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#ExpedienteDelPoder

EL COMUNICADO FUGAZ DE YANACOCHA Y LA ILUSIÓN DEL DESTRABE

Conoce qué hizo Yanacocha luego que Convoca.pe informara sobre el conflicto de interés que marca la gestión de Julio Bonelli, el nuevo director de Certificación Ambiental de Senace y exgerente de la empresa aurífera.


Milagros

Análisis
Por Milagros Salazar* @milagsalazar
Domingo, 11 de septiembre de 2016

El domingo 4 de setiembre publiqué el artículo “El carrusel tóxico” sobre la designación de Julio Bonelli, exgerente de Permisos Ambientales de la compañía aurífera Yanacocha, como director de Certificación Ambiental de Senace, que tiene a cargo la revisión de los estudios ambientales detallados y otros expedientes vinculados a grandes proyectos de inversión. En el artículo señalaba que el nombramiento del ingeniero minero Bonelli pone en evidencia la práctica de la puerta giratoria en las industrias extractivas de manera muy ilustrativa, y los conflictos de interés en la aprobación de los estudios ambientales.

Junto al caso de Bonelli, mencioné el de otros funcionarios del Senace, que también trabajaron bajo sus órdenes cuando fue director general de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, entre 2000 y 2016. El artículo generó diversos comentarios encendidos en las redes sociales. Y también un comunicado de prensa en la página web www.yanacocha.com sobre el caso Bonelli que no fue difundido en los medios nacionales porque luego fue levantado del site. Pero como en Internet no hay clic que no deje huellas, aquí les contamos lo que decía el comunicado y la versión de Yanacocha.

El texto estaba firmado así: “Cajamarca, 6 de setiembre. Comunicaciones Yanacocha”. En el comunicado recuperado gracias a la copia de seguridad de Google al que pueden acceder todos los usuarios, aparece una cronología interesante del paso de Bonelli del Estado al sector privado, y viceversa, y una reflexión que revela cómo se ve desde adentro de la compañía, por lo menos de quienes elaboraron el pronunciamiento, la designación del exgerente de la empresa en Senace: “Julio Bonelli trabajó efectivamente en Yanacocha entre julio de 2010 y diciembre de 2013. ¿El haber trabajado en Yanacocha lo inhabilita para ejercer cualquier cargo público más de dos años y medio después?”.

Comunicado eliminado en la página web de Yanacocha.

Página web de Yanacocha.

Según Comunicaciones Yanacocha, se buscaba “afectar la imagen de la empresa (en este caso sugiriendo un conflicto de interés inexistente)” porque el nombramiento del exgerente “responde a su amplia y reconocida trayectoria profesional, que incluye el haber sido director general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas entre el 2000 y 2006, cuatro años antes de ingresar a Yanacocha”.

La defensa a la designación de Bonelli concluye con una reflexión legalista y, por lo menos, torpe: “no existe norma alguna que señale incompatibilidad en que el estado contrate personal que ha laborado anteriormente en alguna empresa privada como Yanacocha”.

¿Es que acaso lo que estaba en juego era un asunto de leyes? En el comunicado fugaz se obvió completamente el rol que cumplió Bonelli en Yanacocha y ahora cumplirá en el Estado. ¿Por qué la compañía buscó defenderlo y luego se arrepintió?

Convoca.pe ubicó al final de la tarde de hoy domingo 11 de setiembre al gerente de Comunicaciones de Yanacocha, Roberto del Águila, quien respondió en una entrevista telefónica que el texto que subieron a la web “no estaba destinado a hacer un comunicado y realmente no contó con la aprobación de la instancia adecuada. Era básicamente un mensaje a periodistas de Cajamarca porque la idea no era responder a lo que había publicado Convoca y lo que había replicado luego La Mula” porque la empresa no debía meterse en la designación de un funcionario público. Según Del Águila el comunicado era una respuesta a Sergio Sánchez, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente en Cajamarca, que en una emisora local, no solo se refirió al caso Bonelli, sino sobre todo al de Felipe Ramírez. Este último fue jefe de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Minem después de Bonelli y gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de Yanacocha, entre 2006 y 2009, y se le vinculó con la aprobación del proyecto Conga. Es decir, el carrusel giró en sentido contrario para Ramírez, y según Del Águila era el motivo principal del reciente comunicado.

Pero Del Águila cayó en contradicciones. En el comunicado aparece desde el arranque la respuesta dirigida a “algunos medios virtuales” que “han criticado la designación de Julio Bonelli”. En el texto tampoco se menciona a Felipe Ramírez. El gerente de Comunicaciones terminó asegurando que él aprobó el comunicado para publicarlo en la web pero que luego lo retiró porque consideraba que su contenido no era “coherente”.


La secuencia de los hechos desmiente el comunicado fallido de Yanacocha. Bonelli, como se ha dicho, fue el funcionario del Ministerio de Energía y Minas que encabezaba al equipo que debía revisar y aprobar los estudios ambientales de las empresas mineras, entre ellos los de Yanacocha. Tiempo después, Bonelli pasó a trabajar para compañías del sector, entre ellas Yanacocha, donde se encargó de gestionar ante el Estado la aprobación de estudios ambientales de la empresa. No era un gerente cualquiera, era el encargado de conseguir que los funcionarios del Estado, entre ellos sus excolegas (que lo reemplazaron en su cargo del Minem o de personas que alguna vez estuvieron bajo sus órdenes), firmaran informes técnicos para aprobar los proyectos que presentaba su nueva compañía empleadora para explorar y explotar los recursos naturales del territorio peruano.

Durante su paso por Yanacocha, Bonelli gestionó un expediente polémico desde diciembre de 2011 para modificar el estudio ambiental del proyecto Yanacocha Oeste, que implicaba abrir un tajo cerca del río Grande, que es la principal fuente de agua de los pobladores de la ciudad de Cajamarca. La Autoridad Nacional del Agua observó la solicitud. Lo controversial era que Yanacocha pidió ejecutar este proyecto sin respetar los nuevos estándares ambientales de calidad ambiental para las aguas que debían aplicarse desde 2008 a pesar de la alta peligrosidad en el procesamiento del oro que exige el uso de cianuro, y que eran más exigentes que la Ley General de Aguas de los años 60, es decir del siglo pasado.

Yanacocha prefirió centrarse en una discusión legal antes que prever el posible impacto ambiental de sus operaciones. Y esa fue la posición que defendió Bonelli según las diversas entrevistas y documentación a la que accedí cuando investigué el caso que fue publicado en IDL-R. La empresa argumentaba que en junio de 2011, el Ministerio de Ambiente aprobó un decreto supremo para que las compañías que desarrollaban actividades antes de que se fijaran los nuevos parámetros, presenten un plan de adecuación para construir nueva infraestructura y tecnología para tratar las aguas.

El caso es que Yanacocha propuso a la misma oficina del Minem, que antes estaba a cargo de Bonelli, un cronograma de adecuación hasta el 2018. La defensa de la aurífera no era antojadiza: para entonces las operaciones de Yanacocha Oeste ya debían concluir. Por esa misma razón es que los técnicos de la Autoridad Nacional del Agua insistieron en señalar la evaluación de los posibles daños en las aguas y el impacto en la población según los parámetros vigentes.

Ahora, Bonelli vuelve al Estado en una clara actuación de la puerta giratoria de 360 grados. Y nuevamente no en un puesto cualquiera. Será el funcionario que liderará el equipo que revisará los estudios ambientales detallados de la gran inversión en Senace. A su oficina llegarán, nuevamente los expedientes de sus exempleadores como bien sabe la gente de este mundo de ingenieros mineros, ambientales, consultores que luego aparecen como líderes de opinión y otros personajes oficiosos aunque Senace aún no publique en su página web la hoja de vida de Bonelli. Si esto no es un rotundo conflicto de interés, ¿cómo lo llamamos? Invito a los lectores de Convoca.pe a que nos ayuden a describir el nuevo episodio de este rodaje de película que discurre en las oficinas del poder político y corporativo pero donde lamentablemente pocas veces se toma en cuenta en la escena a las personas que serán afectadas por estas decisiones.

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Si los estudios ambientales no son aprobados con plena independencia y sin tomar en cuenta su calidad, no se podrá manejar debidamente los riesgos ambientales y sociales por la explotación de los minerales y el petróleo.

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Si los estudios ambientales no son aprobados con plena independencia y sin tomar en cuenta su calidad, no se podrá manejar debidamente los riesgos ambientales y sociales por la explotación de los minerales y el petróleo. No se frenarán estos vaivenes nocivos para precisamente agilizar las inversiones en un terreno sólido, viable, no pantanoso, no en la sombra.

La vía rápida en este caso puede generar a la larga una vía sinfín, agotadora y hasta dolorosa por el número de muertos y heridos en conflictos sociales.

Por eso hay que estar atentos a la actualización del “Registro de Trabas” que recomendó el equipo especializado de seguimiento de las inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el informe de transferencia del sector. En el documento se menciona como gran logro haber “tomado acción” en 31 proyectos de inversión “destrabando 90 procedimientos administrativos” a marzo de 2016. El plan del destrabe se concentra en las industrias extractivas con el 69 por ciento de la lista priorizada (en minería, hidrocarburos y electricidad) impulsado por este equipo que tuvo como integrante precisamente al jefe del Senace, el abogado Patrick Wieland Fernandini. Hoy este funcionario debe defender la calidad de los estudios ambientales y no solo su aprobación rápida que era su anterior misión.

En el informe de transferencia del Ministerio de Energía y Minas se puede ver que de los 23 proyectos que este sector consideraba importante en la mediana y gran minería entre 2011 y 2013, veinte solicitudes para aprobación, modificación o ampliación de estudios ambientales tuvieron luz verde luego de la creación del equipo especializado de seguimiento de las inversiones en mayo de 2013.

El periodista Aramís Castro de Convoca.pe cruzó las fechas de aprobación de estos veinte estudios ambientales prioritarios de las mineras con los informes de los conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo y logró identificar que 7 de los proyectos mineros enfrentaban conflictos sociales latentes que podían estallar como sucedió con Tía María, en Arequipa.

El primer proyecto que ingresó en este contexto del “destrabe” fue el nuevo Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María de Southern Cooper, en noviembre de 2013, que luego fue aprobado con graves inconsistencias (Ver “La bomba que hizo estallar Tía María” de Convoca.pe). La aprobación generó un posterior conflicto social en 2015 que obligó al presidente de Southern, Óscar González Rocha anunciar “una pausa” de 60 días del proyecto de cobre, que hasta ahora tiene inconforme a un sector de la población. Hoy el proyecto es prioritario para Kuczynski luego de escuchar a “los jefes” del cobre del mundo en su casa.

Pero un empresario minero o petrolero sabe que su negocio está en el largo plazo de diez, quince o veinte años. No en la mirada de los cinco años de los gobiernos de turno. No exigir rigurosidad en la aprobación de los expedientes para prevenir posibles daños ambientales y sociales es a la larga atentar contra sus propios negocios, es una mala inversión, señores empresarios.

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Hay que estar atentos a la actualización del “Registo de Trabas” que recomendó el equipo especializado de seguimiento de las inversiones del MEF en el informe de transferencia del sector. En el documento se menciona como gran logro haber “tomado acción” en 31 proyectos de inversión “destrabando 90 procedimientos administrativos” a marzo de 2016.

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La eliminación de la burocracia indiferente, holgazana, ineficiente debe ser prioridad del Estado, sin ninguna duda. Pero al mismo tiempo es importante tomar en cuenta que es fundamental que el Estado invierta en fortalecer el trabajo de los evaluadores ambientales que se enfrentan a voluminosos estudios ambientales, y que se fijen claros mecanismos de transparencia. De lo contrario el cuello de botella se intensificará en el campo con el estallido de conflictos sociales.

Quizás muchos no sepan pero dentro de las entidades estatales también hay funcionarios que invierten largas horas para hacer un buen trabajo porque entienden que son servidores públicos, que trabajan para los ciudadanos. ¿Les han preguntado a ellos lo nocivo y desalentador que puede ser la aprobación de normas que los deja con pocas armas para cumplir su trabajo a cabalidad? Eso no solo ocasiona impotencia, sino la fuga de verdaderos servidores públicos.

Este gobierno debe analizar con honestidad dónde están los nudos no desde el prejuicio ni la computadora, sino a partir de información sólida y real. La eficacia no solo se mide en números: aprobar estudios ambientales no es como poner a hornear panes en serie, con el perdón de los esforzados panaderos, más aún en un territorio tan megadiverso como el Perú. Antes que un gran destrabador, Kuczynski tiene la oportunidad de ser un Presidente que haga respetar los intereses del país. Y quizás recién entonces, podrá empezar a desatarse aquellos nudos que nos permitan avanzar.

Foto de portada: Tajo Chaquicocha en la zona del proyecto Yanacocha Este-Carachugo. (Foto: Sergio Sánchez).
Si tienes más información sobre este caso y sugerencias para #ExpedienteDelPoder, escribe a [email protected]

*Milagros Salazar es directora de Convoca, periodista especializada en el análisis de bases de datos, docente universitaria, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y del Investigative Reporters and Editors (IRE). Se ha especializado en investigar los vínculos del poder corporativo y las altas esferas del poder político peruano. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, con estudios en gobernabilidad, pueblos indígenas, medios de comunicación y democracia en programas de la Universidad George Washington, la PUCP y PNUD.

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