Un venado a cambio de un fallo favorable, vínculos irregulares con líderes de organizaciones criminales, uso del personal de limpieza con fines particulares, nexo con actividades mineras ilegales, acoso y chantaje sexual, entre otras denuncias fueron el sustento para que cuatro jueces con el máximo cargo en distritos judiciales del país fueran sancionados con propuestas de destitución, como en los casos de Ayacucho, Madre de Dios, Ucayali y Callao.

 

Hace poco más de un año empezó a difundirse audios, de interceptaciones telefónicas legales, que evidenciaron las actividades ilícitas de Los Cuellos Blancos del Puerto, organización criminal integrada por magistrados, funcionarios, empresarios y abogados que se beneficiaban con favores indebidos o resoluciones irregulares. Una de las principales cabezas de esta red era Walter Ríos Montalvo, quien se desempeñaba como presidente de la Corte Superior del Callao cuando sus conversaciones telefónicas intervenidas revelaron los actos ilegales del grupo delictivo.

La capacidad de acción del ex juez Ríos y su posición en la organización delictiva estaban relacionadas a su condición de máxima autoridad judicial en la región Callao. 

Ante esta situación, cabe preguntarse respecto a la actuación de otros titulares de cortes superiores de justicia en el país, que en la práctica representan el segundo nivel jerárquico del Poder Judicial.

En la base de datos construida por Convoca.pe, con más de 700 resoluciones disciplinarias aprobadas por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en los últimos diez años, se halló que 11 presidentes de las diversas cortes superiores judiciales fueron sancionados por faltas leves y graves. Incluso, dos de ellos se encuentran en prisión, tres están suspendidos y cuatro fueron destituidos. Por otra parte, un magistrado no fue ratificado por el CNM y solo uno sigue ejerciendo en el Poder Judicial. 

Pero, ¿quiénes son estos ex altos funcionarios del Poder Judicial, qué delitos o actos indebidos cometieron y cuál es la situación de ellos en la actualidad?

Mapa de los expresidentes de cortes de justicia sancionados por faltas graves y leves (2009-2018)

Fuente: OCMA y Poder Judicial
Elaboración: Edwin Montesinos

 

Los casos

Al expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Antenor Jorge Aliaga, la OCMA le atribuyó un total de doce cargos en 2017 y es uno de los sancionados con propuestas de destitución.

En junio de 2015, una grabación publicada por el diario regional “La Calle”, en el que se evidenciaba que el magistrado había recibido un venado (valorizado en 1 mil 500 soles) como pago indebido, sirvió para abrirle una indagación disciplinaria. El audio registraba la conversación entre el entonces juez Jorge Aliaga y Sintia Huamán Vásquez, abogada de Leonilda Humareda, procesada por lavado de activos.

 

Abogada: Por favor doctor, no sea malito, por esta vez doctor.

Juez: ¿Cómo sé que usted va a ser leal? (…).

Juez: ¿Dónde estás viviendo tú? ¿Vives sola?

Abogada: Ahora con una amiga vivo.

Juez: Si te pido que quiero pasar la noche contigo…  mira la cara que pones.

Abogada: Doctor, por favor.

Juez: ¿No puedes?

Abogada: Acepte el dinero.

Juez: ¿No quieres que te quieran?

Abogada: Por favor, doctor.

Juez: Yo vivo solo, no tengo a nadie, una vez no más.

 

Según la resolución de la OCMA, este exmagistrado además fue denunciado por Elva Llactahuamana y Jheny Pillaca Untiveros, del personal de limpieza de la Corte de Ayacucho, de obligarlas a limpiar y lavar su ropa en horario de trabajo frente a amenazas de despido. 

Asimismo, una acusación de hostigamiento sexual fue impuesta por la servidora Atenas Verástegui Porras. La agraviada señaló que el exjuez la llamaba constantemente a su oficina para preguntarle si tenía enamorado y pedirle una cita. Ante la negativa, el entonces magistrado se comunicó con una de las amigas de la víctima para que convenciera a Verástegui de hacerle compañía y que, además, le lavara la ropa. De hacerlo podía ofrecerle un ascenso en el trabajo.

Ante las acusaciones, el exjuez alegó en su defensa haber contratado los servicios de limpieza, sin amenaza de por medio. Sobre el hostigamiento sexual, adujo que se trataba de una “manipulación malintencionada” de un tercero, ya que en vez de denunciarlo de forma inmediata esperó hasta la visita de la OCMA. Por estos hechos, fue suspendido de su cargo y la Sala Plena de la Corte de Ayacucho decidió retirarle su confianza.

 

Otros expresidentes de cortes superiores con graves denuncias son Daniel Peirano Sánchez (Callao), John Hurtado Centeno (Madre de Dios) y Francisco de Paula Boza Olivari (Ucayali). En el caso de De Paula, este ya había recibido una sanción de propuesta de destitución en 2015, tras una visita de la OCMA, pero logró mantenerse en el cargo.

 

Nexo con red criminal

Dos expresidentes de las Cortes estuvieron en la mira por presuntos vínculos con organizaciones criminales. El primero es Francisco de Paula Arístides Boza Olivari, quien fue sancionado por falta grave en dos ocasiones, en 2015 y  2017. El juez fue acusado de entregar documentos confidenciales a la defensa técnica de Rodolfo Orellana, investigado por encabezar una organización criminal dedicada a la apropiación y venta ilegal de inmuebles, con el fin de beneficiarlo en la tramitación de un hábeas corpus promovido a su favor.

La resolución que propone su retiro del cargo se emitió en el 2017 y, a diferencia de la primera vez, fue destituido del puesto. De Paula fue procesado junto a otros magistrados de menor categoría de la misma división.

Francisco de Paula Arístides
Francisco de Paula Arístides, expresidente de la Corte de Ucayali, fue condenado con cuatro años de prisión por el caso Orellana.

La relación entre ambos es que el expresidente los nombró para que emitan resoluciones judiciales favorables a Orellana Rengifo y personas de su entorno. Ellos son: Antonio Reátegui; Ricardo Castro Belapatiño y Wenceslao Portugal.  En mayo de 2015, se dictó prisión preventiva por 18 meses a los imputados y al expresidente, quienes también recibieron una propuesta de destitución por parte de la OCMA y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resolvió retirarlos del cargo. En febrero de este año, Boza Olivari fue enviado a prisión efectiva de cuatro años por negociación incompatible y presunto aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado por el Caso Orellana.

El segundo caso alcanza a la Corte Superior de Justicia del Callao. Daniel Peirano, extitular de este distrito judicial, fue sancionado por la OCMA en 2015 tras investigarse que estuvo involucrado en un pedido ilícito de dinero para el favorecimiento de un caso. No obstante, ya en el 2012,  el nombre del magistrado saltó a los medios tras aprobar un hábeas corpus a favor de Róger Javier Poémape, con el fin de no ser investigado por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Por este hecho,  el CNM decidió no ratificarlo como juez superior del Callao. Pero Peirano apeló y logró mantenerse en su puesto. 

En 2018, el entonces juez superior de la Cuarta Sala Penal Liquidadora fue nuevamente suspendido preventivamente por haber concertado estrategias judiciales con Walter Ríos, una de las cabezas de la red y expresidente de la misma corte de justicia. Esto con el fin de ser beneficiado en la elección para ser titular del distrito judicial del Callao en el periodo 2019-2020.

 

Minería ilegal

Respecto a John Hurtado Centeno, la OCMA propuso su destitución en el 2015 por presuntamente estar coludido con la minería ilegal en la localidad de Tambopata, Madre de Dios, donde incluso utilizaba su camioneta para trasladar a trabajadores a una zona prohibida. Hecho que fue descubierto a través de un reportaje del programa periodístico Panorama.

Hurtado dirigía el campamento minero “Guadalupe”, lugar donde se extraía oro. El magistrado fue fotografiado cuando trasladaba al personal hasta el puerto Ballón. Ahí, era conocido como “el doctor” o “abogado” y dirigía a los trabajadores del campamento minero. 

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John Hurtado, extitular de la Corte de Madre de Dios, a punto de subir a su camioneta para transportar a personas a una zona ilegal de trabajo. Fuente: Panorama

En el reportaje televisivo, Hurtado fue consultado sobre estos vínculos, a lo que respondió: “Si yo estuviera vinculado, no estaría sentado en esta corte. En Madre de Dios todos tienen algunos conocidos mineros y yo no puedo negar que tengo algunos”. Hurtado Centeno, quien estaba registrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, fue destituido de su cargo por el CNM en 2017.

 

Interferencia

En 2012, a Luis Salvador Gómez, expresidente de la Corte superior de Justicia de Tumbes, se le impuso suspensión preventiva por interferir en el resultado de procesos judiciales que no estaban a su cargo. Una vez resuelto este caso, fue destituido de su puesto.

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Luis Salvador Gomez, expresidente de la Corte de Tumbes, fue detenido con dinero de sobornos de sus alumnos universitarios.

A pesar de ello, el año pasado fue detenido tras encontrarse que como docente cobraba dinero a sus alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tumbes. Fue intervenido en el restaurante ‘Las Piedritas’, donde agentes policiales incautaron un monto ascendente a 2 mil 900 soles.

Se le dispuso prisión preventiva, pero en febrero de este año fue liberado. El Ministerio Público abrió una investigación al fiscal Pedro Ruiz, quien vio su caso por presunta inconducta funcional, tras no concluir con una acusación pese a la flagrancia.

 

Otras sanciones

Entre los magistrados con sanciones leves se encuentran: Jimmy García Ruiz, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quien en el 2009 fue sancionado por afectar el derecho de defensa tras recomendar la designación del abogado Castillo Castillo para que labore como juez, absolviendo a diversos implicados en casos graves. Por este acto fue suspendido de su cargo. 

Tiempo después viajó a Lima y en el 2017 fue designado como nuevo Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Pero su nombre volvió a estar en el ojo público, tras conocerse en enero de este año, que estuvo envuelto en los presuntos delitos de tráfico de influencia y encubrimiento personal por el que habría recibido una coima de S/. 24,500 por parte del policía Róger del Águila Mendoza, hecho por el cual fue investigado y puesto en prisión preventiva por el Ministerio Público.  

 

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Extitular de la Corte de Lima Este, Jimmy García Ruiz, afronta prisión preventiva por los presuntos delitos de tráfico de influencia y encubrimiento personal.

En Lima, el fallecido expresidente de la Corte Superior de Justicia, César Vega Vega, también fue parte de un proceso disciplinario en el 2009,  ya que habría participado en una reunión del Partido Aprista por el cumpleaños de Carlo Roca Cáceres en marzo de ese año. Por este cargo se le abrió una investigación disciplinaria, ya que un magistrado debe mantener independencia judicial donde se le está éticamente prohibido participar en actividades político partidarias. 

En 2010, Vega Vega estuvo nuevamente involucrado en otras dos resoluciones de la OCMA. En agosto se le impuso una amonestación al magistrado tras nombrar a un vocal que no cumplía con el requisito de antigüedad y en setiembre se le abrió una investigación por un presunto soborno realizado en su domicilio por el caso de difamación de Paolo Guerrero hacia la periodista Magaly Medina y el productor televisivo Ney Guerrero. En la resolución emitida se señala que el encuentro fue concertado por el padre del futbolista agraviado donde se entregó el monto envuelto en papel higiénico. A pesar de las acusaciones, en octubre del 2011, fue ratificado en su puesto por el CNM.  

Entre los jueces sancionados por la OCMA, se encuentran cuatro con faltas leves que no han vuelto a estar involucrados en medidas disciplinarias y siguen ejerciendo en el sistema de justicia. Ellos son: Víctor Minchan Vargas, expresidente de la Corte de Amazonas, se le impuso una amonestación  por infracción administrativa y tardanza. En Arequipa, a Juan Chaves Zapater y David Dongo Ortega se les  abrió una investigación disciplinaria en el 2010. El motivo fue no cumplir adecuadamente con el nombramiento del personal jurisdiccional y administrativo. Otro magistrado con sanción leve, que no incurrió en nuevas faltas es Tony Changaray Segura, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, a quien se les abrió una investigación tras infringir sus deberes al designar personal que no cumplía con los requisitos.

 

Manos atadas

Ante la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura, ente que ratifica y evalúa las sanciones impuestas por la OCMA, la resolución de algunos casos aún se encuentran en espera. Esta nota ha evaluado a expresidentes sancionados entre el 2009 y 2018 y los casos registrados pueden haber ido en aumento en el transcurso de este año, tras explotar el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Pese a ello, sus casos no pueden resolverse hasta que se instaure la Nueva Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial, que será el reemplazo de la entidad sancionadora. Por lo tanto, ¿qué pasa con los jueces que hayan sido sancionados después de la supresión del CNM? 

Convoca.pe conversó con Carlos Rivera, abogado y coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien sostuvo que el problema del control interno es que hay limitaciones y la inexistencia de la Junta Nacional de Justicia impide que los jueces con faltas no puedan ser destituidos. La máxima medida disciplinaria en estos casos es la suspensión.

Respecto al pedido del jefe de la OCMA, Walde Jáuregui, quien en una conferencia de prensa manifestó su preocupación por este punto e hizo un llamado a que se les de la potestad de sancionar con destitución a los magistrados que lo ameriten, Rivera dijo que esto significaría una atribución importante, pero no solo se trata de una modificación constitucional.

“Si la OCMA tiene la potestad de destituir, no tendría sentido la Junta Nacional de Justicia. El asunto es complejo y va mucho más allá de las atribuciones en el esquema legal, donde existe un control interno y un control externo y cada uno tiene sus propias atribuciones”.