Las tierras de Tamshiyacu

Denuncias y conflictos

La deforestación de más de 2 mil hectáreas de bosques en Tamshiyacu, Loreto, en manos de la empresa Cacao del Perú Norte, es un caso simbólico de la carrera por la tierra a escala global que muestra grandes asimetrías de acceso a los recursos naturales en medio de disputas y despojos. Los agricultores que se resisten a vender sus terrenos son los más afectados como vemos en el capítulo ‘Conflictos locales por la tierra’ del libro “Acaparamiento de tierras en la Amazonía peruana: El caso Tamshiyacu” de Juan Luis Dammert.

Publicado: 07/08/2017

Publicado: 07/08/2017

ESCRIBE JUAN LUIS DAMMERT/ Sociólogo e investigador de Oxfam*

Durante las visitas de campo en 2016, Cacao del Perú Norte seguía comprando tierras en Tamshiyacu, en muchos casos a través de terceros. A septiembre de 2015, la compañía declaraba en reportes de la Bolsa de Valores de Lima que tenía a su nombre 3,787 hectáreas de terreno agrícola titulado. Si bien hay agricultores, empleados de la empresa, vecinos de Tamshiyacu y autoridades locales que ven favorablemente la presencia de la empresa en el distrito, los casos de desposesión de campesinos y destrucción ambiental son también evidentes. De acuerdo con las múltiples entrevistas realizadas, la empresa, a pesar de las denuncias, conflictos y órdenes de paralización, sigue adquiriendo tierras en Tamshiyacu.

La búsqueda de tierras de United Cacao ha generado conflictos en la zona. Estos conflictos son variados, pero tienen algunos elementos comunes: la negativa de la población a perder las tierras que consideran suyas, el énfasis legalista de la empresa frente a ciudadanos que en muchos casos no tienen sus papeles en regla y el uso de malas prácticas corporativas por parte de la empresa para conseguir nuevas tierras. Esta sección describe estas dinámicas y termina con un caso emblemático en el distrito, el del conflicto entre Cacao del Perú Norte y el ciudadano Ruperto Vásquez

Hay dos elementos en disputa: los bosques que los agricultores del caserío consideran como suyo y el cementerio del pueblo, que estaría ubicado en un terreno adquirido por la empresa. Los agricultores de Panguana, como es común en todo el distrito, tienen sus chacras relativamente cerca del centro poblado. Ahí siembran principalmente piña y umarí, que venden en las orillas del río Amazonas para su comercialización en Iquitos. En muchos casos no tienen los documentos de titulación en regla, sino que los agricultores tienen en algunos casos constancias de posesión, en otros título de propiedad y en algunos casos no tienen ningún documento, a pesar de que están en la zona hace generaciones y en el pueblo está claro quién ocupa qué área.

Tamshiyacu, pueblo de la región Loreto. Foto: Diego Pérez

Tamshiyacu, pueblo de la región Loreto. Foto: Diego Pérez.

Hacia “el fondo” del área que ocupa este centro poblado (cuyos límites ellos y sus colindantes conocen), hay grandes extensiones de bosques que son usados para caza, recolección y extracción y que son vistos por el pueblo como su zona de reserva. Estos usos de la tierra no están formalmente reconocidos por el Estado.

Lo que sí ha sido reconocido por el Estado es la necesidad de relocalizar el pueblo, en tanto está perdiendo terreno por la erosión del río Amazonas. El pueblo sería ubicado más adentro, en tierra firme a mil metros del río, por lo que a estos ciudadanos les genera incluso mayor ansiedad la pérdida de tierras en lo que consideran “su fondo”. Las trochas iniciales que hizo la empresa para demarcar sus tierras llegan a tan solo 200 metros de donde estaría ubicado el nuevo pueblo. Sin embargo, de acuerdo con autoridades del centro poblado, se llegó a un pacto con la empresa para que el lindero esté más al fondo, a tres kilómetros del río.

"Panguana 1 es un caserío al norte de Tamshiyacu, a orillas de uno de los canales que a esa altura forma el río Amazonas. Este es un caso emblemático de un caserío que se resiste a la expansión de la empresa."

Los problemas de superposición con la empresa se originan, parcialmente, a raíz de la venta de terrenos por parte de agricultores de Panguana 2, un caserío vecino. Un grupo de agricultores de Panguana 2 vendió títulos de propiedad que habían adquirido en el marco del Decreto Legislativo 838 (en una campaña de titulación similar, o posiblemente la misma, a la de los predios de la Asociación Los Bufaleros). Estos agricultores de Panguana 2 tenían los títulos en lo que ellos consideran “el fondo” de su caserío, pero sus chacras estaban ubicadas más cerca. Es decir, en la mayoría de casos las tierras no eran explotadas agrícolamente sino para fines de caza, recolección y extracción de recursos del bosque. Al georreferenciar estos predios, estos “se movieron” hacia las áreas ocupadas por los agricultores de Panguana 1. Esta figura es la misma que en el caso de Ruperto Vásquez (ver abajo) y es un problema generalizado en Tamshiyacu (y posiblemente en toda la Amazonía): al momento de realizar la georreferenciación de predios titulados en el pasado, estos no calzan con los usos actuales de la tierra, generando problemas de superposición. En este caso la empresa parecería optar por una visión formalista de la ley para hacerse de predios ocupados consuetudinariamente por campesinos locales

La expectativa que tienen actualmente en Panguana 1 es de ser reconocidos oficialmente como centro poblado, lo cual implica un plano oficial pero no otorga derechos de propiedad sobre la tierra. Esto último no es entendido plenamente por las personas del caserío. Sin embargo, este trámite de reconocimiento está entrampado en tanto, en algún momento de la historia, para sorpresa de todos, el caserío habría sido inscrito como comunidad campesina, que es una figura con la cual no están familiarizados los miembros del caserío.

El tema del cementerio, con todo el simbolismo asociado que acarrea, es de especial preocupación para los residentes de Panguana 1. De acuerdo con los ciudadanos del caserío entrevistados para esta investigación (1) el terreno donde se ubica el cementerio sería propiedad (es decir, en términos burocráticos más no en la práctica) de un señor que falleció hace pocos años. El hermano de esta persona habría adquirido el título de propiedad y lo vendió a la empresa. En una reunión del pueblo con representantes de la empresa, “los ingenieros dijeron que habían comprado estos terrenos y que nos daban tres meses para sacar a nuestros deudos” (2). A esto se sumaron explicaciones de que el terreno sería usado en el marco de una vía que iban a construir para conectar las tierras que habían comprado en Centro Industrial con la orilla del Amazonas, pasando por el cementerio; y también explicaciones de supuestos beneficios que recibiría el pueblo si se unían con la empresa.

El prospecto de mover de lugar a los muertos generó una reacción muy fuerte en el pueblo, que incluso convocó a los ciudadanos de Panguana que viven en Iquitos (referidos por las autoridades de Panguana como “las colonias panguanistas”), que incluyen a personas con mayores recursos y conocimientos legales. A raíz de la oposición tajante, la empresa habría cambiado su versión y señalado que ellos nunca dijeron que afectarían el cementerio, sino que su proyecto era cercarlo para que estuviese mejor cuidado. Ofrecieron además útiles escolares, chocolatadas, charlas y créditos a través del PAPEC, pero el pueblo se mantuvo firme en rechazar la presencia de Cacao del Perú Norte en su zona. Según los entrevistados, habrían dicho que “No estamos de acuerdo con esta empresa, esta empresa nos va a dejar sin tierras. No vamos a escuchar a esta empresa, señores autoridades”, y acto seguido se retiraron de la reunión.(3) Las autoridades se quedaron para ayudar a los visitantes a retirar sus materiales. (4)

En el caso de Panguana 1, como es común en la zona y en general en la Amazonía peruana, la situación legal de la tenencia es enredada y compleja.

"La gran mayoría de residentes de Panguana no comprende los aspectos legales de estos problemas, y ciertamente el Estado hace poco para resolverlos de una forma razonable".

Son conscientes de que no tienen el título de propiedad en regla y que por lo tanto “el Estado ve nuestras tierras como baldíos”. En la percepción de los agricultores de Panguana 1, la empresa es multimillonaria y estaría detrás de las trabas en su titulación. Ante este panorama, “la gente del pueblo está en la idea de defenderse con escopetas o lo que sea para hacer respetar sus linderos”. (5)

Distribución de una muestra de parcelas trabajadas bajo el Programa Alianza Producción Estratégica Cacao - PAPEC. Elaborado por WCS..

Distribución de una muestra de parcelas trabajadas bajo el Programa Alianza Producción Estratégica Cacao - PAPEC. Elaborado por WCS.

En otro caso, un entrevistado de la comunidad campesina ribereña Gran Perú explicó que son una comunidad campesina reconocida tramitando su titulación, pero los trámites con el Estado avanzan muy lentamente o simplemente se estancan: a pesar de que presentan el conjunto de requisitos, no logran que se publique la resolución de titulación. Su interpretación es que no se les titula en tanto la empresa quiere hacerse de sus tierras y logra influir en el gobierno regional para que no se concrete su titulación. “Esos señores han estado comprando parcelas a vecinos. Su idea es expandirse más, atropellando parcelas con posesión y título también. Están depredando bosques por todo el distrito. Les quitan flora y fauna. Estamos buscando quién nos apoye en la defensa de nuestras tierras”. (6)

En el caso de Panguana 2, por otra parte, sí hubo mayor acercamiento de miembros del caserío con la empresa, al menos en un inicio. La empresa llegó a la zona por intermedio de la agente municipal y organizó una chocolatada con los niños y donó latas de pintura para que pinten el local comunal. Luego se produjo una reunión del pueblo con los ingenieros de la empresa donde hicieron ofertas para comprar terrenos, ofreciendo alrededor de 5 mil soles por predios de alrededor de 50 hectáreas y ofreciendo créditos a través del PAPEC. (7)

A pesar de que colectivamente las personas reunidas se opusieron a vender, hubo un grupo de personas que sí vendió, para lo cual fueron llevados a firmar los documentos a Iquitos. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los vendedores no conservaron copias de las minutas de compraventa. La empresa todavía no ha empezado las acciones de desbosque en la zona, posiblemente porque se trata de áreas que al ser georreferenciadas se superponen con las áreas de Panguana 1, con la cual la empresa mantiene un conflicto.

La tendencia a acaparar tierras en la zona por parte de United Cacao se entrelaza con los múltiples casos de disputas por la tierra entre familiares, arrendadores y colindantes. En un caso particular cercano a Tamshiyacu, la persona entrevistada narra cómo su hermano le “prestó” una porción de su predio (sin documentación) a una vecina para que lo trabaje, pero al fallecer el hermano la vecina se empadronó en el programa de titulación y le terminó vendiendo a un testaferro de la empresa 7 hectáreas de un predio de 20 hectáreas. Esto le ha generado una disputa legal con DISAFILPA, en la cual incluso le han identificado problemas de forma en la inscripción de su predio, cuestionando su posesión. A pesar de que el caso está en juicio, las 7 hectáreas en disputa ya fueron deforestadas por la empresa.

Pobladores del caserío de Panguana 1. Foto: Wildlife Conservation Society (WCS).

Pobladores del caserío de Panguana 1. Foto: Diego Pérez.

La entrevistada hizo gestiones con la Dirección Regional Agraria de Loreto, donde se dio la orden para que se le titule las 20 hectáreas, pero sin embargo esto no se ha materializado vía DISAFILPA, que según ella, trabaja cercanamente con la empresa. En DISAFILPA le señalaron que no tocarán su caso hasta que no salga una Resolución Directoral, ya que es un caso muy delicado. En la Defensoría del Pueblo le señalaron que hasta que no haya un documento firme, no la pueden defender. Cuando ha estado con personas de la empresa, estas le han dicho que ella “no era nadie y que no significaba nada, además que ese terreno era de su hermano. Ese ingeniero es bien malcriado. Me quiso meter máquinas por la noche. Yo fui a sacarlos. Había dos chicos con las máquinas, pero yo fui rezando, pidiendo ‘Señor no me dejes sola’. Al final sacaron las máquinas.” Reflexionando sobre este confuso y enredado proceso, la entrevistada señala que “en esta lucha estoy yo solita (...) la gente no entiende lo que va a suceder. Viven el momento y no ven el futuro”.

Un elemento repetido constantemente por entrevistados de la zona (que fueron entrevistados por separado en diferentes viajes y áreas del distrito) es que la empresa originalmente les señaló que les convenía vender sus tierras porque, de lo contrario, estas iban a revertir al Estado y las iban a perder de todas formas. Esta explicación –a todas luces irregular– podría ser un recurso de empleados de segundo o tercer nivel que tienen la consigna de conseguir tierras, y no una directiva corporativa de la empresa. Podría ser también un modus operandi generalizado. El hecho concreto es que, en su relación con la población de la zona, la empresa utiliza mentiras de este tipo para presionar a los agricultores a que les vendan sus tierras.

Otros testimonios dieron cuenta también de prácticas irregulares de la empresa en su relación con los agricultores que no los apoyan. En Panguana 1, por ejemplo, un grupo de agricultores señaló que la empresa por el momento no insistía con entrar al pueblo pero había dicho que “estaban esperando que entre al gobierno PPK para poder entrar en Panguana”. En Panguana 2 un entrevistado señaló que cuando dijo que no vendería sus tierras, ingenieros de la empresa le dijeron que “les mandarían 600 matones” . Asimismo, varios entrevistados dieron cuenta de lenguaje despectivo por parte de los emisarios de la empresa, con afirmaciones como “ustedes no significan nada en lo que es un mapa del Estado”

Pero las acusaciones no se limitan a conflictos por la propiedad de predios. Al momento de una de las visitas, varios ciudadanos afectados aseguraban que se estaba produciendo la contaminación de una quebrada en la zona (la quebrada Manzanillo) y que había habido grandes cantidades de peces muertos.

Prácticamente todos los entrevistados en la visita de mayo de 2016 estaban muy consternados por el tema de los peces muertos. Aunque las teorías que circulaban sobre las causas de este suceso variaban, en todos los casos existía la percepción de que se debía a las acciones de la empresa. De forma similar, en Panguana 2 también manifestaron que el agua de las quebradas estaba ahora contaminada. Siempre de acuerdo con la versión de los agricultores, la plantación utiliza herbicidas que terminan en la quebrada cuando hay lluvias. La quebrada Manzanillo, según los testimonios de agricultores entrevistados, está en su nivel más bajo y ha sido enderezada en la zona donde opera la empresa.

Actualmente los animales ya no bajan a tomar agua a las quebradas y las personas tampoco pueden tomar esa agua contaminada. Otro testimonio corrobora la versión de la contaminación y señala que en la quebrada Manzanillo antes llegaba el agua cristalina y la gente bebía directamente, pero que “ya no se puede desde el tiempo que entró la empresa”. En otro testimonio recogido, el entrevistado señaló que “la empresa de cacao no es minera, sino agroindustrial. Lo que sí, ha malogrado las carreteras y ha contaminado las quebradas con lodo, no con químicos”.

Descarga el libro "Acaparamiento de tierras en la Amazonía peruana: el caso de Tamshiyacu", publicado por Wildlife Conservation Society (WCS) y Oxfam en Perú

Accede aquí al especial ‘Amazonía arrasada’


Testimonios

Pobladores de Tamshiyacu (Loreto) cuentan cómo las empresas del grupo Melka los han despojado de sus tierras con amenazas o han invadido sus parcelas.







(1) Entrevista Ciudadanos Afectados # 10.

(2) Entrevista Ciudadanos Afectados # 10.

(3) Entrevista Ciudadanos Afectados # 12.

(4)Entrevista Ciudadanos Afectados # 13

(5)Entrevista Ciudadanos Afectados # 3.

(6)Entrevista Ciudadanos Afectados # 9.

(7)Entrevista Ciudadanos Afectados # 6.



*Juan Luis Dammert es licenciado en sociología por la PUCP y doctor en geografía por Clark University, Massachusetts. Ha sido consultor para el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Wildlife Conservation Society, GRADE, entre otros. Ha sido también investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y profesor en la PUCP. Actualmente trabaja como investigador de Oxfam en Perú.