Foto. Presidencial del Consejo de Ministros.

 

Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, indicó que se tomarán medidas para acelerar investigaciones sobre el caso Odebrecht

 

Hoy, luego de la sesión del Consejo de Ministros en el que se anunciaron diversas medidas en relación al avance del Gobierno, el premier Fernando Zavala respondió sobre el caso Odebrecht en una rueda de prensa ante la insistencia de periodistas. Al respecto, Zavala señaló que la empresa brasileña, implicada en casos de corrupción, no podría participar en licitaciones o concursos convocados por el Estado peruano. La misma situación le esperaría a otras empresas que se encuentren bajo el mismo contexto, es decir, vinculadas con casos de corrupción. Anunció que se “plantearán modificaciones en la Ley de Contrataciones” para que empresas sancionadas por estos casos no puedan participar nuevamente en licitaciones.

El último 21 de diciembre se hizo público, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la confesión de Marcelo Odebrecht. La constructora brasileña había declarado haber pagado millonarios sobornos a funcionarios de 12 países en Latinoamérica y el mundo. Entre ellos; Perú. El pago de sobornos en el país ascendió a 29 millones de dólares para obtener la adjudicación de obras. Ante esto, Odebrecht declaró haberse beneficiado por más de 143 millones de dólares.

Tras la publicación de las confesiones de la constructora brasileña vinculadas a Perú, los procesos de investigación se han retomado. La parlamentaria y coordinadora de la comisión “Lava Jato”, Karina Beteta, anunció que el 4 de enero se instalará dicha comisión y que se reunirá con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez para solicitar información reservada.

Desde el Ministerio Público, recientemente se ha iniciado una investigación preliminar sobre el caso Odebrecht. El premier Zavala se refirió también sobre este tema, pues indicó que se incrementará el presupuesto de la Procuraduría Anticorrupción y del Ministerio Público, desde donde se investigan los casos de sobornos pagados por empresas brasileñas a funcionaros de los últimos tres gobiernos en Perú. 

 

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Para colaborar con estas investigaciones, el premier Zavala indicó que era necesario asignar un presupuesto adicional para “fortalecer a la Fiscalía y Procuraduría” y “avanzar con mayor celeridad en las investigaciones para identificar y sancionar a las personas que participaron en esta red de corrupción”.

Como reveló Convoca.pe en junio de 2015, los hallazgos de la Policía Federal de Brasil elaboró un amplio informe en el que daba cuenta de un pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos durante el gobierno de Toledo y Alan García por la construcción de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Los hallazgos de la Policía formaban parte del caso “Castillo de Arena” que involucraba el pago de sobornos a la empresa brasileña Camargo Correa, que era una de las ejecutoras de IIRSA Sur al igual que Odebrecht.

 

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Las empresas más importantes de Brasil de la ingeniería civil fueron las ganadoras de las licitaciones de los tres tramos de la Interoceánica Sur: Norberto Odebrecht S.A., que conformó el consorcio Conirsa con las peruanas Graña y Montero y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas para construir el tramo 2 de la carretera, en Cusco, y el tramo 3, en Madre de Dios. El otro consorcio, Intersur, estuvo encabezado por Andrade Gutierrez, Construcoes e Camargo Corrêa S.A. y Constructora Queiroz Galvão S.A para el tramo 4. Estas empresas fueron beneficiadas por los créditos y subvenciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

El tramo 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima fueron proyectos también adjudicados a la empresa brasileña Odebrecht durante el gobierno de Alan García. La contratación de esta constructora se desarrolló bajo una modalidad especial implementada a través del decreto de urgencia 032-2009, en el cual se disponía la modificación del costo de la obra durante el proceso de construcción. Esto permitió que la empresa incremente el presupuesto de las obras del tramo 1 y 2 hasta en 400 millones de dólares.

Como se revela en las investigaciones del especial “Lava Jato y Castillo de Arena en Perú”, durante el régimen aprista, el representante de la empresa brasileña, Jorge Simões Barata visitó Palacio de Gobierno hasta en 16 ocasiones entre 2006 y 2011. En siete de estos encuentros estuvo presente el expresidente Alan García.

El empresario Marcelo Odebrecht no reveló nombres de funcionarios ni de obras. En Perú, las investigaciones ya iniciaron y la voluntad política para desarrollarlas parece surgir a raíz de las exigencias de medios y de una clara confesión del infractor. 

 

 Esta investigación se realizó gracias al aporte del ciudadano a la campaña ConBoca 100 mil.

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