Foto: El Comercio

Juez Richard Concepción considera que hay elementos suficientes para variar situación judicial de los esposos, quienes estarán recluidos por 18 meses

El magistrado Richard Concepción ordenó hoy la detención preventiva por 18 meses para el exmandatario Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia, tras haber escuchado en la víspera los argumentos del fiscal especializado Germán Juárez y de la defensa legal de ambos sobre el pedido del representante del Ministerio Público para variar la condición judicial de los esposos en el caso de los aportes “fantasmas” al Partido Nacionalista, en las campañas electorales de 2006 y 2011.

De esa manera, el juez accedió a la solicitud del fiscal Juárez, quien había presentado su escrito el martes último ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, en el que sostiene que  existe peligro de fuga por parte de los investigados Humala y Heredia, así como de posible obstrucción a la justicia.

“Resulta una medida idónea y necesaria”, concluyó el magistrado en referencia a Humala, luego de evaluar los requisitos previstos por la ley, como la existencia de un alto grado de probabilidad de haber cometido lavado de activos y de peligro para el proceso de investigación. Así, se convierte en el segundo exgobernante peruano con orden de arresto preventivo relacionado a entrega de dinero de parte de Odebrecht. El primero es Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos, quien está acusado de recibir 20 millones de dólares de esta empresa brasileña por el caso de la vía Interoceánica Sur.

En el mismo sentido se pronunció respecto a la exprimera dama Nadine Heredia, al considerarse que el partido que fundaron recibió supuestos fondos ilícitos procedentes de Venezuela y Brasil, para las elecciones de 2006 y 2011.

El juez detalló los “nuevos elementos de convicción” que acreditarían la responsabilidad de los esposos en los hechos imputados, tales como declaraciones de testigos, la correspondencia de los datos de la agenda de Heredia con cuentas bancarias, confirmación de que hubo contratos ficticios para ocultar origen de dinero. Se indicó, además, que se trató de dar apariencia legal a montos que fueron usados para justificar compra de bienes. Entre las evidencias se consignó la declaración de Marcelo Odebrecht, recluido dueño de la constructora brasileña, que confirmó la entrega de 3 millones de dólares a la campaña nacionalista, en 2010.

Los abogados de Humala y Heredia apelaron la medida y la consideraron injusta.

Ayer, durante alrededor de siete horas, el fiscal especializado Germán Juárez expuso argumentos para sustentar el pedido de prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia ante el juez Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. 

El juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ha ordenado reclusión preventiva para otras seis personas implicadas en casos de corrupción de Odebrecht. (Foto: Poder Judicial)

En la audiencia judicial, el fiscal Juárez expuso como base de su solicitud 35 “nuevos elementos de convicción” en el caso de la exprimera dama y 22 referidos al expresidente. Entre estos, presentó testimonios de personas que negaron haber financiado a la campaña de Humala, a pesar de que sus nombres figuraban como aportantes en la ONPE. Indicó que en 2006 hubo un desbalance de 2 millones de soles. El magistrado también se refirió a operaciones bancarias en el Banco de Comercio a nombre de las hijas de la pareja por 80 mil soles; así como a declaraciones de exempleados de empresas que aparentemente habían contratado a Heredia, las cuales evidenciarían una simulación para ocultar el origen del dinero que se entregaba a la esposa de Ollanta Humala.

En el sustento fiscal se proporcionó los testimonios de los brasileños Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, el primero expresidente de la constructora que lleva su apellido y el segundo, exejecutivo de la misma empresa en el Perú. Ambos sostuvieron que entregaron 3 millones de dólares a la campaña electoral de Humala para las elecciones generales de 2011, a pedido del Partido de los Trabajadores de Brasil, liderado por el exmandatario Lula da Silva, condenado ayer a nueve años y medio de prisión por el caso Lava Jato.