Se suspendió la audiencia del proceso penal que se le sigue a funcionarios de la empresa por defraudación tributaria.

El último 16 de diciembre, al promediar las 9 de la mañana en una de las salas de la Corte Suprema de Lima, se dio un nuevo episodio del enfrentamiento judicial entre la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y Telefónica del Perú, la empresa más importante de telecomunicaciones en el país. La defensa de las partes en conflicto, el procurador adjunto de Sunat, Héctor Castillo Figueroa, y los abogados del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano que representan a Telefónica, debían participar en la lectura de un informe oral de la demanda por defraudación tributaria que presentó Sunat contra altos funcionarios de la compañía. Sin embargo, no hubo lecturas de informes ni intervenciones de abogados por falta de magistrados en la Sala Penal Permanente, como comprobó Convoca.pe al acudir a la hora de la frustada audiencia. La diligencia se postergó para el próximo año, a pesar que ya en pocos meses puede prescribir el caso luego de cinco años de esta batalla legal.

El informe oral de la demanda por defraudación tributaria contra directivos de Telefónica del Perú se frustró en la Sala Permanente que preside Javier Villa Stein, quien en junio de 2014 votó en contra de declarar fundado un recurso de queja excepcional de Sunat por dos decisiones anteriores en el Poder Judicial que le daban la razón a la empresa. Los magistrados que fallaron a favor de Telefónica consideraron que los presuntos delitos de los que se les acusa a los empresarios eran infracciones administrativas. 

La suspensión de esta audiencia se da en un momento decisivo.Después de cinco años de espera, el caso entró en su última etapa con una latente amenaza de que quede encarpetado. Según el código penal, puede ser declarado prescrito y pasar al archivo si la justicia peruana no dicta una sentencia final antes de junio de 2016 debido a que el último hecho que generó la denuncia se consumó en 2002. Las normas señalan que en un plazo máximo de doce años, se puede sancionar este tipo de delitos (prescripción extraordinaria).

 

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El encuentro entre las defensas de Sunat y Telefónica del Perú
fue suspendido el último 16 de diciembre por falta de
magistrados en la sala. Foto: Stefany Aquise - Convoca.

 

El caso es simbólico: es la primera denuncia de Sunat contra directivos de una multinacional por defraudación tributaria. Los acusados son dos altos funcionarios de Telefónica: el presidente del directorio José Alfonso Bustamante y el gerente general Javier Manzanares Guitérrez. Junto a ellos, también están incluidos en el caso dos contadores: Julio Jerónimo Voysest Flores y Renán Alfieri Villegas Pozo. Se trata de uno de los 19 procesos judicializados que enfrenta Sunat con la empresa por el pago de impuestos en los que están en juego más de mil 500 millones de dólares. En este caso, el tema de fondo es una denuncia contra los hombres más fuertes de la compañía. 

¿En qué se basa la denuncia penal de Sunat contra los funcionarios de la transnacional española?

El origen de la acusación penal se dio en enero de 2000 cuando Telefónica del Perú S.A.A transifiró la Red Analógica Nortel (un conjunto de bienes valorizado en más de 780 millones de soles) a Telefónica Móviles SAC. A pesar de haberse realizado esta transacción, según la investigación de los auditores tributarios de Sunat, Telefónica del Perú S.A.A. vendió en abril de 2000 la mencionada red a Somera Comunications, una empresa del sector telecomunicaciones con sede en Estados Unidos. Lo que la entidad recaudadora cuestiona es cómo Telefónica del Perú S.A.A. pudo vender unos bienes que en el papel ya no le correspondían, y a la vez Telefónica Móviles SAC considerara entre 2000 (año de la venta a Somera Comunications) y 2002, a la Red Analógica Nortel como parte de su patrimonio (activos). 

¿Qué lograba con esto la empresa? Según la demanda de Sunat, el objetivo era beneficiarse con la disminución del pago de impuestos del periodo tributario 2000 - 2002 a través de la caída en el precio de los bienes (depreciación) de la Red Nortel a pesar que ya había sido vendida. Esto representaba un perjuicio económico para el Estado por más de 80 millones de soles, actualizado a mayo de 2006.

Los indicios

Como parte de las evidencias recogidas en el expediente del caso N°30182, el 19 de julio de 2000 se realizó una reunión en el directorio de Telefónica Móviles SAC en la que se solicitó un estudio para conocer la depreciación de la Red Nortel. Un día después, el 20 de julio, Telefónica del Perú S.A.A. ratificó la venta de los equipos que conforman la Red Nortel a Somera Communications.

Según información recogida por la Procuraduría de Sunat, los 80 millones de soles de impuestos denunciados por esta cuestionada transacción ya fueron cancelados por la empresa. Sin embargo, el proceso legal contra los cuatro funcionarios de Telefónica del Perú S.A.A. sigue su curso teniendo como defensor a José Reaño Peshiera, abogado y socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano. Los presuntos delitos cometidos no pueden ser levantados no obstante el pago de la multa y esa es la parte más espinosa que debe enfrentar la trasnacional de las telecomunicaciones.

Convoca.pe contactó a Juan Zegarra Salas, gerente de comunicación corporativa de Telefónica del Perú, para conocer la versión de la empresa, pero él señaló mendiate un correo electrónico que la empresa “no se comunica en público cuando los procesos están en curso sino que esperan, en atención a la institucionalidad judicial, hasta que termine en última y definitiva instancia”. El abogado de la empresa, José Reaño Peshiera, tampoco quiso dar detalles del proceso. "Considero que los casos deben investigarse en los tribunales y no en los medios", agregó.

Obstáculos

En este vaivén legal, hay personajes y hechos que no deben pasar desapercibidos.

Luego de que Sunat investigara este presunto caso de defraudación tributaria, los hallazgos sirvieron de base para que recién en mayo de 2010, el 12° Juzgado Penal de Lima abriera el proceso. Casi dos años después, en setiembre de 2012, se declaró fundado el recurso presentado por los abogados de Telefónica del Perú S.A.A. El juzgado sostuvo que los hechos tenían un carácter  de “infracción administrativa” y que no se encontraba “elemento típico fraude o engaño para la configuración del delito de defraudación tributaria”. En este juzgado, coincidentemente también se archivó el proceso por presuntos delitos de colusión desleal y malversación de fondos contra el actual alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio por el recordado caso Comunicore, en el que una empresa en ese entonces desconocida, recibió en enero de 2006 el pago de una deuda de más 30 millones de soles por parte de la Municipalidad de Lima. 

La procuraduría de Sunat apeló la decisión del 12° Juzgado Penal en una siguiente instancia, la Sexta Sala Especializada, donde nuevamente declararon fundado el recurso presentado por los abogados del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.

Después de poco más de un año, en junio de 2014, la Sala Permanente de la Corte Suprema declaró fundada por mayoría un recurso de queja excepcional de Sunat presentado a raíz de las decisiones en instancias anteriores. Solo dos jueces discreparon con la decisión: Javier Villa Stein y José Pariona Pastrana.

Tanto Villa Stein como Pastrana han tenido cuestionadas decisiones en su trayectoria como jueces supremos. De acuerdo a un análisis de Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, los votos de ambos jueces han permitido que oficiales sentenciados por el delito de homicidio sean liberados y se les realice un nuevo juicio oral (más información del caso aquí). Además, Villa Stein, según la abogada Cruz Silva del Carpio, ha tenido más de un fallo cuestionable en temas sobre lucha contra la corrupción (ver detalles aquí).

 

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Juez Supremo Javier Villa Stein. Foto: Diario La Región.

 

El último recurso de la defensa del gerente general de Telefónica del Perú, José Manzanares Gutiérrez, se dio en setiembre de 2015. El pedido fue una recusación, figura legal que presenta una de las partes al tener dudas de la parcialidad de los jueces, contra Elvia Barrios Alvarado y José Neyra Flores, dos de los jueces que votaron a favor de la queja presentada por Sunat. Para el último 16 de diciembre estaba programado el informe oral de las dos partes en conflicto, pero el encuentro se frustró. La sentencia de este caso ya entró a su etapa final y deberá esperar al próximo año, a pocos meses de la prescripción.