, la empresa ha seguido contratando con el Estado. Arriba: Proyecto Centro de Mantenimiento de Helicópteros en Arequipa. Abajo: Construcción del relleno sanitario Yacucatina, en la región San Martín. CESEL S.A. es la empresa supervisora en ambas obras

Durante 2018, consorcios integrados por Cesel S.A. contrataron con el Estado por más de S/ 4 millones de soles.

Al cierre de esta nota, Convoca.pe intentó comunicarse con algún representante de CESEL S.A. para tomar sus descargos. Sin embargo, pese a que la secretaria de gerencia de la empresa pidió nuestros datos para contactarse con nosotros, nunca lo hicieron.