El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción halló indicios de la presunta intervención del presidente Martín Vizcarra en las contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros ('Swing') en el Ministerio de Cultura, razón por la cual elevó un informe a la Fiscalía de la Nación para que esta instancia inicie las pesquisas a "altos funcionarios públicos", entre ellos el actual mandatario, implicados en los actos indebidos, según la Disposición Nº 13 firmada por la la fiscal especializada Janny Sánchez, a la cual accedió Convoca.pe.

De acuerdo con el documento fiscal, existen evidencias de que Richard Cisneros se habría valido de la confianza del jefe de Estado para que "al parecer, [Martín Vizcarra] recomiende o disponga" ante altos funcionarios, como la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, la contratación de 'Richard Swing' en esa entidad ministerial.

La fiscal Sánchez precisa que en los hechos que son parte de la tesis preliminar se advierte la presunta vinculación de altos funcionarios públicos como son el presidente Vizcarra y la exministra Balbuena, en presuntos hechos de connotación penal y que corresponderá a la Fiscal de la Nación pronunciarse sobre los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción.

En base a su pesquisa, la Fiscalía Anticorrupción señala que con esa finalidad el mandatario Vizcarra habría coordinado con la entonces secretaria general del Despacho Presidencial, Mirian Morales, quien se encargaría de contactar directamente con los funcionarios del Ministerio de Cultura y con el investigado Richard Cisneros. Es decir, para viabilizar la contratación directa del cantante y productor musical.

Los altos funcionarios aludidos serían los ministros de Cultura que ocuparon este cargo cuando se realizaron las nueve contrataciones directas a favor de Richard Cisneros, entre 2018 y 2020. En este periodo los titulares de esta cartera ministerial fueron Patricia Balbuena, Rogers Valencia, Ulla Holmquist, Luis Castillo, Francesco Petrozzi y Sonia Guillén.

Los contratos de servicios de Richard Swing fueron emitos entre julio de 2018 a abril de 2020.

En el caso de la exministra Patricia Balbuena, el Ministerio Público indica que durante su gestión se habría creado una necesidad de servicio direccionando el perfil del proveedor al currículum vitae de Richard Cisneros, mediante coordinación con la exsecretaria presidencial Mirian Morales. El texto añade que los montos de los contratos al parecer estarían sobrevalorados.

En otro de los puntos del documento fiscal, la fiscal Sánchez, indicó que las coordinaciones previas, los ministros de Cultura, serían quienes coordinarían a su vez con los secretarios generales de ese sector, para que a su vez "coordinen y acuerden" con los otros funcionarios para la factibilidad de la contratación directa de Richard Cisneros. 

El documento incluye un gráfico piramidal que señala que el esquema de contratos habría estado liderado por el jefe de Estado, Martín Vizcarra, pasando por los ministros de cultura y funcionarios de diferentes niveles en ese sector.

El presidente, ministros de Cultura y otros funcionarios involucrados en los contratos de Richard Cisneros, según la Fiscalía

Además, la fiscal Sánchez señaló que Diana Yamashiro Oshiro, exsecretaria general del Ministerio de Cultura durante las gestiones de Sonia Guillen y Alejandro Neyra (del 17 de enero al 30 de junio de 2020), se habría reunido con 'Richard Swing' para coordinar y acordar las contrataciones directas del año 2020. Según el Ministerio Público, esa funcionaria habría coordinado con otros servidores públicos para direccionar el perfil de las órdenes de servicios.

En la ampliación de investigación, resalta que la fiscal indica que si bien el jefe de Estado, Martín Vizcarra, no puede ser involucrado en calidad de investigado ya que goza de inmunidad, en su momento sí será llamado para obtener su testimonio, que podrá ser presentado de forma oral o escrita.

Exfuncionarias de Vizcarra investigadas

La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima dispuso ayer que se ampliara las pesquisas por el caso de Richard Cisneros Carballido ('Swing') y se incluya como investigadas a las dos exfuncionarias de Palacio de Gobierno, Mirian Morales Córdova y Karem Roca Luque, así como a la ex secretaria general del Ministerio de Cultura, Diana Tamashiro Oshiro.

La fiscal Janny Sánchez Porturas considera que Mirian Morales y Diana Tamashiro actuaron como instigadoras de la presunta comisión de colusión agravada y, alternativamente, negociación incompatible. A Morales también se le investigará como autora del delito de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.

Respecto a Roca Luque, exasistente en el Despacho Presidencial, se le investiga como presunta autora de ocultamiento real, así como falsedad genérica. Todos los mencionados delitos fueron en agravio del Estado.

Según la tesis fiscal preliminar, Morales Córdova sería quien habría realizado reuniones previas y coordinaciones, con el fin de que se viabilice la contratación directa del proveedor Richard Cisneros.

Asimismo, en base a diversos elementos, entre ellos la información de un testigo en reserva, y mientras se culminan las pericias para verificar la veracidad de algunos audios difundidos recientemente respecto al caso, se advierte que habría inducido a que se presenten falsos testimonios dentro de la investigación.

En tanto, a Diana Tamashiro se le investiga debido a que, desde su cargo de secretaria general del Ministerio de Cultura (del 17 de enero al 30 de junio del 2020), se habría reunido con 'Richard Swing' y con los demás funcionarios a cargo del procedimiento de contratación directa, para coordinar y acordar la elección de dicho proveedor por servicios innecesarios; direccionando el perfil y, al parecer sobrevalorando los montos contractuales, además de otras irregularidades materia de investigación, según la Fiscalía.

Sobre la exasistente de Palacio de Gobierno, se infiere que habría dado falso testimonio sobre los registros de ingreso a dicho lugar, y al sostener que fue ella la que se reunió con el investigado el 12 de octubre del 2018.

Hasta la fecha, son un total de 17 las personas implicadas en la investigación declarada como compleja, la cual está referida a las diversas irregularidades que se habrían cometido entre 2018 y 2020, al efectuar nueve órdenes de servicio a favor de Cisneros, por 175 mil 400 soles en total.