Cinco exfuncionarios claves de la constructora brasileña Odebrecht involucrados en la trama de corrupción Lava Jato firmarán acuerdos de colaboración con el Ministerio Público peruano el próximo 11 de enero en el consulado del Perú en Sao Paulo, Brasil, según pudo conocer Convoca.pe. La cooperación se sellará bajo los términos del “acuerdo corporativo” suscrito la madrugada del sábado entre la fiscalía y la compañía investigada. 

Entre los ejecutivos que se acogerán a estas colaboraciones están Jorge Barata, ex máximo representante de Odebrecht a nivel local; Ricardo Boleira, exsuperintendente en el país; y los exdirectores de contratos Carlos Nostre y Renato Ribeiro Bortoletti. 

De hecho, enero será un mes agitado, en Perú y Brasil, para el Equipo Especial del Ministerio Público, liderado por el fiscal superior Rafael Vela Barba. 

Luego de cerrar las negociaciones, el grupo fiscal se trasladará de Sao Paulo hacia Curitiba, a 400 kilómetros de distancia, donde se realizarán cerca de 20 diligencias que involucrarán a seis personajes claves entre los días 14 y 18 de enero. 

Primero, se pondrán al día con los tres interrogatorios que se frustraron en noviembre pasado por demoras en el trámite burocrático de la cooperación internacional. Así, se espera que por fin declaren los exempleados Sergio Nogueira Panicali (Interoceánica Sur), Igor Braga Vasconcelos (Costa Verde-Callao) y Luiz Eduardo da Rocha Soares (Departamento de Operaciones Estructuradas). 

Ver: Fiscal brasileño percibe intereses políticos para truncar el caso en Perú

Por otro lado, también generan expectativa los interrogatorios del propio Jorge Barata, el de Carlos Grillo –operador financiero de la Caja 2 de Odebrecht- y el de Américo Spinola. De acuerdo con lo que ya ha informado IDL-Reporteros, Grillo y Spinola habrían coordinado el pago de 100 mil dólares al expresidente peruano Alan García por una conferencia ante la Federación de Industriales de Sao Paulo (FIESP) en 2012.

Por este último señalamiento, García solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima, pedido que fue rechazado por el presidente de ese país Tabaré Vásquez, y ahora debe cumplir una orden de impedimento de salida del país. 

La fiscalía cerró el acuerdo con Odebrecht en la madrugada del sábado. Foto: Reuters.

De vuelta a Perú

El acuerdo corporativo y las colaboraciones de los ejecutivos deberán ser reconocidos por la justicia peruana a través de un procedimiento de “homologación”. Para ello, el Equipo Especial sustentará este pedido el 21 de enero ante la jueza María de los Ángeles Álvarez del primer juzgado nacional de investigación.

Como parte del acuerdo, la procuraduría peruana podrá exigir el pago de 182 millones de dólares (610 millones de soles) como reparación civil en el marco de cuatro casos investigados: Interoceánica Sur, Metro de Lima, Vía de Evitamiento del Cusco y Costa Verde - Callao.

Esta suma equivale a 5,5 veces el monto de los sobornos de 32 millones de dólares que Odebrecht aceptó haber pagado en el Perú. 

La compañía brasileña pagará este monto a través de aportes a un fideicomiso que será administrado por la empresa estatal Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). 

Este fideicomiso se alimentará de parte de lo obtenido por la venta de la hidroeléctrica Chaglla. También, de retenciones del 5% de los pagos que el Estado y empresas privadas efectúen a Odebrecht, el 50% de las utilidades que le repartan sus concesionarias y el 25% de lo que consiga de la venta de sus activos (a partir de 3 millones de dólares). 

El incumplimiento de estos pagos generaría que este acuerdo fuese revocado. 

Por otro lado, fuentes de la procuraduría confirmaron que hasta el momento se ha podido embargar a empresarios y funcionarios públicos bienes muebles e inmuebles –como casas de playa y en zonas exclusivas- y acciones en empresas por un monto de 200 millones de soles. 

Asimismo, este medio pudo conocer que el acuerdo firmado entre Odebrecht y la fiscalía habría generado el interés de tres empresas que buscarían acogerse a términos de colaboración similares.