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UNA INICIATIVA PARA INGRESAR AL CUARTO OSCURO DEL PODER

Por Milagros Salazar*
Martes, 5 de julio de 2016


Una laguna muerta. Una ley. Varios personajes. Un Presidente. Todo un país. ¿Qué conexión existe entre estas palabras?, ¿de qué se trata esta historia? La laguna se llama Shanshococha y por años cientos de pobladores de la comunidad cercana de Nuevo Andoas, en la región amazónica de Loreto, buscaban entre sus aguas su principal alimento: los peces. Los supervisores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) encontraron en los suelos de la laguna sustancias químicas de petróleo (TPH) hasta 1500% por encima de los estándares de calidad ambiental legalmente permitidos. En esas condiciones, los peces, reptiles y aves huyeron de Shanshococha. La fuente de contaminación fueron tres pozos petroleros del lote 192 (ex 1AB), el de mayor producción nacional en Perú, que hasta agosto de 2015 estuvo en manos de Pluspetrol Norte y que a pesar de la desaparición de esta laguna fue premiada con la suspensión del pago de una multa de 5.4 millones de soles (1.8 millones de dólares). Pero no fue el único caso.

Una veintena de empresas del sector hidrocarburos se beneficiaron con la reducción y congelamiento de multas por infracciones ambientales probadas por los mismos inspectores del Estado y luego ratificadas por sus funcionarios en las oficinas de OEFA. El artículo 19 de la ley 30230, aprobada en julio de 2014, y promovida por el gobierno del presidente Ollanta Humala permitió que las compañías petroleras y mineras gozaran de una especie de amnistía durante tres años, en medio de presiones de los grupos empresariales para desaparecer lo que llamaron las “trabas burocráticas” que congelaban las inversiones. Que exista un Estado eficiente es un reclamo legítimo y necesario no solo para lograr el crecimiento económico del país sino para promover y garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos. Que exista un Estado eficiente nos conviene a todos. Pero en este caso, los empresarios y sus voceros instalaron en la tribuna pública la idea de que esa eficiencia se necesitaba medir con la reducción de autorizaciones y exigencias para operar en el territorio peruano, entre los que figuraba la suspensión del pago de las multas por infracciones que afectaban a otros, es decir, a la gente. Al final, la eficiencia terminó midiéndose con una vara de inequidad que benefició a un grupo de compañías. Las autoridades del gobierno, con el presidente Humala a la cabeza, asumieron el pedido del sector empresarial de espalda a los costos sociales y económicos que imponía la norma en la vida de los pobladores de estos territorios donde se extrae el petróleo y los minerales como sucedió con las comunidades de la Amazonía que dependían de la laguna Shanshococha.

La ley 30230 es un claro ejemplo de cómo opera el poder corporativo en la toma de decisiones y cuáles son los impactos en la población (Ver “La Jugada de la Fiscalización Ambiental”). Este caso es simbólico, pero no es el único ni mucho menos está aislado de otros hechos. Hay un patrón que se repite y que buscamos poner en evidencia en Juegos del Poder, una plataforma de investigación periodística y análisis de datos de Convoca.pe para echar luces en el cuarto oscuro de las redes corporativas y las altas esferas del poder político, sus formas de influencia a través del lobby, las puertas giratorias y el financiamiento de campañas a candidatos que buscan convertirse en nuestras autoridades.

En este espacio se investigarán las decisiones públicas vinculadas a las principales actividades económicas del país, sus efectos en el uso de los fondos del Estado y en la vida de la gente a través de reportajes que darán cuenta de malas prácticas corporativas, casos de corrupción, conflictos de interés y privilegios en favor de sectores empresariales.

Las conexiones del mundo corporativo y el poder político pocas veces son reveladas por el periodismo a pesar que se tratan de redes que permanecen en el tiempo y que impiden las grandes reformas que necesita el Estado para promover y garantizar derechos fundamentales. Los casos de lobby y los conflictos de interés usualmente se han minimizado en el debate público argumentando que son prácticas legales, y que por lo tanto, no deberían ser tomados como hechos relevantes. Sin embargo, la experiencia demuestra que casi siempre la dinámica de los juegos del poder consiste en revestir de legalidad diversos hechos que terminan en la completa impunidad.

Pero además, como bien dijo un lector en nuestras redes sociales, los lobbies “quitan incentivos para que las empresas se concentren en crear productos de valor superior o reducir costos. Con los lobbies es más importante tener abogados y periodistas [claro está, aquellos que no honran la profesión y prefieren estar a los dos lados del mostrador, añado] que ingenieros o técnicos en una empresa”. Con el lobby en la sombra es más fácil pagar a un “gestor de intereses” que financiar un buen Estudio de Impacto Ambiental o invertir en mejorar procesos productivos para reducir potenciales peligros que perjudican la vida y la salud de la población. Con estos hechos al descubierto, en realidad, no solo ganarán los ciudadanos sino también las propias compañías y las autoridades del Estado que buscan erradicar estas malas prácticas.

El proyecto también incluirá investigaciones sobre las actividades ilícitas que buscan influir en el aparato estatal para proteger sus negocios y evadir la fiscalización. Publicaremos series investigativas y aplicaciones web, pero también artículos de análisis y promoveremos el debate público de estos temas en charlas, conferencias y talleres en alianza con profesionales de diversas disciplinas. Como punto de partida en este esfuerzo, la plataforma incluye los conceptos e información clave elaborados por el sociólogo Francisco Durand sobre la influencia de los grupos empresariales en las decisiones públicas que aparecen en su reciente libro Cuando el poder extractivo captura al Estado, publicado por Oxfam en Perú. Durand es uno de los académicos que más ha investigado el poder económico en Perú, y es profesor principal de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

La participación de los ciudadanos en Juegos del poder es fundamental para potenciarlo y garantizar su permanencia. Lo que ofrecemos es poner todo nuestro esfuerzo en la rigurosidad de nuestros hallazgos y creatividad en la forma de presentarlos con un trabajo en equipo entre reporteros, programadores, diseñadores, comunicadores multimedia y otros profesionales. Creemos que los ciudadanos merecen información de calidad e independiente para tomar mejores decisiones. Pero a la vez, los ciudadanos también necesitan asumir la responsabilidad de vigilar el poder de manera activa. Este espacio ha sido creado para destapar esa caja negra desde la certeza de que la información es un bien público.

Bienvenidos al cuarto oscuro de los #JuegosdelPoder.

*Directora de Convoca, periodista de investigación y docente universitaria especializada en el uso de bases de datos y en investigar los vínculos del poder corporativo y las altas esferas del poder político. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y del Investigative Reporters and Editors (IRE). Dirigió la serie investigativa de Convoca, "Excesos sin castigo" sobre la débil fiscalización ambiental de las industrias extractivas, ganadora del Data Journalism Awards 2016 en la categoría "News Data App" (small newsroom). En IDL-Reporteros puso al descubierto, a partir de un análisis masivo de datos y más de 200 mil documentos, las graves irregularidades en la millonaria industria pesquera del país, la segunda más importante del mundo. La investigación fue premiada en el Concurso Latinoamericano de Periodismo de Investigación, organizado por IPYS, en 2012.