El miércoles 1 de julio, Convoca reveló en el reportaje “Estrategia Corporativa” que Volcan, la minera más sancionada del país por incumplir con sus obligaciones ambientales, logró archivar una multa de más de 2 millones de soles (más de 700 mil dólares) en medio de documentos extraviados y la defensa de un abogado que antes dio servicios al Organismo de Evaluación y Fiscalización  Ambiental (OEFA).

Al día siguiente, el organismo regulador publicó un comunicado en respuesta a nuestra investigación bajo el título: “El OEFA tramita los procedimientos administrativos sancionadores respetando el marco legal vigente” (Ver).

En la respuesta, esta entidad promete “precisar” algunos puntos del reportaje. Lo primero que señala es que “supervisa permanentemente a todos sus administrados, entre ellos a Volcan Compañía Minera”. Luego asegura que en el caso de la investigación de Convocareferido al expediente Nº 057-10-MA/E, los vocales del Tribunal de OEFA “resolvieron el caso en cuestión de manera imparcial e independiente, no existiendo situación alguna que constituyera algún conflicto de interés con el administrado”. 

OEFA resalta “la idoneidad del personal a cargo de las supervisiones” a las empresas fiscalizadas y que “garantiza la autonomía de las instancias encargadas de resolver los procedimientos administrativos sancionadores ambientales”.

Ante esta argumentación que OEFA llama precisiones, respondemos: nada de lo que sostiene este organismo regulador aclara los hechos de fondo revelados en la investigación. Lo que mas bien hace es ratificar nuestros hallazgos y dejar de responder lo más controversial del reportaje. Veamos.

Convoca, que es un medio digital de periodismo de investigación y no una página web como señala OEFA, informa en el reportaje que precisamente Volcan es la minera más sancionada por este organismo regulador. Sobre esto, hemos publicado dos amplios reportajes: “El círculo minero de la infracción” y “La tarifa plana de la gran minería”. Debido al recurrente comportamiento infractor de Volcan, que OEFA conoce de primera mano, consideramos de gran importancia pública que se conozca cómo esta empresa logró que se archive una multa millonaria, la más alta impuesta a esta compañía en los últimos cuatro años, por graves y muy graves infracciones ambientales. ¿Era importante que la gente conozca el caso o no? ¿Eran graves las infracciones o no?

A partir de la relevancia del caso es que Convoca revisó el expediente completo y encontró varios hechos de interés público. La empresa arrojó al río San Juan efluentes mineros que excedieron largamente los límites máximos permisibles en arsénico, considerado cancerígeno para el ser humano, y en zinc, que afecta gravemente al sistema nervioso. Entre otras infracciones, la compañía descargó aguas ácidas sin tratamiento al canal de desagüe de la ciudad que desemboca en el río San Juan y, echó sin permiso residuos sólidos al relleno temporal de la Municipalidad, en donde se encontró a familias y niños recolectores expuestos a la contaminación.  

A pesar de ello, el Tribunal de OEFA archivó 18 de las 19 infracciones. Asegura que lo hizo de “manera imparcial e independiente”. Lo dice porque en la historia damos cuenta que el abogado Adán Quiñones fue uno de los que solicitó el archivamiento de la multa en beneficio de Volcan cuando antes había brindado servicios para el propio OEFA, tal como Quiñones lo ha reconocido en el reportaje. Además, uno de los ingenieros supervisores que recogió las evidencias de las graves infracciones de Volcan, Luis Delgado Barriga, era representante legal de Emaihmesur, supervisora que integraba el consorcio de empresas a cargo de esta inspección de Volcan. Entre 2007 y 2009, Emaihmesur supervisó a Volcan al menos en 12 oportunidades. En ese período, el jefe de programa de Seguridad e Higiene Minera de Volcan era Jesús Delgado Barriga, hermano del representante legal de Emaihmesur.

Hoy ambos hermanos están inscritos en el registro de supervisores externos de OEFA. ¿Es importante o no que se conozca la participación que tuvieron los hermanos Delgado Barriga en este caso si se considera que ellos actualmente pueden ser contratados por OEFA para recoger las evidencias de las infracciones ambientales de cualquier empresa minera en el Perú? ¿Los casos del abogado Quiñones y de Luis Delgado Barriga, quienes tuvieron participación directa en el proceso sancionador de Volcan, evidencian o no situaciones claras de conflictos de interés de profesionales que brindan servicios a los organismos a cargo de la fiscalización ambiental y tienen vínculos con las empresas supervisadas, o visceversa? ¿Esta historia revelada por Convoca aporta o no al debate sobre la importancia de garantizar la absoluta imparcialidad en la toma de decisiones de los procesos sancionadores?

Hasta aquí las respuestas a lo mencionado por el organismo regulador. Ahora hablemos de lo que no dijo: la principal argumentación de Volcan para pedir la anulación de la multa de más de 2 millones de soles fue la pérdida del informe de custodia que detallaba la toma de muestras contaminantes realizado por un consorcio de cinco empresas entre las que figuraba Emaihmesur.

¿Dónde están las papeles? OEFA no responde en su comunicado. Debido a que este fue uno de los expedientes que en 2010 heredó del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), antes de la publicación del reportaje, solicitamos a esta última entidad copia de todos los expedientes entregados a OEFA como parte del proceso de transferencia. Y la respuesta fue que todo el “acervo documentado de supervisión y fiscalización ambiental de la Gerencia de Fiscalización Minera” fue entregado, lo que incluyó “los informes de supervisión ambiental de actividades mineras y los expedientes administrativos sancionadores”. Es decir, el expediente Nº 057-10-MA/E del caso Volcan debió ser transferido con todos los documentos que la ley exige para imponer una sanción drástica a la compañía que cometió graves infracciones ambientales. Esto es lo que debe aclarar OEFA. ¿Osinergmin le entregó o no todos los papeles? Y si no lo hizo, ¿solicitó que se investigara este hecho para que no queden impunes las graves infracciones ambientales detectadas? 

Más allá de la ausencia de “precisiones”, lo más importante del comunicado de OEFA sobre la multa millonaria archivada, aparece en el último párrafo : “la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA viene evaluando (…) la posibilidad de solicitar la nulidad de oficio del extremo de la resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental que deja sin efecto una sanción ascendente a 466,68 UIT por exceso de Límites Máximos Permisibles”. De lo que se entiende, si se deja de lado la jerga burocrática y legal, que a pesar que el caso cuenta con una sentencia del Tribunal, el expediente ha vuelto a la primera instancia del organismo regulador que evalúa revisar la anulación de la mayor parte de la multa. 

En Convoca estaremos atentos a la decisión y continuaremos investigando los procesos de fiscalización ambiental y su impacto en la vida de los ciudadanos.