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ESCENARIO DEL PODER



Esta sección, que forma parte de “Instrucciones del juego”, es la revisión histórica realizada por Francisco Durand sobre las decisiones de gobierno que han favorecido a los grupos económicos desde Alberto Fujimori hasta Ollanta Humala*

Línea de tiempo

Período 1990 - 2000
(Gobierno de Alberto Fujimori)

La Constitución aprobada en 1993 reforzó los poderes del Ejecutivo y adoptó una legislación a favor del libre mercado.

Durante esos años, el Estado:

  • Promocionó las grandes inversiones, en especial, las extractivas, y facilitó la concentración del poder económico.
  • Evitó aplicar sanciones en los casos de deterioro ambiental y abuso de posición de mercado.
  • No reconoció a tiempo derechos como la consulta previa en los casos de inversiones extractivas que impactaron a los pueblos indígenas.









En el gobierno fujimorista se conformaron además centros de poder económico representados en las ciudades por los conglomerados industriales-financieros mientras que en el campo, por las actividades extractivo-exportadoras (mineras, gasíferas, petroleras y agrarias).


Período 2002 - 2013
(Gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García)










Los distintos gobiernos elegidos democráticamente apoyaron a las grandes corporaciones con la firma de 13 tratados de libre comercio. Durante esos años, al alza de los precios internacionales de las materias primas permitió al Estado mantener las políticas de libre mercado.




Período 2014 - 2016
(Gobierno de Ollanta Humala)


Los precios y la demanda internacional de materias primas comenzaron a bajar sostenidamente en 2014. Ante ello, el gobierno decidió implementar una serie de reformas reactivadoras para estimular las grandes inversiones, entre ellas, la Ley 30230 que benefició a las empresas que cometieron mayores infracciones ambientales (ver La jugada de la fiscalización ambiental).



Mapa del poder

Después del gobierno fujimorista, los grupos económicos (ahora conformados por empresarios dedicados a diferentes actividades) pudieron reconcentrar el poder gracias a la privatización de la economía.



Del total de grandes empresas, las más importantes son los conglomerados nacionales y extranjeros que representan a las empresas más grandes en las principales ramas de la economía nacional. Estos grupos de poder económico están liderados por banqueros y mineros quienes a su vez dirigen cientos de otras empresas. De 42 grupos económicos, solo uno es estatal; el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, (Fonafe) que posee algunas grandes empresas de petróleo, agua y energía; 26 son grupos privado nacionales y 16 son extranjeros o joint ventures (caso del Banco Bilbao Viscaya Argentaria, BBVA).

Fuente: Francisco Durand, investigación en curso de la PUCP.

Una reciente investigación de Francisco Durand sobre los 12 principales grupos de poder económico peruanos al 2014 revela que una docena de grupos controla una gran cantidad de empresas (441), teniendo en promedio cada uno 38 empresas. Entre ellos se encuentran los grupos financieros que controlan tres de los cuatros principales bancos (Crédito, BBVA e Interbank); las dos empresas de seguros más grandes; dos de los cinco fondos de pensiones; la principal empresa aceitera y pesquera del país; compañías mineras, petroleras y energéticas; uno de los más grandes dueños de “universidades con fines de lucro”, entre otros.

Nº de empresas que posee en el exterior
Nº de empresas que posee en el Perú



Romero (Alicorp / Credicorp)
Brescia (Inversiones Breca S.A. / Holding Continental S.A.)
Benavides (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.)
Ferreyros (Ferreycorp S.A.A.)
Graña y Montero (Graña y Montero S.A.A.)
Rodríguez Pastor (Intercorp Perú Ltd.)
Rodríguez Rodríguez (Gloria S.A.)
Añaños - AJE (Grupo Embotellador ATIC SL)
Acuña (Universidad César Vallejo S.A.C.)
Flores (Lupsil International S.A.)
Dyer (Camposol Holding Ltd.)
Huancaruna (Corporación Perhusa S.A.)
Fuente: Peru Top Publications.


Seis de estos grupos económicos (Romero, Brescia, Benavides, Ferreyros, Graña y Montero, y Rodríguez-Pastor) localizados en Lima, capital del país, tienen mayor influencia sobre el Estado, más experiencia política con partidos y elecciones, mayor peso en los grandes gremios empresariales (principalmente, la Confederacion de Instituciones Empresariales Privadas, Confiep, que agrupa a 22 federaciones representativas de las empresas grandes y medianas más importantes del país). A su vez, muchos miembros de la élite corporativa limeña son los socios principales de las multinacionales, tienen participación en diversos directorios como accionistas minoritarios y cuentan con el apoyo de los mejores estudios de abogados y empresas consultoras.

El grupo Graña y Montero, el principal constructor de obras públicas que opera normalmente en alianza con la constructora brasileña Odebrecth, es accionista de otras grandes empresas. El jefe de este grupo, José Graña Miró Quesada, es accionista minoritario del grupo El Comercio, que controla alrededor del 75% del mercado de la prensa escrita y es dueño de dos de los canales de televisión más importantes (Canal 4 y Canal N), uno de señal abierta y el otro de señal cerrada, respectivamente.



Para Francisco Durand, las corporaciones cuentan no solo con recursos materiales, también con redes personales y variados mecanismos institucionales para influir en el Estado (poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la sociedad civil. Ningún grupo social se acerca a tener este nivel de acceso e influencia en el Estado.

Poder político

El decretismo y la concentración del poder político están estrechamente relacionados con el Poder Ejecutivo que a su vez facilita el poder de influencia de las grupos económicos en el Estado.

Decretismo es una forma característica de las instituciones de gobierno, principalmente el Poder Ejecutivo, de tomar decisiones de manera discrecional. Según un estudio de Hernando De Soto, entre 1947 y 1985, periodo caracterizado por gobiernos dictatoriales y democráticos, el Ejecutivo concentró el poder al dictar el 98% de las normas. En aquel momento, los economistas obtuvieron un papel importante en las decisiones de gobierno al convertirse en personajes vinculados con organismos financieros internacionales y corporaciones. Desde entonces, tienden a ser empleados de estas compañías y emplear “la puerta giratoria”, es decir, trabajar en el sector privado y posteriormente en el aparto público y viceversa.

La concentración del poder se evidencia también en las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el más poderoso y puede legislar con autorización previa del Congreso vía decretos leyes. Puede además acelerar la aprobación de normas en coordinación con el Presidente, quien las presenta con “carácter de urgencia” al Congreso, e implementar leyes de manera que favorezcan a las élites económicas al priorizar las grandes inversiones.



Para el analista político Sinesio López, en la década de 1990 el presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, se aliaron al poder de los grupos económicos.

“¿Qué ha cambiado del Estado neoliberal capturado después de la caída de Fujimori? Muy poco. Han cambiado los gobiernos (Paniagua, Toledo y García) y se ha reducido la corrupción en unos gobiernos más que en otros, pero la captura del Estado continúa, su estructura sigue siendo la misma” (Sinesio López)

Presidentes


Después de la bonanza exportadora del periodo 2002-2013, el decretismo ha resultado importante para la gran minería que incrementó sus ingresos y participación en el país. Actualmente sus intereses son representados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), uno de los gremios más importantes de la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas).

El Contrapeso

La captura del Estado se fortalece frente a la debilidad de la sociedad civil que busca evitar la concentración del poder en sectores de la población privilegiados. Los pueblos indígenas por ejemplo no cuentan con el mismo nivel de acceso e influencia que las élites económicas y reaccionan mediante protestas sobre aquellas decisiones de gobierno que los afecta, asegura Francisco Durand. A partir de la aplicación del shock económico y la represión que se ejerció durante la década fujimorista, las huelgas y protestas disminuyeron con respecto al período anterior. En 2000, las nuevas políticas laborales y la bonanza económica redujeron el número de huelgas. Sin embargo, a partir del crecimiento de las exportaciones, subió el índice de huelgas (indicando una recuperación de los sindicatos) así como el de los conflictos (debido a la multiplicación de proyectos extractivos y a la mayor renta minera).

En la actualidad, las principales formas de protestas se oponen a los grandes proyectos extractivos y exigen el respeto del derecho a la consulta previa, remediación ambiental y defensa de las fuentes de agua. En 2009, durante el segundo gobierno de Alan García, se aprobó una ley que autoriza a la policía a tener oficinas en los campamentos mineros. Estos efectivos policiales eran pagados, transportados y acomodados por las compañías mineras. Este hecho reforzó la imagen en los frentes de defensa de que la policía “trabaja para las minas”. Los conflictos socioambientales ocasionaron la suspensión de algunos proyectos mineros (como Majaz, Tambogrande, Conga, Tía María) pero además una gran cantidad de víctimas (muertos y heridos) que pertenecían a las zonas de influencia de estos proyectos. Las fuerzas policiales también resultaron afectadas: entre 2011 y febrero del 2015, que comprende al gobierno de Ollanta Humala, murieron 53 civiles y 2 policías, y fueron heridos 870 civiles y 582 policías.



*Esta información está incluida en la investigación de Francisco Durand denominada “Cuando el poder extractivo captura el Estado” que publicó Oxfam en Perú.

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